Tras los devastadores sismos de septiembre en México, las promesas de reconstrucción fueron inmediatas. Un mes después de los sismos en México, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó Paredón, en Chiapas. Se tomó selfies con los niños, les ofreció becas y se comprometió a reparar los daños. “Ninguna escuela afectada por los sismos quedará sin reconstruir”, dijo ante los maestros. Sin embargo, esta afirmación no fue cierta para todos, y la claridad sobre el número de escuelas dañadas y la seriedad de los afectaciones nunca se estableció completamente. El problema comenzó a hacerse visible cuando las personas intentaron regresar a la normalidad.
Inconsistencias en la Evaluación y Determinación de Daños
El sismo puso en evidencia que ni la SEP, ni el INIFED, ni los gobiernos estatales contaban con un protocolo de actuación para revisar las escuelas que habían resultado dañadas. Esto llevó a una serie de evaluaciones contradictorias que generaron gran incertidumbre. Cuando a finales de septiembre el ingeniero civil Eugenio Santín Blasco revisó la primaria Leonismo Internacional, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, consideró que la estructura no tenía daños graves visibles y entregó un dictamen en verde. Unos días después, el 4 de octubre, el ingeniero y arquitecto Juan Carlos Martínez, también DRO, escribió en el dictamen que el mismo edificio presentaba “asentamiento o hundimiento y daños en los muros” y cambió el color del diagnóstico a rojo. Los tres dictámenes se referían al mismo edificio que comparten las dos escuelas: en la primera planta opera la Leonismo Internacional, y en la segunda trabajan los alumnos de la Ángel Albino Corzo.
En el caso de la Ciudad de México, en pocas horas, las autoridades locales determinaron que la primera evaluación postsismo de todos los inmuebles sería ocular y tendría dos hojas: una con los datos de la escuela y el estado del edificio, y otra con una recomendación sobre si era necesaria o no una revisión más a fondo. Al final, había un apartado donde se decidía el color del semáforo. Si la escuela estaba en verde, entregaban un dictamen de seguridad estructural gratuito que permitía pegarlo en la puerta y retomar las clases.
A pesar de estos esfuerzos, la disparidad en los resultados fue evidente. Inifed recibió los dictámenes de los DRO coordinados por Seduvi, pero en sus comunicados oficiales mostró resultados diferentes. El jefe de la oficina de enlace institucional del Inifed, Luis Fernando Domínguez, explicó que al principio se registraron más escuelas con daños graves porque los DRO prefirieron hacer diagnósticos conservadores. “En ese momento de crisis de las primeras semanas, ningún DRO jugaba en la rayita. Por así ponerlo, jugaba en la raya de decir: ‘Si es verde, yo lo pongo en ámbar.’ Lo que no explica es que las revisiones se hicieron en menos de un mes, de forma voluntaria y no todas contaron con el experto que indica la ley.
La Falta de Especialistas y la Desconfianza Ciudadana
La calidad y validez de los dictámenes también se vieron comprometidas por la insuficiencia de personal cualificado. El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México es claro: después de un sismo, las escuelas deben ser revisadas por un corresponsable en seguridad estructural, un profesional que posee un grado de especialidad mayor. Pero esto no fue así. La razón es que en la Ciudad de México sólo hay 102 corresponsables de seguridad estructural con cédula vigente, que resultaron insuficientes para atender los 2,800 planteles.
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El ingeniero Renato Berrón, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, explicó la diferencia entre los roles. El DRO es como un ‘médico general’ de las edificaciones, explica Berrón. “Si la ve mal o enferma, el médico puede dar una receta, pero no le puede dar una constancia de salud. Es lo mismo con los edificios. La constancia de salud se llama constancia de seguridad estructural. Pero hay muchos planteles educativos, a mí me consta, que no cumplen con las especificaciones del reglamento porque están muy deteriorados. En su gran mayoría vamos a encontrarle algo a las escuelas”.
Francisco García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, señaló la necesidad de recurrir a cualquier ayuda disponible en la emergencia. “Para la emergencia había que echar mano de todo el mundo, de quien quisiera ayudar”, explica. “El DRO tiene un conocimiento general de todo”, dice, pero cuando la construcción tiene una importancia mayor, como las escuelas, “se requiere a un corresponsable en seguridad estructural para que apoye al DRO en la supervisión de esa obra.
Esta situación alimentó una profunda desconfianza entre la población. El excomisionado para la Reconstrucción en la Ciudad de México, Ricardo Becerra, dijo que la desconfianza entre la población era grande y cada persona quería un dictamen que le diera certeza de la seguridad de su escuela. Para finales de septiembre, cuando la SEP e Inifed comenzaban a dimensionar los daños que habían sufrido las escuelas, era ya difícil generar algún tipo de certidumbre entre los padres. Ante las protestas de algunos padres, Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, aseguró que todas las escuelas de la capital serían revisadas por un DRO, que verificaría que las construcciones estén apegadas a las normas vigentes. Sin embargo, el ingeniero Renato Berrón lo confirmó: “La SEP no cumplió con ese requisito del reglamento”.
La desconfianza se manifestó en acciones concretas. Al igual que en la Leonismo Internacional, en octubre, un grupo de papás de la escuela República Popular Socialista de Albania, en Iztapalapa, decidió no llevar a sus hijos a clase porque desconfiaban de los dictámenes de seguridad estructural que había en las puertas. A ellos se fueron sumando otros colegios, como la primaria Holanda, también en Iztapalapa, o la secundaria técnica 41, en la delegación Gustavo A.
Opacidad en los Registros y el Avance de la Reconstrucción
La falta de un registro centralizado y consistente de los daños y los dictámenes añadió otra capa de complejidad. Apenas había pasado una semana desde el sismo, y todo parecía indicar que serían muchas más escuelas dañadas. Nuño pidió paciencia y aseguró que se contaba con los recursos para la reconstrucción. La danza de cifras sobre el número total de escuelas dañadas continuó. Los cambios en el número de escuelas afectadas no terminó en 2017. Aunque al inicio los reportes de daños eran bajos, con el tiempo se sabría que en la Ciudad de México 1,830 escuelas, el 65%, tuvieron algún tipo de afectación, según publicó Inifed. Además, hoy, nueve meses después del sismo en el país hay 2 mil 916 planteles que todavía no reciben atención, el 14.5% del total de las escuelas con daños, según el Instituto de Mexicano de la Competitividad (Imco) y datos públicos de Fonden, el programa Escuelas al CIEN, fundaciones y algunos de los estados. Y de estas últimas nueve, para mayo y junio sólo una había sido demolida por completo para ser reconstruida.
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La obtención de los dictámenes oficiales resultó un proceso arduo. Al solicitar los dictámenes de evaluación de las escuelas a distintas dependencias locales y federales, incluidas la SEP, Inifed, Seduvi y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, todas alegaron que no era de su competencia y que no contaban con tales registros, pese a que Seduvi se encargó de concentrarlos y de entregarlos a la SEP. Fue la Autoridad Educativa Federal para la Ciudad de México, órgano descentralizado de la SEP, la que entregó vía la ley de transparencia más de mil 200 páginas de dictámenes de escuelas de la Ciudad de México, con el logotipo de la Secretaría de Obras local.
Problemas de Financiación y Transparencia en la Ejecución
A pesar de las promesas de recursos, la ejecución de los fondos para la reconstrucción enfrentó serias dificultades. Las escuelas recibieron 9 mil 116 millones de pesos del Fonden, el rubro que más recursos obtuvo, por encima incluso de vivienda. Sin embargo, en estos nueve meses sólo se ha hecho contratos por una décima parte de ese presupuesto, según el portal de compras públicas Compranet. Hasta el 31 de mayo apenas había 912 contratos por 1,667 millones de pesos. Aunque la emergencia permitía hacer contratos por adjudicación directa, para mediados de marzo, cuando iniciaban las campañas, la Secretaría de Gobernación ya había dado por terminada la emergencia en la mayoría de las entidades afectadas.
La gestión de las pólizas de seguro también presentó obstáculos. Además, la póliza de seguro contratadas por la SEP con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de CV sólo se ha podido cobrar en 7,000 planteles, de un total de 20,000 escuelas con daños, explica Domínguez, el funcionario del Infed. “En los planteles con daño menor, ni siquiera es válido o posible tratar de cobrar alguna indemnización, ya que no rebasan el valor del deducible”, señala. Después, la aseguradora es la que contrata directamente a la empresa, por lo que no hay mecanismos de transparencia para rastrear cuáles son las empresas que reciben estos contratos, ni la forma de asignación y cumplimiento de los contratos de obra.
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