El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) enfrenta un momento decisivo, donde la elección determinará si continúa siendo un instrumento al servicio de los trabajadores o se consolida como un aparato burocrático que favorece intereses particulares.
Se disputan la dirigencia dos planillas: la roja, que concentra los intereses de una familia y de un dirigente nacional que pretende controlar el sindicato, y la azul, apoyada por las bases, que representa a la mayoría de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y abre la posibilidad de una dirigencia democrática también en el sector central.
Coordinación Nacional Colegiada (CNC)
La Coordinación Nacional Colegiada (CNC), equivalente al Comité Ejecutivo Nacional en otros sindicatos, es el máximo órgano de representación del SNDTSC. Actualmente, la dirección del sindicato ha estado bajo el control de un grupo cercano a la Planilla Roja, encabezado por Enrique Roura Pech, conocido por su cercanía con Juan Hernández Melchor.
Juan Hernández Melchor ya fue Colegiado General Ejecutivo, y en 2019 la CNC dio continuidad a Roura Pech en la dirección. Esta corriente política impulsa, apoya y sostiene la candidatura de Silvia Hernández Melchor, hermana de Juan Hernández, como candidata al Colegiado General Ejecutivo por el Sector INAH bajo la Planilla Roja.
La Planilla Roja representa, por tanto, la continuidad del grupo que actualmente encabeza la CNC. Los ataques recientes dirigidos desde esta Coordinación contra Carlos Arturo Hernández Carrillo, candidato de la Planilla Azul, son prueba de ello. Han tejido alianzas con algunos Secretarios Generales de las secciones, quienes también los apoyan.
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Durante el I Congreso Nacional Extraordinario del SNDTSC, Roura y Melchor llevaron a cabo una maniobra para ampliar el mandato de la CNC de tres a seis años.
Contienda Electoral y Recursos
En esta contienda, el Colegio Nacional Electoral condicionó que no se hiciera uso de recursos propios ni de terceros, dado que no se destinó dinero sindical a las campañas. Se recomendó, en cambio, utilizar medios de transmisión por internet y plataformas de mensajería. Sin embargo, la Planilla Roja ha hecho ostentación de recursos económicos al realizar una campaña presencial en secciones como Veracruz, Oaxaca, Teotihuacán y Morelos, entre otras, cubriendo gastos de comidas, pasajes, camisetas bordadas y enormes mantas para mítines, usando recursos propios y de terceros, sin ninguna fiscalización.
La Comisión Nacional Electoral modificó posteriormente los términos de la convocatoria para permitir que las planillas hicieran visitas si eran invitadas por las secciones. Sin embargo, esta solución es contradictoria, pues no cambió la prohibición del uso de recursos y resulta inverosímil realizar viajes de campaña sin gastar dinero.
Asimismo, la Planilla Azul propone organizar una coordinación real de lucha entre los tres sectores mediante la realización periódica del Congreso Nacional, el máximo órgano de gobierno del sindicato, que la actual dirección ha evitado convocar durante los nueve años de vida del SNDTSC.
La Planilla Roja no es un grupo nuevo ni independiente; es la prolongación de la corriente de la CNC, una directiva que durante años ha ejercido el control absoluto sobre el sindicato. Su dominio en seis de treinta y tres secciones ha servido para bloquear sistemáticamente cualquier iniciativa que pudiera beneficiar a la mayoría de los trabajadores.
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La estrategia de la Planilla Roja es evidente: perpetuarse en el poder mediante alianzas internas y externas, control absoluto de los recursos y manipulación de procesos legales y estatutarios. Concentrar el poder en un núcleo familiar y de allegados no solo estrangula la representación democrática, sino que abre la puerta a la corrupción y al uso indebido de los recursos del sindicato.
Cuotas Sindicales Congeladas
La institución congeló, desde la existencia de la D-III-24, las cuotas de la organización nacional integrada por los trabajadores de provincia que estaban afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que se negaron a aportar a ese sindicato charro. Este acto de resistencia configuró la lucha misma de los maestros por democratizar al SNTE, dando lugar a la conformación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y permaneció congelado en manos del INAH durante años.
Las cuotas históricas sindicales congeladas son recursos que pertenecen legítimamente a los trabajadores de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, la CNC actual intentó apropiarse de esos recursos, alegando que, al ser la dirección, les correspondían. Posteriormente, sostuvieron que eran propiedad del SNTE y, más tarde, de la Federación.
Silvia Hernández, en ese momento representante de rama de los profesionistas en gestión del patrimonio cultural (Comisión de Escalafón y Admisión de esa rama), se opuso, junto a sus hermanos, Secretarios Generales, a que se recuperaran esos recursos para el sector INAH, alegando que pertenecían al SNTE.
La mayoría de los congresos del sector INAH votó por recuperar los recursos, lo que se concretó mediante su distribución proporcional entre quienes habían sido de provincia y que formaban parte no solo de este sindicato, sino también de otros. Este episodio demuestra, una vez más, que la lucha sindical no es neutral: o se defiende a los trabajadores, o se perpetúa el clientelismo y la apropiación de recursos por grupos familiares al servicio del charrismo.
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Situación Crítica y Falta de Legitimidad
La Coordinación Nacional Colegiada ha llevado al sindicato a una situación crítica: la demanda de titularidad fue rechazada debido a errores en el trámite por parte de la CNC, que no acreditó la personalidad jurídica ante la autoridad laboral. Esto obedece a las maniobras de los dirigentes actuales para imponer colegiados mediante procesos irregulares que favorecen a los suyos, lo que provocó el rechazo del trámite.
Esta falla no es un descuido administrativo; es la consecuencia directa de un modelo de charrismo que prioriza la acumulación de poder sobre la defensa de los derechos de los trabajadores. La gravedad se intensifica al considerar que, desde hace seis años, no se convoca a un Congreso Nacional, mandato estatutario indispensable para la rendición de cuentas y la renovación de los órganos de dirección.
En su lugar opera el Consejo de Representantes, un órgano intermedio mal diseñado que no garantiza la proporcionalidad de la membresía; de este modo, sin legitimidad legal ni mandato formal, han gobernado de manera cerrada y jerárquica.
Esta situación no es menor: revela la lógica de apropiación burocrática que subyace en el grupo que busca dar continuidad a la dirección actual. Un sindicato así deja de ser un instrumento de la clase trabajadora y se convierte en un aparato al servicio de intereses privados, donde la falta de legitimidad legal y la ausencia de congresos se utilizan como herramientas para perpetuar privilegios y controlar recursos colectivos.
El grupo de la Roja, hoy, intenta imponer el charrazo en el SNDTSC mediante alianzas estratégicas con algunos dirigentes del sector INAH y con la propia Coordinación Nacional Colegiada actual. El efecto de estas alianzas es evidente: se ha intentado bloquear la participación de la Planilla Azul en secciones como la Ciudad de México, encabezada por Gloria Calvo, visible dirigente con nexos con la familia Hernández Melchor desde hace muchos años.
Mientras tanto, algunos miembros del Comité Ejecutivo Sectorial del INAH, vocales y secretarios generales, promueven los intereses de la Planilla Roja mediante favores y acuerdos estratégicos, consolidando un núcleo de poder cerrado y jerárquico.
El Momento Decisivo y la Obligación Histórica
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura está en un momento decisivo. No se trata de una elección rutinaria. No es un acto administrativo. La Planilla Roja no actúa sola. Es la extensión directa de la CNC de Enrique Roura. Se ha aliado con el Comité Ejecutivo Sectorial del INAH. Juntos forman un bloque cerrado. Su objetivo es claro: apropiarse del sindicato. Mantener a la base trabajadora marginada. Controlar los recursos. Eliminar la democracia interna. Los trabajadores tienen ahora la obligación histórica de cerrarle el paso.
La Planilla Azul representa la alternativa verdadera. La fuerza de la base. La lucha por la democracia sindical. Se necesitan Congresos Nacionales activos. Colegiados generales fuertes. Coordinación entre todos los sectores. Una estrategia que no disperse esfuerzos en luchas aisladas. Un sindicato que pueda negociar con SECULTURA y garantizar derechos reales.
Si gana la Roja, todo se pierde. Se consolidará el charrismo. Se perpetuarán privilegios. Se secuestrará al sindicato. La CNC seguirá imponiendo sus candidatos. Los recursos seguirán en manos de un pequeño grupo. La participación de la base quedará anulada.
La Planilla Azul no es solo un nombre. Es la resistencia. Es la continuidad de años de lucha por la democracia en el SNDTSC. La elección es más que política: es histórica. Decide el rumbo del sindicato. Decide si será un instrumento al servicio de la clase trabajadora o un aparato al servicio de intereses privados. No hay neutralidad. No hay término medio. Los trabajadores deben asumir su papel. Participar. Organizarse. Defender lo que es suyo. Esta no es una elección cualquiera. Es la batalla por la vida del sindicato. Por la fuerza colectiva. Por la defensa de los derechos. Por la democracia.
El SNTE, Elba Esther Gordillo y el gobierno de Calderón
Muchos analistas pensaron que con la ola de reformas económicas neoliberales que comenzaron en la década de los ochenta en América Latina disminuiría el poder de los sindicatos, cuya influencia se desarrolló con base en la expansión del Estado, el proteccionismo económico, un mercado de trabajo rígido y la protección política (Murillo, 2001). Sin embargo, a juzgar por la evolución política de México de los últimos lustros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desafía con éxito esa expectativa.
Aunque hubo mudanzas en la conducción del sindicato a finales de los ochenta, no sólo sobrevivió a la cadena de reformas que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sino que sus agremiados disfrutan hoy de mejores ingresos y prestaciones, mientras sus dirigentes poseen más canonjías.
Si bien el SNTE ya no tiene el monopolio de la representación del magisterio y hay corrientes que desafían el liderazgo de su presidenta, continúa siendo la organización sindical más poderosa de México. Poder que se expande a otras áreas de la vida política, a las instituciones burocráticas (como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE) y, más aún, al interior del gobierno de la educación básica.
La fuente de poder del SNTE o, con mayor precisión del grupo dominante que se concentra en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), es ilegítima; aunque institucionalizada, no provino de la organización misma, se la otorgó el régimen de la Revolución Mexicana. Con todo y que nació con un poder prestado, debido al corporativismo mexicano, vertical y autoritario, el SNTE alcanzó notables grados de autonomía del gobierno y, desde los años cincuenta, comenzó una estrategia de largo plazo para colonizar las estructuras de gobierno de la educación básica (Ornelas, 2006).
Ello mediatizó la acción de la autoridad, alejó a maestros de la educación y los transformó en colonizadores que impregnaron con su tradición y naturaleza el funcionamiento burocrático de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias en los estados.
A pesar de las ganancias laborales y económicas que obtuvo en el gobierno de Vicente Fox y la victoria en las elecciones de 2006 al consolidar el registro del Partido Nueva Alianza (Panal), patrocinado por el SNTE, parece que el apetito político de la camarilla gordillista es interminable.
Se podría pensar que hoy, al amparo del gobierno del presidente Felipe Calderón, el SNTE y su presidenta, Elba Esther Gordillo, tocan los umbrales del cielo, su poder parece ilimitado y el pacto que hicieron con el expresidente Fox se extiende y profundiza con el nuevo gobierno. Ese convenio quedó de manifiesto cuando, en diciembre 2006, el presidente Calderón designó subsecretario de Educación Básica a Fernando González Sánchez, yerno de la lideresa del sindicato, y en la Administración Federal de [los] Servicios Educativos para el Distrito Federal, a Luis Enrique Sánchez Gómez, otro fiel de la profesora Gordillo.
Si es correcto el argumento de que hay una alianza entre el presidente Calderón y el SNTE, cabe preguntarse si se podrá sustentar durante el sexenio y si el gobierno será capaz de poner límites a las ambiciones del grupo que controla al SNTE.
La quiebra de esa asociación acaso provenga de la vieja rivalidad entre los sectores modernizadores y los tradicionales en la SEP, el crecimiento de los grupos disidentes dentro del mismo sindicato o de los ánimos modernizadores que muestran organizaciones civiles.
No existe una teoría coherente y completa que provea soluciones plausibles a cuestiones que implican especulación y razonamiento, no tanto pruebas empíricas. No se trata de ser agorero -profesión hereje en la academia-, sino de hacer un ejercicio en imaginación y sociología política (Mills, 1961).
Con el fin de fundamentar ese ejercicio, se analizan las prácticas corporativas del SNTE y las consecuencias institucionales en la SEP, en especial las conductas de los cuadros burocráticos. En el trayecto se despliegan nociones teóricas para explicar el caso.
Corporativismo Peculiar y Colonialismo Político
No existe una teoría general del Estado que ofrezca soluciones satisfactorias a todas las situaciones prácticas sujetas al análisis. El concepto abstracto de Estado hace referencia al tipo de organización política de una sociedad, a las instituciones que lo componen y a las relaciones que se establecen entre los individuos -los ciudadanos- así como a los órganos de gobierno de esa sociedad. En los ensayos académicos se encuentran referencias a Estados democráticos, autoritarios, benefactores, evaluadores, dictatoriales o corporativos (cf. Carnoy, 1984). Se podría postular que no hay Estado sin adjetivos.
La Constitución de 1917 incorporó muchos de los rasgos del Estado democrático (o democrático liberal, como lo definió Bobbio, 1989). Instituyó la separación y equilibrio de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la elección de los gobernantes y los legisladores por medio del voto universal y secreto (la demanda principal que dio origen a la Revolución Mexicana), las libertades básicas (de la persona, de opinión, de reunión, de asociación y de libre circulación). También ratificó la noción de Estado secular y laico.
Con las reformas constitucionales de 1946, nada menos que en el artículo tercero, el Estado precisa que la democracia se entenderá "[...] no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Pero el grupo triunfador en la Revolución Mexicana trastocó la organización política democrática, plasmada en la Constitución e instauró un régimen corporativo.
No obstante que tiene sus orígenes en el sistema de sociedad por capas de la Edad Media, el corporativismo como método de organización política del Estado floreció en la Italia fascista, la Alemania nazi y la España falangista (Incisa, 1981). En las democracias occidentales, después de la segunda Guerra Mundial y la consolidación de lo que se denominó el "Estado benefactor", los intereses de los grupos, las clases sociales y las regiones comenzaron a ser mejor representados por sus dirigentes y menos por funcionarios electos.
El gobierno de la nación se transformó en el agente más dinámico del desarrollo y en unas décadas subordinó a las entidades políticas subnacionales. En América Latina, donde la democracia no se había consolidado, ese modelo sedujo a dictadores y líderes carismáticos. En México, los arreglos constitucionales variaron poco.
El corporativismo, según Panitch (1980:162), no fue una ideología, sino un modo de organizar -la tecnología del poder- las relaciones entre los patrones y los trabajadores en el capitalismo avanzado. Críticos de izquierda calificaron a las instituciones del corporativismo como promotoras del "colonialismo interno", donde el jefe del Estado dominaba (en el sentido de subordinación burocrática) a los otros poderes y las regiones.
Desde el punto de vista del poder social, las corporaciones (partidos políticos, sindicatos, escuelas, instituciones públicas) fueron los elementos principales de la cohesión social y sus representantes tuvieron preponderancia por sobre la autoridad territorial. El régimen populista de la Revolución Mexicana conjugó la oferta de ciertos beneficios a los trabajadores organizados, pero más a sus dirigentes, a cambio de someterse al control de la maquinaria del partido oficial (Córdova, 1973). El populismo y el corporativismo reales subvirtieron a la democracia formal.
Según Schmitter (1974:93-94), el corporativismo es lo opuesto al pluralismo democrático. En sus palabras, es "[... ] un sistema de intermediación de intereses, donde un número limitado de grupos no competitivos obtienen licencia [o son creados] por el Estado, que les otorga un monopolio en sus categorías respectivas a cambio de controlar a su liderazgo y sus demandas". El Estado nacional sustituyó a las partes, obtuvo un poder hegemónico tanto en la modulación de la economía, como en la política práctica.
Como lo había previsto Weber (1964:744-745), el control del aparato de Estado por una burocracia profesional se transformó en un fin en sí mismo, con la consecuente reducción de la sociedad civil y sus instituciones. Para Weber, la burocracia constituye el tipo más puro de la dominación legal. En su tipo ideal de dominación legítima, la racional burocrática se identifica con la historia del Estado moderno. Los funcionarios designados por turno, elección o suerte caen bajo el concepto de burocracia, siempre que su competencia esté fundada en normas estatuidas.
En su obra, Economía y sociedad, Weber dedica un capítulo extenso a la dominación burocrática, donde examina su esencia, supuestos y desarrollo, al igual que su acción política: Toda dominación se manifiesta y funciona en forma de gobierno. Todo régimen de gobierno necesita del domino en alguna forma, pues para su desempeño siempre se deben colocar en manos de alguien poderes imperativos. El poder de mando puede tener una modesta apariencia y el jefe puede considerarse como "servidor" de los dominados. Esto ocurre casi siempre en el llamado gobierno directamente democrático (Weber, 1964:701).
El prototipo burocrático de matriz weberiana ha recibido innumerables críticas por su debilidad para explicar el proceso de toma de decisiones, al no capturar los tipos informales de poder e influencia. Baldridge señaló tres debilidades de este enfoque: primero, el modelo burocrático se centra en la idea del poder legítimo y formal, pero no da cuenta del poder basado en amenazas ilegítimas, movimientos de masas, que apelan a emociones y sentimientos; ni tampoco previó el poder que emana de organizaciones sindicales. Segundo, la pauta weberiana ayuda a explicar las estructuras formales, mas aporta poco acerca de los procesos dinámicos de las instituciones actuantes en un sistema político. Tercero, el paradigma burocrático explica la estructura formal en un momento determinado, pero no da cuenta de los cambios a lo largo del tiempo; tampoco estudia el proceso de formulación de políticas gubernamentales ni la intervención de actores sociales externos al gobierno, como los grupos de poder y las organizaciones civiles (Baldridge, 1978:31).
Parecería que el régimen mexicano estudió bien la máxima de Benito Mussolini: "El sindicato no puede ser un fin en sí mismo: o se agota en el socialismo político o en la corporación fascista" (citado por Incisa, 1981:436). El corporativismo impulsado por el régimen de la Revolución Mexicana desarticuló al sindicalismo libre, a la asociación voluntaria de los trabajadores en organizaciones para defender sus derechos, al implantar sindicatos oficiales a los que los trabajadores se tenían que afiliar, aun contra su voluntad.
En el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), los sectores sociales habían quedado subordinados al gobierno y agrupados por corporación: los obreros en la Confederación de Trabajadores de México, los campesinos en la Confederación Nacional Campesina, una variopinta de segmentos medios en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, los comerciantes en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, los industriales en la Confederación de Cámaras Industriales, los banqueros en su asociación y hasta la iglesia católica había aceptado una especie de concordato tácito con el régimen. Todos los trabajadores estaban dentro de una organización gremial, única y nacional, con dirigentes leales al Presidente en turno. Excepto los maestros.
Como ha quedado de manifiesto en numerosos estudios (Raby, 1974; Medina 1978; Ornelas 2006), el SNTE se organizó desde el poder del Estado contra la voluntad de la mayoría de los más de 700 sindicatos, federaciones y confederaciones de maestros, que habían resistido con cierto éxito los intentos de unificarlos en una organización centralizada y unitaria. Los dirigentes de las entonces pequeñas pero combativas asociaciones no querían ser encuadrados dentro del aparato de Estado, en el Partido de la Revolución Mexicana, después PRI.
La peculiaridad del corporativismo mexicano fue su esencia autoritaria y vertical. Los sindicatos y demás corporaciones sólo alcanzaron el monopolio de la representación cuando hubo autorización del poder público. Se signaban pactos de subordinación de los trabajadores a la estructura del Partido y de lealtad al Presidente orientados a m...