La represión en San Salvador Atenco, ocurrida en 2006, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la violencia estatal en México. Durante un operativo policial que reprimió duramente a manifestantes, el Estado mexicano fue señalado por violaciones graves de garantías individuales. "Fui torturada sexualmente por muchos policías. No es posible saber cuántos: me habían tapado la cara con mi propio suéter", cuenta Norma Jiménez, una de las sobrevivientes. "Tomaban turnos e invitaban a otros para subir al autobús donde abusaban de mí. 'Vengan a probar a esta perra', se decían", recuerda la víctima.
En total, unas 50 mujeres fueron detenidas durante el operativo. Aunque 11 de ellas han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la información recabada permite pensar que todas sufrieron agresiones parecidas y que la tortura sexual fue sistemática. Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señala que "la tortura sexual muestra una de las caras más terribles de todo lo que pasó en la represión de Atenco".
La lucha por la justicia tras los abusos
Las víctimas han enfrentado un camino largo y doloroso durante más de 12 años. Italia Méndez, otra de las mujeres que demanda al Estado, relata: "Me golpearon, me hicieron tocamientos, me introdujeron diferentes objetos en la vagina, me mordieron". Según el testimonio de las sobrevivientes, durante el traslado al penal, las fuerzas de seguridad las mantuvieron apiladas semidesnudas, bajo amenazas de muerte y agresiones constantes. "Además de constituir actos de violencia contra la mujer, fueron actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", afirma el informe del caso.
Respuesta institucional y casos recientes
A pesar de las denuncias, el Estado mexicano ha intentado en diversas ocasiones desestimar la magnitud de los hechos. Miguel Ruiz Cabañas, representante de México ante la corte, aseguró que "no se puede afirmar que autoridades se hayan organizado para hacer daño", justificando el operativo como necesario para restablecer el orden. Sin embargo, este tipo de prácticas arbitrarias siguen vigentes en el país. Recientemente, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) investiga a dos policías acusados de utilizar exceso de fuerza contra dos jóvenes en Los Mochis, Sinaloa, tras supuestamente "decir groserías".
En el caso de Los Mochis, el abuso fue grabado por testigos y difundido en redes sociales, provocando el rechazo público. El titular de la SSPyPC, Julio César Romanillo, informó que el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su investigación. La tabla siguiente resume la persistencia de la problemática basada en los testimonios recabados:
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Datos sobre el impacto de la violencia policial
- Tortura sexual: Identificada como una práctica sistemática y humillante en operativos.
- Impunidad: Más de 12 años después, en el caso Atenco no hay ningún sentenciado.
- Revictimización: Las instituciones han intentado que las víctimas desistan de sus denuncias.
- Secuelas: Las sobrevivientes reportan depresión, desórdenes del sueño y estigmatización social.
Para Alberto Abad Suárez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la intervención de organismos internacionales es fundamental para enviar un mensaje claro: la actuación de la fuerza pública debe respetar los protocolos de derechos humanos y no regirse por la venganza. Mientras tanto, las mujeres de Atenco continúan su lucha para que, como señala Norma Jiménez, "no le vuelva a pasar a nadie más".
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