La Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido firmes las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, si bien realizó una reclasificación en los delitos imputados. La PGR retiró la noche del martes las acusaciones por delincuencia organizada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y las reclasificó por el delito de asociación delictuosa.
Reclasificación de los delitos y su impacto
La PGR solo conservó uno de los dos delitos de la imputación original contra Duarte en su acusación formal: el de operaciones de recursos de procedencia ilícita. La PGR indicó que Duarte seguirá su proceso en prisión, pues la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, el abogado de Javier Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, dijo que la reclasificación era una buena noticia para ellos, pues asociación delictuosa es un delito no grave, cuya pena mínima es de cinco años, a diferencia de delincuencia organizada, considerada como grave y con una pena mínima de 20 años en prisión. En una consulta hecha por Expansión más temprano, Sánchez Reyes Retana dijo que la notificación formal de las acusaciones se realizaría este miércoles, y que después de conocerla, la defensa tiene 10 días para responder a la acusación.
La postura del Gobernador de Veracruz
Sobre estos reportes, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que Duarte permanecerá en prisión. El funcionario dijo que confía en la actuación de la PGR, la cual ha realizado un buen trabajo en el caso. Sin embargo, indicó que si Duarte obtiene la libertad, debería ser entregado a Veracruz, donde también enfrenta acusaciones y puede ser encarcelado.
Antecedentes de la detención y otras denuncias
Javier Duarte está detenido en el reclusorio Norte desde julio de 2017. A lo largo de su proceso, diversas instituciones han presentado un considerable número de denuncias en su contra. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una de esas instituciones que ha denunciado penalmente al gobierno de Duarte de Ochoa, en 37 ocasiones, por la simulación de reintegros.
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Asimismo, otras 23 denuncias penales se armaron en las oficinas de la Secretaría de Salud, según lo dicho por su propio titular, José Narro. La Procuraduría debe dar cause a las 60 denuncias penales de la Secretaría de Salud y de la Auditoría Superior.
Montos de los desvíos y modus operandi
Los presuntos desvíos de recursos atribuidos al gobierno de Javier Duarte alcanzan cifras millonarias. La Auditoría Superior ha comprobado que el gobierno del expriísta sustrajo miles de millones. Hasta la Cuenta Pública 2015, se calculaba que lo defraudado sumaba 35 mil millones de pesos.
A continuación, se detallan algunos de los montos estimados o comprobados por diversas instituciones:
| Institución Denunciante | Tipo de Acusación o Estimación | Monto |
|---|---|---|
| Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales | Desvío de recursos (estimado) | 439 millones de pesos |
| Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales | Desvío de recursos (cuadrado) | 38.5 millones de pesos |
| Auditoría Superior de la Federación (ASF) | Fraude (Hasta Cuenta Pública 2015) | 35 mil millones de pesos |
| Auditoría Superior de la Federación (ASF) | Presunta estafa (18 denuncias entre noviembre de 2014 y abril de 2016) | 4 mil 770.2 millones de pesos |
En esas acusaciones penales, la Auditoría detalla un mismo modus operandi del gobierno de Veracruz: luego de malversar, desviar o subejercer recursos federales, la administración de Duarte reintegraba el dinero a la Tesorería de la Federación, pero solo por horas o días. Pues luego lo retiraba y gastaba en objetivos ajenos a su etiquetación presupuestaria. Además, para hacer su trabajo la ASF puede pedir la cooperación del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Críticas a la actuación de la PGR
Pese a la magnitud de estas denuncias y los detallados modus operandi, para la Procuraduría General de la República esto es irrelevante. Este show fue montado deliberadamente desde el proceso de extradición ante las autoridades de Guatemala, al reclamarlo por delitos difíciles de comprobar y que no incluyen el robo del erario. Sin duda, esta negligencia por acción y omisión debería ser investigada para determinar responsabilidades por complicidad, que podrían alcanzar al procurador Cervantes.
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