Honduras, oficialmente República de Honduras, es un país ubicado en América Central con costas en el océano Atlántico y en el océano Pacífico. Está constituido como un Estado unitario, libre, soberano e independiente. La forma de Gobierno es republicana, democrática y representativa. Honduras entra en una nueva etapa política marcada por una transición de poder frágil, una crisis profunda de confianza en el sistema político-electoral y un escenario de gobernabilidad condicionado por la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. El deterioro progresivo de los indicadores económicos, políticos y sociales reflejan que la democracia y la gobernabilidad de Honduras está en crisis.
Evolución Histórica del Sistema Político Hondureño
El actual período democrático de Honduras inició en enero de 1982, con la asunción del presidente Roberto Suazo Córdova - después de casi dos décadas de gobiernos militares. Durante este período de casi cuatro décadas de gobernabilidad democrática, Honduras ha sido administrada por dos partidos políticos tradicionales: el Partido Liberal (PL), de centro, y el Partido Nacional (PN), de centro-derecha. Ese virtual modelo bipartidista hondureño funcionó relativamente bien, hasta la crisis de 2009, que resultó en la irregular interrupción de mandato del presidente José Manuel Zelaya.
El 28 de junio de 2009, la imagen del presidente hondureño en pijama en la capital costarricense, secuestrado y expatriado por un comando militar, daba la vuelta al mundo para recordar que los procesos democráticos no suelen ser tan firmes como las apariencias muestran. La ruptura que se manifestó ese día y el conflicto entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la que se derivó el fin de la administración Zelaya, no se pueden entender sin explicar varios factores del sistema local que llevaron a la crisis, repartiendo responsabilidades entre unos y otros, como señala con lucidez el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), presentado en 2011.
Desde entonces, y particularmente desde las elecciones de 2013, ha pasado a predominar en el país un sistema pluripartidista moderado. En consecuencia, además del PL y PN, es importante registrar la alta y creciente relevancia de al menos uno o dos partidos emergentes: el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), de centro-izquierda, y el Partido Anticorrupción (PAC), de centro. Su llegada al poder también marcó la ascensión de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro.
Marco Institucional y Separación de Poderes
La rendición de cuentas interinstitucional (u horizontal) implica ampliar la transparencia de las decisiones políticas, garantizar el acceso a la información de los procesos de toma de decisiones, promocionar la justificación y deliberación de las determinaciones de cumplimiento obligatorio, insistir en las virtudes del republicanismo, y en el seguimiento mutuo entre diferentes entes del Estado y de la sociedad civil organizada, con el propósito de evitar los excesos, los abusos y la corrupción. En base a estos parámetros de relaciones institucionales, podemos observar una tendencia inercial a la concentración del poder y del presidencialismo - o un desequilibrio aparente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Efectivamente, en Honduras ha predominado la agenda presidencial en el parlamento.
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Uno de los problemas estructurales políticos es la poca independencia del poder judicial. Históricamente, el poder judicial de Honduras siempre fue politizado e ineficiente. Las redes clientelistas, personalistas y los importantes grupos económicos tenían un gran poder sobre la Justicia, por lo que nunca fue completamente independiente pese a las garantías constitucionales. A este problema se añade la cuestión de la separación de poderes. Si bien, tradicionalmente, los poderes judicial y legislativo no gozaban de plena independencia debido a la interferencia e influencia que tenían los grupos económicos, después de la democratización dicha interferencia había disminuido. Sin embargo, a partir del golpe de estado de 2009, esta obstrucción comenzó a aumentar nuevamente, dejando claro que ambos poderes estaban interferidos. No obstante, con la llegada del nuevo gobierno de Xiomara Castro, el indicador de separación de poderes en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024 observa una mejora.
El Congreso Nacional será el principal campo de disputa política durante esta transición. El Congreso Nacional y su presidente se constituyen en un poder clave de este sistema, llegando a moderar la iniciativa del Ejecutivo. Su capacidad política es tal que son el factor más relevante a la hora de mantener el status quo, por la capacidad que tienen los representantes populares de acceder a recursos económicos que repercuten en obra pública y otras acciones de naturaleza clientelar en los departamentos y municipios. Actualmente, el unicameral Congreso hondureño cuenta con 128 diputados y ocho bancadas: Nacional (61 diputados), Libertad y Refundación (30 diputados), Liberal (26 diputados), Innovación y Unidad (4 diputados), Alianza Patriótica Hondureña (4 diputados), Anticorrupción (1 diputado), Unificación Democrática (1 diputado), Demócrata Cristiano (1 diputado).
Uno de los principales desafíos estructurales para el gobierno de Asfura es que llega al poder sin una ruptura clara con el legado del Partido Nacional y de sus 12 años en el poder (hasta 2022). La falta de independencia judicial, la debilidad del Ministerio Público y la ineficacia para investigar redes de corrupción de alto nivel que han caracterizado a los diferentes gobiernos en turno refuerzan la percepción de que las élites políticas siguen operando sin enfrentar la justicia. Para recuperar la mínima confianza ciudadana e internacional, el Partido Nacional tendría que desmontar sus propios operadores de impunidad.
Sistema Electoral y Participación Ciudadana
Las elecciones recientes confirmaron lo que múltiples actores nacionales venían advirtiendo: el sistema político-electoral hondureño necesita reformas profundas. La legislación electoral, esencialmente la misma desde 2004, con ajustes menores en 2021, no garantizó transparencia ni certeza jurídica. Aunque el proceso no derivó en violencia generalizada, la falta de credibilidad y confianza pública está dejando una institucionalidad debilitada.
La rendición de cuentas electoral (o vertical) implica auscultar la capacidad de los electores y ciudadanos para escoger - y eventualmente ‘castigar’ - libremente los gobernantes mediante su participación en procesos electorales periódicos, libres, honestos, institucionalizados, competitivos, y transparentes. Desde la transición democrática a comienzos de la década de 1980, los ciudadanos hondureños gozan del derecho universal al voto, a partir de los 18 años.
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Sin embargo, en relación a la participación efectiva de los ciudadanos hondureños en los procesos electorales realizados desde la década de 1980 es pertinente destacar que el fenómeno del abstencionismo ha ido incrementándose notablemente, desde un mínimo de 16% en las elecciones de 1985, hasta un máximo de 51% en las elecciones de noviembre de 2009, cayendo posteriormente al 39% en las elecciones de 2013. Las explicaciones para el fenómeno del abstencionismo deben buscarse en la cultura política, y también en la masiva migración de hondureños hacia el exterior - principalmente hacia los Estados Unidos, donde reside un quinto de los electores hondureños.
La participación política no convencional, que incluye protestas, manifestaciones y otras demostraciones de acción colectiva e inconformidad, se ha destacado desde 2015, con particular relevancia en el caso de las llamadas ‘marchas de las Antorchas’. Convocadas por la autodenominada oposición Indignada, e integrada básicamente por jóvenes procedentes de diferentes clases sociales, ese movimiento rápidamente alcanzó proporciones nacionales. Encabezados por Miguel Briceño, Ariel Varela y Gabriela Blen, los Indignados han exigido una frontal y decisiva lucha contra la corrupción en el país. En síntesis, en lo concerniente a la dimensión de la participación política es posible constatar que en Honduras existe una apertura formal de mecanismos democráticos convencionales. Entretanto, el abstencionismo es bastante significativo y las experiencias de democracia deliberativa son incipientes.
En el proceso electoral presidencial de 2017 resultó vencedor el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández, con 42,95% de los votos válidos - convalidando el predominio de los partidos tradicionales en el Ejecutivo. Luego, la llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura, encabezada por el candidato Salvador Nasralla, tuvo un excelente desempeño, con 41,42% de los votos válidos. Y aún el PL consiguió evitar una debacle histórica, rescatado con 14,74% de la votación. Sin embargo, el puntaje del BTI 2020, se redujo 5 puntos, evidenciando la irregularidad y el fraude de las elecciones. Las últimas elecciones presidenciales, legislativas y municipales fueron esperanzadoras por la alta participación política y la legitimidad de estas.
Administración de Xiomara Castro: Políticas y Desafíos Recientes
La llegada de Xiomara Castro a la presidencia marcó una nueva era. Durante su administración, se profundizó la polarización social y política, en parte debido a su respaldo abierto a regímenes autoritarios en la región. Castro expresó públicamente su solidaridad con el presidente venezolano Nicolás Maduro y otorgó un reconocimiento al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “por su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado de 2009”.
Por otro lado, a diferencia de las administraciones anteriores, el gobierno de Castro incrementó de manera visible la inversión social y en infraestructura pública, incluyendo carreteras, hospitales, escuelas y programas de apoyo económico a sectores vulnerables. También demostró apertura a organismos internacionales de protección a los derechos humanos, entre otros.
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No obstante, el gobierno de Xiomara Castro no logró, y en algunos casos no intentó, transformar las estructuras de poder heredadas. Asimismo, la no instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) con el apoyo de las Naciones Unidas, a pesar de que esto fuera una de sus promesas antes de asumir la presidencia, es una de las principales deudas. Si bien su discurso enfatizaba avances en una agenda ambiental, agraria y de derechos humanos, los conflictos territoriales persistieron (aproximadamente 40) y, en algunos casos, se agravaron. No se avanzó en reformas sobre la tierra, no se ratificó el Acuerdo de Escazú y no se cumplieron sentencias clave de la Corte Interamericana, especialmente en favor del pueblo garífuna.
En materia de seguridad, desde diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2026, el gobierno de Castro implementó un estado de excepción suspendiendo garantías constitucionales, tomando como modelo las políticas punitivas de Bukele en El Salvador. Para la administración de Trump, esta medida resultó efectiva para atacar el “micro-narcotráfico”, pero también ha sido cuestionada por atentar contra los derechos humanos.
En contraste, la relación de su gobierno con Estados Unidos fue compleja y oscilante tanto durante la administración de Biden como durante la de Trump. Para la administración de Trump, Honduras es un socio clave en materia de migración, seguridad regional y alineamientos geopolíticos, especialmente tras el respaldo personal del presidente a Asfura. Todo indica que el nuevo gobierno priorizará una agenda centrada en el sector privado, la atracción de inversión extranjera y la “confianza empresarial”. En su primera gira como presidente electo, Asfura visitó Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con actores clave, entre ellos, el secretario de Estado Marco Rubio, también con el Embajador Greer del Departamento de Comercio, el BID y algunos congresistas republicanos.
Desafíos Estructurales y la Calidad de la Democracia
Honduras es un estado de gran vulnerabilidad y estancamiento. Aunque había vuelto a la democracia en los años ochenta y parecía mantenerse en la vía democrática a comienzos del siglo XXI, se caracterizaba por un estado débil, una gobernanza deficiente, un alto grado de corrupción de la administración pública y la presencia de actores paraestatales, como las bandas criminales y pandillas, que amenazaban al estado hondureño y a su población. El Bertelsmann Transformation Index (BTI), con su análisis bienal de los procesos de transformación social, permite vislumbrar la escasa evolución y transformaciones hondureñas.
De este modo, Honduras pasó de una calificación de democracia defectuosa (BTI 2006-2016) a la democracia altamente defectuosa (BTI 2018) hasta que dejó de calificarse como democracia (BTI 2020-2022). Sin embargo, el BTI 2024 atestigua un nuevo cambio de categoría, después de que mejoras en la participación política y la separación de poderes hayan permitido que Honduras pasara a ser de una autocracia moderada a una democracia altamente defectuosa.
La poca estabilidad, a lo largo de la década de 2010, de las instituciones democráticas es un problema significativo. En 2009 las fuerzas militares junto con el Parlamento y el Poder judicial destituyeron al presidente, de ese entonces, Manuel Zelaya, generando un quiebre democrático. Pero, lo que ocasionó una mayor inestabilidad de las instituciones fue la presidencia de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debido al gran control que ejercía sobre los poderes generando un gobierno cada vez más autocrático.
En el índice de gobernanza, el desempeño de Honduras evidencia un deterioro menos pronunciado que en la transformación política. El mayor impedimento para una buena gobernanza es la influencia de bandas criminales y grupos económicos. Estos entablan lazos con políticos o personas allegadas a la administración. La corrupción gubernamental es una gran consecuencia. La política pública más importante mantenida en el tiempo, aunque sin éxito, es la de anticorrupción. Por su posición geográfica, Honduras es uno de los países principales de tránsito de drogas. Además, los grupos narcotraficantes toman provecho de la deficiente administración estatal para expandir su accionar delictivo. Conjuntamente, amenazan a cualquier autoridad política que intente combatir el narcotráfico o poner más orden.
Honduras inicia esta nueva etapa política sin haber resuelto las causas estructurales de su crisis democrática. La estabilidad que pueda ofrecer el nuevo gobierno será, en el mejor de los casos, frágil y condicionada.
Indicadores Clave del Bertelsmann Transformation Index (BTI) para Honduras
| Indicador BTI | BTI 2006 | BTI 2018/2020-2022 | BTI 2024 | Observación Clave |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación Democracia | Democracia defectuosa | Democracia altamente defectuosa (2018), No clasificada como democracia (2020-2022) | Democracia altamente defectuosa | Volatilidad y leve recuperación reciente |
| Elecciones Libres y Justas | 9 | 4 (en 2020, reducido 5 puntos) | - | Deterioro por irregularidades en 2017 |
| Separación de Poderes | 8 | 3 (2010-2022) | 4 | Politización post-2009, leve mejora reciente |
| Estabilidad Instituciones | 7.5 | 3 (2022) | - | Marcado declive durante gobierno de Hernández |
| Construcción de Consenso | 6 | 4.2 (2018) | - | Deterioro por administración personalista |
| Credibilidad Internacional | 7 | - | 5 | Reducción significativa |
| Política Anticorrupción | 2 | - | 3 | Mantenimiento de puntaje bajo, problema persistente |
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