La relación jurídico-tributaria se manifiesta, en la mayoría de las ocasiones, como una relación conflictiva en la que la Administración Tributaria cuenta con privilegios a los efectos de proteger la rápida percepción del crédito fiscal. Este artículo aborda el tema de la defensa fiscal del contribuyente. Tiene como objetivo la descripción de las herramientas contenidas en leyes ordinarias, cuyo propósito es brindar a los ciudadanos el acceso expedito y total a la solución de controversias originadas en su interacción con las autoridades fiscales, evitando en lo posible un litigio innecesario.
Fundamentos de la defensa fiscal
Los derechos se erigen en basamento sine qua non para la existencia democrática-institucional de cualquier país; es a través de ellos que los valores rectores éticos y políticos de la sociedad alcanzan expresión jurídica. La eficacia jurídica de los derechos de los contribuyentes dependerá, pues, de las posibilidades reales de ejercicio y de la protección con que cuenten dentro del ordenamiento jurídico, y su concreción material está directamente relacionada con las condiciones sociales, económicas y políticas que se les brinden. En este marco, se dispone el derecho de acceso a la justicia fiscal para proteger a los ciudadanos ante las arbitrariedades de las autoridades fiscales.
La defensa fiscal del contribuyente cuenta con diversos medios de impugnación y recursos administrativos que buscan salvaguardar sus derechos ante actos de autoridad que afecten su interés jurídico. Corresponde entonces al contribuyente desvirtuar el acto emitido por la autoridad fiscal, ya sea aclarando o pagando el importe correspondiente, o bien interponiendo los recursos que la ley le confiere.
Medios de defensa administrativos y la regla del "solve et repete"
Entre los medios de defensa idóneos se encuentran los recursos administrativos, los cuales se presentan en primera instancia ante la propia autoridad que emitió el acto que se está impugnando. Algunos de los recursos y herramientas más comunes contemplados en las legislaciones incluyen:
- Recurso de revocación: Procede contra resoluciones definitivas que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, o que causen agravio al particular en materia fiscal.
- Recurso de inconformidad: Previsto en leyes como la Ley del Seguro Social o la Ley del Infonavit, permitiendo impugnar actos que vulneren los derechos de los patrones o trabajadores.
- Juicio de amparo: En sus vías directa o indirecta, para combatir la inconstitucionalidad de leyes o actos que afecten de manera directa los derechos fundamentales.
No obstante la existencia de estos medios, subsiste en diversos ordenamientos jurídicos la regla del solve et repete (pago previo). Al quedar configurada la regla solve et repete como presupuesto de admisibilidad de la acción, se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina como derecho a la tutela judicial efectiva. Si el contribuyente carece de los recursos monetarios exigidos para realizar el pago previo de la obligación fiscal controvertida, se le sitúa en un verdadero estado de indefensión.
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Diversas teorías han intentado justificar esta regla:
- Tesis política y tributarista: Concibe al pago previo como un privilegio del Estado instituido para impedir que la actividad estatal y la recaudación tributaria se vean perturbadas por demoras.
- Tesis iusprocesalista: Califica al solve et repete como un presupuesto procesal o requisito de admisibilidad de la acción contencioso-administrativa.
- Tesis administrativista: Se fundamenta en la presunción de legitimidad y el principio de ejecutoriedad del acto administrativo.
Sin embargo, la posibilidad de revisión judicial del acto de determinación tributaria sin exigir el pago previo de la prestación no subvierte la presunción de legitimidad del acto administrativo ni inhibe su fuerza ejecutoria, por lo que el acceso a la justicia no debería quedar condicionado a la posesión de medios económicos.
Inteligencia fiscal y digitalización en la fiscalización
El proceso de globalización de la economía y el avance tecnológico han transformado los procedimientos de fiscalización. La inteligencia artificial está comenzando a tener un impacto significativo en el ámbito de los impuestos, influenciando de manera revolucionaria la forma en que se gestionan, administran y recaudan. Se entiende por Inteligencia Fiscal la acción de recopilar información con la finalidad de asesorar a la administración tributaria en la planificación y ejecución de sus atribuciones legales, particularmente para reducir la elusión y evasión fiscal.
La relación entre la fiscalización tributaria, la inteligencia fiscal y la inteligencia artificial se representa a través de las siguientes herramientas de control:
Análisis avanzado de datos
Permite a las autoridades fiscales analizar grandes cantidades de datos fiscales de manera rápida y eficiente para identificar patrones y tendencias que pueden indicar evasión fiscal o fraude.
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Modelado predictivo
Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, las autoridades fiscales pueden construir modelos predictivos para prever el comportamiento fiscal futuro, identificar riesgos potenciales y ayudar a priorizar las actividades de fiscalización.
Automatización de procesos
Facilita la clasificación de documentos, la verificación de declaraciones, la facturación en línea y la detección de errores de forma automatizada, mejorando la eficiencia de las auditorías.
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