A los mexicanos nos está negada la democracia. La historia política moderna de México ha estado marcada por una profunda vocación autoritaria y antidemocrática. El régimen autoritario surgido de la Revolución de 1910-1920, que gobernó a México durante la mayor parte del siglo XX, formalmente era una república federal formada por estados libres y soberanos. Sin embargo, en los hechos, la gran autoridad del Ejecutivo Federal a menudo atentaba contra la soberanía de las entidades federativas, en el afán de cumplir con los planes y proyectos del presidente de la república.
La permanencia del partido oficial en el poder se lograba, en enésima ocasión, mediante la vía del fraude electoral. Los opositores, en ocasiones, no dudaron en recurrir a las armas frente a esta realidad.
El Contexto Político y la Figura de la Desaparición de Poderes
Manuel González Oropeza sostiene que la desaparición de poderes en México fue establecida por la Constitución como una forma de intervención para subsanar trastornos graves en las entidades federativas: “Ante los múltiples y variados supuestos que en la práctica se dan, el sistema federal adminicula constitucionalmente una gama de medidas de intervención [...] con el objeto de restablecer el orden”. Esa función data del siglo XIX. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (en adelante CPEUM), artículo 76, fracción V, faculta al Senado para declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un estado y, en ese caso, nombrará un gobernador provisional que convocará a elecciones para reconstruir su orden jurídico. Ese gobernador será nombrado por el Senado a propuesta del presidente de la República. En los recesos del Senado, tendrá esa función la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Teóricamente esa función del Senado es sólo declarativa, pues éste no desaparece los poderes, sino que constata el hecho. La desaparición de poderes sirvió como un instrumento de control autoritario durante gran parte del siglo XX, pues le servía al presidente para destituir al gobernador de un estado. González Oropeza enlista 62 casos entre junio de 1917 y abril de 1975. Es significativo que la aprobación de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 se demoró casi 63 años, hasta 1978. Es también significativo que desde entonces no se ha vuelto a declarar una sola desaparición de poderes, aunque los presidentes han destituido gobernadores valiéndose de otros recursos.
Antecedentes de Represión: La Elección Presidencial de 1952
Algo todavía peor ocurriría en la elección presidencial de 1952. Todo indicaba que Henríquez Guzmán había ganado la elección presidencial. Fue brutalmente reprimida la celebración de la "fiesta de la victoria" en la Alameda Central. El general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Raúl Caballero Aburto, sin experiencia en cargos de elección popular, y habiendo hecho la mayor parte de su carrera fuera del estado, su postulación a la gubernatura en 1956 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue posible por el apoyo del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). Se decía que su mérito principal había sido participar el 7 de julio de 1952, en la Alameda Central de la Ciudad de México, en la represión a los partidarios de Miguel Henríquez Guzmán, candidato derrotado en las elecciones presidenciales.
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El Caso Guerrero (1960-1961): Corrupción, Despotismo y Represión bajo el Gobierno de Adolfo López Mateos
Para contribuir al estudio de esta cuestión, hemos seleccionado el estado de Guerrero en 1960-1961. Este caso tuvo en común haberse originado, en buena medida, en el afán de poder o por la ambición de los gobernadores y sus allegados. En Guerrero, fueron la corrupción y el despotismo del gobernador Raúl Caballero Aburto los que detonaron un movimiento popular masivo en su contra; el asunto se agravó tanto que el gobierno de Adolfo López Mateos decidió darle fin a la administración de Caballero Aburto, para recuperar un mínimo de gobernabilidad en Guerrero.
El Gobierno Autoritario de Raúl Caballero Aburto
El general se distinguió por su autoritarismo y despotismo, y por usar el poder en su beneficio y el de sus familiares y amigos. Empleó la represión violenta, y se le atribuyó la responsabilidad de numerosos homicidios. Se enfrentó en malos términos con gran parte de las fuerzas vivas del estado. La más conocida de estas pugnas es la que sostuvo con Jorge Joseph Piedra, presidente municipal de Acapulco, un popular político a quien acusó de malversación de fondos. La diputada Macrina Rabadán acusó a Caballero Aburto de valerse de grupos de colonos de asentamientos irregulares para amedrentar a Joseph.
Señalaron: “Han hecho que los poderes estatales estén en manos sólo del Ejecutivo, rompiendo así el principio de la división de poderes, atacando las instituciones democráticas y a la forma de gobierno, con la constante usurpación de funciones y la incontable violación a las garantías individuales”. Los denunciantes lamentaban que la Cámara de Diputados hubiese declarado indebidamente, en su opinión, que no era de su competencia conocer la denuncia.
Acusaciones contra el Gobernador y su Administración
- El gobernador manipuló la ley de Catastro núm. 24, del 16 de julio de 1957, para encomendar los avalúos de los terrenos propiedad del estado a una compañía llamada “Planeación y Avalúo”, formada por el general y unos socios españoles.
- Aburto había sometido al Legislativo, pues entre los once diputados locales se contaban su sobrino político, su ex secretario particular y cuatro de sus compadres; uno de los compadres era Ernesto Domínguez Pichardo, “con una larga cadena de crímenes en la Tierra Caliente”. El resto de los diputados eran aliados o serviles del gobernador.
- A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Vázquez López, era sobrino del general, y también lo era otro magistrado, Wulfrano Peña Montero; otro, Gabriel Parra, “por su edad” hacía lo que le decían; uno más, Alfonso Flores, también era servil. Otro magistrado, Salvador Castro Villalpando, era el único que rechazaba las consignas del general y del hermano de éste, Enrique Caballero Aburto, por lo que éstos ordenaron que fuera apresado y asesinado, pero se salvó mediante dos juicios de amparo que promovió.
- Lo acusaban de violar las garantías individuales, pues desde 1956 inició una campaña de “despistolización”, que consistía en mandar a la policía, por las noches, a allanar domicilios sin orden judicial. Se había sacado a campesinos de sus casas para matarlos y arrojar sus cuerpos al lado de las carreteras; incluso algunos lugares se habían hecho notorios como tiraderos de cadáveres, como el “Paso o Puente Caballero Aburto” a la entrada de Atoyac. Además, los allanadores violaban a las mujeres o las secuestraban, y robaban cuanto podían.
- Lo señalaban como violador del artículo 115 de la Constitución, por sus ataques al alcalde de Acapulco, Jorge Joseph Piedra. Éste había clausurado casas de juego y asignación propiedad del gobernador. Entonces, el general, mediante su hermano Enrique y su sobrino el diputado Manuel Añorve López -y sus pistoleros y policías- trató de quitar los sellos y clausuras. Además, trató de ahorcar financieramente al municipio, realizó tentativas de soborno y lo acosó y amenazó de diversas formas. Además, ordenó secuestrar a los regidores y los obligó a simular una sesión de cabildo donde aprobaron una licencia espuria para separar a Joseph del cargo y nombrar un sustituto al gusto del gobernador.
- Lo hacían responsable de asesinatos cometidos por la policía, al mando de esbirros como Francisco Bravo, alias La Guitarra, quien, so pretexto de la despistolización, mataba campesinos para robarles armas, bienes y tierras con total impunidad. Un día, por ejemplo, aparecieron tres muertos en la “curva Caballero Aburto”, en Atoyac. El mismo gobernador se jactaba de “haber mandado matar a unos cuantos revoltosos”.
- Lo acusaban de robos, despojos, enriquecimiento ilícito y pillaje. Gracias a la campaña de despistolización, el gobernador y su familia robaban “armas, dinero, alhajas, documentos valiosos y terrenos”. Los denunciantes enlistaron 23 casas, ranchos y terrenos ubicados en la capital del país, en las ciudades de Puebla y Acapulco y otras localidades de Guerrero, a nombre del general, su esposa y su hija.
- Además, la Cámara de Diputados local violó la Constitución y leyes federales al decretar un gravamen adicional y especial a la copra de tres centavos por kilogramo, y de un peso por coco seco y verde. Los auténticos copreros ganaron un amparo y obtuvieron protección federal; pero el Congreso del Estado, el gobernador y los recaudadores interpusieron el recurso de revisión, mismo que fue conocido por la Suprema Corte de Justicia, la cual confirmó la sentencia. Caballero Aburto, el Congreso y los recaudadores se habían resistido a cumplir con la ejecutoria que ordenaba devolver lo recaudado, pretextando que habían reunido sólo 50 mil pesos, mientras que los quejosos calculaban que habían juntado más de seis millones.
El Movimiento Popular y la Intervención Federal
Mientras tanto, se gestó otro conflicto en la Universidad de Guerrero. El 21 de octubre estalló un movimiento estudiantil por la plena autonomía; el rector fue destituido, mientras que los estudiantes obtuvieron un apoyo popular significativo. El 31 de octubre se realizó una marcha muy concurrida en Chilpancingo, que dio lugar a la formación de una Coalición de Organizaciones Populares, a la que se sumó la ACG, para impulsar la huelga cívica. Caballero Aburto rectificó y el 2 de noviembre se derogó la Ley Orgánica; además, el 2 de diciembre le adjudicó a la Universidad las propiedades de su edificio principal y anexos (que estaban tomados por los estudiantes), así como de un casino, una alberca, un estadio, un lienzo charro y cinco hectáreas de tierras. Sin embargo, los estudiantes inconformes no cejaron. Se había conformado un amplio movimiento por la autonomía y contra el gobernador.
Los inconformes acudieron primero a la Cámara de Diputados, la cual, el 8 de noviembre, decidió que no era de su competencia el asunto, por lo que se dirigieron al Senado. La Cámara alta recibió una larga carta que detallaba el caso; la firmaban numerosas organizaciones formadas por militantes del PRI -incluida la ACG- y otros organismos no afiliados al partido oficial y otros que se declararon apolíticos. La carta acusaba a Caballero Aburto de haber “ordenado gran número de asesinatos” cometidos por “policías y maleantes”. Denunciaban “hechos, omisiones, excesos y violaciones a las leyes en general y a la Constitución” cometidos por el gobernador, por los integrantes de la Cámara de Diputados estatal y del Tribunal Superior de Justicia.
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A pesar de que la solicitud de desaparición de poderes quedó detenida, de momento, el movimiento opositor continuó. El 20 de noviembre se manifestaron en Chilpancingo diez mil personas. El 25 de noviembre, en Chilpancingo, la policía y el ejército desalojaron a los manifestantes de la alameda Francisco García Granados. Hubo numerosos heridos y detenidos, entre ellos el doctor Pablo Sandoval, militante del Partido Comunista y líder del comité de padres de familia; y el profesor Genaro Vázquez Rojas, líder de la ACG. Se paralizó la actividad económica, los contribuyentes suspendieron pagos y los burócratas se pusieron en huelga. Éste, mientras tanto, se refugió en su casa de Acapulco y realizaba algunas giras para guardar apariencias, pero ya ni siquiera podía mantener el orden público, tarea que realizaba el ejército.
Un militar tuvo un altercado con un civil que iba a colocar en un poste de luz una manta contra Caballero Aburto; al parecer, el civil trató de desarmar al soldado, quien lo mató de un tiro. Los ánimos se desbordaron. Los manifestantes se enfrentaron con las tropas, quienes los esperaban con bayonetas caladas; algunos civiles fueron heridos y entonces alguien disparó. Los militares, a su vez, dispararon contra los manifestantes. Murieron al menos 23 civiles y fueron heridos 37; dos militares fallecieron. En las horas siguientes, los militares desalojaron a los estudiantes de la Universidad.
Ante esa situación, probablemente el gobierno de López Mateos decidió retirar su apoyo al gobernador y quitarle el freno al procedimiento de desaparición de poderes. El senador Manuel Moreno Sánchez, hombre de confianza de López Mateos, planteó el asunto en la Cámara el mismo día 30, antes de que se produjera la matanza de Chilpancingo. Moreno Sánchez señaló en la tribuna que en los últimos meses se había presentado un “fenómeno de intranquilidad” en Guerrero, muy preocupante para el Senado y la opinión pública. Se recibían noticias inquietantes y parecía que se producían “desajustes profundos”. Por lo anterior, Moreno Sánchez logró que se designara una comisión para investigar el caso e informar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; se nombró como comisionados a Eduardo Livas Villareal, Juan Manuel Terán Mata, José Castillo Tielemans y Carlos Ramírez Guerrero. La comisión se trasladó de inmediato a Guerrero. Los comisionados relataron que habían visitado Chilpancingo, Tierra Colorada, Acapulco, Iguala y Taxco. Chilpancingo estaba bajo vigilancia exclusiva del ejército, y fue el jefe de la Zona Militar, el general Taboada, quien les dijo que el ejército llevaba 70 días guardando el orden, protegiendo el local de la Universidad ocupado por los estudiantes. El general refirió que una persona que trataba de fijar propaganda trató de quitarle su arma a un soldado; en el forcejeo se produjo un disparo que hirió gravemente al civil, quien falleció.
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