Durante años, el magnate de los fondos de cobertura de Nueva York, Robert Mercer, detalló en declaraciones de impuestos públicos los millones de dólares que su fundación familiar donó a causas conservadoras. Luego, en 2018, la fundación hizo, con mucho, su donación más grande a una cuenta llamada fondo designado para donantes (FAD) que efectivamente mantiene en secreto su filantropía.
En Allender Family Foundation, con sede en una casa cerca de Las Vegas en la calle Marie Antoinette, una familia millonaria ha utilizado el mismo tipo de fondo para otro propósito cada vez más popular entre los ricos: mantener los beneficios fiscales de la filantropía aunque mientras retrasan las donaciones a los más necesitados por años. Los Mercer y los Allender se encuentran entre un número pequeño, pero creciente de estadounidenses adinerados que han descubierto cómo eludir las reglas diseñadas hace más de medio siglo para garantizar que los filántropos sean responsables por los miles de millones de dólares en exenciones fiscales que reciben cada año.
La clave es el fondo designado por donantes, o FDD, que es tan flexible que los dólares de caridad pueden permanecer en uno indefinidamente.
La ‘laguna’ legal aprovechada por los millonarios
El aumento de activos en los fondos ha generado preocupación durante mucho tiempo, pero una ‘laguna’ enorme ha atraído mucha menos atención. Las fundaciones privadas los están utilizando para eludir las leyes federales diseñadas para asegurarse de que los ricos donen dinero a los necesitados de manera oportuna, sin demorar las donaciones durante generaciones.
La solución involucra las bases que muchas personas ricas establecieron para administrar su filantropía. Por lo general, se requiere que las organizaciones paguen 5 por ciento de sus activos anualmente e informen al público de cada donación caritativa. Los fondos asesorados por donantes, que se consideran organizaciones benéficas, cumplen ese mandato, por lo que son una forma ideal para que las fundaciones pospongan sus donaciones.
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Por ejemplo, el cofundador de Tesla, Elon Musk, quien acumuló 3 mil millones en una fundación, podría informar que cumplió con el requisito de sacar dinero solo porque transfirió decenas de millones de dólares a DAF en los últimos años.
Multimillonarios en todos los rincones del mundo han adoptado la misma estrategia, según muestran los archivos: un industrial en Montana, un procesador de pollo en Arkansas, muchos administradores de fondos de cobertura del área de Nueva York... y los fundadores de Google.
Un análisis de Bloomberg News de las declaraciones de impuestos de fundaciones privadas proporciona la contabilidad más completa hasta la fecha del torrente de dinero que pasa a través de esta ‘laguna’, así como también quién está haciendo el mayor uso de él. Al menos 4 mil millones de dólares fluyeron de fundaciones a grandes patrocinadores de FAD, incluidos los establecidos por Charles Schwab, Fidelity y Vanguard, según la revisión de más de 360 mil presentaciones presentadas al Servicio de Impuestos Internos desde 2016.
Las ‘mañas’ detrás de los FDD
Esta transferencia extraordinaria de riqueza filantrópica permitió a administradores de dinero cobrar tarifas sobre activos destinados a la caridad mientras permiten que los donantes den o no den dinero. Los FDD son esencialmente cuentas de inversión, con algunos giros.
Las personas que los usan otorgan el control y la propiedad irrevocables a una organización sin fines de lucro a cambio de ventajas fiscales caritativas. En la práctica, las organizaciones sin fines de lucro que patrocinan los fondos, incluidas muchas creadas por compañías financieras específicamente para ese propósito, casi siempre se someten a los deseos de los donantes, sin imponer requisitos de divulgación ni plazos para desembolsar el dinero a las organizaciones benéficas activas.
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La avalancha de activos en los fondos ha irritado a legisladores, organizaciones sin fines de lucro e incluso a algunos filántropos multimillonarios. Están pidiendo nuevas reglas para desbloquear la mayor parte de los casi 1.5 billones de dólares en fundaciones privadas.
“Las necesidades nunca han sido mayores”, dijo Melanie Lundquist, quien con su esposo, el desarrollador de bienes raíces de California Richard Lundquist, ha destinado 400 millones de dólares a la caridad. Después de recibir una exención de impuestos por una donación, “simplemente no creo que tengamos derecho a proteger ese dinero”.
Los defensores de los fondos dicen que su conveniencia estimula más donaciones. Los asesores patrimoniales señalan que solo se necesitan un par de clics para hacer un regalo.
“Los FDD son vehículos de donaciones flexibles y accesibles que realmente democratizaron las donaciones benéficas”, consideró Elizabeth McGuigan, directora sénior de política y asuntos gubernamentales en Philanthropy Roundtable, un grupo que aboga por menos restricciones a las donaciones benéficas.
Las fundaciones utilizan los fondos para fines legítimos, como agrupar recursos y realizar donaciones internacionales, dice, y cualquier cambio en las reglas de FAD podría tener consecuencias no deseadas.
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Es común que en México los millonarios paguen menos impuestos que el estrato medio, como proporción de su ingreso, pero pocos lo saben, porque es muy raro que la información fiscal se muestre en público.
La evasión fiscal es una violación a la ley. Se refiere al ocultamiento de ingresos o al reporte falso de gastos o pérdidas para pagar menos impuestos. Al parecer esto es algo muy común. Otras veces, los impuestos no se evaden, sino que simplemente se “eluden”.
La elusión fiscal se refiere a utilizar estrategias contables para disminuir al extremo el pago de impuestos. Estas estrategias no son necesariamente ilegales, pero tampoco son del todo legales.
Es falso que quienes más evaden o eluden impuestos sean el tamalero, el tendero, el bolero u otras ocupaciones de ingresos bajo o medio. Los que no pagan son los más ricos. De hecho, de un total de 948 mil millones de pesos evadidos o eludidos cada año, 64% se explica por lo que dejan de pagar los estratos altos y ricos, es decir, un total de 610 mil millones de pesos.
Los ricos evaden y eluden ocho veces más de lo que lo hace el 50% más pobre, y el 9% que le sigue, 19 veces más. Un abuso sin par. Los 180 mil millones de pesos que eluden/evaden los más ricos serían suficientes para construir 95 hospitales generales en tan solo un año.
Por todo esto, es absurdo que sigamos pensando que los trabajadores informales de estratos medio o bajo, los vendedores ambulantes u otros pequeños comerciantes son los principales evasores fiscales de México. No lo son. Por supuesto que es necesario que todos en México paguen sus impuestos, incluyendo el tamalero, el comerciante y el tendero. Hacerlo ayudará a la construcción de ciudadanía y a tener más recursos.
Hay que demandar que nuestras autoridades analicen desde cero la política fiscal y revisen exhaustivamente todas las leyes para modificar aquellas que les han permitido a los más ricos crear esquemas de evasión y elusión sistémica. Tal es el caso de las empresas fantasma y el outsourcing. Se estima que tan solo la existencia de empresas fantasma provoca que se pierdan 6.2 puntos del PIB en recaudación, o 1.5 billones de pesos al año.
Sin embargo, no es suficiente con sólo evitar la elusión. Los ricos más ricos de México también deben pagar muchos más impuestos que los que pagan actualmente, y ello requiere gravar no sólo los ingresos que van generando, sino la absurda riqueza que han logrado acumular.
Hablar de impuestos a la riqueza solía ser un tabú, pero hoy en día incluso el Fondo Monetario Internacional ha recomendado implementarlos para ayudar a financiar las necesidades económicas que creó la pandemia.
Poner en marcha un impuesto de esta naturaleza, sin duda, sería un reto: se tendría que resolver el problema de la evasión, mejorar los reportes de la riqueza neta de los individuos, así como tener cuidado de que la tasa no fuera tan alta que resultara contraproducente para la economía.
De hecho, el impuesto a la riqueza ya existe en Argentina, Honduras, Uruguay, Colombia y la República Dominicana, así como en 11 países de la OCDE. Estos impuestos toman formas distintas, pero en general se cobran sobre el valor total de los bienes de los individuos, las familias y las empresas.
En Uruguay se cobra entre 0.3 y 0.6% del valor de los patrimonios mayores a 100 mil dólares, o 200 mil para las familias. Para las empresas la tasa es de 1.5% y para los bancos, de 2.8%. Además, para patrimonios agropecuarios hay una sobretasa de 0.7% a 1.5%. En Argentina se cobra una tasa que puede ir desde 0.5% hasta 1.25% a los patrimonios a partir de 30 mil dólares. En Colombia se cobra 1% sobre el valor líquido del patrimonio, siempre que éste sea superior a 1.3 millones de dólares.
Elektra y Banco Azteca. "Pagos chiquitos" y comisiones.
Durante el primer año de la pandemia, los 13 billonarios de la lista Forbes tuvieron una ganancia combinada de 659 mil millones de pesos en su riqueza neta, lo que significó una fortuna combinada de 2.7 billones de pesos. A la par de ese crecimiento, al menos 4.6 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en México.
A esas personas les conviene que tú y yo pensemos que la razón por la que en México no hay servicios públicos de calidad es porque el tendero, el tamalero, el afilador y el microempresario no pagan impuestos. Si bien todos los niveles de ingreso pagan menos de lo que deberían, los ricos-más-ricos pagan aún menos que el resto.
La abrumadora mayoría de los que no pagan en México no pagan porque los estratos altos y ricos evaden o eluden impuestos. Esto debe cambiar. Las reglas actuales hacen más ricos a los más ricos.
No hay que olvidar que las personas de altos ingresos tienen una responsabilidad especial con México, no sólo porque el país les ha dado mucho, sino porque día a día nuestro país les permite mantener sus negocios en pie. Gracias a las escuelas públicas es que tienen trabajadores para sus negocios; gracias a que hay carreteras es que sus productos pueden ser transportados; y gracias a las leyes del Estado es que pueden mantener sus fortunas aun en un país donde la gran mayoría de las personas no tienen ingresos suficientes.
Un informe de la agencia ProPublica reveló que multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffett contribuyen con una pequeña cantidad de impuestos sobre la renta (ISR) en comparación con su fortuna o incluso evaden el pago. En 2007 y 2011, Bezos no pagó ISR, al igual que Musk en 2018, según ProPublica que analizó las declaraciones de impuestos de las personas más ricas de Estados Unidos.
“Nadie entre los 25 más ricos evitó tantos impuestos como Buffett, el abuelo centibillonario” señaló la organización. De acuerdo con los cálculos de ProPublica, Warren Buffett solo pagó una tasa impositiva real del 0.1%, menos de 10 centavos por cada 100 dólares que sumó a su fortuna.
ProPublica compara que un hogar con ganancias de 70,000 dólares llega a pagar 14% de ISR, mientras que los 25 más ricos de Estados Unidos, de la lista de Forbes, solo pagaron 3.4% al aumentar su valor en 401,000 mdd.
Al ser descubiertos como poseedores de fortunas en paraísos fiscales alrededor del mundo, una y otra vez, la respuesta de billonarios, políticos, artistas y líderes religiosos ha sido la misma: su actuar no es ilegal. Con ello pretenden que comprar yates, mansiones y joyas con empresas offshore es aceptable. Incluso, un acto de “inteligencia”, dicen cínicamente los asesores inmobiliarios, pues así las élites no tienen que pagar impuestos que consideran injustos.
Vivimos en un sistema legal que permite que los ricos y las élites escojan qué impuestos pagar, cuáles les parecen justos y cuáles no, y que no le da al resto esa facilidad. A un billonario, las leyes le permiten decidir si quiere o no pagar un impuesto por tener un yate, una joya o heredar una casa. Si no quiere, su equipo de asesores financieros le abrirá un fideicomiso en alguna isla del caribe, le inventará administradores y socios falsos y la usará como fachada para evitar el pago de millones de dólares al Estado. A las clases medias no se les permite eso.
Como no tienen dinero para pagar asesores financieros de alto calibre se les descuentan los impuestos directamente de sus cheques, sin posibilidad alguna de evitarlo. Así, los paraísos fiscales son el ejemplo perfecto de cómo las leyes globales están hechas por los ricos y para ellos. Son el epítome del abuso institucionalizado.
Los Papeles de Pandora son solo una de las varias instancias en las que se ha dado a conocer la existencia de paraísos fiscales que las afectan directamente.
En 2020, 13 millones de trabajadores mexicanos, una buena parte de ellos de clase media, cayeron en pobreza laboral -es decir, dejaron de tener ingreso para poder alimentar a sus familias- debido a la contracción económica. Todo a tiempo en el que, de acuerdo con Forbes, las fortunas de María Aramburuzabala y Germán Larrea amasaron 33.100 millones de dólares. Y todo mientras estos dos individuos se beneficiaban, o se habían beneficiado, de tener cuentas o fideicomisos en paraísos fiscales.
Es por ello que, los ricos mexicanos no pueden continuar evadiendo su responsabilidad con la sociedad como si las leyes fueran democráticas y su riqueza fuera el fruto de su propio esfuerzo porque no es así.
Hay también un dejo de hipocresía. A los billonarios mexicanos les gusta contribuir a la sociedad mexicana, pero solo a modo, mediante sus iniciativas de caridad u organizaciones civiles. Esto no es suficiente. La caridad no substituye el pago de impuestos porque las clases medias no quieren vivir de caridad, sino tener un Estado con servicios públicos funcionales que les permita florecer por sus propios méritos.
Me explico. Al momento, el 1% de la población en México es poseedora del 17% de los ingresos de todo México, pero solo paga el 15% de los impuestos. Paga menos de lo que le toca. Esto se debe a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no logra fiscalizar bien sus ingresos, pero también a que las tasas que pagan nuestros ricos son demasiado bajas. Los ricos mexicanos pagan menos impuestos que los ricos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y la República Dominicana.
Los ricos mexicanos deberían estar mejor fiscalizados y pagar más, antes de que puedan acumular sus fortunas. En vez de un 35% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), varios estudios muestran cómo sería necesario que se pagara entre el 40% y el 60% de ISR. Además, habría que fiscalizar mejor sus propiedades en México para que paguen más predial. En México los impuestos a la propiedad son demasiado bajos y los billonarios pagan demasiado poco por sus mansiones.
La elusión fiscal por medio de paraísos fiscales no es una cuestión técnica o legal, es algo que nos afecta a todos y que debe ser un motivante del voto. De acuerdo con el Tax Justice Network, la existencia de paraísos fiscales hace que México deje de recaudar 817 millones de dólares al año, esto es lo suficiente para construir nueve hospitales o pagar el sueldo anual de 169 mil enfermeras públicas al año.