El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está por concluir y con ello también su trayectoria política de más de 40 años; misma que, durante los últimos meses de su administración, se ha visto “manchada” de múltiples acusaciones por presuntos nexos con el narcotráfico. Aunque el gobierno del originario de Tepetitán, Tabasco, se caracterizó por marcar un distanciamiento de la denominada “guerra contra el narco” ―iniciada por el expresidente Felipe Calderón― y la búsqueda de la pacificación del país a través de otros métodos, su estrategia de seguridad no fue suficiente y, por el contrario, lo vinculó con los cárteles de drogas de distinta manera a sus predecesores.
Primeras Controversias y Decisiones Gubernamentales
Uno de los hechos que ocasionó que su sexenio fuera relacionado con el crimen organizado se registró poco después de que asumió la Presidencia de México, el 1 de diciembre de 2018. El 14 de febrero de 2019, dos días después de que Joaquín Guzmán Loera, cofundador del Cártel de Sinaloa, fuera encontrado de narcotráfico en Estados Unidos, su madre, María Consuelo Loera Pérez, envió una carta al nuevo mandatario federal pidiendo su intervención para repatriar al narcotraficante a México y para conseguir visas humanitarias a ella y sus hijas, Armida y Bernarda. En la misiva, Loera Pérez aseguró que su hijo había sido entregado ilegalmente a las autoridades estadounidenses por el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de referir que llevaba más de cinco años sin poder reunirse con él. El hecho trascendió como cualquier otra noticia de interés general, pero poco después quedó en el olvido.
Entonces, en marzo de 2020, López Obrador tomó una decisión que provocó la crítica de miles de mexicanos. Durante una visita a Badiraguato, Sinaloa ―cuna de ‘El Chapo’ y otros narcotraficantes― para supervisar la construcción de un camino, el fundador de Morena se encontró con la madre del otrora líder del Cártel de Sinaloa, a quien no dudó en acercarse a saludar de mano. El encuentro quedó registrado en un video de 30 segundos de duración, en el que se escucha a López Obrador decir: “Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta”. El encuentro entre Consuelo Loera y el presidente de la República ocurrió al inicio de la pandemia por Covid-19.
Aunque el breve encuentro entre la madre de Guzmán Loera y López Obrador ocasionó un gran descontento social, para ese entonces la ahora saliente administración ya era señalada de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. El hecho más trascendental ocurrió el 17 de octubre de 2019. Aquel día, Culiacán fue escenario de múltiples enfrentamientos armados, narcobloqueos y otras acciones criminales, consecuencia de la detención de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, el menor de Los Chapitos. Pese a que todo apuntaba que López Obrador había conseguido su primera gran detención, en un hecho inaudito, pocas horas después de la captura del joven criminal, ordenó su liberación. “Lo más importante es la protección de los ciudadanos, proteger la vida de los seres humanos en general”, argumentó. “Este señor es un narcopresidente”, acusaron en redes sociales. La captura de Ovidio Guzmán y su posterior liberación es una de las acciones más criticadas del gobierno de López Obrador.
Reportajes de Investigación y la Campaña de 2006
El término narcopresidente volvió a tomar fuerza en enero de 2024, cuando tres artículos publicados en Deutsche Welle (DW), ProPublica e InSight Crime señalaron simultáneamente a López Obrador de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial del 2006. Los reportajes, encabezados por los periodistas Anabel Hernández, Tim Golden y Steven Dudley, respectivamente, sostenían que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tuvo bajo su mira a López Obrador tras las confesiones de varios narcotraficantes. “Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006 (sic)”, reveló Hernández.
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Menos de 24 horas después, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario federal rechazó las acusaciones y aseguró que no había ninguna prueba en su contra. “Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto no sólo en México, está muy subordinada al poder”, declaró desde Palacio Nacional. El hashtag #NarcoPresidente se posicionó rápidamente y, en cuestión de días, ya superaba los 100 millones de vistas. Y las acusaciones continuaron. El 23 de abril de 2024, Hernández estrenó su obra La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, donde reveló más datos sobre la presunta relación del líder del Ejecutivo con el narcotráfico. Pese a ello López Obrador se mantiene firme en su inocencia.
Detalles de la Investigación de la DEA (2010-2013)
A finales de 2010, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) prepararon una operación en McAllen, Texas. El objetivo era Mauricio Soto Caballero, un consultor radicado en Ciudad de México con algunas conexiones turbias, que estaba buscando un punto de entrada al mundo del tráfico de cocaína. El valor de Soto tenía poco que ver con el tráfico de drogas, él había ayudado en el pasado en campañas políticas, entre ellas las del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los agentes de la DEA creían que, durante las elecciones presidenciales de 2006, Soto había trabajado como un coordinador de campaña y, entre otras tareas, había canalizado millones de dólares de una organización de narcotráfico mexicana a la campaña de AMLO.
Cuando AMLO decidió postularse a la presidencia en 2006, los grupos criminales empezaron a buscar nuevos interlocutores en el gobierno que les ayudarán a hacer negocios y les mantuvieran fuera de la cárcel. Entre esos grupos estaba la Organización Beltrán Leyva (OBL). Dirigida por varios hermanos de la familia Beltrán Leyva, la OBL era una de las organizaciones criminales más temidas de México. En aquel momento, la OBL, junto con el cártel de Sinaloa, formaba parte de la denominada Federación. En este contexto, hacia finales de 2005, la OBL buscó una reunión con representantes de AMLO en un hotel de la costa occidental. Según las autoridades estadounidenses, del lado de AMLO estaba Héctor Francisco «Pancho» León García, empresario y candidato a senador por el estado de Durango por la Coalición por el Bien de Todos, una alianza política de izquierda formada para apoyar la candidatura de AMLO. Los testigos también dijeron a los investigadores que, para expresar su agradecimiento, Pancho León regaló a La Barbie un reloj que, según ellos, valía unos US$20.000. Cuando surgió la pregunta de quién podría recibir dinero del lado de AMLO, el empresario sugirió un nombre: Mauricio Soto Caballero. A principios de 2006, López entregó a Soto entre US$2 y $3 millones de dólares, que Soto dijo más tarde que pasó a la campaña de AMLO. Los investigadores dijeron que una parte del dinero también se canalizó a través de otro presunto agente de la OBL llamado Roberto Acosta Islas, alias «R», quien luego movió ese dinero a través de López a Soto, quien dijo que lo pasó a la campaña de AMLO.
La investigación estadounidense sobre la campaña de AMLO de 2006 comenzó en 2010, apenas unos meses después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, cuando un informante le contó a un agente sobre la peculiar reunión en aquella habitación de hotel de Nuevo Vallarta. El informante, según un relato del medio Proceso, que accedió a registros internos del gobierno sobre él, había adoptado el alias de «Jennifer» cuando comenzó a colaborar con las autoridades mexicanas en 2007. Jennifer era, según los investigadores, Roberto López Nájera, el mismo agente de la OBL que había asistido a la reunión de Nuevo Vallarta. Los investigadores estadounidenses lo pusieron a trabajar en el caso AMLO. López Nájera colaboró con la DEA para organizar reuniones en Florida y Texas con Mauricio Soto Caballero, un operador de la campaña de López Obrador con el que había coordinado las contribuciones de La Barbie en 2006. La noche del 21 de octubre de 2010, Soto se reunió en un bar en McAllen, Texas, con un par de hombres que, hasta donde sabía, eran socios de López Nájera. De hecho, los hombres eran agentes encubiertos de la DEA, y arrestaron a Soto en su hotel varias horas más tarde. A los pocos días, según los oficiales, se declaró culpable en Nueva York de un cargo federal de conspiración en el tráfico de cocaína.
Los agentes, procedentes de equipos de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York, notificaron acerca de una “actividad de investigación sensible” al jefe de operaciones globales, solicitando autorización para usar a Soto como fuente encubierta. El primer foco de atención de los agentes fue el amigo y ex jefe de Mauricio Soto en la campaña de 2006, Nicolás Mollinedo Bastar, que seguía como uno de los asesores más cercanos de López Obrador. Mollinedo había sido jefe de logística de la campaña, responsable de la organización de mítines y otros eventos en todo el país. En una entrevista con ProPublica, Mollinedo negó que él o la campaña hubieran aceptado dinero del narcotráfico. Soto, que no respondió a numerosas peticiones solicitando comentarios, ha insistido a periodistas mexicanos que nunca fue arrestado en los Estados Unidos ni colaboró con la DEA. Soto les dijo a los investigadores que, durante la campaña de 2006, se les acercaban “individuos no identificados” ofreciéndoles a él y a otro personal de la campaña “dinero en efectivo u objetos de gran valor”. Soto les dijo a los investigadores que él habló de las contribuciones sinaloenses solo con Mollinedo, a quien le entregó dos depósitos grandes del dinero en efectivo de los traficantes. Los agentes sospecharon que López Obrador, que tenía una reputación de microgerente, no podía desconocer una donación tan cuantiosa. López Nájera dijo que había llamado a La Barbie y le había pasado el teléfono a López Obrador, quien luego agradeció al traficante por sus donaciones. Los agentes de la DEA vieron la transcripción como una prueba de que Mollinedo - uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador - estaba completamente consciente de las donaciones de La Barbie en 2006 y de quién las había entregado. Sin embargo, Mollinedo no hizo ninguna declaración explícita sobre las donaciones de los traficantes o su posible responsabilidad en ellas. El 1 de octubre de 2013, sin más perspectivas para la investigación de la DEA, Soto regresó clandestinamente al tribunal federal en Manhattan para ser sentenciado por el cargo de conspiración de cocaína al que se había declarado culpable casi tres años antes.
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El Reportaje del New York Times y Más Acusaciones
Procuradores de justicia de Estados Unidos pasaron años investigando denuncias de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que él asumiera el cargo, informa hoy el diario estadounidense The New York Times, al publicar el reportaje denunciado en la conferencia matutina por el mandatario, de quien el artículo subraya que no hay nada que indique que él está directamente relacionado con organizaciones criminales. Los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff publicaron el reportaje "EU revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México", horas después de que López Obrador adelantara que el medio le hizo llegar preguntas para fijar una postura respecto de los señalamientos del reportaje, que denunció como "falsedades". El artículo se basa en registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto. La investigación de la que hablan los periodistas es, señalan, distinta de la que ya salió a la luz hace unas semanas de la DEA, que aludía a que la campaña de López Obrador habría recibido dinero del narco en 2006. De acuerdo con el artículo del Times, las autoridades estadounidenses descubrieron información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos operativos de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos a López Obrador.
Sin embargo, subraya que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, y los funcionarios implicados acabaron por archivarla. El medio afirma que de acuerdo con tres fuentes, los investigadores llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco apetito para perseguir acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados estadounidenses. El artículo es claro en cuanto a que, si bien los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y socios de López Obrador, "no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales". El reportaje del Times detalla que parte de la información sobre los supuestos vínculos de gente cercana a López Obrador con el narco proviene de informantes "cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectos". La información salió a relucir durante pesquisas sobre actividades de los cárteles de la droga.
En resumen, el reportaje revela lo que López Obrador ya había adelantado en la conferencia: que un informante dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos del López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, El Mayo, un alto líder del cártel de drogas de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Ya tras el triunfo de López Obrador, un fundador del cártel de los Zetas cuyo nombre no es revelado, habría pagado cuatro millones a dos aliados del dirigente de Morena, con la esperanza de ser liberado de prisión. Los investigadores, agregó el Times, obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero del narcotráfico, según muestran los registros. De acuerdo con dos fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la ley de Estados Unidos también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran operativos del cártel a intermediarios para el Sr. López Obrador. Al menos uno de esos pagos se habría hecho en la misma época en la que López Obrador viajó a Badiraguato, en Sinaloa, en 2020, y se reunió con la madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de Colorado.
La revelación de otra investigación de la DEA desató indignación en el gobierno mexicano. El presidente López Obrador señaló que cómo podía confiar en Estados Unidos si estaba interfiriendo en los asuntos mexicanos. Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró la investigación de la DEA "caso cerrado". Sin embargo, el Times respaldó el reportaje y calificó de “táctica preocupante e inaceptable” que el presidente López Obrador haya difundido el teléfono de la periodista, “en un momento en que las amenazas contra periodistas van en aumento”. El gobierno de Estados Unidos aseguró que no tiene ninguna investigación abierta sobre López Obrador.
Denuncia de Persona Moral Privada y Testimonio de Jocelyn Hernández
Una denuncia de una persona moral privada, obtenida en una versión pública del documento, afirma: "El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA, incluyendo a Américo Villarreal Amaya ("Villarreal")." También se asegura que hubo "financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de MORENA por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga (incluyendo el Cártel del Noroeste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas), quien fue asesinado en noviembre de 2021." El expediente consta de 192 páginas. La entidad denunciante dijo haber llevado a cabo su propia investigación en el primer semestre de 2023, asegurando que cumplió con las normas legales de cada jurisdicción y obtuvo asesoría legal. Las pruebas incluyen grabaciones en audio y video de sus testimonios. En México algunas fracciones de esas grabaciones han sido filtradas a medios de comunicación durante los últimos meses.
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De acuerdo al expediente la entidad denunciante habló con Jocelyn Hernández tres veces entre mayo y junio de 2023. Hernández es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de AMLO, según los registros oficiales del gobierno federal a los que tuve acceso. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA. Jocelyn explicó que por invitación de un hijo de López Obrador, ella viajó al estado de Sinaloa y operó para que AMLO ganara ahí en la elección presidencial del 2018. Consta en los registros electorales que de manera atípica López Obrador arrasó en el estado como candidato presidencial, ganó más del 65 por ciento de los votos a la Presidencia. MORENA y sus aliados ganaron las dos senadurías y 7 diputaciones federales. Tras ganar las elecciones en 2018 la invitaron a la Secretaría del Bienestar donde le dieron el cargo de subdelegada en Sinaloa. Jocelyn Hernández explica que le pidieron cometer actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar al inicio del gobierno de López Obrador. Cuando ocurrieron los hechos Javier May Rodríguez era el titular de la Secretaría del Bienestar. Actualmente es gobernador de Tabasco por el partido MORENA.
Después, Jocelyn aceptó participar seis meses en la campaña a la gubernatura de Rocha Moya en Sinaloa. Su jefe inmediato enviado por la dirigencia del partido fue Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas del partido MORENA. Desde que llegó al equipo de campaña detectó que el crimen organizado apoyaba la candidatura de Rocha Moya. Cuando se comenzó a negociar cuál sería su salario y los equipos que requería le dijeron: "Lo que tú quieras por dinero no paramos'. Entonces yo dije ¿qué, los patrocina un capo?". Detalló que durante la campaña de Rocha Moya, Villarreal "llevó a uno de los capos más pesados de Tamaulipas a Sinaloa a comer jabalí con Ricardo Monreal y con Rubén Rocha Moya y otros más”. Jocelyn Hernández reconoce en su testimonio que tenía miedo del ambiente criminal que la envolvía como operadora electoral de MORENA. Aseguró que varios alcaldes y regidores de MORENA en Sinaloa "son capos” de la droga. Ella afirmó que el Cartel de Sinaloa financiaba la campaña de Rocha Moya a la gubernatura. "Llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha. De acuerdo a su testimonio el dinero venía del Cartel de Sinaloa por conducto de Fausto Isidro Meza Torres alias El Chapo Isidro, miembro del Cartel de Sinaloa, asociado a la facción de El Mayo Zambada, uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Afirmó que entre los acuerdos que hizo Américo Villarreal con el crimen organizado también a él le metieron "algunos diputados locales y regidores”.
Figuras Clave Mencionadas en las Investigaciones
- Mauricio Soto Caballero: Consultor basado en Ciudad de México que ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado y colaboró con campañas políticas, incluyendo la de AMLO en 2006 como coordinador de campaña.
- Édgar Valdez Villareal, alias «La Barbie»: Antiguo miembro de alto rango y líder de la OBL. Representó a la OBL en la primera reunión con los representantes de la campaña de 2006 de AMLO.
- Nicolás Mollinedo Bastar, alias «Nico»: Oficialmente chófer durante la etapa de AMLO como alcalde de Ciudad de México, y posteriormente asesor cercano y jefe de logística de campaña de AMLO.
- Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande»: Antiguo policía federal mexicano que se convirtió en sicario y lugarteniente de la OBL. Asistió a la primera reunión con la campaña de AMLO y afirmó haberla organizado.
- Roberto López Nájera, alias «Jennifer»: Abogado mexicano que representó a La Barbie y se convirtió en informante de la DEA. Fue testigo estrella en más de 120 casos penales.