Un contribuyente es una persona física o moral que está obligada por la ley a pagar impuestos al gobierno. En otras palabras, todas las personas que obtienen ingresos o realizan actividades económicas en territorio mexicano están obligadas a cumplir con las disposiciones fiscales y tributarias establecidas por la Ley. Es decir, es una obligación legal, no una elección.
Estos impuestos se pagan ante el SAT (Secretaría de Administración Tributaria) y son una forma de financiar el funcionamiento del gobierno y proveer de servicios públicos a la población. En México, existen varios tipos de impuestos que deben ser pagados por los contribuyentes, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros, los cuales se aplican a las ventas y transacciones realizadas tanto en línea como en tiendas físicas. Además, los contribuyentes en México también están obligados a emitir facturas electrónicas para las transacciones realizadas en línea, lo que significa que los proveedores de servicios de pago en línea deben ser capaces de integrarse con los sistemas de facturación electrónica y proporcionar a los usuarios con facturas electrónicas precisas y oportunas.
Es importante tener en cuenta el papel del contribuyente en el sistema tributario mexicano y en la estabilidad financiera del país. El incumplimiento de las obligaciones fiscales puede tener graves consecuencias, como multas, recargos e incluso procesos legales que pueden resultar en sanciones más severas. Para empezar a pagar impuestos debes realizar tu inscripción en el RFC, en la página web del SAT o directamente en alguna de las oficinas disponibles.
Marco Legal y la Protección del Contribuyente
El desarrollo y crecimiento de una nación depende en gran parte del pago de contribuciones de sus ciudadanos. Es por eso que el deber de contribuir al gasto público está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 31 fracción IV, donde se dispone que: “Son obligaciones de los mexicanos… Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Con el fin de coadyuvar en la regulación de la relación entre el fisco y el contribuyente, el 23 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), teniendo como propósito primordial el de reconocer y enunciar de manera clara y precisa los principales derechos a los que un contribuyente tiene acceso, para de esta forma, dar certeza y seguridad jurídica a la relación tributaria. En dicha ley se hace mención también de la necesidad de que el contribuyente conozca la identidad de las autoridades fiscales ante quienes está llevando a cabo un trámite o está realizando un procedimiento o gestión cuyos resultados le afectan, subrayando la necesidad de que en el trato del ciudadano con la autoridad fiscal prive el respeto y consideración por parte de los servidores públicos de la administración fiscal y además se establece el derecho a formular alegatos, defenderse mediante la presentación de pruebas y ser escuchado previo a que se emita la resolución donde se determina un crédito fiscal.
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La importancia de la LFDC radica en el hecho de que tanto las personas morales como las personas físicas que persiguen un fin de lucro, tienen como propósito económico obtener utilidades que les permitan sufragar gastos e invertir en infraestructura, de manera simultánea al cumplimiento de las obligaciones fiscales o laborales que las leyes les imponen. Por otra parte, la falta de conocimiento sobre las opciones de defensa fiscal ante procedimientos erróneos o arbitrarios por parte de la autoridad, trae como consecuencia que el contribuyente no se defienda cuando dichas autoridades fiscales se apartan de las normas jurídicas afectando el patrimonio o en el peor de los casos, la libertad del contribuyente.
¿Qué es la Defensa Fiscal?
Este artículo aborda el tema de la defensa fiscal del contribuyente y tiene como objetivo la descripción de las herramientas contenidas en leyes ordinarias, cuyo propósito es brindar a los ciudadanos el acceso expedito y total a la solución de controversias originadas en su interacción con las autoridades fiscales. Está establecido en la CPEUM en el artículo 17 que nadie puede ejercer justicia por su propia mano, ni ejercer violencia en reclamo de algún derecho. En la LFDC en el artículo 23, se dispone el derecho de acceso a la justicia fiscal. Esto significa que los contribuyentes tienen derecho al ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones tributarias, a través de los medios proporcionados por el Estado.
Por otra parte, están establecidos en la CPEUM en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 22° y 31° una serie de ordenamientos que contienen los fundamentos de la obligación tributaria. De igual forma, y porque no está permitida la justicia por propia mano, brindan certeza jurídica y amparo jurisdiccional a los contribuyentes en contra de actos de intimidación, multas excesivas, confiscación de bienes y en general contra las arbitrariedades de las autoridades fiscales. Según Islas, el término “defensa” se refiere a la acción de una persona para protegerse ante las agresiones de otro particular, o bien, de un ente superior. Tratándose de la defensa fiscal, es lógico pensar que está involucrado el Estado en la agresión a un particular, por lo que el estado de derecho de esta persona ha sido vulnerado y le corresponde entonces desvirtuar el acto emitido por la autoridad fiscal.
Mecanismos de Defensa Administrativa
Cuando se habla de defensa administrativa de los contribuyentes, se hace referencia a los recursos administrativos. Esta defensa se puede intentar en primera instancia ante la propia autoridad que emitió el acto que se está impugnando. Es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal.
Recurso de Revocación
El Recurso de Revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales, entendiendo por “resolución”, lo que Islas define como “el acto administrativo que es la última y definitiva manifestación formal de la voluntad de la administración pública sobre un determinado asunto”.
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Estas resoluciones pueden ser aquéllas que:
- Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos.
- Niegue la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley.
- Dicten las autoridades aduaneras.
- Causen agravio al particular en materia fiscal.
También procede contra actos de autoridades fiscales que:
- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido.
- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución.
El contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva emitida por la autoridad fiscal para interponer el recurso de revocación a través del buzón tributario, en tratándose de recursos que se presenten ante las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, o bien por escrito, ante la autoridad competente de cada Entidad Federativa que hubiese suscrito el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el caso de que se impugnen actuaciones emitidas con motivo de dicho convenio. La autoridad competente, es decir, quien conocerá de dicho medio de defensa puede ser una Administración Desconcentrada Jurídica, la Procuraduría Fiscal de la Entidad Federativa, o la Administración General de Grandes Contribuyentes, entre otras.
De manera posterior a su presentación, la autoridad analizará que el escrito reúna los requisitos que el CFF establece en los artículos 18, 122 y 123 y en caso de haber alguna omisión por parte del contribuyente se le requerirá para que presente en un plazo de 5 días la información faltante. Para Islas lo interesante de interponer el recurso de revocación antes de acudir a juicio de nulidad es en los casos en que el tiempo para impugnar está a punto de vencer y no es posible hacer un análisis completo del caso, sin embargo, con la formulación de uno o dos agravios el recurso puede ser procedente.
Recurso de Inconformidad ante el IMSS e INFONAVIT
El Recurso de Inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social procede contra:
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- Los créditos fiscales mencionados en el Artículo 287 de la LSS por concepto de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos, actualizaciones, recargos y multas.
- La negativa de devolución de pagos de lo indebido (la devolución está contemplada en el Artículo 299 de la LSS).
- Resoluciones que determinen la clasificación en el grado de riesgo de la empresa, con base en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la Ley del Seguro Social (RLSS).
- Valuaciones actuariales de los contratos colectivos (art. 7o., RRI).
- La negativa de pensión.
El recurso de inconformidad debe contener lo siguiente:
- Nombre y firma del recurrente; domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el número de su registro patronal o de seguridad social como asegurado, según sea el caso; en caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estampar su huella digital, lo podrá realizar otra persona en su nombre.
- Acto que se impugna y, en su caso, número y fecha de la resolución, número de crédito, periodo e importe, fecha de su notificación y autoridad emisora del mismo.
- Hechos que originan la impugnación.
- Agravios que le cause el acto impugnado.
- Nombre o razón social del patrón o, en su caso, del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, así como el domicilio en donde puedan ser notificados.
- Los documentos que deberán acompañar a este escrito se refieren a:
- El documento en que conste el acto impugnado.
- Original o copia certificada de los documentos que acrediten su personalidad cuando se actúe a nombre de otro. En el caso de que la cuantía del asunto tratado no exceda de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y sea una persona física el promovente, es suficiente con exhibir carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos.
- Constancia de notificación del acto impugnado, a menos que el recurrente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la misma.
En el Artículo 54 de la misma ley se prevé que las controversias entre patrones e INFONAVIT cuando se haya agotado el recurso de inconformidad, tendrán que resolverse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Según Martínez, este medio de defensa puede interponerse ante cualquier Delegación Regional del INONAVIT a solicitud del interesado y podrá suspenderse el procedimiento administrativo de ejecución durante su tramitación, siempre y cuando se garantice el interés fiscal en un plazo de 15 días en los términos del CFF. El término para su interposición es de 30 días para trabajadores y beneficiarios y de 15 días para los patrones, que se computan a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del acto respectivo. Este medio de defensa, al igual que los anteriores, no procede contra actos que no afectan el interés jurídico del recurrente.
Recurso de Revocación en Materia de Comercio Exterior
Según lo establecido en la Ley de Comercio Exterior (LCE) en su artículo 95, se trata de un instrumento de defensa que tiene como propósito el que la autoridad fiscal aduanera valore sus resoluciones para determinar si fueron emitidas conforme a derecho, pudiendo revocar, modificar o confirmar la resolución donde se determinan cuotas compensatorias a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. A través de este instrumento, se pueden impugnar las siguientes resoluciones:
- En materia de mercado de país de origen o que nieguen permisos previos o la participación en cupos de exportación o importación.
- En materia de certificación de origen.
- Que determinen cuotas compensatorias definitivas y los actos que las apliquen (LCE, art. 94).
En cuanto al plazo para interponer el recurso, se estipula en el artículo 94 que es dentro de los 30 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal federal.
Mecanismos de Defensa Jurisdiccional
Tratándose de este tipo de defensa, quien interviene ejerciendo una función jurisdiccional es un tercero, que se encarga de dirimir las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON): La función jurisdiccional se entiende como la función del poder público que decide sobre cuestiones jurídicas controvertidas, mediante pronunciamientos (de un tercero) con fuerza de verdad definitiva.
Juicio de Nulidad
En cuanto al plazo para promover el Juicio de Nulidad cuando se tramita en la vía ordinaria, es dentro de 30 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, así como cuando haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada.
Juicio de Amparo
El Juicio de Amparo es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulneran sus derechos fundamentales, en este caso, como contribuyente. Existen dos tipos de Amparo: Directo e Indirecto.
El Amparo Directo puede ser resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo amerita, resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto de las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas.
El Amparo Indirecto procede contra:
- Leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos o acuerdos.
- Actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo.
- Actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (cuando la resolución sea definitiva o los actos sean de imposible reparación).
Resultados de Juicios contra el SAT
Como complemento a la información documental ya expuesta, se presenta un análisis de los juicios interpuestos en contra del SAT. Según el Informe Tributario y de Gestión, los juicios en sentencia definitiva favorables al SAT en el período comprendido desde el año 2017 hasta el 1er. Semestre de 2021 muestran que este organismo público ha obtenido resultados importantes.
Por otra parte, según Rodríguez, durante el ejercicio fiscal 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó contra grandes contribuyentes 290 juicios fiscales con sentencia definitiva por 11 mil 457 millones de pesos, de los cuales ganó 190 juicios (65.5%) por un monto de 7 mil 301.8 millones de pesos (64 por ciento) y perdió 100 juicios (34.5 por ciento) por 4 mil 155.2 millones de pesos (36 %). Tomando como base la misma información se observa que, con la revisión de los expedientes físicos de los 100 juicios perdidos, se identificó que entre las causas por las cuales se obtuvo un resultado desfavorable para el SAT en 2018.
El Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS) en EE.UU.
Es importante mencionar, a modo de referencia, que en Estados Unidos existe el Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS por sus siglas en inglés), una organización que opera de forma independiente dentro del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y existe para ayudar a los contribuyentes que experimentan "daños económicos". El IRS define el "daño económico" como una situación en la que una persona es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, incluida la vivienda, la comida o el transporte.
La independencia de TAS le permite operar de manera más efectiva e imparcial, examinando las operaciones del IRS en lo que respecta a las personas que experimentan daños económicos y sirviendo como un vehículo para corregir el procedimiento del IRS cuando la implementación no tiene en cuenta los daños económicos que experimentan muchos estadounidenses. El sistema opera regionalmente; una vez que una persona califica para la asistencia de TAS, se le asignará a su caso un defensor local de una oficina local del defensor del contribuyente (hay al menos uno en cada estado). Si trabaja en conjunto con un abogado, es posible que desee autorizar a un abogado a discutir información sobre un caso con TAS. Si este es el caso, se requiere la presentación del Formulario 2848, Poder y Declaración de Representante. Alternativamente, el Formulario 8821, Autorización de información fiscal se puede usar cuando la persona que busca asistencia quisiera que otra persona reciba información sobre el caso, pero no necesariamente lo represente, como un abogado de declaración de impuestos u otro profesional de impuestos que no sea abogado.
Hay una serie de programas TAS para elegir, que incluyen Defensa de casos (asistencia personalizada de un defensor informado), Defensa sistémica (aborda problemas que afectan a los contribuyentes en general), el Panel de defensa del contribuyente (acepta sugerencias para mejorar el sistema de recaudación de ingresos fiscales además de servir como una voz en nombre de los contribuyentes dentro del IRS) y Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos (ayudando a las personas calificadas con varios problemas tributarios). En resumen, hay una serie de mecanismos útiles y efectivos que funcionan dentro del IRS, pero que también conservan un grado significativo de independencia y discreción, todos los cuales están diseñados para ayudar a los contribuyentes que se encuentran en una situación financiera desesperada y necesitan asistencia crucial con sus impuestos.
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