Yucatán es considerado como el Estado más seguro del país, sin embargo, la seguridad que se brinda es una ficción para numerosas familias. En especial para quienes cuyo marido labora en la policía estatal, ya que son protegidos por el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, por lo que se vuelven inmunes a cualquier denuncia e incluso, pueden utilizar el equipo y la tecnología para mantener en estrecha vigilancia a sus cónyuges.
La Larga Permanencia de Saidén y las Preguntas sobre la Impunidad
Luis Felipe Saidén Ojeda ha sido una figura constante en la seguridad de Yucatán. Ha estado en tres administraciones seguidas y eso nos hace preguntarnos cuáles son las causas para que una persona esté con administraciones de distintos partidos y se mantenga como secretario de la Policía Estatal. Al concluir el mandato de Ortega Pacheco, llegó Rolando Zapata Bello que lo ratificó en el cargo y después hizo lo mismo el actual gobernador, Mauricio Vila Dosal.
Hasta ahora sigue desempeñándose como secretario de Seguridad Pública del estado de Yucatán, bajo las órdenes del gobernador Mauricio Vila Dosal, pero es un secreto a voces que ya presentó su renuncia y le fue aceptada. Pese a los supuestos desmentidos oficiales, Saidén Ojeda tiene ya dispuesta su salida de la corporación estatal.
Un hecho relevante en su trayectoria es su absolución judicial. Tres años después de un incidente no especificado, en mayo de 2007, Saidén fue absuelto por el Juzgado Colegiado de Circuito en Cancún.
Debilidades Institucionales y la Falta de Rendición de Cuentas
La situación de impunidad se ve agravada por fallas en las instituciones de derechos humanos. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) no cataloga claramente los casos de tortura y esta debilidad institucional coadyuva a que persista la situación de impunidad en los casos de tortura que han sido documentados”. Esta falta de acción se evidencia en casos concretos.
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Existe una preocupante opacidad institucional. «En virtud de que la información solicitada a la presente fecha no se encuentra en archivos ni obra parte en el expediente toda vez que la Secretaria de Seguridad Pública no ha emitido al día de hoy informe o pronunciamiento alguno con relación a la Recomendación 08/2013 por lo que no es procedente acceder la Información solicitada por la inexistencia de la misma según oficio enviado a esta Unidad de Acceso a la Información por el Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento de la CODHEY de fecha 30 de Mayo del año en curso».
Como se informó en su momento y en exclusiva, en la recomendación se nombra al Oficial Pedro Daniel Nah Pech y Comandante José Luis Trejo Gómez como responsables por vulneraciones a los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, trato digno y legalidad y seguridad jurídica de un detenido, y se recomienda a la corporación policíaca que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad contra éstos, además de que se identifique a los demás involucrados en el ultraje contra el ciudadano en cuestión.
El Caso Pedro Pablo Rodríguez Canul: Un Reflejo de la Protección Sistémica
Un claro ejemplo de esta dinámica de protección es el caso de Pedro Pablo Rodríguez Canul, elemento adscrito a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Rodríguez Canul tiene denuncias de fuero común, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), pero ninguna ha procedido, por orden de Saidén Ojeda.
Lo peor de todo, debido a que labora en el Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), tiene el control de las cámaras de vigilancia, con las cuales monitorea con fines personales. De acuerdo con la pareja de Rodríguez Canul, quien por motivos de seguridad omitió su nombre, al cabo de dos meses de relación, empezó a controlar su forma de vestir, así como sus amistades, debido a los constantes celos.
La situación empeoró para la afectada cuando su pareja empezó a utilizar las cámaras de vigilancia del C5i para monitorear a dónde se dirigía a bordo de su vehículo, con el uso de los lectores de placas de circulación, al mismo tiempo que utilizaba la tecnología para ver los mensajes de texto del teléfono celular de la víctima. Asimismo, Rodríguez Canul empleaba a personal de la corporación para que la vigilara de cerca, y ante la situación que prevalecía optó por interponer una denuncia ante el Ministerio Público, así como una queja administrativa como servidor en la SSP, con el número de expediente A.I/115/2025.
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El día miércoles 2 presentó las respectivas pruebas y hasta el momento no lo citan a declarar, por las agresiones cometidas en contra de su pareja. Con fines precautorios, el pasado 26 de junio también interpuso una queja ante la Codhey, con número de expediente 309/2025, por lo que espera una pronta solución cuando la instancia emita la respectiva recomendación. Para deslindarse de cualquier acusación, compra los chips denominados beat para mandar mensajes de amenaza, y varios de los textos provienen del número 990 352 78 06, los cuales datan a partir del pasado 20 de mayo.
A pesar de que el pasado 30 de mayo, el Poder Judicial del Estado notificó las medidas restrictivas, el agresor se niega a acatarlas. Por ende, Rodríguez Canul tiene prohibido acercarse al predio de la víctima, así como en el trabajo de la afectada. También se le prohibió amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona a la denunciante, y se le advirtió que no puede ejercer cualquier tipo de violencia, como golpear, insultar, amenazar, humillar, intimidar o molestar, ya sea de forma presencial, por teléfono, por escrito o cualquier medio. De no acatar la disposición, se le sancionará de conformidad a lo establecido por el Código Penal del Estado, por el delito de violación de Órdenes de Protección, con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Sin embargo, nada detiene al agresor, pues bien sabe que está la protección del titular de la SSP, quien también controla al Fiscal General del Estado (FGE), Juan Manuel León León. “Temo por mi seguridad porque aún me siento vigilada, ya que él todavía está en C5i, ya que él ve robos en todo el Estado y tiene acceso a dicha instancia para checar cámaras y descarga de videos, y nada me garantiza que siga mis pasos. Hasta el momento no se ha acercado, pero si vencieran mis medidas el pudiera hacer algo en mi contra”.
El "Yucatán Seguro": ¿Mito o Realidad?
Ante estos casos, surge la imperiosa necesidad de cuestionar la narrativa oficial. “Es importante romper el mito de ‘Yucatán Seguro’”. De igual forma, Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, mencionó que en Yucatán hay seguridad, pero al costo de que las vidas de personas de diversos sectores sociales corran riesgo, por lo que hay que desmitificar que es un ejemplo de paz, tal como incluso lo ha celebrado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de la alta percepción de seguridad en Yucatán en comparación con otras entidades, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la situación es diferente en algunas familias, en especial cuando el hombre de la casa trabaja en la SSP, pues se vive un clima de inseguridad y de calvario. Esto contrasta con las cifras oficiales, donde de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la incidencia delictiva registrada en Yucatán durante 2024 fue la más baja en una década, al grado que cada querella se interponía cada dos horas con siete minutos.
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Incluso, el pasado sábado 5 de julio, arrancó el Operativo Vacacional Verano 2025, con el despliegue de más de cuatro mil elementos y alrededor de mil 500 unidades terrestres, para fortalecer la seguridad en la entidad.