La ciudad de Tijuana a principios de los años cincuentas presentaba características muy particulares. Zona Norte, del Río Tijuana, y sur, se encontraban escasamente habitados.
En ese tiempo no se contaba con instrumentos jurídicos que permitiesen preveer las necesidades originadas por los aumentos de habitantes en la región. En tal virtud, el gobierno de la entidad expidió la Ley de Planeación Urbanística del Estado de Baja California, que tenía como fin "crear, organizar, evolucionar técnica y estéticamente la estructura material de las poblaciones del estado". Uno de los productos inmediatos de esta ley, fue la determinación del nuevo límite de la ciudad, decretado por el gobernador Braulio Maldonado, en 1957.
Si hacemos un recuento de las colonias y fraccionamientos que se formaron en la década de los cincuenta, basándonos en el plano anexo, encontramos los siguientes: Al poniente, a partir de la línea internacional y desplazándonos hacia el sur tenemos las colonias:”Castillo”, ”Alemán”, “Soler“, “Herrera”, “Santa Rosa”, “Chula Vista”, “Roma”, “Primer Ayuntamiento”, “Azcona”, “Ruiz Valencia“, que posteriormente cambió su nombre a colonia “Los Altos”, “Gran Tenochtitlan” y “Miramar”; hacia la costa, “Playas de Tijuana” y “Costa Azul”; hacia el suroeste las colonias “Guerrero”, “Francisco Villa”, “Hidalgo” y “México”: hacia el sur se encuentra la colonia “Valle del Rubí”, hacia el suroriente y siguiendo la ruta del bulevar Agua Caliente aparecen la “Gibilondo”, “Neidhart”, ”Calette“, “Cubillas”, “Aviación”, “Chapultepec” y hacia el rumbo de la Mesa de Tijuana la “20 de Noviembre“; al oriente y a un lado del cruce fronterizo, tenemos la colonia de los “Empleados Federales“, conocida hoy simplemente como “Federal”; hacia las lomas adyacentes a la colonia “Libertad“ aparecen “Mesa alta de la Libertad”, “Burócrata” hoy llamada “Ruiz Cortines”, “Santa Anita”, “Postal”, “Del Río”, “Buena Vista” y “Tomás Aquino”, en la Mesa de Otay. También existe ya la “Del Periodista” también conocida como “De los Redactores”, localizada al lado oeste del bordo que protegía al Centro Escolar Agua Caliente de las crecidas del río Tijuana.
En el año de 1957 se autorizó oficialmente el fraccionamiento “Soler“, propiedad de Jorge D. Soler y el fraccionamiento “Costa Azul” a Alfonso Camacho León y licenciado Alejo Orvaños Haran. En el mismo año, el gobierno inició la regularización del trazo del camino que comunicaba el centro de la ciudad con Playas de Tijuana, continuándolo como prolongación de la calle Segunda.
La mayoría de las colonias existentes carecían de los servicios públicos indispensables, particularmente el de agua. Las causas de este problema eran de diversa índole, destacando las limitaciones presupuestales de los organismos gubernamentales, la difícil ubicación topográfica de las colonias con el consecuente aumento del costo de la introducción del servicio; el régimen irregular de precipitaciones pluviales, con alternación de ciclos húmedos con otros prolongados de sequía y la falta de planeación que daba como consecuencia una exagerada extracción de agua de la Presa Abelardo L. Rodríguez, para fines domésticos y agrícolas con grandes desperdicios.
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Por tal motivo, en 1961, el gobernador, ingeniero Eligio Esquivel Méndez, decretó de utilidad pública la planeación urbana y la construcción de obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Tijuana. El decreto establecía principalmente que para dotar a la ciudad de los servicios de agua potable y alcantarillado, se limitarían las superficies urbanas o urbanizables por un perímetro que comprendería un área a la que se llamó “Distrito Urbano de Tijuana“. Dentro de este contexto, se plantearon diversas soluciones para el suministro de agua, incluyendo:
- conducción de agua del río Colorado a través de un acueducto.
- aprovechamiento y conducción del agua de La Misión y
- operación de una planta desaladora en las inmediaciones de Rosarito.
Para costear las obras, se estableció un impuesto de cooperación para todos los predios, fincas urbanas y rústicas, que se encontraran dentro del Distrito. El crédito obtenido para la construcción del acueducto La Misión-Tijuana fue avalado por el gobierno del Estado, sólo que fue imposible cubrir sus amortizaciones, lo que obligó en 1966 a abrogar la legislación que creó la Junta.
Simultáneamente a los intentos de planificación y previsión del desarrollo urbano, la ciudad continuaba su crecimiento natural, principalmente hacia el oriente, en la zona conocida como La Mesa, en donde se continuaba fraccionando terrenos. Al año siguiente se autorizó a Rito Rodríguez García el fraccionamiento “Sonoita”, a Elisa F. El siguiente año solo tenemos el que formó el señor Álvaro Mora Lara con el nombre de “La Mesa”.
En 1965 el Gobierno del Estado autorizó en esa zona los siguientes fraccionamientos: “Los Pinos de Nares”, a José Nares Vega; el “Anáhuac” a María de la Luz R. de Rodríguez. En 1966 solo se autorizó el trazo del fraccionamiento “Floresta” a Inmuebles y Fraccionamientos de Tijuana S.A.; en 1967 el “Fortín de las Flores”, a Rosaura Ibarra de Rodríguez; en 1968 el “Real del Monte” propiedad de UMAC. S.A. Hacia el rumbo de Playas de Tijuana: en 1965 “El Mirador” a la compañía fraccionadora de ese nombre y en 1968 “Los Laureles”, a la “Empresa Constructora de Tijuana”.
En las cercanías del Hipódromo y en orden cronológico tenemos en 1963 el fraccionamiento “Lomas Agua Caliente“ conocido con anterioridad como “Vista Lomas” propiedad de Inversiones de Baja California. S.A.; en 1965 “La Herradura” de Luz Consuelo Nieto de León; y “Las Palmas“, de Reymundo Múzquiz; en 1967 “Lomas Hipódromo”, de Basilio Saucedo y Carmen Morones de Saucedo; en 1969 la ”Hacienda Remosa”, de Impulsora Remosa.
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De especial significación en el desarrollo urbano de la zona de La Mesa, fue la construcción en 1967, de la calzada Presidente Díaz Ordaz, conocida actualmente como bulevar Díaz Ordaz. Dicha obra se inició desde la escuela “20 de Noviembre”, hasta la curva frente a la negociación conocida como “Luna Park”. En 1969 se declaró de utilidad pública el mejoramiento de la avenida Revolución, en el tramo comprendido entre la calle Primera y el bulevar Agua Caliente a la altura del punto conocido como “La Vuelta”.
En la década de los setentas se inicio en pleno corazón de Tijuana la obra urbanística de mayor importancia a nivel nacional, tanto por el monto de la inversión, como por la rapidez con que se efectuó. Simultáneamente se procedió al desalojo y limpieza de “Cartolandia“ construyéndose el “Centro Urbano 70-76”, para dar cabida a las 633 familias desalojadas.
Tomando en cuenta el atractivo turístico de la costa del municipio, se sentaron las bases para su desenvolvimiento, promulgándose al efecto en abril de 1973, el Reglamento de Ordenación para los desarrollos turísticos en el Estado de Baja California.
En la década de los sesentas se promulgaron una serie de ordenamientos legales, con el propósito de controlar y orientar el crecimiento de la ciudad sobre bases racionales, que superaran la anarquía con que ha venido creciendo a consecuencias de la explosión demográfica. Tales ordenamientos fueron la Ley del Plan Regulador de Tijuana, que entró en vigor en 1975 y la Ley de Desarrollo Urbano, elaborada ese mismo año. Estas medidas estuvieron en consonancia con las pautas generales que en esas materias señaló a nivel nacional el gobierno federal, a través de la Ley General de Asentamientos Humanos, decretada en 1976 y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, aprobado por la Presidencia de la República en 1977.
El referido Plan Estatal de Desarrollo Urbano establece las estrategias de redistribución de la población y viene a ser el marco para la planeación regional, así como el instrumento de ordenación y regulación obligatoria para los asentamientos humanos. Se previó en el Plan una población en la ciudad de Tijuana de 581,200 habitantes para 1978, que representaban el 43.3% de la población estatal; le seguía Mexicali con el 26.9%, Ensenada con el 8.7%, Tecate con el 1.9% y diversos núcleos de población dispersos, en conjunto el 19.2%.
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En 1970 se autorizaron los fraccionamientos ”Orizaba”, a Emma Anchondo de Bustamante y el “Cortez”, a Hilario Cortez Sánchez; el siguiente año se autorizó el “Chapultepec Alamar”, a la fraccionadora del mismo nombre; “Los Alamos”, a Agustín Palacios Ríos y Hermelinda Amézquita viuda de Cubillas; el “Azteca”, a Pedro Genaro King y el “Jardines de La Mesa“, a María Asunción García; en 1972, sólo se autorizó el “Terrazas del Valle”, a Salvador Fuentes Ducoing; en 1973 “Las Fuentes”, a la Inmobilaria Peninsular. S.A.; en 1974 el “Valle de Las Flores” y las “Arboledas de La Mesa”, a Ramón Salcido Camacho; en 1975 el “Jardines de la Arboleda”, al mismo Salcido; el siguiente año autorizaron: “El Mirador de La Mesa”, “San Carlos” y “Las Vegas”, a Carlos Villalvazo; “El Porvenir”, a Salvador Gallegos Covarrubias y María de Jesús Gil Figueroa de Gallegos; el “Anexo Veracruz”, a Julio Romero Peñasco y el “Balcón de las Huertas”, a Pedro Páramo Salcedo; en 1977 el “Kino”, a Mariterra.
Examinando el plano anexo correspondiente a la década de los setentas observamos la formación de los siguientes fraccionamientos: hacia el oeste del centro de la ciudad, rumbo a Playas de Tijuana; “Vista del Pacífico” y “Lomas del Mirador” autorizados en el año de 1975 a Genaro Gavaldón Guajardo; en 1977 “Lomas” del Porvenir” al INFONAVIT”; hacia el sur, en 1970; el “Salvatierra“, a Marcelino Briseño Meza y Luis Méndez León; en 1971 ”Jardines del Rubí”, a Fernando J. Rodriguez Sullivan; en 1972 la regularización de la colonia ”Obrera 1o. En la Mesa de Otay, en 1976 se formaron los fraccionamientos “Constituyentes” y “Ciudad Industrial”, autorizados a Promotora del Desarrollo Urbano, S.A. En la parte alta de la colonia Libertad se formaron en 1976, el “Mesa Alta”, autorizado a Carlos Villalvazo Puente; en 1977 “Las Californias”, Inmbuebles y fraccionamientos de Tijuana, S.A.
De 1980 a nuestros días, se ha continuado la pauta general de orientar el crecimiento de la ciudad por medio de acciones de planeación urbana dirigidas por la autoridad, tanto en su instancia estatal como municipal. Es así como a fines de 1980 el ejecutivo del estado aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana, que tiene como principales propósitos racionalizar la distribución territorial de la población y de las actividades económicas que se desarrollan en el municipio; mejorar y preservar el medio ambiente, integrar más adecuadamente las rutas de transporte y comunicación interurbanas; evitar asentamientos urbanos en predios agropecuarios y generar alternativas para que los sectores de escasos recursos económicos tengan acceso a la adquisición de lotes urbanos.
El sistema consiste en una serie de vialidades, primarias y secundarias, que al terminarse sumarán en longitud 220 kilómetros y está formado por los siguientes circuitos: el Circuito Periférico, cuya construcción está planeada a mediano y largo plazo, es decir para 1990 y el año 2000; un circuito intermedio ya construido, conocido en su parte poniente y sur, como Circuito Independencia o Libramiento Sur y en la parte oriental, como Libramiento Oriente; un circuito interior proyectado a corto plazo que pasa por la parte central de la mayoría de las colonias más pobladas, localizadas al surponiente de la ciudad; ejes transversales construidos actualmente en 50% y formados por el Cañón Johnson o Calafia, bulevar de los Fundadores, bulevar Cuauhtémoc Sur y Norte, bulevar de las Américas, bulevar Sánchez Taboada y el que comunica a la nueva garita internacional en la Mesa de Otay hacia el sur, hasta el cañón del Padre.
Asimismo lo forman ejes longitudinales planeados de tal manera que se aprovechan vialidades ya existentes, como la avenida Revolución, bulevar Agua Caliente, bulevar Díaz Ordaz, avenida Tecnológico y bulevar Otay Nueva Tijuana. Este plan fue aprobado a mediados de 1984 por el gobernador del estado y publicado en el Periódico Oficial en noviembre del mismo año.
En el aspecto poblacional, el Plan señala como recomendable que para el año 2000 haya 1,815,000 habitantes. Cabe señalar que el Plan de Tijuana no sólo se considera como la versión actual de un plan regulador, sino que su utilización es mucho más amplia y dinámica, ya que es un instrumento técnico y jurídico, que permite tanto a las autoridades federales, estatales y municipales como al sector social y al privado, orientar sus inversiones en materia de desarrollo urbano.