Ricardo Anaya ha sido señalado en un presunto caso de lavado de dinero por la compra y venta de una nave industrial en Querétaro. La nave industrial, que Ricardo Anaya Cortés vendió a una empresa fantasma, está en manos del Estado; este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) tomó posesión del inmueble, ubicado en el Parque Tecnológico Innovación Querétaro, en el municipio de El Marqués. El 21 de febrero de 2018, la PGR confirmó públicamente la apertura de una investigación sobre Anaya por la supuesta venta fraudulenta en 2016 de una nave industrial de su propiedad a Manuel Barreiro, un empresario supuestamente vinculado al candidato.
Detalles de las Operaciones Inmobiliarias y Empresas Fantasma
El caso involucró al empresario Manuel Barreiro Castañeda. Es así que se creó la empresa Manhattan, que está catalogada por la SHCP como “fantasma”. Esta empresa compró en 54 millones de pesos el lote 82 del Parque Tecnológico, cuya venta estuvo en manos de Ricardo Anaya Cortés.
Luis Alberto López López, apoderado legal de la firma Manhattan Master Plan Development, alcanzó un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para entregar la nave a las autoridades del Estado mexicano, como parte de la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). López López reconoció la semana pasada, en audiencia ante una jueza federal, que firmó una serie de documentos a solicitud de su jefe Barreiro -para quien trabajó como chofer- aunque dijo desconocer el contenido de los documentos.
De acuerdo con datos proporcionados por la PGR, en su calidad de secretario particular del gobernador panista Francisco Garrido Patrón, Ricardo Anaya acordó con Barreiro la venta de un lote propiedad de gobierno del estado. A través de la entrega de información privilegiada, Barreiro, a través de su empresa Tyson, compró una parte de un terreno baldío enajenado por el estado en 2007; años después la empresa Juniserra, ligada con Anaya, compró en cerca de 11 millones una parte de ese espacio, construyó una nave industrial y la vendió a Manhattan, que está ligada a Barreiro.
Dos abogados que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que el dinero de la compra, 54 millones de pesos (unos 2,9 millones de dólares), tenía un origen ilícito y que el propósito era canalizar fondos para cubrir gastos de campaña. Recientemente, dos personas confesaron ante la Procuraduría General de la República haber sido contratadas por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017, que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para allegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.
Lea también: investigación sobre intentos de hackeo a Grupo Reforma
Una investigación también dio cuenta que la Fundación Por más Humanismo, una asociación civil creada por Anaya Cortés en Querétaro, fue utilizada para encubrir una compleja triangulación de recursos que, en un negocio inmobiliario, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada.
Los fiscales de la Procuraduría también expusieron que tienen datos de operaciones ilícitas mediante empresas fantasma y paraísos fiscales detectados en el extranjero, sin embargo, no han explicado si existe o no responsabilidad del candidato a la presidencia de la República.
En octubre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Manhattan Masterplant Development en su lista negra como presunta empresa fantasma por simular operaciones o emitir facturas apócrifas. El propósito de la operación, según el abogado, era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juniserra por un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble.
La Defensa de Ricardo Anaya
Anaya rechazó las acusaciones y, en entrevista con este diario, denunció "el uso faccioso de las instituciones" para perjudicarlo. Para defenderse, el entonces candidato se distanció del empresario Manuel Barreiro, al que dijo conocer de "manera no tan directa", y citó una cláusula del contrato de venta en el que la empresa compradora afirmaba que el dinero utilizado para la operación tenía un origen legal.
Ricardo Anaya ha negado las acusaciones. En un video explicó que su empresa compró en un parque industrial un terreno baldío de 13,000 m2 en mayo de 2014. La compra la realizó a Parque Development a 67 dólares el metro cuadrado. El dinero provino de tres fuentes: hipotecó su casa, con lo que obtuvo un crédito de Banamex; contrató un crédito en el parque industrial y usó sus ahorros personales y de la empresa. El candidato del Frente explicó que ni él ni su empresa podían saber de dónde obtuvo los recursos Manhattan Masterplant Development para pagarle. “En la cláusula 20 de la escritura pública que tengo, quien me compró declaró bajo protesta de decir verdad, que los recursos tienen una naturaleza lícita." Anaya también cuestionó: “Si el 5% de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?"
Lea también: ¿Cómo fue el proceso legal que exoneró a Rafael Márquez?
Exoneración y Reacciones Políticas
El excandidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado del delito de lavado de dinero que lo marcó durante la campaña presidencial del verano pasado. El expediente nunca llegó a juicio. El Ministerio Público lo archivó el 28 de noviembre, dos días antes de terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, por "no existir datos de pruebas suficientes", según indicó el diario Reforma, quien tuvo acceso a la investigación.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México retiró tras los comicios del 2018 las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra el candidato presidencial Ricardo Anaya durante la campaña electoral. El diario Reforma tuvo acceso en exclusiva a un expediente fechado el 28 de noviembre de 2018, en el que se exoneraba al opositor Anaya de estas acusaciones que lastraron sus aspiraciones presidenciales. “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita materia”, dice el expediente, según recogió Reforma.
Varios meses después, el expediente del caso concluyó que los recursos eran lícitos. “Se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”, reza el documento al que hace referencia Reforma.
El caso fue considerado por los partidarios de Anaya como una persecución política de la anterior Administración y orquestada desde la Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía. El actual presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ha asegurado que su exoneración demuestra que hubo una "perversa estrategia para atacar y desprestigiar" a Anaya, quien finalizó en segundo lugar en las elecciones con 12 millones de votos (22%).
Durante la campaña, las encuestas colocaron al aspirante de Por México al Frente por detrás de Andrés Manuel López Obrador (Morena) y por delante de José Antonio Meade (PRI), el exsecretario de Hacienda de Peña Nieto, al que el estamento priísta, lastrado por una batería de casos de corrupción, supuestamente quiso favorecer con las acusaciones en contra de Anaya. La sombra de la corrupción planeó durante toda la campaña de Anaya, quien obtuvo un 22 % de los votos frente al 53 % que cosechó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, actual presidente.
Lea también: investigan posibles abusos en operativos de seguridad locales
El equipo de campaña de Anaya negó siempre estas acusaciones y señaló al Gobierno de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de haber usado la fiscalía para orquestar una campaña contra Anaya y favorecer a su candidato José Antonio Meade. Anaya acusó entonces a la fiscalía de ser una “casa de campaña alterna” del PRI y del presidente Peña Nieto.
El asesor de Anaya y candidato presidencial del PAN en 1994, Diego Fernández de Cevallos, dijo este martes que las acusaciones de la fiscalía fueron “una decisión mafiosa del PRI y de la PGR avalada por el presidente Peña Nieto”. “Bajaron a Ricardo Anaya de una competencia que pudo haberlo llevado a la Presidencia de la República”, dijo. Además, tachó esta supuesta estrategia del PRI de “estúpida” porque golpearon a Anaya para favorecer a Meade pero “no levantaron a su candidato” y favorecieron la victoria de López Obrador.
Las acusaciones de corrupción, de las que ahora se sabe que fue exonerado, mancharon de sospechas a este joven abogado de 40 años que se había presentado con una agenda de regeneración.
Demandas de Aclaración Adicional
Dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra. En específico, se pide a Anaya Cortés que, ante la opinión pública, responda y presente lo siguiente:
- Presente pruebas que certifiquen que ya no era apoderado legal de la cuenta de Santander de la Fundación Por más Humanismo cuando ésta recibió los recursos millonarios producto de la venta del edificio. Si no era él mismo, que especifique quién era el apoderado legal de la fundación al momento de la firma de la venta del inmueble.
- Responda si en sus declaraciones patrimoniales reportó la existencia de la Fundación Por más Humanismo y, que en caso de que no lo haya hecho, explique la razón de la omisión.
- Presente el informe mediante el cual el Partido Acción Nacional reportó, ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, la existencia de la fundación y la adquisición del préstamo.
- Muestre la declaración fiscal de la Fundación que obtuvo de los 7.8 millones de pesos producto de la venta del inmueble.
- Exhiba el crédito que dice que obtuvo mediante la hipoteca de su casa-habitación, así como el crédito otorgado por el propio parque industrial con los que supuestamente financió la compra de la nave industrial. Que explique los montos y condiciones de cada uno.
- Muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del terreno, pues en sus declaraciones 3 de 3, él reportaba tener ingresos menores a 100 mil pesos.
- Explique cómo hizo para que le rindiera tanto su salario como servidor público. Resulta inverosímil la versión de que, con sus ingresos como servidor público, pagaba viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad estadounidense, y además le alcanzaba para tener un ahorro y construir una nave en un parque industrial. Las cuentas no cuadran.
- Detalle por qué no siguió los protocolos para que personas políticamente expuestas no reciban recursos de lavado de dinero.
- Explique cuál fue su participación en los procesos mediante los cuales el gobierno de Querétaro enajenó y cambió usos de suelos de dos predios en los que posteriormente se hicieron negocios que beneficiaron a empresarios cercanos a él y familiares suyos, dado que cuando tuvieron lugar dichas operaciones Anaya era secretario particular del Gobernador de la referida entidad.
Lo que la opinión pública observa son operaciones concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias y enajenando bienes del dominio público del estado de Querétaro a particulares que son amigos de Anaya a precios inferiores a los valores del mercado. Por el bien del proceso electoral y del país, se hace un llamado a la Procuraduría General de la República a que deslinde, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este grave caso.
Consideraciones sobre Lavado de Dinero
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. Las empresas y personas físicas que realizan negocios con terceros no pueden bajar la guardia, en especial tras el endurecimiento de las leyes financieras en materia de prevención de lavado de dinero.
Por lo pronto, estas acusaciones han generado una guerra de declaraciones.