La Reforma Hacendaria tenía como objetivo generar un sistema tributario más justo, simple y transparente, que fortaleciera las finanzas públicas y brindara incentivos a la formalización. Además, apoyó la salud de la población y al medio ambiente, al crear impuestos con responsabilidad social.
La complejidad de nuestro sistema tributario dificultaba el cumplimiento por parte de los contribuyentes. La economía informal ha sido un gran problema de la economía mexicana.
Los recursos generados por las modificaciones al régimen fiscal se han reflejado en una mayor capacidad para atender las necesidades de la población. Hoy, más de 5 millones de micronegocios se benefician del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal ─un incremento de 31% respecto a los que tributaban como Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) hasta diciembre de 2013.
Se ha incrementado la base tributaria. Hoy, en México hay 68 millones de contribuyentes (junio 2018), es decir, 30 millones más que al inicio de diciembre de 2012.
Análisis de la Reforma Tributaria en México
Total tax receipts as a percentage of GDP in Mexico has remained stable at 10 % in the last fifty years. This has happened notwithstanding numerous adjustments and reforms in various tax laws and important changes in tax administration. In this essay it is argued that this is due to: a) inefficient and ineffective tax administracion; b) substantial and lasting tax privilegies; c) negative perception of goverment actions and, d) uncertanty of tax laws.
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La severa crisis económica de los últimos dos años ha puesto en evidencia -una vez más-, la fragilidad de las finanzas públicas en México, caracterizada, entre otras cosas, por una muy baja capacidad de recaudación tributaria. A pesar de múltiples ajustes, adecuaciones e, incluso, reformas a las diversas leyes fiscales y de importantes cambios en la administración de los tributos, la recaudación en relación al Producto Bruto Interno (PIB) -la carga o presión tributaria-, ha permanecido relativamente estable en los últimos cincuenta años.
Los reducidos ingresos tributarios se han parcialmente compensado mediante los recursos extraordinarios que la producción y exportación de petróleo le proporciona al fisco federal -notablemente por la vía de los ingresos no tributarios: i.e., en particular el derecho ordinario sobre hidrocarburos- y la limitada colocación de deuda pública, en particular la interna. El estancamiento de la carga tributaria ha significado que el equilibrio en las finanzas públicas de los últimos años, se haya logrado principalmente mediante la contención del gasto público, particularmente el de inversión.
El relativamente reducido gasto público es inferior al indispensable para atender adecuadamente en cantidad y calidad las necesidades de la población en materia social y generar las condiciones para un mejor funcionamiento de la economía y mayores ritmos de crecimiento en el país. Como resultado de la insuficiencia de gasto público, adecuadamente financiado con ingresos tributarios crecientes, se ha ido construyendo, a lo largo de los años, un déficit acumulativo de desarrollo económico, que ya ha puesto en entredicho las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social en el país en los años por venir. El vacío que dejó la inversión pública no fue colmado por la privada.
El resultado de todo ello es el relativo estancamiento de la economía mexicana. El crecimiento promedio anual del PIB por persona en el periodo 1983-2009 no superó 0.5% en términos reales, en comparación con el promedio superior a 3.2% registrado entre 1933 y 1982. La posibilidad de que en México se de una recuperación económica sólida, sostenida, acelerada y duradera en los años por venir está, en lo fundamental, determinada por la existencia de un Estado fiscalmente fuerte.
Un Estado que pueda promover, orientar, estimular y actuar efectivamente en la promoción de la economía, el bienestar social y la distribución más equitativa los beneficios del crecimiento de la economía. Los países con más alto desarrollo económico y bienestar social, presentan, en común, la característica de altos niveles de recaudación tributaria En efecto, los países de la OCDE recaudan, en promedio, 25% del PIB por concepto de ingresos tributarios. Aunque el rango es bastante amplio.
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Por ejemplo, para 2007, Dinamarca recaudó 46% del PIB; Suecia, Francia, España y Nueva Zelanda alrededor de 34%. México, por su parte, tan sólo 10%, también muy por debajo de Brasil (que recauda más de 30% del PIB), Chile (22%) y Argentina (20%), economías con similar nivel de desarrollo.
El incremento de los ingresos tributarios en México es fundamental para ampliar el desarrollo social, aunque a la par, debe darse en sintonía con la promoción del crecimiento y la competitividad de la economía en los mercados mundiales. Existen diferentes ejemplos, principalmente en las economías del Este asiático -Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, entre otras-, pero también de América Latina -Brasil y Chile-, de cómo es posible construir un sistema tributario y promotor del crecimiento y desarrollo económico.
La construcción en México de un sistema tributario eficaz, eficiente, equitativo, justo, acorde a las necesidades de una economía con profundos rezagos económicos y sociales y, por supuesto, competitiva en el entorno económico de la globalidad de los mercados, implica profundas reformas en los instrumentos tributarios, en la gestión tributaria, en el diseño de la política tributaria y, sobre todo, su articulación con las políticas de gasto público y crecimiento económico.
Evolución de la Política Tributaria en México
El problema de la baja carga tributaria en México es un asunto añejo y, junto con la concentración de las rentas públicas en manos federales y la abultada aportación al total de los tributos que hace la Ciudad de México, donde se concentra el domicilio fiscal de muchos de los contribuyentes, han caracterizado el sistema impositivo mexicano a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. En este período, se han llevado a cabo diversas reformas tendientes al incremento de la recaudación tributaria, aunque con resultados bastante limitados.
Durante el desarrollo estabilizador, una de las prioridades del gobierno del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) fue incrementar, y de manera sustancial, la capacidad recaudatoria en México. Se entendía que la baja presión tributaria era un serio obstáculo para el desarrollo del país. En el documento Política económica nacional, preparado en 1958 por Antonio Ortiz Mena, se señalaba que "la política tributaria se ha caracterizado hasta ahora principalmente por dos rasgos definitivos: impuestos relativamente bajos y regresividad de los mismos." Y se proponía toda una serie de medidas para superar dichos rasgos.
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En 1960 el gobierno mexicano contrató a Nicolás Kaldor, destacado economista británico, para que preparara un estudio sobre la Reforma Fiscal Mexicana. En sus conclusiones y recomendaciones, presentadas en dicho año, destacaban:
- El sistema tributario es ineficiente e injusto
- La recaudación es excesivamente baja (de las más bajas del mundo), lo que obliga a frenar el gasto social e imponer restricciones severas a la política monetaria
- El problema de fondo está en la escasa base gravable derivada del hecho de que una parte sustancial del ingreso nacional recibe un trato privilegiado
- El trato privilegiado que recibe una parte sustancial del ingreso nacional, especialmente el proveniente del capital, reduce la capacidad de recaudación
- La necesidad de revisar a fondo los diversos subsidios y estímulos con el afán de eliminarlos o reducirlos
En suma, se señalaba la "...necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo en México... los ingresos corrientes provenientes de los impuestos son inadecuados para las necesidades... de un desarrollo acelerado. El ingreso fiscal... es alrededor de 9% del Producto Nacional Bruto (PNB) y se encuentra entre los más bajos del mundo" concluye el estudio.
También en 1960, dentro del programa Alianza para el Progreso, que promovió el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaboró y presentó el Plan de Acción Inmediata. Entre otras cosas, se pretendía elevar a más del doble la carga tributaria en algo menos de diez años, es decir, llevarla a 19.8% en 1970.
A pesar de las diferentes reformas a los diversos tributos que se hicieron en 1961 y en 1964, la recaudación del gobierno federal en 1970 fue de 8.9% del PIB, muy por debajo de las metas planteadas en 1960 e igual al porcentaje que en ese año preocupó a Nicolás Kaldor, pero diez años después, y luego de varias modificaciones que buscaban elevar la recaudación federal.
Para algunos analistas de la economía mexicana, la estabilidad en la carga tributaria durante la década de los años sesenta, a pesar de las modificaciones hechas a las leyes, fue el resultado de que el "rápido desarrollo acompañado de precios relativamente estables [han llevado a que] el gobierno no tiene probablemente deseos de aumentar los ingresos tributarios ni de incrementar sus gastos."
Para otros, la explicación se encontraba en "... las [añejas y tradicionales] percepciones de los distintos grupos sociales en torno a sus relaciones con el poder público en esta materia... [y] a la desconfianza aún mayor de los causantes en torno al manejo de los fondos públicos"
Con el gobierno del presidente Luis Echeverría se renovaron los esfuerzos para aumentar los ingresos tributarios del gobierno federal. En los primeros años se hace un nuevo intento de modificaciones a las leyes (se les llamó adecuaciones fiscales), pero fue poco lo que se logró: un aumento de 3 a 4% en el Impuesto a los Ingresos Mercantiles (IIM) y, con ello, una mayor armonía tributaria entre el gobierno federal y las entidades federativas, pues se subscribió un acuerdo de coordinación con ellas. Hubo, también, varios aumentos a diversos impuestos indirectos a productos específicos y ajustes al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Posteriormente, durante el gobierno del presidente José López Portillo se buscó aumentar los ingresos al introducir el Impuesto al Valor Agregado (en sustitución del IIM), que sirvió de base para el actual sistema de coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. También se hicieron cambios al ISR, para incorporar los efectos que sobre los ingresos de las personas y de las empresas tiene la inflación y se eliminó, en parte, el carácter celular (cada tipo de ingreso tenía su propio impuesto) que el régimen tributario tenía.
Se fueron sumando los ingresos de diferente origen para globalizarlos y hacer una sola declaración anual de ISR. Con esas modificaciones, la recaudación tributaria del gobierno federal no disminuyó a pesar de las fuertes presiones inflacionarias. Aunque tampoco aumentó: se mantuvo en torno a 10% del PIB.
A partir de 1982, después de la crisis de la deuda externa, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid sometió a la sociedad y su aparato productivo, a un severo ajuste externo y fiscal que tuvo como objetivo principal crear el excedente necesario para continuar pagando cabal y puntualmente la deuda externa del país. Con ello -se pensaba en el gobierno-, se podría regresar a los mercados de capital internacionales para, así, recobrar el crecimiento económico. La estrategia no rindió los resultados esperados. Más bien se convirtió en una "política económica del desperdicio." Y la deuda externa como porcentaje del PIB no disminuyó.
De hecho, entre 1983 y 1988, el PIB por persona decreció a un ritmo anual de 2.1% en términos reales y los precios al consumidor aumentaron, en promedio, 90.5% al año. La formación bruta de capital disminuyó, en particular la inversión pública. El ajuste fiscal, combinado con los ingresos que la producción y la exportación de petróleo aportaron al gobierno federal, hicieron que los afanes de aumentar la presión tributaria no fuesen urgentes.
A finales de la década de los años ochenta, ya con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se modifica una vez más el ISR para adaptarlo a una economía abierta con tasas semejantes a las de Canadá y Estados Unidos -lo que entrañó ajustes a la baja en las tasas-, y, entre otras cosas, se llevó a cabo: la eliminación progresiva de los impuestos al comercio con el exterior; también se eliminan muchas de las bases especiales de tributación que existían para una serie de sectores productivos (las que prácticamente las mantenía exentos del ISR); se intensifica la fiscalización; se unifica el IVA a una sola tasa de 10% -en lugar de la más alta que existía-, incluyendo la zona fronteriza; y se establece un esquema tributario para la repatriación de capitales.
Durante los primeros años del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la producción y exportación de petróleo le dio margen al gobierno federal para introducir ciertos alicientes tributarios para paliar los efectos de la crisis económica de 1995-1996 (el llamado "error de diciembre"). También se estableció el régimen para pequeños contribuyentes (Repecos) y se elevó a 15% la tasa del IVA -con tasa cero a alimentos y medicinas-.
Posteriormente, en 1999, se aprueban por el Congreso de la Unión una serie de medidas tributarias con un claro afán recaudatorio. Entre otras, se eliminan o disminuyen ciertos privilegios fiscales (se acota la consolidación de resultados fiscales para los grupos empresariales, se elimina la deducción inmediata de las inversiones, se limita el subsidio a investigación y desarrollo en las empresas); la tasa del ISR a personas físicas sube a 40% y la de las morales a 35%, más 5% a las utilidades distribuidas.
No obstante estas reformas, en 1999 la OCDE señaló que "... México tiene por lejos uno de los ingresos tributarios más bajos en relación al PIB entre los países de la OCDE... la baja capacidad para recaudar ingresos limita severamente la esfera del gasto público, incluyendo áreas donde el potencial para el beneficio social es muy alto."
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox se envía al Congreso de la Unión una propuesta de cambios en materia tributaria. Algunas modificaciones propuestas fueron aprobadas y otras no. En cuanto al ISR, se aprueba reducir las tasas para personas físicas (de 40 a 32%) y morales (de 35 a 32%), se elimina la retención de 5% sobre utilidades distribuidas y se reintroduce la deducción inmediata de las inversiones. En IVA, se propuso eliminar las exenciones a alimentos, medicinas, libros, revistas y periódicos. Esto último no fue aprobado.
En los años que van del presidente Felipe Calderón se ha buscado introducir algunos cambios: se establece el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que reemplazó el Impuesto al Activo (IMPAC) y que, en principio, podría reemplazar al ISR en 2011. También se introduce el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y, recientemente, en 2009, se eleva a 16 la tasa del IVA y ligeramente las tasas del ISR para personas físicas y morales.
Recaudación Tributaria a lo Largo de los Años
A lo largo de los años, la baja carga tributaria ha significado recurrir a otras fuentes de financiamiento para complementar el gasto público, entre otras: el crédito externo, el crédito interno y el encaje legal. Después de 1980, la producción y exportación de petróleo ha desempeñado un papel muy importante en el financiamiento del gasto público.
A pesar de que había conciencia por parte de algunos funcionarios de que eran necesarias medidas tributarias para apoyar un mayor gasto en programas sociales y proyectos de infraestructura, los secretarios de Hacienda Urzúa y luego Herrera optaron por no enfrentar al Presidente y no proponer una necesaria reforma fiscal. Prefirieron escudarse en el argumento presidencial falaz de una política fiscal “moderada y conservadora”.
Debe tomarse en cuenta que una reforma fiscal integral tiene que considerar tanto el aspecto de generar ingresos como el de instrumentar un gasto público eficiente, productivo y no dispendioso. Es decir, tanto una reforma tributaria como una reforma del gasto. Ciertamente las dos no pueden desligarse una de la otra, pues al proponer mayor recaudación por la vía tributaria, debe proponerse la manera racional y eficiente de gastar esos recursos obtenidos. De otra forma, la ciudadanía, con justa razón, reclamaría el mayor pago de impuestos ante un despilfarro o un mal ejercicio del gasto público.
En este artículo sólo hablaremos de la reforma tributaria, teniendo desde luego en cuenta que una propuesta de reforma al gasto deberá acompañar a cualquier plan tributario. Es imperativo pensar que en 2025 deberá proponerse una reforma tributaria.
- Una reforma al impuesto predial que requiere una actualización generalizada del catastro; dicha reforma tendría muchas virtudes como reducir las transferencias de la federación a los estados y eventualmente eliminarlas. Ello fomentaría la responsabilidad fiscal de los gobiernos locales, eliminaría el centralismo y podría otorgarles mayores recursos a las policías estatales para combatir las actividades del crimen organizado como derecho de piso y extorsión.
Luis de la Calle, un destacado economista, tiene una propuesta bien estructurada para reformar el impuesto predial que entre otros puntos considera que a través de este gravamen el gobierno puede dar a los municipios más marginados mayores beneficios en infraestructura. Cabe mencionar que el Índice de Marginalidad supone que las localidades tienen grados de marginalidad muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
En esencia, los componentes anteriores para una reforma tributaria fueron incluidos en las recientes recomendaciones del FMI a las autoridades del país en su reporte bajo la Consulta del Artículo IV. A esas sugerencias, la SHCP respondió que en principio apoyan que un gasto público productivo financiado por una reforma tributaria podría contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, señalaron que esas medidas requieren tiempo para implementarse.
¡Claro! Pero entonces, ¿por qué no lo hicieron durante los primeros dos años del sexenio? Hacienda insiste en que se sienten confiados con las medidas administrativas aplicadas para combatir la evasión y el fraude fiscal. Citando al presidente, “la lucha contra la corrupción es la mejor política fiscal”. ¡No! Este gobierno le heredará a la próxima administración un problema fiscal. Por ello debe trabajarse ya en una propuesta tributaria para 2025 por parte de instituciones académicas y privadas.
Asimismo, como se mencionó, la propuesta tributaria debe acompañarse de un plan de gasto socialmente eficiente y racional. Cuando hablamos de vivienda, la Ley del Infonavit ha sido modificada para mejorar la transparencia en la administración de los recursos y tener un mejor control en el proceso de otorgamiento de créditos. El Registro Federal de Contribuyentes es un elemento clave cuando se habla de reformas y cambio tanto en personas físicas y morales.
El SAT ofrece diversos recursos y herramientas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un factor primordial en la determinación de la obligación fiscal es la suma de los ingresos obtenidos por personas físicas y morales. El cumplimiento de las obligaciones fiscales es un pilar fundamental para la recaudación en México.
Con la digitalización de los procesos fiscales, el SAT se ha visto en la necesidad de aumentar sus herramientas de supervisión para detectar inconsistencias y posibles irregularidades de manera automatizada.
Ingresos del Gobierno Federal de México 2018-2021
La siguiente tabla muestra los ingresos del Gobierno Federal de México de 2018 a 2021:
| Año | Ingresos Totales |
|---|---|
| 2018 | [Datos no proporcionados] |
| 2019 | [Datos no proporcionados] |
| 2020 | [Datos no proporcionados] |
| 2021 | [Datos no proporcionados] |
Estos ingresos representan un porcentaje significativo del PIB nacional.