Legisladores y el Comité estatal de Morena en Nuevo León presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción en contra del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. La acusación se centra en el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen, a través de una supuesta triangulación por más de mil 400 millones de pesos.
Detalles de la presunta triangulación financiera
Anabel Alcocer Cruz, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, señaló que el servidor público realizó presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos estatales hacia un despacho jurídico vinculado al propio gobernador. "Empresas proveedoras del gobierno estatal recibían recursos públicos y posteriormente realizaban estas transacciones millonarias a empresas relacionadas para que finalmente terminaran en cuentas vinculadas al despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados, del cual es socio el papá del gobernador", explicó.
La denuncia sostiene que el esquema habría operado mediante transferencias provenientes de al menos cuatro vías relacionadas con contratos y pagos públicos estatales. Según los señalamientos, tras pasar por varias empresas, parte de esos recursos habría sido enviado a Estados Unidos para dificultar su rastreo financiero.
Posibles delitos federales y competencia institucional
Los hechos denunciados son considerados graves, ya que podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley. Al respecto, el artículo 223 del Código Penal de la Federación define el delito de peculado, que ocurre cuando un servidor público utiliza o distrae recursos, dinero o bienes del Estado para su beneficio personal o de terceros.
Alejandro Murat, senador y delegado de Morena en Nuevo León, manifestó que en este asunto se presume el delito de peculado. "Lo que queremos es que sea la fiscalía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tienen las facultades, las que pueda confirmarle a la ciudadanía si esto es verídico", afirmó.
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Investigaciones y procesos legislativos en curso
La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León resolvió avanzar en el proceso de juicio político contra Samuel García Sepúlveda. La decisión implica que el mandatario tendrá un plazo de 15 días hábiles para ofrecer su declaración, ya sea en persona, por escrito o a través de un representante legal.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, enfatizó que ninguna persona puede ampararse en el fuero para evitar una revisión legal. "Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra", señaló el legislador.
Relación con casos de presunta facturación falsa
El caso ha cobrado mayor relevancia tras reportes periodísticos que vinculan a un empresario detenido, presuntamente relacionado con una red de empresas de huachicol conocidas como “Los Petrofactureros”, con servicios profesionales contratados por el despacho familiar de Samuel García. Ante este escenario, diversos sectores políticos han solicitado que la FGR esclarezca la naturaleza de los pagos y las facturas emitidas por dicha firma.
Por su parte, el gobernador Samuel García ha rechazado las acusaciones, calificándolas como una estrategia de campaña electoral. García sostiene que los ingresos reportados corresponden a honorarios por servicios legales prestados desde años anteriores a su gestión como gobernador y ha insistido en que su administración actuará conforme a derecho ante cualquier requerimiento formal.
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