Italia es la octava potencia económica del mundo por PIL nominal absoluto. Su economía, con respecto a otros Países industrializados, se caracteriza por una vasta difusión de pequeñas y medianas empresas. Avanzada y diversificada, es particularmente desarrollada en el sector manufacturero, siderúrgico, agroalimentario, automovilístico, turístico, del arte, de la moda y del design. Las empresas italianas están desde siempre entre las más activas del comercio internacional e Italia ocupa el octavo puesto de la clasificación mundial de los Países exportadores, siendo sus productos muy renombrados y apreciados en todo el mundo. El idioma oficial es el italiano, pero el inglés, el francés y el español son bastante difusos.
El Sistema Jurídico Italiano
El derecho italiano, heredero natural del antiguo derecho romano, es un sistema jurídico de civil law, codificado y sin reglas religiosas. En Italia, los cultos religiosos son defendidos como expresión de la libertad de religión y del laicismo del Estado, pero no disciplinan ni condicionan ningún instituto jurídico. Además, la presencia de reglas consuetudinarias o de principios no escritos, que también constituyen fuentes del derecho italiano, es muy reducida. De hecho, las lagunas normativas son llenadas por la ley, mientras que las cuestiones de interpretación o de legitimidad son resueltas con la intervención de las magistraturas superiores. Este continuo legislar, típicamente italiano, ha determinado, en el curso del tiempo, numerosos problemas de interpretación y de comprensión de las normas jurídicas, sobre todo por parte de los ciudadanos y de las empresas extranjeras en Italia o de todas formas en relación con las leyes italianas.
La República se compone de los Municipios, las Provincias, las Ciudades Metropolitanas, las Regiones y el Estado. Roma es la capital de la República. Las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia se regulan por los Pactos Lateranenses.
Italia y su Interacción con el Derecho Internacional
La Constitución italiana establece mecanismos para la integración y cumplimiento de las normativas internacionales y europeas. Serán materias de legislación concurrente las relativas a: relaciones internacionales y con la Unión Europea de las Regiones; comercio exterior. Los Municipios, las Provincias, las Ciudades Metropolitanas y las Regiones tendrán recursos autónomos. Establecerán y recaudarán sus propios impuestos e ingresos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y de acuerdo con los principios de coordinación de la Hacienda Pública y del régimen tributario. El Gobierno podrá subrogarse a los órganos de las Regiones, de las Ciudades Metropolitanas, de las Provincias y de los Municipios en caso de incumplimiento de normas y tratados internacionales o de la normativa comunitaria, o bien en caso de peligro grave para la incolumidad y seguridad pública, o cuando así lo exigiera la defensa de la unidad jurídica o económica y, en particular, la salvaguardia de los niveles básicos de las prestaciones relativas a derechos civiles y sociales, sin tener en cuenta los límites territoriales de los gobiernos locales.
El Marco Global de los Tratados Internacionales
Entre los grandes logros de las Naciones Unidas destaca el desarrollo de un corpus de derecho internacional fundamental tanto para la promoción del desarrollo económico y social, como para la paz y seguridad internacionales. El derecho internacional está consagrado en convenciones, tratados y normas. Muchos de los tratados creados por las Naciones Unidas forman la base del derecho que rige las relaciones interestatales.
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Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional
A lo largo de los años, se han depositado más de 560 tratados multilaterales ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, otros muchos tratados se depositan ante los Gobiernos u otras entidades. La Asamblea General está integrada por cada Estado Miembro de la ONU y es el principal órgano de deliberación en materia de derecho internacional. Numerosos tratados multilaterales son adoptados por la Asamblea General y luego quedan abiertos a firma y ratificación. La Sexta Comisión Jurídica apoya en sus funciones a la Asamblea General asesorándole en cuestiones jurídicas importantes. Para alentar a los Estados miembros a firmar convenciones o depositar instrumentos vinculantes relacionados con estos tratados, las Naciones Unidas organizan Eventos de Tratados anuales y especiales.
La Comisión de Derecho Internacional fue establecida por la Asamblea General en 1947 con el objetivo de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La Comisión está formada por 34 miembros, que representan colectivamente los principales sistemas jurídicos del mundo y prestan servicios como expertos a título personal, no como representantes de sus respectivos gobiernos. Se encargan de cuestiones relativas a las relaciones interestatales y según la materia, consultan al Comité de la Cruz Roja, a la Corte Internacional de Justicia y a agencias especializadas de la ONU. Cuando la Comisión termina su labor en alguno de ellos, la Asamblea General puede convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para incorporar el proyecto a una convención. Dicha convención se abre entonces a la firma de los Estados que quieran ser partes en ella, es decir, Estados que acepten formalmente quedar sujetos a sus disposiciones. Algunas de estas convenciones constituyen el fundamento del derecho que rige las relaciones entre Estados. El trabajo jurídico de la ONU ha sido pionero en muchos ámbitos a medida que la Organización ha ido afrontando problemas que adquirían un cariz internacional. La ONU ha estado a la cabeza de los esfuerzos por establecer un marco jurídico en áreas tales como la protección del medioambiente, la regulación de la inmigración laboral, la reducción del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo.
Derecho Internacional Humanitario
El derecho internacional humanitario engloba los principios y normas que regulan los medios y métodos de combate, así como de la protección de la población civil, los combatientes enfermos y heridos y los prisioneros de guerra. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel primordial en los esfuerzos por desarrollar el derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra de 1949 se encuentran entre los tratados más importantes que consagran el principio de que las guerras tienen límites. En el corazón del derecho internacional humanitario, brindan protección a las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades.
Órganos de Justicia Internacional
El órgano de las Naciones Unidas especializado en el arreglo de controversias es la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1946 y también conocida como "la Corte Mundial". Desde su nacimiento, la Corte ha juzgado más de 200 casos, ha emitido numerosos fallos sobre controversias y también ha emitido opiniones consultivas a las preguntas planteadas por organizaciones de la ONU. En sus fallos, la Corte ha abordado controversias internacionales relacionadas con derechos económicos, la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, relaciones diplomáticas, toma de rehenes y derecho de asilo y nacionalidad. Los Estados someten estas controversias a la Corte buscando una solución imparcial y fundamentada en derecho a sus diferencias.
La comunidad internacional ha aspirado a crear una corte permanente internacional desde hace mucho tiempo para juzgar los crímenes internacionales más graves. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, se crearon los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia (TPIY) desde 1993 a 2017 y para Rwanda (TPIR) desde 1994 a 2015, cuyo objetivo fue enjuiciar los crímenes cometidos durante un período de tiempo y un conflicto determinados. Estos tribunales son instituciones no permanentes que dejan de existir una vez se ha dictado sentencia sobre las causas tratadas en ellos. Hoy, la mayoría se encuentra en modo residual, desempeñando funciones esenciales una vez finalizados sus mandatos.
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La idea de una corte penal internacional para enjuiciar crímenes contra la humanidad se concibió por primera vez en la ONU durante el proceso de aprobación de la Convención contra el Genocidio de 1948; sin embargo, la falta de consenso obstaculizó su ulterior desarrollo. En 1992 la Asamblea General encomendó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto para ese tipo de corte. La Corte Penal Internacional (CPI) es competente para enjuiciar a las personas que cometan genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, será competente para conocer del crimen de agresión cuando se alcance un acuerdo sobre la definición de tal crimen. La cooperación entre esta y la CPI se rige por un Texto negociado del Acuerdo de relación entre la ONU y la CPI. El Consejo de Seguridad puede iniciar un procedimiento ante la CPI, así como remitir a la CPI situaciones que, en caso contrario, no recaerían en las competencias de la Corte. La Corte está compuesta por 18 magistrados, elegidos por los Estados Partes para un período de nueve años, excepto cuando un juicio o apelación esté aún pendiente al final de este período, en cuyo caso uno de los jueces debe continuar en funciones hasta que finalice dicho proceso.
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