La administración pública en Yucatán ha estado bajo escrutinio debido a presuntas irregularidades y desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado graves irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127 mil millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción.
Denuncias contra la Administración de Rolando Zapata Bello
Tras la revisión e investigación de dos mil carpetas, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración priísta de Rolando Zapata Bello. Contraloría General del Estado presentó hoy lunes las denuncias ante organismos fiscalizadores por irregularidades financieras de la administración de Rolando Zapata Bello halladas en el proceso de entrega-recepción. La secretaria general de Gobierno de Yucatán, María Fritz Sierra; la contralora, Lizbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico del Poder Legislativo, Mauricio Tappan, denunciaron irregularidades en la administración estatal que encabezó el priísta Rolando Zapata, principalmente en las secretarías de Salud, Educación y Administración y Finanzas.
«Al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción, se encontraron faltantes -financieros, materiales e informativos- y en cumplimiento y respeto de la ley, se presentan las denuncias correspondientes. En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado -a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica- brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. El presunto daño patrimonial asciende a unos 533 millones de pesos, por los que se interpondrán seis denuncias en el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (Idey), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey).
Por otra parte, el ex gobernador priísta Zapata Bello compartió hoy el vídeo que les mostramos a continuación, en el que asegura que trabajó en todo momento por el bien de Yucatán y le pide al actual gobierno que no acuse para generar un ambiente político. También se puso a disposición de quien lo requiera para aclarar cualquier cuestionamiento que exista sobre la administración que encabezó.
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Anomalías en el IDEFEEY y Contratos Estatales
Anomalías en el manejo de recursos federales: contratos sin licitación, pagos indebidos, favorecer a determinadas empresas e incumplir con obligaciones de transparencia. Redacción/Sol YucatánMérida.- En continuidad a la corrupción establecida por Rolando Zapata Bello, el gobernador Mauricio Vila Dosal destinó en 2021 un monto superior a 12 millones de pesos para el “mejoramiento” de la Universidad de las Artes de Yucatán, por lo que es evidente el desvío de recursos establecido a favor de la educación.
En esta ocasión, la anomalía se cometió a través del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), en beneficio de una de las empresas favoritas del titular del Ejecutivo. El gobierno estatal benefició a la empresa Promologistic, una de las empresas favoritas del titular del Ejecutivo, con un contrato directo por más de doce millones de pesos para el “mejoramiento” de la Universidad de la Artes de Yucatán.
Contrato con Promologistic
El pasado 29 de enero, se emitió el fallo de la licitación LO-931037999-E106-2020, consistente en el mejoramiento del plantel ubicado en lo que fuera la Estación de Ferrocarriles, mejor conocida como “La Plancha”. Tras desechar varias propuestas, se eligió a Promologistic, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que “cumple con los requisitos técnicos y económicos requeridos”. Por ende, se le destinó un monto por 12 millones 62 mil 372.54 pesos, y de manera inmediata, el Idefeey le dio un anticipo de seis millones 31 mil 686.27 pesos, es decir, el 50 por ciento del total.
| Concepto | Monto (MXN) |
|---|---|
| Monto total del contrato | 12,062,372.54 |
| Anticipo otorgado (50%) | 6,031,686.27 |
De acuerdo con el documento firmado por el jefe de concursos, Gabriel José Carlos Delgado Parra, en poder del Sol Yucatán, el contrato fue firmado el 2 de febrero del año en curso. Aunque la obra se debió de ejecutar en un plazo de 182 días naturales, hasta el momento no se entrega, al menos, de manera oficial. Desafortunadamente, en el documento no se especifica las labores a realizar en este inmueble, considerado como Patrimonio Histórico de Yucatán.
Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación
En 2020, en una revisión aleatoria a diez contratos entregados por la Idefeey a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades en ocho. Diversas fueron las anomalías cometidas en el manejo de recursos federales, tales como adjudicar contratos sin licitación, realizar pagos indebidos, favorecer a determinadas empresas e incumplir con obligaciones de transparencia. Tal el caso de firmar varios contratos con dos empresas de Ciudad de México, al parecer propiedad de los mismos socios, para realizar obras de modernización en planteles escolares y dotarlos de equipos de cómputo, aunque la especialidad de esas compañías son la logística y la venta de sistemas de control administrativo. Según la ASF, “una vez analizadas las evidencias documentales” halladas en la revisión de la operación del Idefeey con recursos federales, y “aplicado el instrumento de valoración determinado para esa revisión”, se obtuvo un promedio general de eficacia de esa dependencia de 24 puntos, de un total de 100, “lo que ubica al Instituto en un nivel bajo”.
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Denuncias de Empresarios
Ante las diversas anomalías que ha cometido el Idefeey, numerosos empresarios han denunciado las anomalías, tal como ocurrió en septiembre de 2020. Ejemplo de ello es Roberto Carlos Figueroa Cerritos, presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE), quien exhortó a Vila Dosal a investigar las denuncias sobre las presuntas anomalías cometidas por el Instituto en la licitación de un contrato de obra. En un manifiesto dirigido a la opinión pública y fechado en Ciudad de México expresó que “estamos preocupados porque nuestros asociados en Yucatán han manifestado que en las licitaciones públicas no se está respetando el marco normativo establecido, generando opacidad en detrimento de la confianza que un gobierno debe forjar hacia sus ciudadanos”.
La UNCE, que agrupa a asociaciones de constructores del ramo eléctrico de 18 entidades del país, advierte también sobre “los recurrentes actos que vulneran el estado de derecho realizados por el gobierno del estado de Yucatán a través del Idefeey y de su director Luis Jorge Montalvo Duarte”. El exhorto de Figueroa Cerritos ocurrió a un mes de la denuncia del empresario Jorge Toledo Fuentes, socio de la UNCE, en contra del Idefeey, por adjudicar, según él, una obra de electrificación, no obstante las numerosas irregularidades y fallas registradas en su proceso de licitación. Cabe destacar que la obra que se concurso fue la reubicación de líneas eléctricas de alta y media tensión en el paso superior vehicular “Avenida 70”, en el kilómetro uno de la carretera Mérida-Tetiz. En la licitación, realizada en junio de 2020, funcionarios del Idefeey cometieron “omisiones flagrantes irregularidades y actos contrarios a la ley”, expresó Toledo Fuentes en su denuncia, al parecer para favorecer a la empresa Infraestructura CER, S.A.
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