Expertos y analistas de políticas culturales consideran de gran importancia las consecuencias del anuncio hecho el 14 de agosto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este anuncio se centra en el análisis de la reforma fiscal de hace una década, cuyo objetivo es regular el financiamiento que las asociaciones civiles sin fines de lucro perciben a través de donaciones deducibles en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El anuncio se produce en un contexto particular, marcado por un conflicto político en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), representada por Pablo Gómez, cuestiona la recepción de recursos por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entre 2016 y 2023, la organización recibió donaciones, algunas de la Fundación Kaluz, que administra la colección del Museo Kaluz. Este hecho ilustra el posible impacto de la iniciativa en el ámbito cultural.
Análisis de las Consecuencias de la Reforma
Expertos como Mauricio Merino, Carlos Lara y Arturo Saucedo analizan las consecuencias que tendría la reforma si se concretara.
El Artículo 25 constitucional especifica cómo debe ser el desarrollo en el país: “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”. El especialista en legislación cultural Carlos Lara subraya esta triada conformada por el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil con responsabilidad social. Lara también señala la ley reglamentaria del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permite a las empresas deducir impuestos apoyando al arte en el caso de la cultura. “Luego están los estímulos fiscales, el modelo de la política de estímulos fiscales que hay en el país”, añade.
El analista cultural y legislativo, Arturo Saucedo, menciona el Artículo Cuarto constitucional, que en su fracción 12 establece el derecho de los sectores social y privado a participar en los programas y diseños de la cultura: “Es un derecho constitucional. No hacerlo es irnos a un estado autoritario donde todas las acciones del ámbito privado, así sean las no lucrativas, van a ser atacadas por el Estado”, dice.
Lea también: Todo sobre la Reforma Hacendaria
Según la ley, un amplio abanico del desarrollo cultural se vería trastocado con la medida.
El Papel de las ONG y su Impacto Económico
Para el académico e investigador Mauricio Merino, las contribuciones de las ONG son numerosas: “Las instituciones sin fines de lucro privadas han representado apoyos para la gente más vulnerable, en general, que suman más de 416 mil 62 millones de pesos en conjunto”. Si bien son más de 10 mil 605 las organizaciones registradas (que ofrecen desde ayuda humanitaria hasta promoción científica) con la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos, éstas representan 1.48% del PIB, según la iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía.
En el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) se señala que las organizaciones culturales, autorizadas como donatarias, son 750 en el ya citado universo de 10 mil 605 organizaciones registradas con dicha etiqueta; estas 750 equivalen, en un cálculo rápido, al 0.09% del PIB.
Consecuencias y Riesgos de la Medida
La medida no sólo implicaría ciertas trabas para el modelo de estímulos fiscales, el cual permite que una empresa, un contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, aplique un crédito fiscal para la creación y producción de proyectos de artes visuales, danza, teatro y música, así como la publicación de obras literarias.
“Las ONG son los brazos sociales que llegan a donde el Estado no puede llegar. Pero justo se necesita que el Estado genere esas condiciones”, explica Lara, que vaticina que una reforma así generaría una carpa con los artistas y creadores favoritos del gobierno: “Una cultura centralizada en grupos que reclamarán haber apoyado al gobierno”, dice y recuerda, como antecedente, que la ley del ISR se reformó a la mala para meter un comité que delibera cuáles son los proyectos merecedores o no de un estímulo fiscal.
Lea también: La Reforma Fiscal a detalle
“No todo el fomento cultural lo hace el Estado, no todo el fomento educativo lo hace el Estado y no toda la investigación científica la hace el Estado”, dice Saucedo; y, en palabras de Lara, de aprobarse la iniciativa, se mataría la comunidad y la libertad de asociación.
No está bajo ningún cuestionamiento la importancia de que el Ejecutivo entienda que el llamado “tercer sector”, las asociaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro, están para apoyar y llegar a los lugares donde el gobierno no puede hacerlo, afirma Swald Huerta, presidente de la asociación civil Culturalmente Responsable, una de las decenas de firmantes del comunicado de Manifiesta tu Ciudadanía, dirigido a Pablo Gómez y a López Obrador, y publicado el 15 de agosto, sobre la relevancia de las organizaciones civiles en México.
El abanico es amplio porque también se vería afectado el financiamiento de museos, que se dividen entre lo público y lo privado, y una larga lista de instituciones, asociaciones y organizaciones cuyo trabajo es referente y no necesita presentación: Fundación Banamex, la Academia Mexicana de la Lengua, el Museo Kaluz, la Academia del Palacio de Minería, Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, Fundación Azteca, Fundación Televisa, Foro Shakespeare, Fundación Sebastián, el Instituto Cultural Helénico, Amigos de la OFUNAM y la Academia de Minería, entre otras.
Con la extinción de los fideicomisos y la restricción a las asociaciones civiles, el lazo social y la comunidad se pulverizaría, continúa Lara.
En materia de Cultura, Educación y Ciencia, asegura Saucedo, esto equivaldría a una estocada final, puesto que el retroceso ya sucedió. “El daño se consuma a otro nivel. Si se prepara una iniciativa tendría todas las características de lo autoritario y anticonstitucional. Un estado autoritario es uno en el que sólo él fomenta la cultura, con un piso ideológico donde él impone y ve como enemigo a cualquier otro que proponga”.
Lea también: Reforma Fiscal: Efectos y Resultados
El gobierno, indica Swald Huerta, tendría que entender que se le está apoyando. “Esa iniciativa afectaría terriblemente a las donatarias autorizadas y que tienen ya un esquema para poder allegarse de algún recurso a través de un privado, lo cual cada vez es menor porque hay miedo respecto a la restricción de las aportaciones. Hay una menor oportunidad de ampliar nuestro campo de acción. El riesgo de que el Estado centralice la cultura es modificar ideológicamente un pensamiento. La cultura está para abrir mentes, no para comprar ideologías”.
Pero a Merino le inquieta además el vínculo que la iniciativa podría tener con la luz verde que se le dio a la prisión preventiva de oficio por razones fiscales: “Significa que en cualquier momento, cualquier persona puede ir a la cárcel por seis meses por no haber pagado impuestos o haberse atrasado con una declaración. Eso basta. La reforma que está promoviendo Pablo es fiscal”, abunda y recalca que la gravedad de esto es evidente al comprender las consecuencias que podría tener en ciertas organizaciones. “Esto cancelaría, además, muchas fuentes de financiamiento y respaldo para el teatro, música, pintura, trabajos callejeros y edición de libros. La sociedad civil existe con o sin regímenes autoritarios, vamos a tener que ser más cuidadosos o incluso llegar al clandestinaje”.
Lara dice que la sociedad civil organizada es quien tiene el diagnóstico de la comunidad: “No podemos dejar la política sólo en manos del gobierno. La política se hace también a través de la ciudadanía”.
Por último, Huerta pone el dedo sobre algo esencial: afectar la cultura equivale a afectar a toda la sociedad: “Necesitamos una alianza entre el sector público y privado para generar arte y cultura de mejor manera. Si se tuviera la conciencia de que el arte y la cultura sanan, tendríamos un sistema económico más fuerte, un sistema de salud más fuerte y un sistema educativo más fuerte. Apoyar el arte y la cultura generaría una sociedad económicamente activa, porque estamos hablando de desarrollo y la economía naranja, las industrias creativas e incluso la seguridad pública.
Información Relevante sobre la Reforma Fiscal 2014
Información Relevante sobre la Reforma Fiscal 2014 y su resolución miscelánea 2015, respecto a asociaciones civiles sin fines de lucro, que perciban ingresos a través de donaciones deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta:
Se establecen las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, entre las que se encuentran:
- Destinar los activos a fines distintos al del objeto social autorizado.
- Realizar directamente o a través de la figura del fideicomiso o por conducto de terceros cualquiera de las siguientes operaciones:
- Constituyan o financien a personas morales o fideicomisos.
- Adquieran acciones, fuera de los mercados reconocidos.
- Adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, partes sociales, participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera.
- Adquieran acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas.
- No expedir CFDI que amparen los donativos recibidos o expedir facturas electrónicas de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta de la donación.
- Incumplan las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales.
- La donataria esté en la lista publicada por las autoridades fiscales por celebrar operaciones inexistentes.
Ampliación de Actividades
Se han ampliado las actividades para solicitar la autorización como donataria autorizada. Sin embargo, aún habrá que esperar que la autoridad defina qué tipo de documento comprobatorio, expedido por la autoridad, es necesario para cada una de ellas. Entre otras, las actividades incluidas son las siguientes:
- Actividades asistenciales: se redefinen los beneficiarios incluyendo a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad.
- Se agrega un nuevo apartado para incluir actividades de la Ley de Fomento.
Donativos a Órganos de Gobierno
Una modificación importante es la referente a las deducciones, y en este sentido, cuando se realicen donativos a favor de la Federación, entidades federativas, municipios u organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal del contribuyente en el ejercicio anterior, continuando la limitante del 7% para la totalidad de los donativos efectuados durante el ejercicio.
Lo que se busca con esta medida es promover la donación a las instituciones de beneficencia, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tienen autorización del SAT para ser donatarias autorizadas.
Deducciones Personales
Se limitan las deducciones personales de donativos a aproximadamente $95,000.00 pesos o al 10% de los ingresos del individuo, lo que resulte menor.
Finalmente cabe destacar en 2014 las donatarias autorizadas se verán afectadas por la limitación de la deducción parcial de pagos efectuados por el empleador. Por ello, es recomendable medir las repercusiones fiscales y definir los pasos a seguir para mitigar los efectos adversos que ello podría originar.
Ataques y Descalificaciones a las OSC
Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones. Primero se trató de una iniciativa para reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permaneció en trámite en el Senado y se señala que las organizaciones generan un costo importante para la recaudación y carecen de regulación sobre el uso de sus recursos. Además, señala que “el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México”.
Este discurso ignora la dinámica de financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existen y se aplican múltiples mecanismos y normatividades para la fiscalización de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Las reformas no aumentan la transparencia y vigilancia de los donativos, puesto que las OSCs ya reportan cada ingreso y gasto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a procesos de fiscalización para demostrar el uso de los recursos responden a su objeto social.
El 9 de junio de 2021, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario Morena, presentó una iniciativa con la finalidad de limitar y estigmatizar el financiamiento extranjero de las organizaciones de la sociedad civil. En particular, esta iniciativa señala que las OSCs tienen que notificar cada donación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ésta deberá determinar que el destino no tiene fines de proselitismo o político electorales. La propuesta ignora que la sociedad civil ya informa sobre sus donaciones y es fiscalizada por el SAT.
Por su parte, la reforma al Código Penal de la Ciudad de México establece que directivos y administradores de sociedades civiles que reciban “fondos, recursos o apoyos públicos” serán juzgados como servidores públicos. Por otro lado, la miscelánea fiscal del Paquete Económico de 2022 establece criterios para desincentivar y reducir las aportaciones a las OSCs.
La iniciativa de reforma para la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo busca modificar el artículo 151 para limitar las deducciones por donaciones y por aportaciones para el retiro hasta el 15% de los ingresos del contribuyente. Igualmente, notas de prensa han mencionado que las aportaciones a las donatarias autorizadas implicaron una pérdida para el fisco de 88 mil 792 mdp. Ambas declaraciones son parte de una narrativa para convencer a la ciudadanía y a la sociedad civil de que estas organizaciones representan un costo inadmisible y que esos recursos podrían dedicarse a beneficiar al pueblo.
La propia SHCP señala que las deducciones por estos conceptos sólo representan una fracción de las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales. En concreto, indica que “los contribuyentes sólo dedujeron en sus declaraciones anuales un monto de poco más de la tercera parte del importe del monto de donativos recibidos por las donatarias”.
No todo lo que se recibe se deduce por tres razones principales. Primero, no todos los contribuyentes dedujeron sus donaciones, incluso teniendo la posibilidad. Segundo, los apoyos recibidos del extranjero no son deducibles en México.
Otro aspecto importante a aclarar es que los 88 mil 792 millones de pesos corresponden a la suma de seis años (de 2014 a 2019). La cifra correspondiente de deducciones por donativos para 2019 (último año con información disponible) fue de 19,821 millones de pesos. Para ponerlo en contexto, este último monto representa un 2% si se compara con el total de las “renuncias recaudatorias” de 2019, es decir, lo que Hacienda deja de recibir por los beneficios fiscales establecidos en la ley: exenciones, deducciones, regímenes especiales, diferimientos y tasas reducidas.
Este incentivo fiscal tiene la finalidad de promover actividades en las que el Estado no participa directamente o lo hace de manera insuficiente, pero que considera necesario apoyar. En México, los montos deducidos por este concepto están divididos en diversos fideicomisos, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.
El grupo más grande, y de forma significativa, son las asistenciales que representaron el 63% de las donaciones. Entre ellas, destacan Salud Digna, el Teletón, la Cruz Roja, la Fundación Politécnico, la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, la fundación IMSS y las fundaciones Alfredo Harp Helú. De esta manera se atienden niñas, niños y adolescentes con discapacidad; se brinda atención médica; se invierte en el desarrollo tecnológico del país; se asisten padecimientos graves; se busca mejorar los servicios de salud; y se construyen museos, centros culturales, bibliotecas, talleres de restauración y espacios deportivos en estados como Oaxaca.
En segundo lugar, están las organizaciones que apoyan a otras donatarias y que recibieron 11% de los ingresos. Aquí se encuentran las fundaciones de distintas universidades y empresas. Por ejemplo, en este grupo se encuentra la Fundación UNAM que ha apoyado a más de 730 mil alumnos a través de becas a estudiantes, apoyos a la investigación y promoción cultural.
En tercer lugar, se encuentran las organizaciones con fines educativos que recibieron el 10% de las donaciones. Entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), una de las instituciones de educación superior más grandes del país y que actualmente está conformada por más de 90 mil alumnos y 10 mil profesores.
En cuarto lugar, las donatarias catalogadas como culturales reciben 4% de estos apoyos. Algunos ejemplos de ellas son el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Academia de Música del Palacio de Minería y el Festival Internacional del Cine en Morelia.
En quinto lugar, las asociaciones civiles de investigación científica reciben el 3% de las donaciones. Por ejemplo, el Acuario de Veracruz, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Academia Mexicana de Ciencia, la Sociedad Mexicana de Física, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración.
Adicional a las categorías de donatarias antes señaladas, están las ecológicas, becantes, de desarrollo social, de obras públicas, para el cuidado de especies en peligro y para museos y bibliotecas privadas. En su conjunto, estas categorías reciben el 7% de las donaciones, y realizan actividades cruciales para millones de mexicanos.
Las organizaciones no gubernamentales son, en México y el mundo, instancias de participación social y democrática, promueven que la población se organice y que realice actividades con beneficios públicos tangibles.
El penúltimo párrafo del artículo 79 establece que todos los gastos hechos por las donatarias deben de estar respaldados por un comprobante fiscal (CFDI); sin embargo, muchas de las organizaciones se ubican en comunidades rurales, en donde ni siquiera existen servicios financieros.
El artículo 82 Quárter en su fracción V tuvo un importante ajuste, en comparación con lo propuesto por el Ejecutivo. En la modificación de Comisión de Hacienda y Crédito Público se eliminó la causal de revocación cuando una organización tenga en común a algún socio, asociado, representante legal o del Consejo Directivo o administrativo de otra donataria a la que se le revocó la autorización en los últimos 5 años.
En el contexto actual de crisis por el Covid-19, en México se requiere de la participación de todos los sectores para buscar soluciones a los retos de las comunidades.
La pelota se encuentra en la cancha del Senado de la República.
tags: #reforma #fiscal #asociaciones #civiles