La Audiencia Nacional condenó este martes a Fernando Peña, fiscalista y dueño del bufete Nummaria, considerado el eje central de la trama de defraudación fiscal llevada a cabo entre 2010 y 2016, que tiene como título ‘caso Nummaria’.
Peña fue el cerebro de una estructura que permitió a artistas, empresarios y figuras públicas eludir sus obligaciones fiscales mediante el uso de sociedades opacas constituidas en el extranjero. De esta forma, el tribunal condenó a 80 años de cárcel al dueño del despacho, tras casi una década de investigaciones, por ocultar las percepciones económicas de sus clientes al fisco español.
Entre los clientes más conocidos de este despacho se encuentran los actores de la serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias y Ana Duato. Arias ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal, pena que pactó con la Fiscalía Anticorrupción, mientras que Duato ha sido absuelta.
La Sección Segunda concluye que la actriz no sabía que infringía la normativa fiscal al seguir la estructura diseñada por su asesor para convertir sus ingresos en una renta vitalicia, obteniendo de este modo la reducción del 60% que establece la norma para este tipo de formatos.
Según la sentencia, Fernando Peña lideró un sistema de asesoría fiscal a través de Nummaria, con la colaboración de abogados, economistas, técnicos fiscales y contables. El despacho ofrecía no solo asesoramiento, sino también sociedades instrumentales registradas fundamentalmente en Costa Rica e Inglaterra, aunque también Canadá, Uruguay y Luxemburgo.
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El despacho llevaba un control exhaustivo, que servía para ocultar el origen de los ingresos, facilitar operaciones opacas y eludir el control fiscal de la Hacienda española.
El tribunal concluye que el despacho no solo diseñaba las operaciones de fraude fiscal y de ocultación de patrimonios de sus clientes, sino que ponía a su disposición las sociedades instrumentales necesarias para llevar a cabo el mismo y realizaba actuaciones de gestión de las mismas. En definitiva, desde el despacho se llevaba un control exhaustivo, periodo a periodo, de cada operación de fraude diseñada”.
¿Quién es Fernando Peña?
Fernando Peña era inspector de Hacienda que en los años 90 era colaborador de programas de televisión, donde se presentaba como un gurú del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Poco tiempo después fundó el bufete en la calle Juan Bravo de Madrid.
Por allí además de Duato o Arias, han pasado artistas como Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina o las hermanas Encarna y Toñi Salazar, que forman el dúo Azúcar Moreno.
“Es una persona en la que confías plenamente, Fernando Peña, y me siento muy traicionada, claro que sí“, declaró Ana Duato a antes de comenzar el juicio. Para entonces, la Fiscalía pedía 298 años de prisión, cifra que se ha rebajado considerablemente hasta llegar a los 80.
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La sentencia, de 275 páginas, absuelve a los 19 acusados del caso Nummaria, incluidos el productor Miguel Ángel Bernardeau y varios empleados del despacho, al concluir que no hay pruebas suficientes para condenarlos. El tribunal descarta que existiera una organización criminal y considera que el bufete fue creado con fines de asesoramiento jurídico, principalmente en materia tributaria y contable.
Investigación a Margarita García-Valdecasas
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, del que es titular el mediático Juan Carlos Peinado (que lleva el caso Begoña Gómez), tiene abierta desde hace más de cuatro años una investigación contra Margarita García-Valdecasas, quien fuera la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el equipo de inspectores de élite de Hacienda que persigue los casos más importantes de fraude en España que tienen alcance nacional.
García-Valdecasas fue inspectora jefe de la ONIF entre los años 2013 y 2016, con Cristóbal Montoro como ministro y Mariano Rajoy como presidente. El juez Peinado admitió a trámite una querella contra García-Valdecasas en marzo de 2021 por presuntos delitos de falsificación de documentos públicos.
La querella fue interpuesta por el fiscalista Fernando Peña, dueño del despacho Nummaria, que se encargaba de gestionar las declaraciones fiscales de los protagonistas de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, Imanol Arias y Ana Duato.
Fernando Peña fue condenado hace unas semanas a 80 años de prisión por crear un entramado societario para eludir impuestos a Hacienda, aunque de momento sigue en libertad provisional. La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Peña es de julio de 2025.
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Pero hace cuatro años, cuando el ‘caso Nummaria’ estaba en plena instrucción, Peña denunció a García-Valdecasas porque había encargado un informe pericial a la empresa Lazarus Technology que aseguraba que todos los dispositivos electrónicos intervenidos durante el registro de su despacho el 13 de abril de 2016 habían sido modificados o borrados cuando ya estaban bajo custodia de la ONIF, que dirigía Margarita García-Valdecasas, hermana de Julia García-Valdecasas, ministra de Administraciones Públicas con José María Aznar.
Peña denunció a la ONIF porque aseguraba que gran parte de los 5.266 archivos intervenidos, que han servido para apuntalar su condena en la Audiencia, habían sido modificados. De ellos, casi 2.000 fueron eliminados, interfiriendo en la validez de la prueba utilizada en su enjuiciamiento.
La defensa de Peña sostenía entonces que una parte de esos archivos nunca llegó a los peritos judiciales o fue manipulada previamente, lo que afectaría al principio de contradicción y a su derecho de defensa.
Desarrollo de la Investigación contra García-Valdecasas
Desde la admisión a trámite de la querella, el juez Peinado ya ha practicado varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración de la querellada, Margarita García-Valdecasas; del propio Fernando Peña; y de uno de los peritos de la empresa Lazarus.
El magistrado también ordenó una pericial informática independiente, que inicialmente fue asignada a la propia ONIF. Una decisión que fue recurrida por los abogados de Peña porque consideraban que era imparcial que a la exjefa de la ONIF la auditara la propia ONIF.
“La nueva pericial fue encargada al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyos informes aún no se han incorporado por completo al sumario”, explican fuentes del entorno de Peña.
Las mismas fuentes señalan que la instrucción de Peinado lleva ya mucho tiempo en el “dique seco”. El procedimiento sigue en fase de diligencias previas.
Pese al impulso inicial del juez Peinado, la instrucción no ha sido archivada ni transformada en procedimiento abreviado. “Sigue abierta”, afirman otras fuentes jurídicas. El juzgado de Peinado tiene actualmente unas 340 causas ‘vivas’, entre ellas la querella de Peña.
La Abogacía del Estado ya solicitó el archivo. Una petición a la que el juez y la Fiscalía se opusieron hace dos años. Pero no ha habido avances desde entonces. Hay que tener en cuenta que el juez Peinado se jubila obligatoriamente dentro de 14 meses.
“No entendemos la posición de Peinado, que ya insinuó en un auto de hace tiempo que la querella de Peña podría perseguir el objetivo de dilatar el proceso que se seguía en su contra en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria. Parece que quería esperar a la sentencia de la Audiencia antes de proseguir con su instrucción”, señalan las fuentes del entorno de Peña.
Y es que la causa de la Audiencia Nacional (que ha acabado con la condena de 80 años contra Peña) y la instrucción del Juzgado 41 tiene cierta conexión jurídica si se acredita que los archivos utilizados como prueba en el juicio principal fueron modificados o suprimidos en origen.
De confirmarse una alteración probatoria, “se abriría la vía para una revisión extraordinaria o la solicitud de nulidad de actuaciones por quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías, especialmente en lo que respecta a la cadena de custodia de las pruebas digitales”, aseguran las mismas fuentes.
Peña tiene previsto recurrir su condena primero en la Sala de Apelación de la Audiencia y después en el Tribunal Supremo.
García-Valdecasas ya declaró como testigo en el juicio del ‘caso Nummaria’.
Investigación al marido de García-Valdecasas
La carrera de Margarita García-Valdecasas se truncó en julio de 2016, cuando la Guardia Civil registró su casa buscando pruebas contra su marido, el financiero Alejandro Pérez Calzada, quien fue presidente en España del banco suizo Mirabaud. La UCO de la Guardia Civil le investigaba entonces por su presunta implicación en la trama de la lista Falciani.
García-Valdecasas fue cesada en diciembre de 2016. Una mujer con una meteórica carrera. El informe de su ONIF llevó a Anticorrupción, por ejemplo, a tomar la decisión de detener a Rodrigo Rato.
Cuatro años después, en diciembre de 2020, García-Valdecasas volvía al foco público. Se hacía público que la Audiencia Nacional y la propia Agencia Tributaria situaban a su marido como el presunto cabecilla de una trama de gestores que ayudó a evadir el dinero de unas 500 fortunas nacionales (políticos, empresarios, deportistas...) en bancos de Suiza y Andorra. El ‘caso Charisma’ (como se llamaba el velero de Pérez Calzada) sigue abierto casi una década después.
Implicación de la Familia Real
El caso guarda un simbolismo aplastante, por ser la hermana del anterior Jefe del Estado español y tía del actual (Felipe VI), el máximo representante institucional del país. No obstante, el argumento de esta integrante de la familia real fue que lo hizo por razones de seguridad, porque en los años 70 la banda terrorista ETA amenazó con secuestrar a su padre, el conde de Barcelona, Juan de Borbón.
La razón fue descubrir que el muy consentido actor Imanol Arias tuvo una offshore entre 1998 y 2000 en la isla Niue, considerada por la Unión Europea como paraíso fiscal. El actor y su coprotagonista, Ana Duato, aparecen entre las 42 personas que crearon sociedades offshore con esta firma española, para evadir impuestos de las propias ganancias que obtenían de la serie.
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