El equipo legal del senador Miguel Uribe ha anunciado que presentará una denuncia ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por una serie de mensajes "de odio" en X que habrían creado "un ambiente que pudo haber llevado a este atentado" del 7 de junio de 2025. El abogado Víctor Mosquera ha acusado al presidente Petro de haber generado "un ambiente hostil, discriminatorio y de odio" contra Uribe con la redacción de hasta 43 mensajes en la red social X. El atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay es un golpe a la democracia, señaló Human Rights Watch.
El Atentado contra Miguel Uribe Turbay y su Fallecimiento
Un joven de 15 años disparó e hirió gravemente a Uribe Turbay durante un acto de campaña en Bogotá, la capital del país. Uribe Turbay, senador del partido de derecha Centro Democrático, se dirigía a sus simpatizantes en vísperas del proceso interno del partido para elegir a su candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026. Uribe Turbay permaneció en estado crítico.
Uribe fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro Familiar de Fontibón y luego remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a cirugía neuroquirúrgica y vascular. El peor pronóstico se confirmó. Tras dos meses en el hospital, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 tras ser baleado en un acto público en Bogotá el 7 de junio. Uribe Turbay recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza, que lo mantuvieron gran parte del tiempo en estado crítico. La Fiscalía General de la Nación fue una de las primeras instituciones en reaccionar a la noticia y elevó la categoría del crimen a magnicidio, lo cual implicaría penas más altas para cualquier condenado.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante una actividad preelectoral en la que participaba el senador Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay era senador de la República y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático para las elecciones de 2026. Había sido invitado por el Edil de la localidad de Fontibón, Víctor Mosquera, perteneciente a su partido y quien había organizado el recorrido; también era acompañado por el concejal Andrés Barrios. El grupo había recorrido varios locales comerciales en la zona donde habían repartido panfletos y conversado con los comerciantes. El atentado se produjo en el parque El Golfito, en Modelia.
La Acusación contra el Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro ha sido señalado como responsable del atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (7 de junio de 2025), por sus constantes declaraciones en contra de la oposición. Según congresistas y abogados, las declaraciones del primer mandatario incrementaron el odio e impulsaron la violencia político-electoral que hoy se vive. En medio de las acusaciones contra el jefe de Estado, que se han hecho sin ningún tipo de prueba que lo vincule con el ataque armado, el abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses de Uribe Turbay, anunció acciones legales contra el mandatario. Según explicó, el jefe de Estado ha dado declaraciones estigmatizantes y de odio contra el congresista del Centro Democrático.
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“Son más de 43 trinos en una red social (X) donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe. No estoy relacionando que sea directamente con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado”, aseveró el abogado. Mosquera ha reprochado a Petro que se haya referido en sus redes sociales a miembros de la oposición en según qué términos y ha recordado un cruce de declaraciones que mantuvo con Uribe, al que, dos días antes del atentado, se refirió como "nieto de un presidente que ordenó la tortura de 100,000 colombianos". “Esto es absolutamente grave, esto genera odio en la población, esto genera polarización”, ha valorado el abogado, según recoge Blu Radio.
La Respuesta del Presidente y sus Partidarios
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, se pronunció al respecto, rechazando las acciones legales contra el mandatario. A su juicio, la denuncia responde a un caso de instrumentalización y de negacionismo de la historia colombiana. “Debo denunciar la instrumentalización atroz de la tragedia que lo afecta a él y a su familia." Según explicó, las tragedias de este tipo no pueden ser utilizadas para limitar la libertad de expresión y las denuncias orientadas a “la verdad”, sobre todo, si hay personas que, con el paso del tiempo, siguen esperando acciones de justicia y no repetición.
Así las cosas, defendió las declaraciones que ha hecho el presidente en torno a la violencia que se ha ejercido sobre la población colombiana, incluso, desde el mismo Estado. Tomar la palabra para recordar la historia y señalar las arbitrariedades que en su momento se llevaron a cabo, “no constituye un crimen de odio”. “Todo lo contrario. Es un acto indispensable para reivindicar a las víctimas, honrar la verdad, exigir justicia y construir un futuro, todavía esquivo, de fraternidad, de perdón y de justicia”, precisó. Declaró que ni el pueblo colombiano, ni los sectores populares y trabajadores, ni él mismo tienen responsabilidad en el hecho. Además, explicó que la consulta popular que quiso adelantar y que fue rechazada por el Senado no favorece a los autores de crímenes. “Han dicho, después del intento de asesinato, que el culpable es Petro, aún lo gritan por ahí."
El presidente Gustavo Petro expresó su solidaridad con la familia Uribe Turbay a través de un mensaje en la red social X, calificando el asesinato como «una derrota para la democracia» y llamando a la unidad nacional. "El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino", dijo en junio sobre el sospechoso el presidente Gustavo Petro en X, revelando que el menor había abandonado voluntariamente un programa educativo de paz en el pasado. El presidente Gustavo Petro dijo en junio que “el gobierno distrital ya había identificado la conflictividad” del adolescente sospechoso de ser el autor material y que estuvo en el programa Jóvenes en Paz, un programa gubernamental. “El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales.
La Investigación y los Implicados
El joven acusado de dispararle a Uribe Turbay fue capturado a pocas cuadras del ataque gracias a la rápida respuesta del guardaespaldas de Uribe Turbay. El agresor fue capturado en el lugar tras un intercambio de disparos con el equipo de seguridad de Uribe Turbay y agentes de la Policía Nacional. Resultó herido en un pie y fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial. La Fiscalía y la Policía informaron en una rueda de prensa, que el arma de fuego tipo Glock utilizada en el atentado fue comprada en Estados Unidos. Las autoridades colombianas están tratando de rastrear cómo el arma entró al país.
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La Fiscalía General de la Nación anunció que sus investigadores y la policía están reuniendo pruebas y otros elementos que ayudarán a construir el caso e identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a cualquier persona que pudiera haber ordenado el ataque. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó la incautación de un arma y 12 vainillas en la escena, precisando que se trataba de una pistola Glock 9 milímetros adquirida el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Las autoridades investigan cómo ingresó al país y si está vinculada con otros delitos. La investigación ha incluido entrevistas a 23 personas, entre ellas una mujer que aparece dialogando con el atacante previo a los disparos, quien se presentó voluntariamente ante la Policía y no estaría relacionada con los hechos. El celular del atacante fue recuperado días después; de él, la Fiscalía extrajo chats, fotografías y contactos relacionados con el caso. La residencia del menor fue allanada, y se recuperaron cuadernos y otras pruebas. Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes legalizó la captura ante un juez de control de garantías el lunes. En junio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos: una fiscal adscrito a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor cuenta con un abogado de oficio para su defensa, un defensor público. La fiscal aclaró que en este caso “rige la presunción de inocencia como a cualquier persona” y detalló que el menor podría enfrentar una sanción de hasta ocho años, pero no propiamente de prisión, sino en un alojamiento para adolescentes infractores.
En total, nueve personas han sido detenidas por el caso:
Detenidos en el Caso del Atentado contra Miguel Uribe Turbay
| Alias/Nombre | Rol/Acusación | Estado/Condena |
|---|---|---|
| Juan Sebastian ("Tianz") | Menor de edad, autor material, imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. | Condenado a siete años de privación de libertad (identidad protegida). |
| Carlos Eduardo Mora González ("venezolano" o "veneco") | Presunto coautor logístico, chofer del auto Chevrolet Spark negro. | Condenado a 21 años de prisión. |
| Katerine Andrea Martínez Martínez ("Gabriela" o "Andrea") | Señalada de participar en la planeación y proporcionar el arma al adolescente. | Condenada a más de 22 años de prisión. |
| William Fernando González Cruz ("el viejo" o "Hermano") | Presunto encargado de recoger a implicados; uno de los cabecillas logísticos del ataque. | |
| Elder José Arteaga Hernández ("Costeño" o "Chipi") | Uno de los "cerebros" del magnicidio; presuntamente reclutó a los involucrados y coordinó detalles logísticos y operativos. Historial delictivo de más de 20 años. | Vinculado como presunto responsable y actualmente cumple 21 años de prisión por otro crimen. |
| Cristian Camilo González | Tendría la misión de facilitar la huida del menor. | Detenido en julio de 2025. |
| Simeón Pérez ("el viejo") | Presunto intermediario entre el grupo criminal y los autores materiales del crimen; presunto intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal. | Capturado en octubre de 2025; condenado a más de 22 años de prisión. En marzo de 2026 aseguró que la orden provino de la Segunda Marquetalia. |
| Brayan Ferney Cruz Castill | Interpol lo capturó en Argentina en abril de 2026. | |
| Harold Daniel Barragán Ovalle | "Quien habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima". | Capturado el 30 de agosto de 2025. |
Hipótesis sobre los Autores Intelectuales
No se descarta ninguna hipótesis sobre el motivo y los autores intelectuales del crimen. Un día después del ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se sopesaba si había sido un ataque contra la figura política que representa el senador, contra su partido, Centro Democrático, o un intento de "desestabilizar" al gobierno de Petro. El propio presidente, de hecho, atribuyó el crimen entonces a "una venganza de organizaciones del narcotráfico contra su gobierno por los golpes que la fuerza pública les ha propinado". En más de una ocasión, Petro se ha referido a una "mafia" que le persigue y que también, supuestamente, habría ordenado el asesinato de Uribe Turbay, aunque no ha proporcionado pruebas al respecto y las autoridades siguen considerando otras hipótesis.
La Fiscalía arrancó la investigación apuntando a una presunta red de sicarios. “Hay una lógica mafiosa que siempre ha estado y es que básicamente todo mafioso necesita un político”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), un centro de pensamiento e investigación especializado en temas de gobernanza y seguridad en Colombia, a InSight Crime. “No hay economía criminal sin corrupción, eso es clarísimo." Carlos Fernando Triana, de la Policía Nacional, dijo por su parte que "en el marco de la investigación todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación". La Segunda Marquetalia es una de las mayores disidencias de las Farc que retomó las armas tras el acuerdo de paz entre el gobierno y esta guerrilla en 2016. Ni este grupo armado, ni ningún otro, se ha atribuido vínculo alguno con el atentado contra Uribe Turbay.
La precandidata presidencial Vicky Dávila también sugirió un posible vínculo entre el atentado y Nestor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como Estado Mayor Central (EMC). Dávila publicó un video en el que afirma haber recibido información de inteligencia militar que indicaría que Iván Mordisco está detrás del complot para asesinar a Uribe. Si bien la responsabilidad del atentado sigue sin esclarecerse, las hipótesis mencionadas por miembros del gobierno y de la oposición apuntan a grupos criminales vinculados al narcotráfico. El intento de asesinato de un precandidato presidencial colombiano, en medio de un contexto de violencia electoral creciente, trae a la memoria el pasado convulso del país.
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El Contexto de Violencia Política en Colombia
Colombia tiene una larga historia de asesinatos políticos, estrechamente vinculados a oleadas de violencia. Antes de las elecciones de 1990, en menos de ocho meses, tres candidatos presidenciales - Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez - fueron asesinados por cárteles de la droga y grupos paramilitares. La madre de Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada en 1990 por el narcotraficante Pablo Escobar y asesinada en 1991 durante una fallida operación de rescate.
El magnicidio de Uribe Turbay "sería el primero en el país después de 35 años", le dice a BBC Mundo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La violencia ha aumentado en los últimos años. Desde 2016, los homicidios han aumentado un 20,9 % y los secuestros un 34,8 %. Los desplazamientos forzados masivos se han cuadruplicado, y los confinamientos (restricciones a la movilidad de las comunidades debido a enfrentamientos armados en sus territorios) se han multiplicado por más de diez. Colombia es, además, el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, según Frontline Defenders.
Las redes criminales actuales en varias ciudades colombianas no responden a un único mando jerárquico, sino que muchas funcionan bajo franquicias o subcontrataciones que dificultan la labor de las autoridades para hallar responsables. Los menores de edad, como el principal sospechoso del atentado, son blanco frecuente de los reclutamientos para sicariato y otros crímenes por su vulnerabilidad y por los vacíos legales en el sistema jurídico y penal colombiano para judicializar sus casos. Encontrar a los autores intelectuales es clave para finalmente determinar si el crimen se produjo por motivos políticos o puramente criminales.
Reacciones y Llamados a Garantizar la Seguridad Electoral
“El ataque contra Miguel Uribe Turbay es un grave recordatorio de los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deben esclarecer este atroz crimen, evitar el discurso político violento y garantizar la seguridad de todos los candidatos”. Las autoridades colombianas deben investigar, procesar y sancionar urgentemente a todos los implicados en el ataque contra Uribe Turbay, señaló Human Rights Watch. Para hacerlo, deben garantizar la protección del sospechoso y de su familia. El Gobierno y los líderes de los partidos políticos de la oposición deben abstenerse de compartir hipótesis sobre el ataque que puedan comprometer la independencia e imparcialidad de la investigación.
El ministro del Interior convocó a diferentes instituciones del Estado y a los partidos y movimientos políticos a una comisión nacional para garantizar la seguridad y la protección de los candidatos. Líderes políticos y otros posibles candidatos han pedido al gobierno que garantice la protección de todos los candidatos a medida que avanza la campaña electoral. Las autoridades deben adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales antes de las elecciones de 2026, señaló Human Rights Watch. Esto incluye reevaluar los niveles de riesgo y los planes de protección de cada candidato, reforzar las capacidades de inteligencia de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación entre las instituciones y garantizar la existencia de mecanismos de respuesta rápida.
La construcción de un proceso electoral seguro y democrático también requiere un compromiso firme para reducir la retórica violenta y rechazar los discursos de odio que profundizan la polarización. Esta responsabilidad recae en los más altos niveles del gobierno colombiano, empezando por el propio presidente Gustavo Petro, y en todos los partidos políticos y candidatos presidenciales. “Garantizar que todos los candidatos puedan hacer campaña sin miedo ni violencia es esencial para proteger la democracia colombiana”, afirmó Goebertus. La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo oficial.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó su solidaridad y exigió justicia para los responsables. Congresistas estadounidenses como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y el político venezolano Carlos Giménez también transmitieron su pesar y respaldo a las investigaciones. Así mismo, líderes y autoridades de otros países, como los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Ecuador, Daniel Noboa; y la dirigente venezolana María Corina Machado. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó que este crimen «convoca a unirnos con más fuerza en todo el continente para combatir el crimen».
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