La violencia intrafamiliar y los delitos que involucran a miembros de la propia familia son temas delicados que a menudo capturan la atención pública. En varios casos, abuelas han enfrentado acusaciones graves relacionadas con la muerte o lesiones de sus propios nietos, presentando circunstancias complejas y procesos legales extensos. A continuación, se detallan algunos de estos casos que ilustran la diversidad de las acusaciones y los desenlaces judiciales.
Caso de Ana Luisa “N” en Mexicali, México
En Mexicali, la abuela Ana Luisa “N” ha sido acusada de un grave delito. La audiencia intermedia en la que se definiría el rumbo del caso penal de Ana Luis, la mujer acusada de asesinar a su nieto de 8 años de edad, fue reprogramada para el 20 de abril del 2022, a petición de ella y su defensor. La audiencia se difirió hasta abril del próximo año, a petición de la defensa de la mujer. Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de la Fiscalía General del Estado, explicó que al parecer la estrategia de la defensa obedece a la intención de la mujer de someterse a un procedimiento abreviado y declararse culpable, a fin de reducir su sentencia.
Ana Luisa “N”, la abuela de Miguel Ángel, de 8 años de edad, será llevada de nueva cuenta ante un juez de control el próximo año para la audiencia en donde se ventilará el procedimiento en el que se resolverá su caso. La mujer enfrenta cargos de homicidio calificado agravado por razón de parentesco consanguíneo y traslado ilegítimo de cadáveres, ambos en perjuicio de su nieto, a quien tenía bajo su custodia tras quitarles la custodia a sus padres.
El cuerpo de Miguel Ángel fue encontrado el 19 de octubre de 2019 en un predio baldío cercano al periférico Gómez Morín y la calzada Independencia, parcialmente calcinado. De acuerdo a la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, la mujer mató al niño en su casa y posteriormente se llevó el cuerpo y le prendió fuego en el sitio donde lo encontraron. Fueron catorce testimonios los que se acumularon en su contra, entre los que se encuentran el de su pareja sentimental, uno de sus nietos y hermanito de Miguel Ángel, así como la madre y el padre del niño.
En relación con la custodia del menor, desde mayo de ese año, la mujer había obtenido la custodia de la víctima. Sus padres fueron considerados no aptos por el DIF Estatal para tenerla. La madre, presuntamente adicta a la heroína, mientras que el padre también tenía problemas similares. Sus otros dos hijos, Astrid y Ángel, de 13 años de edad, ya se encontraban bajo la custodia de la abuela.
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Caso de A.F.M. en Cuenca, España
En España, el caso de A.F.M. presentó un giro en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estima en su sentencia, con fecha 3 de diciembre, el recurso interpuesto por la mujer, A.F.M., y argumenta que no hay pruebas suficientes para la condena. Esto ocurrió luego de que el pasado 15 de septiembre la Audiencia Provincial de Cuenca condenó A.F.M. a 19 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco. El Ministerio fiscal pedía veinte años de prisión, mientras que su defensa solicitaba 17 años y medio y, además, que se tuviera en cuenta el tiempo que la mujer llevaba en prisión.
Lo que el TSJCM recoge ahora como hechos probados es que el 12 de marzo de 2013 se halló en la acequia de Rubíes el cadáver de un bebé, nieto de la acusada, que estaba envuelto en una sudadera. Sin embargo, la Sala rechaza los demás hechos probados que habían sido admitidos por la Audiencia Provincial de Cuenca, según los cuales la condenada ayudó a su hija en el parto, poco después golpeó al recién nacido y le causó la muerte y, a continuación, envolvió el cadáver en una sudadera y lo arrojó por el enrejado de una acequia.
El TSJCM considera que "no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia" y argumenta que las pruebas de ADN certifican que el bebé era hijo de I.M.F., a su vez hija de la acusada. Asimismo, los informes forenses sobre las lesiones que presentaba el cadáver del bebé señalan la causa de la muerte, pero "en absoluto" quien es su autor. También explica la sentencia que lo que los agentes de la Guardia Civil declararon en el juicio "fue lo que la hija de la acusada les narró en su primera declaración" pero como I.M.F. se acogió a su derecho a no declarar en la vista oral carecen de valor aquellas declaraciones prestadas en las diligencias de investigación de la Guardia Civil. La sentencia del TSJCM indica que las declaraciones de los testigos directos (agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil y médicos forenses) solamente prueban la aparición del cadáver de un bebé, hijo de I.M.F. y nieto de la acusada, que había nacido con vida y cuya muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico.
Caso de Antonia Villarreal González en el Condado Willacy, Estados Unidos
En el Condado Willacy, el juicio contra la abuela de Jesse Harrison Jr, de 13 años y quien murió el pasado 23 de enero de 2021, inició con la responsabilidad del jurado de decidir si es culpable o no. Antonia Villarreal González enfrenta el cargo de homicidio y cuatro más de causar lesiones a un niño. Durante el juicio que se lleva a cabo en el Condado Cameron, la defensa aseguró que este caso no es por asesinato, ya eso supuestamente no estaba planeado. Por su parte, la fiscalía intentó evidenciar durante la audiencia de este jueves cómo trataban a Jesse en su hogar antes de morir.
Los investigadores fueron enviados a la institución hospitalaria donde se reunieron con el personal médico y comenzaron una investigación. La víctima sucumbió a las lesiones en el hospital el 23 de enero de 2021 y tres días después se le realizó una autopsia. El informe final de la autopsia se recibió en diciembre de 2021 y se determinó que la causa de la muerte no fue concluyente. A pesar de esto, el jurado lo halló culpable por un cargo de negligencia criminal y por otro de causar lesiones al pequeño.
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