La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, sorprendió al sector empresarial al nombrar un gabinete con una tendencia orientada al libre mercado.
Se esperaba que Bachelet designara al actual director de presupuesto, Mario Marcel, como ministro de Hacienda, lo que habría sido bien recibido por los inversionistas debido a su probado compromiso con la responsabilidad fiscal.
En cambio, Bachelet dejó el Ministerio de Hacienda en manos de Andrés Velasco, un respetado economista, políticamente independiente y uno de los asesores de Bachelet durante su campaña.
Velasco dirige Expansiva, centro de investigación y análisis que desarrolla soluciones ortodoxas de política económica para Concertación, la coalición gobernante. Es también profesor de finanzas internacionales y desarrollo en la Universidad Harvard.
La próxima presidenta prometió un gobierno técnicamente eficiente, partidario del mercado y capaz de aplicar su ambicioso programa de reforma. Su gabinete parece capaz de cumplir.
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Una serie de importantes desafíos se ha planteado el próximo gobierno de Chile, encabezado por Michelle Bachelet, sobre todo en materias sensibles, como por ejemplo en energía o en materia tributaria, donde las críticas a las propuestas de reforma se han hecho sentir desde diversos sectores. En este escenario el rol que desempeñen los ministerios será clave, y figuras como el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, serán determinantes para sacar adelante los cambios anunciados.
Esta reforma contempla cuatro objetivos, el primero es aumentar la carga tributaria para financiar los futuros gastos permanentes de la reforma educacional, otras políticas de protección social y el actual déficit en las cuentas fiscales. Lo segundo apunta a mejorar la distribución de los ingresos avanzando en la equidad tributaria.
El plan de gobierno define que la meta de recaudación se alcanzará "del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria que será de 3% del PIB.
Pero se estima que el escenario no será el más fácil, dado que las críticas han apuntado a que estas iniciativas pueden afectar la inversión.
La semana pasada se realizó la primera reunión del comité económico de ministros que busa generar herramientas para impulsar la economía, elevar la productividad y abordar temas clave como la energía.
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La mandataria deberá “gobernar ante una ciudadanía con un rol más vigilante, manejar las altas expectativas para su administración y mantener el orden y la disciplina al interior de la Nueva Mayoría”, dijo el analista Marcelo Mella, de la Universidad de Santiago.
El nuevo ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que “el nuevo gobierno recibe una herencia de la actual administración (del centroderechista Sebastián Piñera) de una economía desacelerada, una herencia de crecimiento bajo, las cifras así lo indican“.
Michelle Bachelet removió de sus cargos a nueve de los 23 ministros, incluidos sus cercanos colaboradores titulares de Interior y Hacienda, con el objetivo de recuperar la confianza en el gobierno tras un escándalo de corrupción que desplomó su popularidad.
En Hacienda, fue retirado Alberto Arenas y nombró en su lugar a Rodrigo Valdés, un economista que hasta el lunes presidía el directorio del Banco del Estado.
La mandataria, que se encuentra en una desaprobación de 64 por ciento, instó a los nuevos ministros a honrar “la transparencia y la probidad que nos demandan”.
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Rodrigo Valdés, personaje ampliamente respetado por todos los sectores políticos consecuencia de una brillante trayectoria en la banca privada, estatal, Banco Central y FMI, fue la primera voz de gobierno que dio luces de que las cosas (reformas) se pudieron haber hecho mejor.
La llegada de Rodrigo Valdés, nuevo ministro de Hacienda, y su voluntad para mejorar el contexto económico, es el ejemplo empírico de cómo un liderazgo tecnocrático puede tener problemas si es que no es acompañado de un buen manejo político. Prueba de ello han sido algunas intervenciones públicas en que el ministro ha dicho lo que todos hemos querido escuchar y, sin embargo, ha tenido que corregir sus declaraciones por temas de convivencia política.
