Los conflictos entre barrios, pueblos con haciendas y ranchos se remontan al siglo XVIII, como el que sucedió entre el pueblo de San Lorenzo Tezonco y la hacienda de San Nicolás Tolentino, cuyos dueños pretendían impedir la pesca en una laguna cuyos linderos compartidos.
Una disputa semejante ocurrió en 1776 entre los indios del pueblo de Culhuacán y don Francisco Manuel Sánchez de Tagle -dueño de las haciendas de los Dolores, San Antonio y de la Estrella-, debido a que sus mayordomos pretendían prohibirles la pesca en la laguna de San Juan Evangelista (Culhuacán).
Este conflicto por el usufructo de la laguna con indios de los alrededores del Cerro de la Estrella, sucedió porque el agua llegaba a la orilla del cerro y casi tres cuartas partes de éste eran propiedad de la hacienda de la Estrella y de los ranchos anexos -como se desprende del deslinde de tierras-.
La parte norte del Cerro de la Estrella era propiedad de los indios de Aztahuacán y otra sección de los herederos de Jerónimo de Rueda Moctezuma, cacique de Iztapalapa.
Las disputas por límites y el usufructo de los potreros conducían a inspecciones para levantar los linderos y éstas, a su vez, a la elaboración de planos y mapas que eran dibujados con sumo detalle, a veces con los dibujos de las casas y vecinos.
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Otro conflicto se presentó con la hacienda de Dolores, en este caso la disputa mediaba una salitrera.
La explotación del salitre también se encontraba regulada, incluso ciertos terrenos ya conocidos como salitreras podían ser arrendados en algunas fracciones o por temporadas a españoles pues, algunas propiedades como Tequequispan, eran parte de los bienes de comunidad del pueblo de Culhuacán, cuyas ganancias financiaban los gastos de su iglesia.
En muchas ocasiones se solicitaba a los alcaldes mayores que intervinieran para que los gobernadores de república no impidieran a los indios beneficiarse con la pesca, la obtención del tequesquite, la caza de los patos o la extracción de piedra.
A pesar de que entre 1825 y 1828 se crearon comisiones para repartir los bienes de las antiguas parcialidades -y se realizaron algunas ventas de sus bienes comunales, por lo general, potreros y salitreras- se debió dar marcha atrás al proceso en virtud de las múltiples protestas.
No obstante, algunos bienes fueron vendidos. Por esa razón, los pueblos en éste como otros casos trataron de preservar la integridad de sus bienes.
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De los caudales de los bienes comunales de los pueblos de Iztapalapa cabe señalar, a guisa de ejemplo, que el pueblo de Culhuacán debía recibir réditos (sólo como renta fija) de 12 000 pesos por un censo perpetuo que reconocía la testamentaría de Francisco Sánchez de Tagle sobre la hacienda de Dolores en esa jurisdicción, así como de lo producido en los restantes pueblos y barrios por el arrendamiento de sus respectivos potreros.
Culhuacán poseía una salitrera, mientras que en Mexicalcingo e Iztapalapa existían potreros, entre otros los de Tequiquixpan (o Tequiquispan), y el de Atzoloacan (Axoloacan) los cuales rentaban.
Entre 1805 y 1806, el pueblo debía recibir por el arriendo del potrero de "Tequiquixpan el grande" 460 pesos.
Desde el inicio de la aplicación de la reforma sobre los bienes de comunidad de los pueblos, los administradores descontaban y agregaban cargos por sus servicios, algunos huían con desfalcos o adjudicaban a quienfuera y a cualquier precio el arriendo de los potreros de los pueblos.
La aplicación de la Ley Lerdo de 1856 afectó a las tierras y a las comunidades que estaban arrendadas, sobre todo a los pueblos de Iztapalapa que eran la mayoría.
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La ley dictó que los: [...] bienes de las corporaciones civiles o eclesiástica de la república se adjudicarán en propiedad a los que los tienen arrendados por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad, pagan , calculada como rédito al seis por ciento anual.
A partir de entonces se observó la acción de algunos especuladores que buscaron denunciar los bienes para su beneficio personal y conseguir el acaparamiento de buenas porciones de los potreros y otros bienes comunales que los pueblos del Distrito Federal arrendaban.
En esa perspectiva se observa cómo Victoriano Sánchez adquirió bienes de San Marcos Mexicalcingo por 29 166.66 pesos, mientras que Joaquín María Anzorena primero adquirió y después traspasó bienes por 19 566 pesos a Manuel Pasalagua, por concepto de potreros y salinas de Mexicalcingo, Tlascultitlan, la Resurrección y San Francisco Tultengo.
Sólo en San Juanico Nextipac, La Magdalena Atlazolpa y Aculco algunos habitantes, pudieron concurrir a la subasta con 11 000 pesos para obtener los bienes de su comunidad, lo que significa que sólo en esos casos dichos bienes pasaron a manos de residentes locales, en lugar de hacendados o especuladores como ocurrió en el resto de Mexicalcingo e Iztapalapa.
Esta particular estrategia fue señalada por Andrés Lira, para estos pequeños pueblos que pertenecían, en cuanto a su jurisdicción religiosa, a Iztacalco.
Con respecto a las adjudicaciones en Iztapalapa, Cristina Montaño señala que los tres potreros de la localidad: la Cortadura, la Albarrada y la Albarradita, que el Ayuntamiento arrendaba a particulares, fueron fraccionados para después venderlos, también a particulares, de modo que una parte de esos terrenos sirvió para el establecimiento de ranchos, mientras que otros sirvieron para engrosar la hacienda de la Purísima.
Para Montaño, dichas propiedades "fueron enajenadas por el doctor Mariano Gálvez en 1860 quien formuló la demanda sin consultar al pueblo".
Posteriormente, aparece como propietario de esos potreros el señor Francisco de Paula Arias, quien en 1882 logró prolongar "el plazo para la redención de capital que reconoce por el potrero de la Cortadura al ayuntamiento de Iztapalapa".
De acuerdo con Montaño, Francisco Arias vendió a su vez algunas fracciones de estos potreros a la familia Fragoso, la cual era propietaria de la hacienda de la Purísima.
La condición legal de algunos terrenos y potreros afectados por la Ley de Desamortización se ha derivado, por el momento, de documentación posterior.
Entre la información se encuentran los alegatos de los herederos de la Purísima ante la afectación de su propiedad por la demanda de restitución al pueblo de Iztapalapa y las demandas de restitución de tierras de los pobladores de dicho lugar.
En 1919 los propietarios de la Purísima alegaban que los potreros de la Albarrada, la Cortadura (el mayor) y la Albarradita debían considerarse legítimos "bienes de manos muertas", y que por esa razón fueron afectados al encontrarse legalmente comprendidos en la Ley del 25 de junio de 1856.
Debido a que dichos terrenos pertenecieron al común de los vecinos de Iztapalapa, no eran "exidos", sino que una fracción era de los bienes de propios (comunidad) del Ayuntamiento, mientras que otra parte era legítima propiedad del curato de Iztapalapa (bienes del clero).
Montaño menciona a Plutarco Sánchez y Francisco de Paula Arias entre los principales especuladores de las tierras de Iztapalapa.
Estos personajes poseían haciendas y se dedicaron a especular con los terrenos comunes, algunos de los cuales revendieron posteriormente.
A pesar de las diversas transacciones relacionadas con los terrenos de potreros, los intereses de la familia Arias se mantuvieron ligados a la tierra de Iztapalapa durante casi 90 años, pues el señor Lucio Pérez -quien participó en la revolución-, recordó que el dueño de la hacienda de San Nicolás Tolentino, en la que trabajó hasta 1913, era Francisco Arias.
Andrés Lira menciona que durante el proceso de desamortización un abogado aconsejó a los vecinos de los pueblos que denunciaran las irregularidades de sus propios potreros.
Montaño anota que los 18 vecinos, a cuyo nombre se remataron los potreros de San Juanico Nextipac, Aculco y La Magdalena vendieron, a causa de la pobreza a Victoriano Sánchez -quien también había comprado los potreros de Mexicalcingo e Iztapalapa- parte de los cuatro potreros de esos pueblos: Apatlaco, Aculco, La Magdalena y Tetlalpa.
El dato más importante que señala Lira respecto a los beneficiarios de las tierras con la Ley de Desamortización es que muchos de ellos dejaron de pagar regularmente y, si acaso lo hacían, era al gobierno de sus ayuntamientos, debido a la presión.
Mientras tanto, los gastos se solventaban con el producto de los antiguos arrendamientos y, posteriormente, con los pagos parciales.
Para 1868 los capitales de las extintas parcialidades formaron parte de la administración municipal y continuaron redimiéndose hasta 1896.
En esos años se estableció que sus caudales fueran utilizables únicamente para financiamiento escolar o beneficencia, dejando a los particulares de los pueblos el mantenimiento de sus festividades por cooperación.
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La pequeña propiedad y una parte de la propiedad comunal -tenida como chinampas que iban ganando terreno a la laguna de Mexicalcingo- coexistían con haciendas, ranchos, establos y alfalfares.
Debe recordarse que de ese modo se tendió a ganar terreno a los lagos de manera muy temprana. Por otra parte, el fraccionamiento de las propiedades de los cacicazgos, la mortalidad indígena y la compra-venta de tierras indias también dieron lugar a la expansión de las haciendas y estancias ganaderas en un proceso que ocurrió a lo largo de los siglos.
Las remembranzas en torno a las haciendas y los hacendados se presentan, especialmente, entre quienes trabajaron en ellas o los que convivieron con quienes allí trabajaron.
El señor Lucio Pérez detalló que "las haciendas de por aquí [...] eran San Juan de Dios, el rancho del Tecomate, el San Antonio Coapa, Xotepingo, La Natividad, la hacienda de la Piedad, ¡puro español!, ¡puros españoles!".
En el pueblo de Iztapalapa las personas que eran octogenarias en la década de 1990 recordaban el emplazamiento de los ranchos, establos y haciendas vecinas a los barrios de San Lucas, la cabecera de la municipalidad: "había cuatro haciendas [cercanas al pueblo de] Iztapalapa: La de San Antonio, la de la Esmeralda, La casa verde, y la de Rosales, donde actualmente están las colonias: Sector Popular, Escuadrón 201 y Héroes de Churubusco".
Los recuerdos de los vecinos de los pueblos de Culhuacán describieron a la hacienda de Coapa propiedad de la familia Escandón Buch: Tenía membrillos, capulines. Se sembraba coliflor. Crecía grande el maíz, rábano, lechuga. Un peón [ahí] ganaba 20 centavos al día por la pizca. Le alcanzaba, las cosas valían centavos, dos centavos de manteca, chiles verdes, así. Íbamos a traer yerbitas para comer, quintoniles. Se llevaban las verduras en canoas. Era agua limpia, cristalina, no como ahora, que está sucia, huele mal. Ya todo está muy sucio. Se acabó todo.
La imagen del trabajo en las haciendas -narrada por todos los informantes- describe situaciones muy difíciles ocasionadas por los malos tratos a los que eran sometidos los peones porque "los capataces de la hacienda lo chicoteaban a uno cuando no se apuraba".
La mayor parte de los entrevistados tenía la opinión de que casi todos los propietarios de las haciendas de la región eran españoles: Entonces los españoles eran los dueños de las haciendas. No los puedo ver porque nos trataban como bestias; [por esto] me nació mucho odio contra los españoles porque tendiendo planta de remolachas, los mayores, iban clavando la planta y si no avanzaban los golpeaban.
En la siembra o cosecha se avanzaba en los surcos por dos kilómetros y se comía muy poco: legumbres con dos o tres tortillas, que muchas veces se llevaban desde la casa, "se comenzaba desde las siete de la mañana y terminábamos al caer el sol".
El señor Agustín Pérez, de Culhuacán, afirmó que en la hacienda de Coapa también los hacendados eran españoles: El dueño creo que se llamaba Miranda. Se acostumbraba que un adulto fuera por delante del surco y los muchachos iban detrás. Cuando los grandes querían hacer maldad no dejaban mazorcas y al final, a los que tenían menos les daban de chicotazos.
En algunas haciendas el pago era un poco más alto y la jornada menos larga como en la hacienda de San Nicolás, según el relato del señor Lucio Pérez.
Recordó que en 1913, el dueño de la hacienda de San Nicolás Tolentino era Francisco Arias: "ese señor era mexicano, pagaba más que los españoles, daba 50 centavos y ahí se entraba más tarde a las ocho de la mañana. No, con los españoles se trabajaba de sol a sol. Esos pagaban 36 centavos".
A decir del señor Lucio Pérez, de Tezonco, el resentimiento por el maltrato frente a la opulencia de los hacendados movió a algunos en Tezonco y Aztahuacán a levantarse en armas con Zapata.
Al conocer la formación de grupos de apoyo entre los pueblos del oriente de la cuenca del Valle de México alrededor del general Herminio Chavarría, los federales quemaron su pueblo y su casa ubicados en Aztahuacán.