El panorama político en México se ve sacudido por diversas denuncias de violencia y manipulación de cifras, en las que el Partido Acción Nacional (PAN) tanto acusa como es acusado. Estas controversias abarcan desde la manipulación de estadísticas de seguridad a nivel estatal, hasta acusaciones graves ante instancias internacionales y confrontaciones políticas a nivel local.
El PAN denuncia manipulación de cifras de violencia en Sinaloa
El comité municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, está recurriendo al ocultamiento y la reclasificación de delitos para intentar maquillar la violencia que dejó un saldo de 164 muertes violentas durante el mes de mayo.
En rueda de prensa encabezada por el presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que las cifras de mayo sitúan a la entidad en niveles críticos similares a diciembre pasado, representando un incremento del 24 por ciento respecto al mes de abril. “Ahora la novedad es que el Gobierno trata de encubrir los homicidios y las muertes violentas”, señaló Ortiz Hernández.
Ortiz Hernández acusó directamente a las autoridades de manipular la información oficial para evitar que los homicidios se contabilicen como tales. Mencionó el caso de las siete personas que perdieron la vida de forma violenta dentro de un penal, las cuales, según el dirigente, la Fiscalía intentó registrar bajo otros términos para no incluirlas en las estadísticas de violencia. “Estas siete personas que perdieron la vida de manera violenta dentro del penal, las ponen ahora como riña y no las quieren sumar. La Fiscalía, lo que hizo al momento de mandar a la Secretaría federal, le cambian los nombres para que no se ponga”, informó.
El balance presentado por el PAN detalla que, en los últimos 680 días de violencia en Sinaloa, se han acumulado:
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- 3 mil 300 homicidios
- 3 mil 900 privaciones de la libertad
- El robo de 11 mil 400 vehículos
El PAN arremetió contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el Alcalde de con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes acusó de estar escondidos ante la crisis de seguridad y los procesos judiciales que involucran a figuras cercanas, como el caso del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa en, Gerardo Mérida Sánchez, en una corte de Nueva York, donde se ha mencionado evidencia abundante en su contra. Según Ortiz Hernández, existe una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 37 millones de pesos en obras adjudicadas a dos empresas que comparten los mismos socios y representantes legales.
El PAN hizo un llamado enérgico a la Fiscal del Estado para que deje de manipular las cifras y clasifique los delitos de manera exacta, respetando el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad de la seguridad en Sinaloa.
El PAN acusa al expresidente López Obrador de pactos político-criminales ante la CPI
Autoridades del Partido Acción Nacional, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, a fin de que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos “político-criminales” durante el sexenio pasado.
La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico. La querella sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, “sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 - 2024) y el Crimen Organizado”.
La denuncia también sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política de “cesión de soberanía frente al crimen organizado”, con casos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros. “El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”, señaló la dirigencia del PAN a cargo de Jorge Romero Herrera.
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A través de un comunicado de prensa, agregaron que los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal “han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.
Confrontaciones por violencia política en Querétaro
Diputados de Morena, PT y PAN confrontaron posturas en torno a las denuncias de violencia política y amenazas contra integrantes de la llamada Cuarta Transformación en Querétaro. Mientras legisladores morenistas exigieron frenar la violencia y responsabilizaron al gobierno estatal y al PAN de generar un ambiente de hostilidad, la bancada panista rechazó las acusaciones y acusó a Morena de recurrir a la “victimización política” para desviar la atención de problemas nacionales.
En conferencia de prensa, el diputado de Morena, Eric Silva Hernández, denunció que diversos integrantes del movimiento han sido objeto de amenazas, calumnias y campañas de desprestigio por cuestionar y evidenciar presuntas irregularidades del gobierno estatal y municipal encabezado por el PAN. Entre los afectados mencionó al regidor capitalino Fernando Flores Pérez, a la diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, al diputado federal Gilberto Herrera Ruiz y a la alcaldesa de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega.
Silva Hernández aseguró que la violencia política y psicológica que, dijo, enfrentan los representantes de la 4T busca intimidar a quienes denuncian irregularidades y actos de corrupción. Advirtió que existe preocupación de que estas agresiones escalen a hechos de violencia física y exigió al PAN “jugar limpio”.
Por su parte, el regidor Fernando Flores Pérez informó que recibió amenazas de ejecución tanto en su teléfono celular personal como en la línea oficial del municipio de Querétaro, situación que ya fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado. Indicó que las autoridades municipales no se han pronunciado públicamente sobre el caso y señaló que incluso trabajadores de la alcaldía también han sido intimidados.
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El regidor afirmó que durante el año y medio que lleva en funciones ha realizado críticas directas al gobierno municipal en temas relacionados con programas sociales, obra pública y acuerdos de cabildo, lo que derivó en vigilancia hacia su persona y en campañas de desinformación impulsadas por grupos afines al PAN y algunos medios de comunicación. Asimismo, denunció que tras presentar la denuncia comenzaron a circular señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico y el crimen organizado, lo que consideró parte de una estrategia para desacreditarlo y justificar las amenazas en su contra.
La diputada Claudia Díaz Gayou sostuvo que la situación refleja el ambiente de violencia y acoso que, aseguró, se vive en Querétaro, particularmente contra quienes representan voces críticas al gobierno estatal. En ese sentido, pidió al PAN detener la “guerra sucia” y afirmó que la violencia política no ha cesado tras los procesos electorales. También la diputada morenista Rosalba Vázquez Munguía expresó preocupación porque este tipo de amenazas se normalicen, advirtiendo que si representantes populares son víctimas de intimidaciones, la población en general podría encontrarse en una situación aún más vulnerable.
En respuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Guillermo Vega Guerrero, rechazó las acusaciones de Morena y aseguró que en Querétaro prevalecen el respeto, la democracia y la libertad de expresión. El legislador panista afirmó que las y los diputados de Acción Nacional están a favor del debate democrático y la confrontación de ideas, pero rechazó lo que calificó como una estrategia de “victimización política” utilizada para evitar discutir temas relevantes tanto a nivel estatal como nacional. Vega Guerrero sostuvo que, mientras en Querétaro se mantiene un ambiente de diálogo y pluralidad, a nivel federal existe una campaña permanente de descalificaciones contra periodistas, empresarios, órganos autónomos y partidos de oposición impulsada por la Cuarta Transformación.
El diputado panista Ricardo Rubio Torres, acusado de violencia doméstica
Ricardo Rubio Torres, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, rompió desde la tribuna un cartel que promocionaba los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desatando una confrontación verbal entre las bancadas panistas y morenistas. “Para nosotros, la oposición, y la mayoría nacional, esto no vale nada”, dijo el diputado panista cuando sacaba el anuncio con la imagen del presidente López Obrador y se iría a la tribuna. Una vez arriba, Rubio soltó: “No hay nada qué festejar, lo único que hay es miseria, hambre y dolor”.
Las aseveraciones del legislador panista encendieron los ánimos de los diputados de Morena que empezaron a cantar “Es un honor estar con Obrador”. Martha Ávila Ventura, diputada de Morena, dijo que lo hecho por el panista era un “asunto muy grave” y recordó que Rubio Torres ya había sido acusado de violencia en razón de género por su esposa. En noviembre pasado se dio a conocer que el diputado Rubio Torres fue denunciado por violencia familiar y psicológica por su esposa, quien señaló que el legislador la quiso ahorcar. “Me empieza a agredir ahorcándome (…) que me iba a romper mi madre si no me salía”, señaló la esposa en su denuncia contra el diputado local.