La transparencia y el uso correcto de los recursos públicos en México han sido puestos bajo la lupa tras revelarse graves irregularidades en la administración de presupuestos destinados al desarrollo rural. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado mecanismos complejos que facilitaron la malversación de fondos millonarios bajo el esquema de convenios institucionales.
Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió en 2017, que dos años atrás (2015), la Sagarpa entregó a la Universidad Autónoma de Zacatecas casi 220 millones de pesos, pertenecientes al presupuesto del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de Sagarpa, para que diseñara planes y proyectos a favor del campo.
Sin embargo, el destino de estos recursos no cumplió con los fines estipulados originalmente. Los auditores encontraron que los proyectos nunca se realizaron. La situación se agravó al descubrirse irregularidades contables adicionales:
- La ASF detectó que la Universidad había erogado 14 millones de pesos por supuestos “pagos administrativos”.
- De dichos pagos no existió la más mínima comprobación.
Irregularidades en la documentación y simulación de proyectos
Uno de los puntos más críticos de la investigación fue la incapacidad de las instituciones involucradas para demostrar la realización de los trabajos contratados. Cuando los auditores solicitaron a la Sagarpa y a la Universidad copia de los proyectos que fueron realizados con los 219 millones de pesos, las dos instancias entregaron las mismas carpetas de documentos.
La falta de sustento técnico era evidente, ya que estos estaban construidos, en su mayoría, con extractos de distintas fuentes portales digitales. Esta práctica demuestra una clara simulación para justificar el gasto de recursos que fueron desviados de su propósito original.
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Responsabilidad de los servidores públicos
La ASF fue contundente en sus conclusiones sobre el papel de las autoridades. “Para la comprobación de los recursos (Sagarpa) proporcionó información y documentación irregular”, señala el informe. La falla en los controles internos permitió que los fondos fueran dilapidados sin que se obtuviera beneficio alguno para el sector agropecuario del país.
Lo anterior fue propiciado por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que ocasionó un daño al erario, finalizó la ASF.
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