Descubre la Verdad Oculta del Registro Fiscal de AMLO y Cómo Cambia la Política Recaudatoriapost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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La afirmación de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha presentado una declaración fiscal ni está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), regulado por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y que contempla a los ciudadanos con actividad económica en México, es Falso.

En los documentos, disponibles en su página web oficial, se establece que el RFC del ahora presidente mexicano es LOOA531113FI5. En éstos, se observa que López Obrador hizo sus declaraciones fiscales a través de internet y que en el 2014 y 2015 presentó saldos a favor de 22.516 y 779 pesos, respectivamente, que equivalen a unos 1.128 dólares y 39 dólares. En un video difundido por López Obrador en 2016, éste explicó que publicó sus declaraciones para cumplir con la iniciativa “Tres de Tres”, impulsada por la organización civil llamada Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a través de la cual se les pide a aspirantes a cargos de elección popular, que publiquen sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. “Estoy al corriente en cuanto al pago de impuestos, es lo que quería informarles, notificarles”, dijo en el video. En la grabación, el entonces aspirante a la presidencia, dijo que las propiedades que poseía las donó en vida a sus hijos, por lo que ya no había bienes inmuebles registrados a nombre de éste. En un tuit en el cual incluyó un enlace a sus declaraciones fiscales, López Obrador también dijo que no era “corrupto” como otros políticos mexicanos.

El Fin de los Privilegios Fiscales: La Promesa de AMLO

«Huachicol de cuello blanco» para las finanzas públicas. Así se refirió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes en los gobiernos anteriores. AMLO dice que las condonaciones de impuestos de anteriores gobiernos fueron "excesivas, abusivas e injustas". Y con eso aseguró que en México se acabará con los privilegios fiscales, para lo que firmó un decreto que busca eliminar las condonaciones de impuestos que calificó de "excesivas, abusivas e injustas". «Se trata de acabar con privilegios fiscales y hacer valer la Constitución en la letra y con el espíritu», dijo el mandatario.

«Tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, deben contribuir más los que obtienen más ingresos. En este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos», dijo AMLO este lunes en su conferencia mañanera. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villareal, explica a BBC Mundo que anteriormente en México se llevaban a cabo convenios de regularización de aplicación general. «En los anteriores gobiernos, cada tanto había convenios por los que se descontaban las moratorias por pagar tarde los impuestos o los impuestos mismos», dice el también profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y explica que eso creó un daño a la reputación del fisco. «Si cada cuatro o cinco años sale un convenio de este tipo, las empresas o despachos fiscales a veces tendían a pensar que a lo mejor era conveniente esperar para regularizar su situación y que les saliera mucho más barato».

Villareal apunta que el decreto que firmó AMLO contiene un importante mensaje político: «Está diciendo que hubo muchos abusos y que ya no los va a haber». Para el profesor que es coherente con su discurso sobre combatir la corrupción y sanear las finanzas públicas para conseguir fondos para sus proyectos. El especialista apunta que aunque hay grandes empresas entre los condonados por el SAT, no todas jugaban con eso. «Aunque no se debe generalizar, muchas veces no eran las empresas, sino los despachos de asesores fiscales que apostaban por esperar a la próxima condonación. Ahora ellos serán los grandes perdedores de esta nueva política».

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Histórico de Condonaciones en Sexenios Anteriores

Según los datos de su gobierno, en los últimos 12 años, los dos gobiernos anteriores, se condonaron alrededor del equivalente a US$21.000 millones.

Condonaciones de Impuestos a Grandes Contribuyentes (2007-2018)
Periodo de Gobierno Monto Condonado Número de Beneficiados
Felipe Calderón (2007-2012) US$8.500 millones 18.300
Enrique Peña Nieto (2013-2018) US$12.500 millones 135.000
Total (12 años) ~US$21.000 millones ~153.300

Margarita Ríos-Fajart, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló que entre 2007 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, hubo condonaciones por unos US$8.500 millones para 18.300 beneficiados. Y con Enrique Peña Nieto (2013-2018), la cifra ascendió a US$12.500 millones para 135.000 contribuyentes. Aunque el gobierno no dio nombres de los beneficiados, sí trascendió que el 54% de las condonaciones se concentró en 108 contribuyentes, unos US$11.100 millones, según Ríos-Fajart. De los condonados, 58 son empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y de ellas, diez son de las más influyentes en el desempeño del mercado de valores al formar parte del índice principal S&P/BMV IPC, casi un tercio de las que conforman el indicador. Según información del SAT, el contribuyente al que se le condonó más fue por un total de casi US$1.000 millones. Villareal señala que el último convenio estaba pensado para empresas muy pequeñas, pero que también algunas grandes con adeudos importantes se acogieron al convenio, lo que hizo que el erario perdiera cantidades muy considerables de dinero.

La Estrategia de Fiscalización y el Plan Maestro del SAT

Apenas era el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando grandes contribuyentes, como Walmart, América Móvil, BBVA México, Grupo Modelo, IBM, FEMSA, Grupo BAL y Grupo Salinas se formaron para ponerse al corriente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Nunca antes un gobierno se había concentrado en fiscalizar a las compañías con ingresos superiores a los 1,250 millones de pesos al año. «Cuando llega el actual gobierno recibe una administración tributaria modernizada con una serie de dispositivos tecnológicos a disposición del contribuyente que te permite formar declaraciones prellenadas, listas para revisar, darle enviar, cobrar o devolver saldos a favor. Con esto crea perfiles de riesgo que le permiten al fisco hacer un análisis y una discriminación de datos para determinar un costo-beneficio», explica Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly.

En 2002 fue cuando se comenzaron a emitir las primeras facturas electrónicas, desde ese momento la autoridad comenzó a tener un cúmulo de información para su análisis, saber lo que se vendió, en cuánto tiempo, si hubo impuestos trasladados, si hubo omisiones y notificarlo a través del buzón tributario. «Todo nada más para que digas sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo», platica Canabal. Todo esto permite al inicio de la actual administración, con Margarita Torres Fajat (2018-2019), y posteriormente con Raquel Buenrostro (2020-2022) a la cabeza del SAT, identificar a grandes contribuyentes con adeudos. Además, desde el primer año de la actual administración el gobierno rompió con la tradición de brindar amnistía fiscal a los grandes contribuyentes cada inicio de sexenio.

La estrategia llegó con el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, enfocado especialmente en grandes contribuyentes, que siguió el SAT desde 2020, y que radica en revisar la contabilidad de las empresas, realizar auditorías a sectores específicos como el automotriz, de bebidas alcohólicas, comercio mayorista y minorista; además de la publicación de tasas efectivamente pagadas por las empresas por sectores para establecer porcentajes mínimos para el pago de impuestos. El plan, que se extendió a las operaciones de comercio exterior en 2022, ha dejado jugosos recursos para las arcas públicas.

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Resultados en la Recaudación Tributaria

La fiscalización a grandes contribuyentes generó 2.3 billones de pesos al erario público en 2023, cuando en 2018, último año de la administración pasada generó 1.5 billones. Como resultado de los esfuerzos para la regularización por auditoría y la eficiencia recaudatoria, al cierre de 2023 se alcanzó un monto de 757,155 millones de pesos. Esto es, 140,874 millones más que en el mismo periodo de 2022, esto representa un incremento en términos reales de 16.4%, asimismo, respecto de 2018, se ha presentado un incremento de 477,508 millones en términos nominales, lo que implica un incremento en términos reales de 110%. Los esfuerzos de la autoridad han permitido mantener a los ingresos tributarios como la fuente principal del financiamiento del sector público.

De 2018 a 2023, la recaudación de impuestos creció 47.50%, principalmente impulsada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que creció 50.5%. «Los efectos de acciones como la eliminación de la compensación universal, la catalogación como delito del fraude fiscal y la eliminación de condonaciones a grandes contribuyentes han demostrado que es posible incrementar los ingresos tributarios sin aumentar, ni crear nuevos impuestos», comenta el titular de Hacienda, en su comparecencia por la glosa del V Informe de Gobierno a Diputados. En promedio, en los primeros cinco años de gobierno los ingresos tributarios representaron el 13.42% del PIB, cuando en los primeros cinco del sexenio anterior, el promedio fue de 11.46%, refieren cifras de Hacienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su mandato, el gobierno ha ahorrado cerca de 2 billones de pesos, la mitad proveniente de impuestos. «Pues, puede ser que como dos billones de pesos. Nada más, nada más por no condonar impuestos cálculo un billón. El huachicol 300 mil millones. ¿Cuánto va de ahorro del huachicol? Trescientos siete mil millones. Según los datos reportados por el SAT, se observa que el crecimiento recaudatorio se debe a factores económicos externos, como el aumento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que los últimos años ha ido a la alza.

El Gasto Público Creciente y el Desafío de la Deuda

A la sombra de los esfuerzos por recaudar más, crecen las necesidades del gasto público. Desde 2008 el dinero que gasta el sector público es mayor a los ingresos que llegan a las arcas públicas por el pago de impuestos, derechos, exportación y venta petrolera. En 2022 y 2023 se registró la brecha entre ingresos y gasto más grande desde 2014, cuando fue de 4.4% del PIB; en ambos años fue de 4.3%, para el cierre de este año Hacienda espera que llegue a 5%, el nivel más alto del que se tiene registro. El gobierno actual ha adquirido deuda desde el principio, en Verificado hemos registrado las diferentes declaraciones del presidente sobre la deuda.

«A pesar de que se hicieron muchos recortes, también hubo incremento en algunos gastos, especialmente las transferencias y subsidios por el programa de los adultos mayores. Lamentablemente se empezó a gastar en él sin tener prevista una fuente de financiamiento, el programa ha ido creciendo, y aún no pasamos por la etapa de amplío envejecimiento», considera Mariana Campos, directora general de México Evalúa. «La cuestión es que los esfuerzos del SAT se quedaron cortos frente a los gastos prioritarios, se concentraron en las grandes cuentas de los contribuyentes, mientras no ha sido tan efectiva la fiscalización como hubiera sido deseable,» comenta Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Pese a una política de “austeridad republicana”, las prioridades y obligaciones quedaron claras a lo largo del sexenio. Por ejemplo, en 2019 se aprobaron 100,000 millones de pesos del presupuesto de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, para 2024 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 465,048 millones. Si a este gasto le sumamos lo que se aprobó para 2024 por pensiones vitalicias (IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex) 1.499 billones de pesos, ambos conceptos absorben el 21% del gasto neto, cuando en 2019, al inicio de la actual administración, se llevaron 17%. En tanto, el Tren Maya, AIFA y Refinería Olmeca tuvieron un precio final por 883,097 millones de pesos en conjunto, lo que representó un sobrecosto, en comparación con el precio original, por 484,233 millones, poco más de todo lo que se recaudó por IEPS en 2023. «La política de austeridad ha sido selectiva, puesto que hay ramos administrativos que han sido beneficiados con mayor asignación de recursos», refiere el documento Austeridad, debilidad institucional y presupuesto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Lejos de ver un recorte al gasto público neto, este se incrementó 20.5%, de 2018 a 2024, mientras los ingresos totales incrementaron 14.4%, situación que se compensó con un incremento del endeudamiento de 158.5%, refieren cifras del CIEP. El problema de incrementar tus gastos sin tener garantizadas fuentes extras de ingresos para programas u obras prioritarias, es que jalas recursos de otros rubros; completas el gasto con deuda, con ingresos no recurrentes; «en esta administración se extinguieron fideicomisos y el dinero de estos se fue para programas sociales, lo que no es meramente redituable para la economía», explica Edson Valdés, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana en materia de Economía y Finanzas Públicas. A la par, otros gastos obligatorios como los intereses por la deuda, el pago de nómina de los servidores públicos, y transferencias a los estados crecen año con año, absorbiendo más del 80% del gasto total.

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Discrepancias en el Reporte de Gasolina e Ingresos no Petroleros

Un análisis de la Energy Information Administration (EIA) y el Sistema Electrónico de Aduanas de México (ANAM) revela una diferencia alarmante de más de 120 mil millones de litros de gasolina que no fueron reportados oficialmente por el gobierno mexicano entre 2019 y 2024. Estas cifras no son estimaciones arbitrarias, sino cálculos basados en la cuota fija anual del IEPS para gasolina con más de 91 octanos, establecida por la ley. La discrepancia no es menor. Y así, mes tras mes, año tras año. El patrón se repite. La pregunta obligada es: ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Por qué el gobierno de AMLO no reportó estos volúmenes? ¿Se trata de contrabando tolerado? ¿De subregistro deliberado? La omisión del IEPS no solo implica un golpe brutal a las finanzas públicas, sino que además afecta directamente a los estados, quienes reciben una parte de estos ingresos. ¿Es este el rostro real de la “honestidad valiente”?

Perspectivas y la Necesidad de una Reforma Fiscal

Tampoco hubo una reforma tributaria en el sexenio para incrementar las fuentes de ingresos por cobro de impuestos o liberar recursos por revisiones a los gastos. Los ingresos petroleros reportaron sus niveles más bajos respecto al PIB y al gasto público en 2020 y 2023. Hacienda espera peores índices para 2025, en vista de menores precios para el petróleo crudo a nivel global y una menor plataforma de exportación, refieren los Precriterios Generales de Política Económica para el siguiente año. «Las finanzas públicas se despetrolizan, esto implica menos dinero por la venta y exportación de petróleo, pero también, una oportunidad para recaudar por la parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas y diésel, ante la baja de sus precios en el mercado internacional, pero no lo suficiente para compensar la falta de ingresos por un menor precio de la mezcla (mexicana de petróleo)», considera Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors.

Esto ya lo prevé Hacienda, y por primera vez en el sexenio propone un recorte sustancial al Presupuesto de 2025, cercano al medio billón de pesos; lo que representa una caída de 8.8% frente al gasto esperado para este año. Esta será la segunda caída más marcada desde 2017, cuando el presupuesto cayó 8.6% real anual, refieren datos de la SHCP. No obstante, para los 70 programas prioritarios del actual gobierno se proponen incrementos para 2025. Tan solo 10 programas prioritarios se llevarán 747,631 millones de pesos, descobijando el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos, como salud, educación y seguridad. La política de gasto, en lo que resta de 2024 se enfocará en la culminación de las obras de infraestructura iniciadas en 2019, y a la provisión de múltiples programas sociales. Por lo que se planteó un déficit de 5% del PIB, «hay momentos en que cada economía y cada proyecto necesitan acelerar el gasto», comentó Ramírez de la O, en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario explicó que como dichas obras insignia no implicarán un gasto recurrente, el déficit en 2025 logrará reducirse hasta 2.5% del PIB. Pese a los buenos deseos, los especialistas consideran que la próxima administración federal tendrá que poner sus esfuerzos en aumentar las fuentes de ingresos, no sin antes llevar a cabo una revisión minuciosa al gasto público para hacerlo más eficiente. «Ya es momento de una reforma fiscal, que no se ha dado en los últimos siete años, la parte en materia tributaria no se cuestiona porque la aparición de nuevas tecnologías te obliga a modernizarte.

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