La estructura tributaria del país resulta clara en su ineficiencia para cerrar la brecha entre los ingresos potenciales y los reales, además de mostrar una incapacidad manifiesta para lograr la distribución del ingreso. Ante tal situación, se ha intentado el cambio de los tributos sobre la renta por los dedicados al consumo, tratando de evitar con ello la evasión fiscal. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el impuesto más complejo de la estructura tributaria y, aunque es el que genera mayores ingresos, su diseño actual presenta desafíos significativos para las personas físicas.
La problemática del ISR en personas físicas
En esta investigación se abordó primordialmente el problema que representa para los trabajadores asalariados no tener un apoyo gubernamental, derivado del cumplimiento obligatorio del pago de sus impuestos, y muchas veces, por desconocimiento de las leyes fiscales, no toman en cuenta las deducciones personales que les pueden favorecer. El origen de este impuesto se remonta a 1921 cuando Álvaro Obregón lo introdujo mediante la Ley Centenario. A pesar de que este impuesto es anual, los patrones tienen la obligación de «retener» el impuesto de los trabajadores de forma mensual vía nómina y reportarlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mucho escuchamos sobre este impuesto, pero realmente cuánto sabemos de él. Es vital que las personas se informen sobre esta obligación fiscal y eviten problemas legales o sanciones por su incumplimiento. Las disposiciones legales que rigen el ISR se muestran de forma sencilla, por medio de un lenguaje accesible para lectores, lo cual facilita su comprensión, incluyendo los regímenes de actividades empresariales, profesionales, arrendamiento y el Régimen Simplificado de Confianza.
Moral tributaria y evasión fiscal
Las restricciones que enfrenta el espacio fiscal mexicano y la amplia tasa de evasión que prevalece resaltan la necesidad de comprender las motivaciones para el pago de impuestos. La disposición al pago de impuestos se encuentra desgastada debido a las percepciones sobre la corrupción, la mala calidad de los servicios públicos y la falta de progresividad del sistema fiscal. En 2016, el 37.0% de las personas en México consideró que la evasión era justificable, cifra que se encuentra por encima del promedio de la región, que es del 29.7%.
La moral tributaria es vital para los sistemas impositivos, ya que la mayor parte de los ingresos de los gobiernos dependen del cumplimiento voluntario. En México, la baja moral tributaria puede ser explicada en cierta medida por la desigualdad social y el bajo impacto redistributivo del sistema fiscal. Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción, México se encontró en el lugar 130 de 180 en 2019, lo que deteriora la confianza en la autoridad.
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Indicadores de recaudación y evasión
Para comprender la magnitud de la problemática, es necesario analizar el comportamiento de los ingresos tributarios en relación con el producto agregado:
- Tasa de evasión total (2016): Estimada en 16.1% de los ingresos potenciales.
- Impacto en el PIB: La evasión representó el 2.6% del PIB en 2016.
- Monto perdido: Más de 510 mil millones de pesos, superando el presupuesto asignado al ISSSTE en ese año.
- Percepción ciudadana: Solo el 49.0% de los ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales, según la percepción social.
Hacia una estructura fiscal eficiente
La estructura fiscal de México no cumple con su cometido, ya que es insuficiente para sufragar los gastos del gobierno y, en términos absolutos, resulta inequitativa. En la teoría fiscal, se cuestiona cuáles son los requisitos que debe observar una estructura fiscal eficiente. El fortalecimiento de la moral tributaria en el país requiere de una mayor rendición de cuentas de parte de las autoridades y de un mejor diseño de un sistema fiscal que permita un mayor nivel de recaudación.
Los aspectos no monetarios de la decisión de cumplir con el pago de los impuestos son de suma importancia para el diseño de un sistema tributario. El cumplimiento puede ser incentivado mediante el uso de mensajes dirigidos a los contribuyentes que resalten los enlaces entre los ingresos tributarios y los egresos, garantizando que los recursos públicos se utilicen para ramos clave como salud o infraestructura.
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