El Derecho Penal es una materia de estudio singularmente interesante que permite conocer, al estudiar su desarrollo histórico, las diferentes formas de pensamiento del ser humano a lo largo de su existencia. Esto se debe a que la historia del Derecho Penal es la del ser humano mismo y sobre ello versa este texto.
El Derecho Penal es una rama fundamental del sistema jurídico que busca establecer normas y sanciones para regular el comportamiento humano y mantener el orden social. A lo largo de la historia, el derecho penal ha evolucionado en respuesta a los desafíos cambiantes de la sociedad y ha sido moldeado por una variedad de influencias culturales, políticas y filosóficas. El delito siempre ha existido con mayor o menor recurrencia, hechos de sangre, por fines de honor, de lucro o por necesidad.
Concepto y Generalidades del Derecho Penal
En el presente texto se identificará el concepto de Derecho Penal, su ubicación en el derecho público y su relación con otras ramas del Derecho y ciencias auxiliares al distinguirlo dentro de los acontecimientos de la vida humana en diferentes culturas. Su estudio es básico para los abogados ya que constituye el estudio estricto del Estado, el conocimiento de la Teoría de la Ley Penal y la Teoría del Delito. Aporta los conocimientos fundamentales para el estudio de todos los temas relacionados con el Derecho Penal como: el estudio de los delitos y el Derecho Procesal Penal.
El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas (de derecho público interno), cuya función es definir los delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas al ser humano que rompe el denominado contrato social, y daña con su actuación a la sociedad.
Conceptualmente, el Derecho Penal representa el poder punitivo del Estado y surge para ordenar y organizar la vida comunitaria, es decir, la vida gregaria del ser humano en sociedad. Mezger y Rodríguez Muñoz (1955) lo definen a partir de las ideas de Von Liszt, como un: “conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.
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Con el nacimiento del Estado moderno, la facultad de sancionar los delitos quedó en él, con una división en tres poderes: un Jefe del Ejecutivo (que administra y delega la administración de justicia en el Procurador General de la República y los agentes del Ministerio Público Federal), el Poder Legislativo (que elabora las leyes) y el Poder Judicial (encabezado por la Suprema Corte de Justicia, donde se imparte justicia pronta y expedita). Por lo tanto, el Derecho Penal constituye la parte punitiva del Estado que busca hacer cumplir la norma para una convivencia sana y armoniosa entre la ciudadanía.
Si bien el Derecho Penal constituye el poder punitivo del Estado, no debe ser totalitario, por lo que existen dos límites que lo regulan:
- el principio de intervención mínima y
- el principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado (González Quintanilla, 2001).
En cuanto al principio de intervención mínima, implica que el Derecho Penal únicamente debe intervenir cuando existan ataques graves a los bienes jurídicos tutelados; ya que cuando el orden social se ve vulnerado mínimamente, el Derecho Administrativo se encargará de solucionar las infracciones leves, y no así el Derecho Penal. Mientras el principio de intervención legalizada sirve para evitar el ejercicio arbitrario o ilimitado del poder punitivo estatal. También supone un freno a aquellas políticas estatales por medio de las cuales, por conducto del Derecho Penal se pretende resolver todo conflicto social, es decir, penalizar todas las conductas negativas en una sociedad determinada.
Cantero (1975) define al Derecho Penal como: “el sector del ordenamiento jurídico que tutela determinados valores fundamentales de la vida comunitaria, regulando la facultad estatal de exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las normas y de aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra aquellos valores atenten mediante hecho de una determinada intensidad”.
En sentido subjetivo, es la facultad o derecho a castigar -ius puniendi-, función propia del Estado, el carácter de los delitos, conminar con penas y ejecutarlas por medio de los organismos correspondientes. Pero esta facultad no es ilimitada, pues la acota la ley penal al establecer los delitos y sus penas (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001). Entonces, el Derecho Penal es el arma del Estado para tutelar los bienes de mayor interés para el ser humano y para sí mismo: la vida, la propiedad, el buen desarrollo psicosexual, la seguridad nacional, etcétera. De igual manera, la ley penal tiene carácter de prevención general.
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Relaciones del Derecho Penal con otras ramas del Derecho y Ciencias Auxiliares
El Derecho Penal pertenece al orden normativo interno de un Estado, por lo que tiene estrecha relación con todas las ramas del Derecho Público, como el Derecho Constitucional, el Administrativo, el Laboral y el Internacional, pero también con otras ramas como la mercantil, la fiscal y la civil.
Relación con el Derecho Constitucional
La Constitución es la ley suprema nacional, en la de 1917 se organiza al Estado mexicano con diversas modificaciones históricas para adecuarse a la realidad actual. La reforma de 2008 ha afectado todo el sistema penal mexicano, tanto federal como localmente estructurado en un nuevo sistema oral acusatorio (2016), cuyos principales incluyen procurar justicia pronta y expeditamente.
Relación con el Derecho Internacional
La globalización hoy es una realidad, el ser humano y sus distintas relaciones (comerciales, profesionales, familiares, personales) no se encuentran limitadas por la distancia. En la actualidad, mediante la tecnología, han surgido nuevas figuras jurídicas: la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico de personas con fines de lucro, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera. Por tal razón, es necesario contar con ordenamientos que trasciendan las fronteras de los Estados-nación y así aplicar la justicia de un Estado particular a quien ha cometido un delito fuera de sus fronteras geográficas.
Relación con el Derecho Civil
El Derecho Penal también se relaciona con el Derecho Civil, comprende la regulación del derecho de familia, sucesiones, obligaciones y contratos. Hasta donde esa regulación interesa sólo a los particulares, corresponde al Derecho Civil, pero cuando el desconocimiento de las obligaciones adopta formas agudas, que producen perturbación del orden público y un especial peligro, el Estado interviene mediante la tutela penal, como es el caso del abandono de las obligaciones económicas en favor de algún miembro de la familia o el caso del abandono de personas.
Relación con el Derecho Comparado
Se relaciona, por último, con el Derecho Comparado, por la visión total del Derecho del último, dando lugar así a los cambios en las instituciones jurídicas. Las nuevas leyes circulan por todo el mundo, lo mismo que los comentarios de los tratadistas. La utilidad del Derecho Comparado en el Derecho Penal se manifiesta en el enriquecimiento que, mediante las diversas teorías, se ha reflejado en el Derecho mexicano y su legislación penal vigente.
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Evolución Histórica de la Sanción Penal
Para comprender la realidad actual es imprescindible conocer nuestra historia. Objetivamente hablando, el Derecho es el resultado de la evolución del hombre. Identificar su evolución histórica es fundamental para entender el paso de la venganza natural del ser humano hasta el período científico de la ley. El ser humano, complejo por naturaleza y con instintos tanto de vida como de muerte, fue generando estructuras de socialización y orden. Sin embargo, esa socialización también trae consigo diferencias y problemas de toda índole, algunas de ellas, generadoras de problemas serios como el homicidio, el robo, las violaciones sexuales y los delitos como el secuestro.
Por medio del Derecho se tutelan y salvaguardan todos esos bienes, valorando por encima del interés particular, el interés general, y es así como se crea la norma y en particular, hablando de la comisión de delitos, surge el Derecho Penal. En la antigüedad, derivado de la falta de un órgano administrativo y judicial dedicado a la administración y a la procuración de justicia se buscaba solucionar los problemas mediante la autotutela. Las penas fueron incrementándose hasta originar la venganza, con el daño tanto a la integridad física como a la moral del ser humano. Esta venganza fue tornándose desmedida y desproporcionada.
En la medida en que los Estados surgen como resultado de la organización social y política del hombre, las penas cambian, se transforman, se adecuan a la realidad. Los doctos en la materia agrupan en cuatro periodos las tendencias históricas de la pena:
- El periodo de la venganza privada;
- El de la venganza divina;
- El de la venganza pública y;
- El periodo humanitario.
En ellos aparece el principio del que toman su nombre y se disipan paulatinamente mientras conviven ideas opuestas e incluso contrarias (Castellanos, 2000).
La Venganza Privada
Conocida como la venganza de la sangre o la época bárbara, en la que se pretendía infligir un castigo a quien afectara con su conducta a otro, por lo que la persona y las familias podían saciar esa sed mediante la imposición de penas bárbaras y, en ocasiones, sanguinarias. Estas acciones son consideradas como el inicio del Derecho Penal. “La venganza privada se conoce también como venganza de la sangre, porque sin duda se originó por el homicidio y las lesiones, delitos por su naturaleza denominados de sangre. Esta venganza recibió entre los germanos, el nombre de blutrache, generalizándose posteriormente a toda clase de delitos” (Castellanos, 2000).
Debido a los instintos humanos a veces sanguinarios, la reacción de las familias se tornó cada vez más violenta, con lo cual se generaron daños graves tanto a la integridad de las personas como a la estabilidad social, por lo que fue necesario tratar de limitar la sed de venganza, y es así como surge la famosa ley talional o ley del talión, “ojo por ojo, diente por diente” y de esta manera el daño que estaba permitido imponer a quienes cometían una conducta errónea socialmente, se fue moderando. Con el paso del tiempo surge otra figura interesante para limitar la venganza, conocida como sistema de composiciones, por medio de la cual el ofensor podía pagar para que no se le aplicara cierta sanción como resultado de la venganza.
La Venganza Divina
La historia de la humanidad se divide en dos etapas importantes: antes de Cristo y después de Cristo. En ésta última, las instituciones teocráticas toman gran relevancia en la historia de la humanidad. Algunos pueblos se convirtieron al Cristianismo y como resultado de esto, el ser humano centra su atención en un Dios todopoderoso, en una divinidad superior a él, que todo lo puede y todo lo ve. Así, el delito es conceptualizado como pecado y es necesario expiar esos pecados por medio de una pena impuesta por el ser Supremo. La venganza, entonces, se torna divina y por eso los jueces y tribunales juzgan en nombre de ella las conductas que dañan, no a la sociedad sino a esa divinidad. En esta etapa de transición del Derecho Penal la imposición de las penas y sanciones se hallaba en la clase sacerdotal, circunstancia que ocurrió en distintos pueblos.
Antiguos Códigos y Civilizaciones
Las sanciones de las conductas tipificadas por la ley son los delitos que inicialmente se consideraban como pecados y representaban una ofensa a la sociedad y a Dios. Dada la necesidad de expiar esos pecados mediante penas, hoy se habla de la pena privativa de libertad y penas pecuniarias.
El derecho penal tiene raíces profundas que se remontan a las antiguas civilizaciones. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se implementaron códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi, que establecían castigos proporcionales a los delitos cometidos.
En cuanto a Israel, su Derecho Penal está contenido en el Pentateuco mosaico (siglo XIV a. C.) que revela en numerosísimos puntos la influencia babilónica (Éxodo XXI, 18, 19, 22, 25, 29, 32; XXII, 10, 11).
Grecia, conformada por ciudades como Licurgo en Esparta (siglo XI a. C.), Sotón (siglo VIII) y Dracón (siglo VI) en Atenas, Zaleuco (siglo VII) en Locris, Crotona y Sibaris, Cronda (siglo VII) en Catania, sancionaron la venganza privada. Dracón distinguió ya entre delitos públicos y privados, señalando un progreso que Roma habría de recoger.
El derecho romano tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho penal. La Lex Talionis, conocida como la ley del talión, establecía la idea de «ojo por ojo» y se aplicaba en casos de homicidio y lesiones graves. Las dos instituciones permiten constatar que en el derecho romano los castigos colectivos y corporativos eran frecuentes. Estos datos, unidos al hecho de que la responsabilidad penal corporativa habría existido en las civilizaciones anteriores, contemporáneas y posteriores a Roma, hacen que resulte difícil negar la existencia de este régimen de responsabilidad penal en el derecho romano (Martínez, 2018, pp. 53 y ss.).
Evolución de la Responsabilidad Penal Colectiva
Aunque frecuentemente se ha presentado como obvio y vetusto el principio societas delinquere non potest, lo cierto es que su formulación no puede remontarse más allá del siglo XVIII o de la primera mitad del siglo XIX, habiendo dominado en los precedentes siete siglos la idea opuesta universitas delinquere et puniri potest. En efecto, durante los siglos anteriores al siglo XIX se admitía la capacidad criminal de las corporaciones y, por ende, la posibilidad de declarar su responsabilidad penal por la comisión de un delito. La discusión dogmática se centraba especialmente en la cuestión de si las corporaciones, como entes sin alma, podían ser castigadas con penas espirituales como la excomunión.
El derecho que regía los pueblos germánicos que invadieron el Imperio romano de Occidente no alcanzó nunca la concepción de un ente ideal distinto de la colectividad de los individuos asociados. El derecho germánico no ve en las asociaciones más que una pluralidad de personas que poseen bienes comunes (Ferrara, 1929, p. 42; Morales, 2000, p. 128 y Serrano, 1988, p. 157).
Al comienzo de la Edad Media las corporaciones adquieren mayor relevancia al ser titulares tanto de poder político como de funciones económicas, por lo que el Estado se ve obligado a responder frente a los atentados contra el orden social que tienen su origen en el ámbito de poder de esas corporaciones (Bacigalupo, 1998, p. 45). Con la fundación de la Escuela de Bolonia en el año 1088 se recupera el cultivo del derecho romano. Sus integrantes comienzan a escribir notas o comentarios en aquellos textos romanos cuya interpretación no resultaba evidente. Esas notas o glosas son precisamente las que dan nombre a la conocida “Escuela de los glosadores”, que desenvolvió su actividad hasta el siglo XIII (Martínez, 2018, pp. 53 y ss.).
Aunque los glosadores, al igual que los romanos, no elaboran una teoría de la persona jurídica, consideran que las corporaciones son capaces de delinquir. Para identificar cuándo se está ante un delito de la corporación, o solamente ante un delito de uno de sus miembros, los glosadores se basan en los principios del derecho romano. Como señala Bacigalupo (1998), “existía un delito de la corporación, cuando la totalidad de sus miembros daba comienzo a una acción penalmente relevante por medio de una toma de decisión conjunta” (p. 46).
En un momento histórico en el que la figura de la Iglesia cobra relevancia y es considerada como el punto central de la corporación, los canonistas comienzan a elaborar un concepto técnico-jurídico de persona jurídica. Para fundamentar la capacidad jurídica de la Iglesia, cuyos derechos no pertenecían a la totalidad de sus fieles, sino a Dios, estos juristas aceptan la concepción romana de la capacidad jurídica de la universitas, separada conceptualmente de la capacidad jurídica del singuli. Los canonistas desarrollan una teoría específica de la corporación eclesiástica entendiéndola como “persona” y convertida de este modo en el sujeto de derecho. Distinguen el concepto jurídico de persona del concepto real de la persona como ser humano.
La teoría que mantienen los canonistas, especialmente Sinibaldo de Fieschi, de la universitas como una persona ficta, influye decisivamente en la concepción moderna de la corporación. En esta época los emperadores y los papas abusaban del empleo de penas graves (la excomunión y el entredicho) contra las ciudades y las corporaciones que les oponían resistencia, lo que implicaba que todas las personas que formaban parte del colectivo afectado recibían el mismo castigo espiritual, independientemente de su participación individual en el hecho delictivo. Este régimen punitivo suponía, por tanto, una gran injusticia a la que se enfrentarían los juristas que consideraban que la universitas no podía ser excomulgada.
El rechazo a la excomunión de ciudades y corporaciones partía de que se trataba de una pena espiritual que solo se podía aplicar a bautizados y, obviamente, las ciudades y las corporaciones no lo estaban. No podían estarlo, pues carecían de alma (Bueno, 2014, p. 19; De Castro y Bravo, 1981, pp. 146 y 262-263 y Serrano, 1988, p. 157). Este tema fue tratado en el I Concilio de Lyon de 1245, en el que se impuso la tesis de Sinibaldo de Fieschi, el papa Inocencio IV, de que la excomunión era una pena espiritual y que, por tanto, no podía aplicarse a entes sin alma inmortal, como eran las ciudades y las universitates (De Castro y Bravo, 1981, pp. 147-148 y 262-263; De Simone, 2012, pp. 44-45 y González-Varas, 2007, pp. 86-87).
Definición y Características de la Sanción Penal
La sanción penal es un concepto fundamental en el ámbito del derecho penal. Implica una reacción del Estado frente a una conducta que ha sido tipificada como delito. Esta reacción busca no solo castigar al delincuente, sino también prevenir futuros delitos. Comprender su función y características te permitirá tener una visión más amplia sobre cómo se aborda la prevención y el castigo de delitos en la sociedad.
Las sanciones penales presentan varias características esenciales que son vitales para su correcta aplicación:
- Legalidad: Solo se aplican sanciones establecidas por la ley. Deben estar definidas y reguladas por las leyes vigentes.
- Proporcionalidad: La gravedad de la sanción debe corresponder a la gravedad del delito. La sanción debe coincidir con la gravedad del delito cometido.
- Humanidad: Deben respetarse los derechos humanos del infractor. Las sanciones deben respetar los derechos fundamentales de los individuos.
Estas características son fundamentales para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo. Una sanción penal es una medida impuesta legalmente por el Estado a individuos que han violado las normas penales, con el objetivo de castigar y prevenir conductas delictivas.
Funciones Declaradas de la Sanción Penal
Las sanciones penales son medidas coercitivas impuestas por el Estado sobre individuos que han violado normas penales establecidas. Buscan cumplir una función retributiva, correctiva y preventiva. La imposición de sanciones penales dentro del sistema legal se motiva por diversas causas. Es esencial explorar estas razones para apreciar la importancia de mantener un orden y justicia en la sociedad.
Existen varias motivaciones que justifican la aplicación de sanciones penales:
- Protección de la Sociedad: Asegurar que los individuos se adhieran a las normas legales para una convivencia pacífica.
- Disuasión de Delitos: Sirve como ejemplo para desalentar comportamientos ilícitos en la población.
- Rehabilitación: Busca reinsertar a los infractores en la sociedad de manera constructiva.
- Retribución: Se centra en 'pagar' por el mal cometido, compensando el daño social.
Históricamente, las causas para imponer sanciones penales han evolucionado según las percepciones de justicia de cada época. En sociedades antiguas, la retribución era el principal motivo de sanción. Actualmente, hay un enfoque más equilibrado que incorpora disuasión, rehabilitación y protección social. Esta evolución refleja un cambio hacia sistemas legales más justos y humanos, reconociendo que el castigo por sí mismo no es suficiente para abordar problemas subyacentes que conducen al delito.
La evolución de las sanciones penales refleja los cambios en la percepción social de la justicia. En el pasado, las sanciones eran más punitivas, a menudo enfocándose en castigos físicos severos. Sin embargo, en el entorno legal actual, la tendencia se desplaza hacia sanciones que favorecen la rehabilitación y la reintegración social. Estas sanciones no solo abordan el delito, sino también las causas subyacentes que llevaron al individuo a delinquir, reconociendo que el castigo por sí solo no es suficiente para prevenir la reincidencia. Los sistemas legales modernos buscan un equilibrio entre castigo y prevención, utilizando sanciones penales como una herramienta para fomentar el cambio de comportamiento y asegurar la seguridad pública.
Tipos de Sanciones Penales y Factores de Determinación
Los tipos más comunes de sanciones penales incluyen la privación de libertad (prisión), multas económicas, trabajos comunitarios, medidas de seguridad, y penas suspendidas o condicionales. Por ejemplo, si una persona comete un robo, podría enfrentarse a una sanción penal en forma de cárcel o multa. Esto no solo busca castigar al autor, sino también disuadir a otros de cometer delitos similares. En algunos países, las sanciones penales pueden incluir sanciones comunitarias, como trabajo en beneficio de la comunidad, que buscan rehabilitar al infractor.
Al determinar la severidad de una sanción penal, se consideran factores como la gravedad del delito, los antecedentes penales del acusado, las circunstancias del caso y las posibles agravantes o atenuantes.
Diferencia entre Sanción Penal y Administrativa
Es esencial comprender las diferencias entre sanciones penales y administrativas para una correcta interpretación del derecho. La principal distinción radica en su naturaleza y propósito dentro del sistema jurídico.
Mientras que la sanción penal se enfoca en delitos clasificados por el derecho penal, la sanción administrativa suele tratar infracciones menores dentro del ámbito de la administración pública. Una sanción penal es impuesta por un juez en un proceso judicial por la comisión de un delito, mientras que una sanción administrativa la aplica una autoridad administrativa por infracciones de menor gravedad.
Es posible que un mismo hecho ilícito genere tanto una sanción penal como una administrativa. Un individuo puede ser procesado penal y administrativamente, pero las sanciones administradas serán de carácter diferente, como multas versus encarcelamiento. Por ejemplo, en un caso donde una empresa vierta residuos tóxicos en un río, podría enfrentar una sanción penal por daños a la salud pública y una sanción administrativa por violar regulaciones ambientales.
La concurrencia entre sanciones penales y administrativas plantea varios retos legales. Se debe evitar que una persona sea multada dos veces por el mismo hecho, a menos que difieran las bases jurídicas, conforme al principio Non Bis In Idem. Los procedimientos judiciales y administrativos tienen diferencias en su ejecución y etapas. Aunque ambos tipos de sanciones pueden aplicarse, deben respetarse las salvaguardias legales como la proporcionalidad y la legalidad.
Derechos del Acusado e Impugnación de Sanciones Penales
Una persona que enfrenta una sanción penal tiene derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo, a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, a la defensa adecuada, a no autoincriminarse y a ser informada de los cargos en su contra.
El proceso para impugnar una sanción penal consiste en presentar un recurso ante el tribunal que dictó la sentencia, generalmente a través de una apelación. Se debe argumentar sobre errores de hecho o de derecho cometidos durante el juicio.
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