El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un paquete de reformas fundamentales para combatir la evasión fiscal y la emisión y uso de facturas falsas en México. El dictamen, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, tiene como objetivo principal erradicar prácticas que han socavado la base fiscal del Estado.
Alcance y facultades del SAT
El Código Fiscal de la Federación establece efectos fiscales directos para prevenir la evasión y el uso de facturas falsas, dotando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de mayores facultades para impedir el registro de empresas involucradas en prácticas fraudulentas. Asimismo, se faculta al SAT para negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales vinculadas con empresas factureras, transmisoras indebidas de pérdidas o contribuyentes con créditos fiscales firmes.
Entre los puntos más relevantes del nuevo Código destacan la posibilidad de suspender de inmediato la emisión de comprobantes cuando se presuma su falsedad, la fijación de un plazo máximo de 24 días hábiles para las visitas domiciliarias y la simplificación de los procedimientos de comprobación fiscal. Además, se establece que la autoridad fiscal podrá verificar la autenticidad de dichos comprobantes y suspender su emisión cuando se detecten irregularidades.
Datos sobre el impacto de la facturación falsa
El combate a estas prácticas responde a la magnitud del daño causado al erario público. A continuación, se presenta un resumen de la información presentada durante el debate:
- Daño estimado (2014-2019): 1.6 billones de pesos.
- Impacto anual aproximado: 354 mil millones de pesos.
- Equivalencia en el PIB: 1.4% del producto interno bruto del país.
- Umbral para prisión preventiva: Defraudación fiscal superior a 7.8 millones de pesos.
Consideraciones legales y posturas en el debate
Este proyecto de decreto señala que a los ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les dicte prisión preventiva oficiosa y se considere como delincuencia organizada. El diputado Marco Medina Pérez explicó que el objeto primordial de la enmienda legal es el combate a la defraudación fiscal, subrayando que se incluirá en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada y se considerará como amenaza a la seguridad nacional.
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Por otro lado, diversos legisladores de oposición expresaron sus preocupaciones. La diputada Mariana Rodríguez calificó la reforma como "desproporcionada" y señaló que "viola la presunción de inocencia". Asimismo, la diputada Verónica Juárez afirmó que estas reformas "violentan el principio constitucional de presunción de inocencia porque, por la pura sospecha de que alguien es evasor y sin garantía ni posibilidad de aclarar su situación, puede ser encarcelado".
En respuesta, el grupo mayoritario de Morena, a través del diputado Rubén Cayetano García, insistió en que "el dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales". El diputado Alejandro Avilés Álvarez subrayó que combatir las facturas falsas no es solo un acto administrativo, sino un compromiso ético con la justicia fiscal y social. Tras la aprobación, el documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
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