El impuesto de guerra, en sentido lato, es aquel que se establece ante hostilidades armadas en una región, país o territorio, ya sea propio o ajeno. Históricamente, este tipo de gravamen ha sido utilizado por los gobiernos como un mecanismo para financiar los elevados costos derivados de los conflictos bélicos, buscando además evitar el enriquecimiento oportunista de ciertos sectores mientras la economía general se ve afectada.
Contexto histórico y aplicación
La idea del "impuesto a las ganancias extraordinarias" de las empresas está inspirada en gravámenes que se aplicaron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la época del conflicto, los gobiernos buscaron todos los caminos posibles para financiarlo y uno de ellos fue el impuesto a las ganancias extraordinarias, aplicado por países como Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos. El objetivo era contribuir al pago de la guerra y evitar que algunas empresas se beneficiaran, mientras el resto estaba en la ruina. Toda rentabilidad que estaba por sobre la obtenida antes de la guerra era considerada "excepcional" y, por lo tanto, quedaba sujeta al impuesto de guerra.
A modo de ejemplo, se puede observar cómo se estructuraron diversas obligaciones tributarias en diferentes contextos:
- Para comerciantes en pequeño, pequeños propietarios, talleres e industrias pequeñas: el 7% de sus ingresos mensuales.
- Para profesionistas: el 10% de sus ingresos mensuales.
- Para los medianos propietarios: el 15% de sus ingresos mensuales.
- Para los grandes capitalistas: el 20% de sus ingresos mensuales.
Implicaciones legales y controversias
En el ordenamiento jurídico, el impuesto de guerra puede adoptar formas diversas, incluyendo contribuciones sobre contratos. El artículo 1º del Decreto Ley 2009 de 1992 imponía a personas naturales o jurídicas cancelar una contribución equivalente al 5 % del valor de los contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías o de las adiciones al valor que se celebraran. Así lo exigió también, en idénticas condiciones, el artículo 123 de la Ley 104 de 1993, que en su artículo 124 impone a la entidad contratante descontar el 5 % del valor del anticipo, si lo hubiere, y repetirlo con el mismo porcentaje durante los pagos restantes.
El Consejo de Estado señaló que esta contribución también estaba prevista para las adiciones que se incluyeran en los contratos celebrados con anterioridad. Así, explicó, todas las adiciones que se produjeran en vigencia de la norma estaban sujetas al cobro del impuesto, aunque el contrato principal fuese previo a la disposición.
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Resistencia civil y ética tributaria
La resistencia al pago de los impuestos para la guerra consiste en negarse a pagar una parte o la totalidad de los impuestos federales que se utilizan para la guerra. El negarse a pagar los impuestos federales sobre las rentas es un acto de desobediencia civil con una larga historia en los Estados Unidos. La persona más conocida en los EE.UU. que se negó a pagar los impuestos para la guerra fue Henry David Thoreau, cuya negativa a pagar el impuesto per cápita debido a la guerra entre México y los Estados Unidos le ganó una noche en la cárcel.
Si bien los que se resisten a pagar los impuestos de guerra creen que esta negativa es justa y necesaria, el gobierno considera que la negativa a pagar estos impuestos es ilegal, y hay posibles repercusiones a través del sistema de recaudación. Los que se resisten a pagar no buscan enriquecerse evadiendo las obligaciones, sino que algunos viven por debajo del nivel de ingresos gravables para evitar, hasta donde sea posible, la participación en la creación de las guerras.
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