El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido en diversas ocasiones una lista de casos de presunta defraudación fiscal y ha criticado duramente al Poder Judicial por la dilación en estos procesos. Dijo que se trata de “presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan impuestos y los jueces no dan fecha de audiencia”. Durante su conferencia matutina explicó que, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre las empresas con adeudos hay del sector de transportación aérea, refresqueras, un equipo de futbol, una acerera, una petrolera, tiendas departamentales, minera y despachos contables de manejo de nóminas.
El presidente mostró y explicó caso por caso de los presuntos delincuentes de cuello blanco, revelando una lista de al menos 13 casos de presunta defraudación fiscal por 129 mil 185 millones de pesos que se han “demorado en el Poder Judicial”, en un caso hasta casi dos años.
Principales Casos de Presunta Defraudación Fiscal y Demoras Judiciales
López Obrador mostró una gráfica para explicar los casos de presunta defraudación fiscal. El caso más alto es una compañía de transportación aérea que debe 33 mil 495 millones de pesos, “este debe ser el presupuesto de un estado”. Detalló que hubo 195 días transcurridos entre el día que la Fiscalía General de la República envió el caso al Poder Judicial y la fecha de audiencia otorgada por el juez para el inicio del proceso.
Otro ejemplo es una refresquera que debe, según el SAT, 22 mil 701 millones de pesos de impuestos; “igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia”. Un tercer caso es el de una chatarerra que debe 19 mil 860 millones de pesos; “este fue del 9 de agosto de 2022, llevan, pues dos años casi, no han otorgado fecha de audiencia; ustedes creen que es así por casualidad”, señaló. El Jefe del Ejecutivo informó que el promedio de tiempo que le lleva al Poder Judicial en otorgar fecha de audiencia para iniciar estos casos es de 159 días.
A continuación, se presenta un resumen de los casos de defraudación fiscal mencionados por el presidente:
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| Tipo de Empresa / Sector | Monto Adeudado (Millones de MXN) | Demora en Poder Judicial |
|---|---|---|
| Compañía de transportación aérea | 33,495 | 195 días |
| Refresquera | 22,701 | 210 días |
| Chatarerra | 19,860 | Casi 2 años |
| Otros 10 casos (sin especificar) | Más de 53,000 | Promedio de 159 días |
| TOTAL GENERAL | 129,185 |
Enseguida, el presidente cuestionó: “¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos de qué repente llega un expediente y lo pide y lo guarda, es lo mismo, ¿Dónde está la justicia rápida y expedita?, esto tiene que ver con la hacienda pública, es dinero del pueblo de México”. Adelantó que "vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto, porque también se habla de la delincuencia organizada pero, y ¿está otra?, la de cuello blanco".
En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que “por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, para que se imparta justicia, y lo que se hará con la reforma es que el pueblo va a elegir a ministros y magistrados para que esto no suceda”. Cuestionado sobre un posible paro en el Poder Judicial como protesta, el Primer Mandatario respondió que “no afecta, quienes realmente sacan el trabajo son los auxiliares y secretarios”.
Casos de Defraudación Fiscal Involucrando a Allegados de AMLO
Investigaciones a Familiares del Expresidente
Pese a que la actividad del exmandatario Andrés Manuel López Obrador como un servidor público terminó hace más de 6 meses, sus familiares continúan generando controversia. Así fue revelado por la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encuentra investigando una empresa ligada al tabasqueño por supuestos delitos de evasión fiscal. Sin embargo, no sería un familiar sino dos quienes fueron vinculados con un negocio que fue señalado por aparentes prácticas de lavado de dinero y defraudación fiscal, aunque aún no se han emitido mayores detalles sobre ello.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de la empresa de nombre Marinsa, esta se dedica al rubro naviero y es subsidiaria de Grupo Cemza, la cual tiene a José Luis Zavala Solís como su mayor accionista. Asimismo, el medio Reforma informa que la propia Marinsa habría firmado contratos directos con Pemex lo que, a su vez, llevó la investigación a ligarla con Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Obrador Olán, prima de AMLO. Esta compañía logró obtener una licitación para un contrato por tres años con Petróleos Mexicanos que asciende a los 231 millones de pesos.
Aunque el contrato ya había sido entregado, en el momento donde se descubrió la relación de Felipa Obrador con AMLO, en diciembre del 2020, se decidió dar por finalizada la relación con la justificación de que nunca se notificó el parentesco con el tabasqueño. A ellas se sumaron Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, ambas sobrinas de López Obrador y que fungieron como socias de Zavala Solís en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2020 siendo las representantes de la empresa Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V.
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José Luis Zavala Solís ya había sido indagado por autoridades federales debido a acusaciones ligadas con presunta evasión de impuestos, operaciones inusuales y diversas irregularidades encontradas en sus compañías. En consecuencia, la Fiscalía General de la República comenzó una investigación en contra del empresario, del propio Grupo Cemza y de Marinsa. Una de las primeras acciones fue congelar sus cuentas, trabajo que fue delegado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que, hasta el momento, se mantienen. Entre la información que encontraron destacaban que en los registros había operaciones poco usuales, principalmente acciones con dólares en efectivo. Además, las tres empresas tenían un historial de falta de pago de impuestos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y hasta defraudación fiscal. Con todo y los señalamientos de actividades ilícitas, en 2023 Pemex volvió a ‘confiar’ en Marinsa y Enemar, extensión del Grupo Cemza, al otorgarles dos contratos válidos por 160 millones de pesos.
El "Huachicol Fiscal" y el Círculo Cercano de Poder
El fraude multimillonario en torno al huachicol fiscal -la manipulación de fracciones arancelarias, los permisos irregulares de importación, la evasión del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), las redes de empresas fantasma y la colusión de funcionarios- se extendió durante los años en que el propio presidente aseguraba que “ya no hay corrupción arriba”.
Los documentos oficiales del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), integrados en un informe fechado el 17 de febrero de 2025, describen operaciones financieras que comprometen directamente a la empresa de Romo. El dato es explosivo por el lugar que ocupaba Romo dentro del gobierno. Desde su cargo en Palacio Nacional, era el enlace directo entre el presidente y los grupos empresariales.
El testimonio clave es el del capitán Alejandro Torres Joaquín, quien el 13 de mayo de 2025 entregó a la fiscalía una carta en la que relató que cuando fue director de la aduana de Tampico, se toleraba el huachicol fiscal mediante el pago de millonarios sobornos. Los reportes de la FGR describen al capitán Solano Ruiz como un operador con amplios contactos dentro del sistema aduanal y del aparato militar, y que fungía como intermediario entre empresarios, oficiales de la Marina y funcionarios vinculados a la importación irregular de hidrocarburos. Ambos marinos -uno vicealmirante, el otro contralmirante- encabezan la lista de 13 acusados en la causa penal derivada del caso Tampico. Las conclusiones son devastadoras para la narrativa oficial.
En el mapa del poder lopezobradorista, pocos nombres estuvieron tan próximos al círculo íntimo del presidente como el de Adán Augusto López Hernández. “Es mi hermano”, decía López Obrador cuando lo nombró secretario de Gobernación. Ese hombre al que AMLO llamaba “hermano” también aparece en los documentos judiciales de un caso que exhibe, otra vez, la contradicción entre el discurso anticorrupción y la práctica del poder. El capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico y testigo colaborador bajo la clave Santo, declaró que buques cargados con hidrocarburo irregular arribaban al muelle fiscal 289, ubicado debajo del puente de Tampico, y que el concesionario de ese muelle tenía lazos con Adán Augusto. Un almirante del puerto de Tampico indicó que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández. Los documentos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico confirman que el muelle fiscal 289 fue concesionado en junio de 2020 a la empresa Tampico Terminal Marítima, S. A. de C. V., integrada por las compañías Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor. Todas son sociedades tabasqueñas en las que el empresario Saúl Vera Ochoa y sus familiares aparecen como accionistas o apoderados.
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En una conversación intervenida el 5 de febrero de 2025, Jacobo Reyes León, señalado como operador de una red de huachicol, mencionó que “ya me habló el senador”, refiriéndose a Ricardo Monreal, indicando una relación directa. Además, Luisa María Alcalde, quien es muy cercana a Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, es mencionada en otra llamada donde presuntos traficantes coinciden en buscar un acercamiento con ella.
Jorge Enrique Alberts Ponce, “Yoryi”, señalado por la FGR como uno de los operadores de la red criminal, fue contratista de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, uno de los personajes más cercanos de López Obrador. Durante la gestión de Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, SEICSA, una empresa de la que Alberts Ponce fue representante legal, fue beneficiada con contratos por hasta 264 millones de pesos para servicios de vigilancia de inmuebles. Incluso la propia FGR, instancia que acusó a Alberts Ponce “Yoryi”, le otorgó al menos 30 contratos a SEICSA por más de 300 millones de pesos, además de convenios con el SAT para custodiar aduanas en donde floreció el contrabando de combustibles como Tijuana y Nogales.
Personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a su familia estuvieron en distintos momentos al frente de Aduanas de México. En diciembre de 2022, cuando el huachicol fiscal avanzaba incontenible, AMLO nombró a Marín Mollinedo, su paisano, como nuevo director de la ANAM. Marín Mollinedo había llegado a la ANAM como un hombre de confianza de López Obrador, con poder y margen de maniobra para poner orden en las aduanas. Horacio Duarte, otro funcionario clave, estuvo al frente de las aduanas durante casi dos años y medio, y no hay evidencia de que se haya logrado una contención estructural del contrabando de gasolinas y diésel. Otro funcionario clave en la arquitectura institucional relacionada con el huachicol fiscal es Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde octubre de 2022. Se trata de Alberto Becerra Mendoza, Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del SAT, quien mantiene una amistad de al menos 15 años con Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente. Pese a contar solo con estudios de bachillerato, inició su carrera en la ayudantía de la Presidencia de la República y llegó a ocupar cargos estratégicos.
El Caso Carlos Ahumada Kurtz y las Acusaciones Contra su Esposa
Carlos Ahumada Kurtz, la pieza clave de uno de los mayores escándalos políticos de las últimas décadas en México, fue detenido en Buenos Aires por una investigación por presunta evasión de impuestos. La captura "ocurrió en razón de la ficha roja solicitada por Interpol México con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la hacienda pública de nuestro país, por la cantidad de 1,4 millones de pesos (US$71.200)", señala la FGR en un comunicado. Ahumada fue parte de un caso de presunto soborno conocido como "Videoescándalos" en 2004, que fue decisivo en el desafuero del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
El empresario Carlos Ahumada, que se confrontó hace años con el grupo político de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con Rosario Robles, reveló que a su esposa se le realiza una investigación por presunto fraude fiscal y que, coincidentemente, el juez encargado del caso es Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, sus enemigos políticos. René Bejarano estuvo preso por los videos en que Carlos Ahumada lo exhibió (en el 2004) recibiendo dinero supuestamente para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
Hoy lunes, en entrevista telefónica desde Argentina, Ahumada reveló que también existe un proceso abierto en contra de su esposa, Cecilia Gurza, también por supuesto fraude fiscal y que el juez encargado es, coincidentemente, el sobrino de sus grandes enemigos políticos. Esta investigación, acusó, se realiza “sin el más mínimo respeto al debido proceso y el derecho a la defensa”.
Ahumada aseguró que “el supuesto fraude fiscal del que se me acusa y por el que fui detenido el viernes pasado corresponde al ejercicio fiscal 2012. El acta de cierre deja claro, sin lugar a dudas que no existe, ni existió ningún fraude fiscal. Fue, como se estimó en la audiencia del sábado (realizada en Argentina), una aberración y un absurdo”.
Y relató lo referente al proceso que se abrió en contra de su esposa: “En la administración pasada se armó una carpeta de investigación contra mi esposa Cecilia la cual ha continuado. La administración pasada abrió una carpeta, la cual, de alguna manera providencial, divina, siguió adelante” en la actual administración, por parte de la actual FGR y la Subprocuraduría Fiscal. Esto, a pesar de que ya un juez había negado la orden de aprehensión solicitada contra Cecilia Gurza el sexenio pasado. “En esta investigación contra mi esposa tampoco se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene cualquier ciudadano de aportar pruebas para su defensa”.
Narró: “El pasado 29 de julio llegó un citatorio a la casa de San Ángel donde se le solicitaba a mi esposa, de parte de la FGR, que se presentara ante el Ministerio Público”. Ella “pidió a la MP reservarse el derecho de declarar y la MP le dijo que no tenía tiempo de esperarla a que juntara sus pruebas y que ese mismo día iba a mandar al Poder Judicial la carpeta de investigación, la cual, otra situación para nosotros alarmante, recayó en el juez Padierna, sobrino de René Bejarano”. El juez sobrino de René Bejarano “de manera rapidísima, fijó la audiencia para que Cecilia compareciera ante él”. El viernes 1 de agosto le llega el citatorio para comparecer ante el juez el martes 5 a las 11 de la mañana, “en menos de dos días hábiles”.
Cecilia Gurza no acudió a la audiencia del día 5, por problemas de salud, pero envió a su abogado, quien le pidió “al juez Padierna aplazar la audiencia para poder aportar las pruebas a la carpeta de investigación”, lo cual está previsto en la ley. “El juez no accedió y de inmediato la FGR y la Subprocuraduría Fiscal solicitaron al juez Padierna que se librara la orden de aprehensión”, enfatizó. Agregó que posteriormente se le ordenó al abogado salir de la audiencia y se continuó la audiencia “de forma privada” por lo que, dijo “no sabemos si la orden se ha librado”.
Respecto a este caso y a pesar de que tres de sus grandes enemigos políticos (Rosario Robles, Juan Collado y Carlos Ahumada) están encarcelados o siendo procesados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que no habrá persecución ni venganza contra nadie, aunque los calificó como personas “que nos hicieron daño”.