En México, las demandas por daño moral son una práctica frecuente utilizada por políticos, funcionarios y personajes públicos contra periodistas. Estos profesionales no solo padecen la exigencia de pagos de sumas millonarias como indemnización, sino que también enfrentan un significativo acoso judicial. El mensaje es claro: en democracia, la crítica responsable no se castiga, sino que se protege, mientras que la mentira deliberada o la negligencia informativa sí tienen consecuencias. Este fallo no solo cambia la defensa de periodistas, sino que redefine el límite entre el honor y la libertad de expresión.
Un caso relevante que ejemplifica esta situación es el de Sergio Aguayo, absuelto el 01 de abril de una demanda por daño moral. Esto es particularmente significativo, dado que José Antonio Rodríguez Medrano, dueño de TV8, ha demandado a Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar, defensor de derechos humanos y periodista, en lo que se considera una demanda ociosa destinada a censurar voces críticas.
Principios Legales y Precedentes en Materia de Daño Moral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido una guía histórica para abordar estos casos. Esta guía distingue entre diferentes tipos de expresiones:
- Opinión pura: Siempre protegida.
- Hechos: Solo hay condena si son falsos y hubo “real malicia” (se publicaron a sabiendas o con negligencia grave).
- Opinión basada en hechos: Debe tener “sustento fáctico suficiente”, es decir, hechos públicos o verificación seria demostrada.
La configuración del daño moral en estados como Guanajuato se ha hecho tomando como referencia el Código Civil de la Ciudad de México. En el contexto de la eliminación de los delitos de difamación y calumnias en el estado, el doctor Sergio Aguayo envió un comentario al Congreso de Guanajuato alertando sobre la necesidad de hacer una buena regulación, incluso considerando un mecanismo de revisión previa de los casos que lleguen a tribunales. “Váyanse con cuidado en Guanajuato”, dijo, en referencia a la necesidad de evitar demandas ociosas y al equilibrio que debe guardarse entre cuidar el honor y la libertad de expresión.
Cuando se propuso eliminar la difamación y las calumnias en el estado a iniciativa del PRI, fue el PAN y especialmente Libia Denisse García quien escuchó las propuestas de las organizaciones y activistas.
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La resolución de un caso en 2020 de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Amparo directo 30/2020, destacó que si bien las expresiones empleadas por un periodista podrían calificarse como molestas o inquietantes para el exfuncionario demandante, estas no llegan al extremo de perder su tutela constitucional. Un funcionario demandó a un periodista por “daño moral” tras una columna que, según él, partía de hechos falsos, ganó en apelación y el periodista fue condenado.
El pasado 17 de abril, un periodista recibió en su domicilio la notificación de una demanda en su contra a solicitud de tres empresas integrantes de El Heraldo Media Group, que a su vez son también integrantes de Grupo Andrade, por supuesto daño moral. Tomando en cuenta lo anterior, la defensa interpuso una demanda de amparo, de la cual le fue otorgada la suspensión definitiva. Es decir, por orden de un juez federal se suspendió el desahogo de la referida prueba pericial y por el momento no será sometido al estudio pericial, hasta en tanto se resuelva el amparo en el que determinará la legalidad o no de la admisión de dicha prueba.
Casos Destacados de Demandas por Daño Moral contra Periodistas
Sergio Aguayo vs. Humberto Moreira
El 20 de abril de 2016, el académico y defensor de derechos humanos Sergio Aguayo publicó una columna en el periódico Reforma, replicada por otros medios, incluido El Siglo de Torreón. En esta columna, Aguayo señaló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue omiso en investigar la corrupción cometida por Moreira durante su gobierno en Coahuila, incluso indicó que este fue responsable por el endeudamiento de la entidad por 36 mil millones de pesos. Su columna expresaba: “Y Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, (sic) y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Eso bastó para que Moreira demandara a Aguayo por daño moral, exigiendo al menos 10 millones de pesos, con base en la legislación civil de la Ciudad de México. Después de años de litigio, el asunto se resolvió por el Juez 16º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, básicamente absolviendo a Aguayo, ya que Moreira no probó la existencia de daño moral.
Gerardo Sosa Castelán vs. Alfredo Rivera Flores
En agosto de 2004, el exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, demandó por daño moral al periodista Alfredo Rivera Flores, autor del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”. El libro señalaba presuntos abusos y atropellos cometidos por Sosa Castelán cuando fue dirigente estudiantil y, posteriormente, rector. La demanda también fue dirigida a Miguel Ángel Granados Chapa por su participación en la redacción del prólogo del libro.
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En un juicio que duró cuatro años, los jueces emitieron el fallo a favor de Sosa Castelán, haciéndolo responsable de la elaboración, publicación y comercialización del libro. El autor del libro promovió un amparo directo en el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, el cual fue desechado, y se confirmó la sentencia.
Olga Sánchez Cordero, entonces ministra de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el caso para juzgarlo según la ley especial aprobada en el Distrito Federal en 2006 y no de acuerdo con el daño moral derogado del Código Civil. Los cuatro magistrados que completaban la Primera Sala negaron el amparo a Rivera Flores.
Marta Sahagún y Manuel Bribiesca vs. Olga Wornat
El 22 de junio de 2005, Manuel Bribiesca Sahagún, hijo mayor de Marta Sahagún (exprimera dama de México), demandó por daño moral a la periodista argentina Olga Wornat. La demanda surgió por la mención en un capítulo de su libro “Crónicas Malditas” de un supuesto enriquecimiento ilícito de los hijos de Sahagún mediante empresas y negocios con presunto tráfico de influencias. En mayo de 2005, Marta Sahagún presentó una demanda civil contra el semanario Proceso y Olga Wornat por la publicación de un texto sobre la anulación de su matrimonio religioso con Manuel Bribiesca Godoy. La demanda exigía una compensación económica por daño moral.
La periodista argentina fue sentenciada en 2006 a cambiar el contenido de las ediciones posteriores de su libro. En mayo de ese mismo año, Wornat y Proceso fueron declarados culpables de daño moral en contra de la ex primera dama y un juzgado civil los sentenció a pagar una indemnización de un millón 958,000 pesos.
El 11 de octubre de 2007, Olga Wornat demandó al gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a la libertad de expresión que le garantizaba la Convención Americana de Derechos Humanos. El 24 de enero de 2007, un tribunal en la Ciudad de México liberó a Proceso de los cargos en su contra, ratificando la sentencia para Wornat.
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En abril de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Marta Sahagún por el juicio de daño moral de 2005 contra Proceso y Wornat; además, pretendía que aumentara el monto de la indemnización fijada en 500,000 pesos. Los ministros de la Primera Sala resolvieron por cuatro votos a favor y uno en contra no amparar a Marta Sahagún. Consideraron que, en el artículo titulado “Historia de una anulación sospechosa”, Proceso y Wornat no violaron su derecho a la intimidad. La decisión de la SCJN confirmó la sentencia emitida por el tribunal del Distrito Federal.
Sergio Aguayo vs. Primitivo Rodríguez Oceguera
En 2005, el docente de El Colegio de México, Sergio Aguayo, demandó por daño moral al activista Primitivo Rodríguez Oceguera. La demanda se originó porque Oceguera publicó en varias ocasiones que la asociación civil Alianza Cívica, presidida en ese momento por Sergio Aguayo, recibía financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy NED). Según Oceguera, el financiamiento del órgano estadounidense tenía por objeto promover los intereses de ese país en México.
Los señalamientos hechos se apoyaron también en lo dicho el 18 de marzo de 1997 en el pleno de la Cámara de Diputados por el entonces diputado Luis Sánchez Aguilar del Partido Social Demócrata: “el doctor Sergio Aguayo, de la Alianza Cívica, es uno de los que más recibe del NED, para patrocinar actividades de observación, de información, de inteligencia, porque lo que hacen esos grupos son servir fundamentalmente a un interés que no es estrictamente mexicano y patriótico, porque se dice, una suposición, que el Departamento de Estado da dólares gratis a cambio de nada”, afirmó. En 2007, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal dio la razón a Aguayo y fijó en 400 mil pesos la indemnización que debía pagar por el daño moral causado. La apelación realizada por Oceguera ante la SCJN falló a favor del analista y ratificó la sentencia del tribunal local. En diciembre de 2008, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre el monto de la indemnización.
Guillermo Anaya vs. Arturo Rodríguez
El exsenador panista por Coahuila, José Guillermo Anaya Llamas, demandó por daño moral en 2007 al periodista y corresponsal de Proceso, Arturo Rodríguez. La demanda se basó en una publicación que hacía referencia a la presencia del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, en el bautizo de su hija Elsa Anaya, siendo el padrino de la niña el expresidente Felipe Calderón. Elsa María Anaya Llamas, hermana del senador, fue señalada de estar casada con el hermano de “El Grande”, Adolfo Villarreal Barragán.
El panista exigió en el juicio por daño moral el pago de una indemnización cuantificándola en los ingresos totales por la venta de esa edición de Proceso. El 19 de junio de 2009, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila confirmó la sentencia absolutoria en favor de Rodríguez. Sin embargo, en octubre de ese año, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Édgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano atrajeron el caso para su revisión y encontraron culpable al periodista. La defensa del periodista interpuso amparo y el juicio continuó.
Jesús Ortega vs. Sanjuana Martínez
En 2013, el exdirigente del PRD, Jesús Ortega, demandó por daño moral a la periodista Sanjuana Martínez por dos artículos publicados ese año: “Consumidores de sexo comercial” e “Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas”. En ellos, Ortega era señalado como cliente de clubes nocturnos donde había explotación sexual. El perredista demandó, entre otras cosas, indemnización por daño moral. En abril de 2016, el juez sexagésimo noveno de lo civil de la Ciudad de México determinó que Martínez no pudo comprobar las afirmaciones que realizó sobre Jesús Ortega. En febrero de 2018, un tribunal federal ordenó la anulación de la sentencia contra la periodista argumentando que existieron violaciones al debido proceso y ordenó la reposición del proceso.
Quintana Roo vs. Pedro Canché
En agosto de 2014, el gobierno de Quintana Roo demandó por el delito de sabotaje al periodista Pedro Canché, después de que este publicara en múltiples ocasiones los excesos del gobierno de Roberto Borge. La última publicación antes de la detención del activista fue el violento desalojo de un plantón de indígenas mayas que realizaban por el aumento súbito en el cobro de agua.
Un año después, un tribunal federal sentenció la falta de pruebas para demostrar su responsabilidad en el delito de sabotaje. Además, confirmaron por unanimidad que Canché estaba en las inmediaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estatal (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto solo para tomar video de la manifestación, y que su detención fue un intento por inhibir el ejercicio periodístico que realizaba. En mayo de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a la agente del ministerio público Tila Patricia León y al juez penal Javier Ruiz, responsables de formular las acusaciones que llevaron a la detención del periodista maya.
La familia Vargas vs. Carmen Aristegui
En 2015, Joaquín Vargas, dueño de Grupo MVS, demandó a la periodista Carmen Aristegui por daño moral por el prólogo escrito en el libro “La casa blanca de Peña Nieto”. El texto exponía la compra de una residencia por parte de Angélica Rivera, entonces esposa de Peña Nieto, a una empresa constructora con contratos públicos. Por su parte, la editorial Penguin Random House, que trabajó en el libro, anunció que la demanda también exigía la eliminación del prólogo escrito por la periodista, ya que consideraba que se usaron términos ofensivos al referirse al despido que sufrió Aristegui y su equipo de investigación, poco tiempo después de la publicación.
Después de que un tribunal en la Ciudad de México encontrara culpable a la periodista por daño moral, la SCJN decidió atraer el amparo interpuesto por la defensa y el 20 de febrero de 2019 resolvió a favor de la periodista. Argumentó que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de un libro sobre un tema de actualidad nacional, en el que se aludía a los dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México, no es congruente con los criterios de la Primera Sala sobre libertad de expresión. De igual manera, los ministros señalaron que se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados.
Humberto Moreira vs. Roxana Romero
En febrero de 2016, Humberto Moreira demandó por daño moral al diario Vanguardia y a la reportera Roxana Romero. La demanda, interpuesta ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Saltillo, se realizó a partir de una publicación sobre la pensión de 37,128 pesos mensuales que recibiría Moreira por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila, según la nota, de manera irregular. El diario publicó que Moreira se pensionó con el 100% de su sueldo por haber cumplido más de 30 años en el servicio docente; sin embargo, solo estuvo activo durante poco más de 17 años. Actualmente, el proceso en contra de la periodista llegó a su término sin que tuviera que pagar.
Eruviel Ávila Villegas vs. Humberto Padgett
En 2018, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, demandó por daño moral al periodista Humberto Padgett y a una de sus fuentes, Esteban Sánchez, por un texto publicado en el libro “Los suspirantes 2018”, de editorial Planeta y coordinado por Jorge Zepeda Patterson. En el texto, llamado “Eruviel Ávila Villegas, Río de luz”, se relataban situaciones de índole sexual que involucraban al exgobernador con el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, y varones jóvenes y menores de edad.
Ávila Villegas demandó por daño moral al periodista en el juzgado Tercero de lo Civil de Ecatepec y le exigió el pago de 10 millones de pesos por las supuestas afectaciones a su reputación tras la publicación del libro. La defensa de Padgett demostró que su texto fue elaborado con base en cinco testimonios abiertos y plenamente identificados, con lo que cumplió y rebasó los criterios jurídicos existentes sobre el reportaje fiel.
Tabla Resumen de Casos de Daño Moral contra Periodistas
| Demandante | Periodista/Demandado | Motivo de la Demanda | Resultado/Estado Actual |
|---|---|---|---|
| Humberto Moreira | Sergio Aguayo | Columna sobre corrupción y endeudamiento en Coahuila. | Aguayo absuelto, no se probó daño moral. |
| Gerardo Sosa Castelán | Alfredo Rivera Flores (y Miguel Ángel Granados Chapa) | Libro "La Sosa Nostra" sobre abusos en la Universidad Autónoma de Hidalgo. | Fallo inicial a favor de Sosa Castelán, amparo negado a Rivera Flores por la SCJN. |
| Marta Sahagún y Manuel Bribiesca | Olga Wornat (y Proceso) | Libro "Crónicas Malditas" sobre enriquecimiento ilícito; artículo sobre anulación matrimonial. | Wornat y Proceso culpables inicialmente, SCJN resolvió a favor de Wornat y Proceso por libertad de expresión. |
| Sergio Aguayo | Primitivo Rodríguez Oceguera | Publicaciones sobre financiamiento de Alianza Cívica por NED. | Fallo a favor de Aguayo, sentencia de indemnización ratificada por SCJN. Acuerdo posterior sobre monto. |
| Guillermo Anaya | Arturo Rodríguez | Publicación sobre la presencia de narcotraficante en bautizo de su hija. | Sentencia absolutoria inicial a favor de Rodríguez, luego SCJN lo encontró culpable. Juicio continuó con amparo. |
| Jesús Ortega | Sanjuana Martínez | Artículos sobre Ortega como cliente de clubes con explotación sexual. | Juez determinó que Martínez no comprobó afirmaciones. Tribunal federal anuló sentencia por violaciones al debido proceso. |
| Gobierno de Quintana Roo | Pedro Canché | Publicaciones sobre excesos del gobierno de Roberto Borge y desalojo. | Absuelto por falta de pruebas de sabotaje. Detención considerada intento de inhibir ejercicio periodístico. |
| Familia Vargas (Joaquín Vargas) | Carmen Aristegui | Prólogo del libro "La casa blanca de Peña Nieto" y uso de términos ofensivos. | Tribunal inicial culpable. SCJN resolvió a favor de Aristegui, priorizando libertad de expresión. |
| Humberto Moreira | Roxana Romero (y Diario Vanguardia) | Publicación sobre pensión irregular de Moreira. | Proceso finalizó sin que la periodista tuviera que pagar. |
| Eruviel Ávila Villegas | Humberto Padgett | Texto en libro "Los suspirantes 2018" sobre situaciones sexuales. | Defensa de Padgett demostró que el texto se basó en testimonios identificados. |