El fantasma de la corrupción está de vuelta en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu). La corrupción en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no es un vestigio del pasado; es una práctica tolerada que opera a plena luz. La realidad es que esta dependencia ha sido señalada por falta de transparencia, planeación, pagos en exceso o no justificados, y mucha corrupción.
La Secretaría de la Función Pública determinó que la Sedatu carece de documentos para sustentar en qué se ejercieron los más de dos mil millones de pesos faltantes. Asimismo, se detectó que no presentaron un registro de Base de Datos de las Obras y procedimientos de contratación confiable y completo, detectándose irregularidades en diversos contratos a lo largo del país, incluyendo Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Guerrero.
Anomalías en el Programa de Mejoramiento Urbano
Según información de Sedatu, se han realizado más de 850 obras en 135 municipios de 25 estados de México y en la mayoría de ellas hay anomalías. Estas irregularidades han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha emitido sendos pliegos de observaciones sobre sobreprecios, obras fantasma y contratos a modo.
El siguiente cuadro resume algunos de los problemas denunciados en la ejecución de proyectos:
- Falta de transparencia: Ausencia de registros confiables en procedimientos de contratación.
- Daño al erario: Pagos en exceso y desvío de recursos millonarios.
- Gestión deficiente: Proyectos habitacionales mal planificados y obras inconclusas.
- Sistemas de extorsión: Cobros ilícitos o "moches" a ejidatarios y propietarios.
Un ejemplo emblemático es la obra denominada “Construcción del Parque Lineal en Río Grijalva”, que implicó pagos en exceso por 22.4 millones de pesos, sumando en total más de 200 millones de pesos en daños al erario público. La ciudadanía ya ha sentenciado esta gestión: según la última encuesta de Gobernarte, la Sedatu y su titular se hunden en el último lugar de aprobación, con un 70 % de rechazo.
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El "catálogo del moche" y la impunidad sistémica
Más allá de los grandes desfalcos, lo más corrosivo hoy es la extorsión doméstica: el moche al menudeo que deben pagar ejidatarios, pequeños propietarios y familias para ejercer un derecho ya reconocido por la ley. Denuncias revelan un esquema operativo que funciona como ventanilla paralela, donde se describen tarifas específicas para destrabar procesos legales que deberían ser automáticos.
Los ejemplos son contundentes:
- En Campeche, los predios La Jungla y El Alba requieren 150 mil pesos para que el área Jurídica presione y libere el acuerdo.
- En Colatlán, Veracruz, se exige un pago fijo de 40 mil pesos, más el 10 % de la indemnización final por un predio expropiado.
Edna Vega Rangel, actual subsecretaria y próxima titular de la dependencia, admitió que la corrupción ha afectado el desarrollo urbano, permitiendo autorizaciones y permisos irregulares. No obstante, las denuncias reportadas directamente a su equipo han enfrentado una promesa de seguimiento que nunca se concreta, mientras los funcionarios señalados siguen en sus cargos, intactos y protegidos.
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