Los actos administrativos son emanados por la Administración Pública y funcionan como medios o resoluciones para ejercer su autoridad administrativa y aplicar su voluntad. Tienen implicaciones legales sobre ciudadanos, empresas y otras entidades sujetas a la jurisdicción de la autoridad en cuestión. Los actos administrativos se utilizan para llevar a cabo y desarrollar las funciones administrativas del Estado, y están enmarcados dentro del ámbito del derecho administrativo. Es esencial que los actos administrativos se ajusten a la legalidad y respeten los principios fundamentales de la administración pública, como la objetividad, la imparcialidad y la transparencia.
Cabe señalar que Acosta Romero define al acto administrativo como la manifestación unilateral de voluntad que expresa una resolución o decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública. Habría que decir también que se puede vincular la potestad sancionadora del Ejecutivo con el concepto del acto administrativo, toda vez que tienen una esencia similar, es decir, el Ejecutivo es una autoridad administrativa ineludiblemente los actos que realiza en uso de sus facultades son administrativas, a excepción de algunas facultades sui generis de índole legislativas con que cuenta.
Clasificación de los Actos Administrativos
Según sus destinatarios, el acto administrativo puede ser general o particular. De acuerdo a su contenido, los actos administrativos pueden ser 1) resolutivos o terminales; o 2) de trámite, es decir preparatorios del acto definitivo o de procedimiento. Esta clasificación depende de si el acto pone o fin o no al procedimiento administrativo.
Según su impugnabilidad, los actos administrativos pueden ser actos impugnables, actos consentidos y actos firmes. Los actos impugnables son los actos administrativos definitivos -llamados también resoluciones-, ya que deciden el procedimiento y ponen fin a una instancia administrativa. Sobre los actos firmes señala el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo 220 que «una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho de articularlos quedando firme el acto».
Actos Administrativos en Materia Tributaria
En nuestro sistema tributario, la administración tributaria se comunica con los sujetos pasivos en general mediante actos administrativos. Con relación a la regulación del Código Tributario, el artículo 103 señala que «los actos de la administración tributaria serán motivados y constarán en los respectivos instrumentos o documentos». Esta norma hace referencia al concepto amplio del acto administrativo, de tal manera que se aplica a los diferentes tipos de actos administrativos que existen en nuestro sistema jurídico.
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El Fondo Editorial PUCP liberó su colección «Lo esencial del derecho». Ahí destaca el libro La Sunat y los procedimientos administrativos-tributarios (Lima, 2018), escrito por la profesora Carmen Robles Moreno.
Ejemplos Comunes de Actos Administrativos
Existen muchos ejemplos de actos administrativos, pero algunos de los más comunes son:
- Concesiones y permisos, como la autorización para operar un negocio, obtener una licencia de conducir o conceder permisos de construcción.
- Resoluciones disciplinarias, que implican sanciones o medidas disciplinarias impuestas por una entidad gubernamental a empleados o ciudadanos por infringir normas o regulaciones.
- Resoluciones fiscales, que están relacionadas con la determinación y el cobro de impuestos, multas o tasas administrativas.
- Actos de adjudicación, que son decisiones tomadas por un órgano administrativo para otorgar un contrato o licitación a un proveedor o empresa.
- Resoluciones sobre recursos administrativos, que son decisiones emitidas para resolver recursos presentados contra otros actos administrativos.
Ejemplos Específicos de Actos Administrativos Tributarios
Es un acto administrativo mediante el cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor de fiscalización, es decir, de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes o responsables. Si el contribuyente está de acuerdo con este acto administrativo deberá pagar el monto de la multa más los intereses devengados hasta el día de pago.
Es un acto administrativo que puede emitir la administración tributaria solo en los casos señalados en el Código Tributario, específicamente los supuestos regulados en el artículo 78. Tal es el caso de tributos que son autodeterminados por el contribuyente. Por ejemplo, si Juan efectúa la determinación del impuesto a la renta correspondiente al año 2015 y tiene una deuda por pagar de 2500 soles, presenta la declaración determinativa, pero sin realizar el pago, y la SUNAT detecta la omisión del pago, esta se encuentra facultada a emitir una orden de pago en calidad de mandato de pago de una deuda preexistente, ya que como hemos indicado, es el mismo Juan quien luego de la determinación le indica a la administración tributaria que debe 2500 soles.
Requisitos de los Actos Administrativos
Esta garantía constitucional exige una serie de requisitos que debe satisfacer el acto administrativo cuando se dirija a los particulares, y tendrán que cumplirse por las autoridades que lo emitan.
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En México existe la Ley Federal del Proceso Administrativo, que es la que se encarga de regular, entre otras cosas, los actos administrativos. En esta ley se dice en su artículo 3 que los elementos y requisitos esenciales que deben cumplir los actos administrativos son:
- Debe ser emitido por un órgano competente a través de un servidor público, y si se trata de un órgano colegiado, debe cumplir con las formalidades legales o decretadas para su emisión.
- Debe tener un objeto adecuado que esté claramente definido o pueda ser determinable; además, tiene que ser preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y debe estar previsto por la ley.
- Debe cumplir con la finalidad de interés público establecida en las normas pertinentes, sin que se persigan otros fines distintos.
- Debe quedar registrado por escrito y llevar la firma autógrafa de la autoridad que lo emite, a menos que la ley permita otra forma de expedición.
- Debe explicar claramente las razones y fundamentos legales que respaldan la decisión tomada.
- Debe ser emitido siguiendo las disposiciones estipuladas en la Ley.
- Debe ser expedido sin que exista error respecto al objeto, causa o motivo, o al fin que persigue.
- Debe ser expedido sin dolo o violencia en su emisión.
- Debe mencionar claramente el órgano del cual proviene.
- Debe ser expedido sin que haya error en la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas involucradas.
- Debe indicar el lugar y la fecha de emisión.
Requisitos de Firma en Actos Administrativos
Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Ahora bien, el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación establece que las promociones de los particulares deberán ser mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada.
Firma Electrónica Avanzada en el Ámbito Fiscal
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PREVISTA POR EL ARTICULO 38, FRACCION IV DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE A PARTIR DEL AÑO DOS MIL CUATRO.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE LA MISMA SEA LEGAL.- Si bien es cierto el Código Fiscal de la Federación a través de su artículo 38, fracción IV reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha cinco de enero de dos mil cuatro, permite que los actos administrativos dictados por autoridades fiscales puedan contener firma electrónica del funcionario emisor competente, en cuyo caso, la misma tendrá el mismo valor que una firma autógrafa, empero, para tales casos se imponen diversos requisitos a efecto de que tal firma sea válida, a saber: A) que el acto o resolución administrativa se encuentre en un documento digital; B) que dicho documento digital debe notificarse personalmente al contribuyente destinatario del acto o resolución por medios electrónicos de manera codificada. En ese sentido, debe determinarse que si la notificación de un acto o resolución administrativa dictada por una autoridad fiscal federal que a su vez pueda ser controvertido, no reúne los requisitos indispensables con antelación determinados para calzar una firma electrónica "o facsimilar", deberá forzosamente ostentar firma autógrafa del funcionario emisor competente.
El Silencio Administrativo: Positivo y Negativo
Para Andrés Serra Rojas, el silencio administrativo positivo o la positiva ficta, "es un hecho jurídico al que la ley atribuye el efecto de dar lugar al nacimiento de un acto administrativo. El silencio positivo, a diferencia del negativo, no responde a la finalidad de facilitar al interesado el acceso a una vía de impugnación posterior. El Silencio positivo determina la producción de un acto administrativo estimatorio a todos sus efectos. duce plenos efectos jurídicos."
No debemos pasar por alto que la negativa ficta, como tal, es violatoria del derecho de petición que estipula el artículo 8o., CPEUM, al posibilitar que por el solo transcurso del tiempo, el particular considere que se le dio una respuesta negativa, contraviniendo el espíritu de esta garantía que obliga a la autoridad a dar respuesta escrita a las peticiones del gobernado, que puede ejercerse a través de consulta o de recurso administrativo. Considérese para ello, la jurisprudencia 51/98, de la Segunda Sala de la SCJN denominada: PETICION, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN ELJUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.
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Presunción de Legalidad de los Actos Administrativos
En efecto, de acuerdo con el artículo 68, CFF, el acto o resolución administrativa se presume legal. Sobre ésta, a decir de Leopoldo Orlando Arreola, es "la figura jurídica establecida en el CFF conforme a la cual todo acto o resolución proveniente de autoridad se considera emitida conforme a derecho hasta en tanto el afectado no la objete negando en forma lisa y llana los hechos en que se apoyó la actuación de la autoridad, o bien acredite la ilegalidad de dicha actuación a través de los medios de defensa establecidos por las leyes fiscales... se ha creado el principio consistente en presumir legal toda actuación de autoridad, apoyándose para ello en el diverso principio de legalidad conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley autoriza y dejando, en consecuencia, a los administrados afectados la carga de demostrar la irregularidad de tal actuación."
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