La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que este documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio en su origen, se ha convertido con el tiempo en un marco de referencia central para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En la Comisión de Derechos Humanos que redactó este proyecto, participaron figuras clave, entre ellas Peng Chun Chang, representante de China, quien defendió la necesidad de reflejar ideas que no se identificaran únicamente con el pensamiento occidental.
En las décadas posteriores, China ha interactuado de diversas formas con este sistema. En 1991, el gobierno chino publicó su primer “libro blanco” sobre derechos humanos, donde exponía su visión de que estos no podían juzgarse con arreglo a las reglas de otros países, reafirmando que el desarrollo económico debía ser un requisito esencial para su pleno disfrute. Posteriormente, en 1997, China firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ratificó en 2001, y en 1998, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual aún no ha ratificado. Finalmente, en marzo de 2004, China modificó su Constitución para incluir el artículo 33.3, que establece: “El Estado respeta y protege los derechos humanos”.
Sin embargo, a más de una década de que llegara al gobierno el presidente Xi Jinping, los esfuerzos por centralizar el control han conducido a una mayor represión en todo el país. La realidad actual dista de los compromisos internacionales adquiridos:
- Control de la información: El gobierno chino controla todos los principales canales de información y su “Gran Muralla Electrónica” impide que la población acceda a Internet libremente.
- Libertad de religión: Solo se permite la práctica de cinco religiones reconocidas oficialmente, bajo un estricto control de sus finanzas, publicaciones y nombramientos.
- Defensores de derechos humanos: Activistas, abogados y periodistas sufren frecuentemente acoso, tortura y encarcelamiento, a menudo bajo acusaciones vagas de seguridad nacional.
- Situación en Hong Kong: La adopción de leyes como la Ordenanza para Preservar la Seguridad Nacional (SNSO) ha penalizado actividades pacíficas y restringido severamente la libertad de prensa y reunión.
- Grupos étnicos: El gobierno considera a las personas tibetanas y uigures como una amenaza, sometiéndolas a medidas de represión particularmente severas y a un estricto control político y cultural.
A pesar de estas dificultades, la Declaración Universal sigue siendo citada ampliamente por abogados defensores y tribunales. No obstante, las autoridades chinas continúan actualizando su régimen de censura y vigilancia para establecer un control incluso más férreo, mientras que el gobierno chino insiste en su propia visión de la gobernanza global, promoviendo planes de desarrollo que, según organizaciones internacionales, menoscaban la universalidad de los derechos fundamentales.
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