La diferencia tiene un nombre técnico que casi nadie explica: reintegración del sistema tributario. Es uno de los cambios de la Ley de Reconstrucción que menos titulares ocupa y que, sin embargo, más afecta al bolsillo de quien vive de los retiros de su empresa. Acá está qué es, por qué se instaló el “castigo” del 35% en 2017, cuánto se ahorra con números y desde cuándo aplica.
La reintegración del sistema tributario no genera consenso entre los expertos y parlamentarios, específicamente en lo relativo a los efectos que tendría en la inversión y el crecimiento económico, ni tampoco respecto del costo fiscal que implica esta medida.
¿Qué es la Reintegración del Sistema Tributario?
La reintegración devuelve a Chile a un sistema tributario integrado: el dueño podrá usar el 100% del crédito por el impuesto que pagó su empresa (el IDPC) contra su impuesto personal, sin la restitución del 35% vigente desde 2017. La integración del impuesto a la renta da cuenta de una perspectiva fundamental sobre el rol de los impuestos. El impuesto a la renta aplica en dos niveles: en un primer nivel existe el impuesto de primera categoría que pagan las empresas y en otro nivel el impuesto global complementario que pagan los propietarios (socios o accionistas). La integración significa que el impuesto de primera categoría de la empresa opera como un crédito en contra del impuesto global complementario del dueño. La principal consecuencia de esto es que la tributación de la empresa no es definitiva: siempre es “devuelta” al propietario cuando decide sacar las utilidades del negocio.
Historia del Sistema Tributario Integrado y Semi-integrado
El Antiguo Sistema Integrado
Durante décadas, Chile operó con un sistema integrado. La idea es simple: el impuesto que paga la empresa sobre sus utilidades (Impuesto de Primera Categoría, IDPC) es un anticipo del impuesto que pagará el dueño cuando retire esas utilidades (el Impuesto Global Complementario). El dueño usaba el 100% del IDPC como crédito contra su impuesto personal. El Fisco no cobraba dos veces sobre el mismo dinero.
Este régimen general integrado fue creado en 1984, cuando nuevamente se buscó derogar el impuesto de primera categoría. Así, la intención fue que se tributara solo al momento del retiro de utilidades por los socios o accionistas. La modalidad definitiva consistió en la integración.
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La Reforma de 2014 y el Sistema Semi-integrado
La reforma tributaria de 2014 cambió ese esquema. En la reforma tributaria de 2014, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema impositivo integrado a uno semiintegrado. A partir de 2017, Chile adoptó un sistema semi-integrado: el crédito por IDPC dejó de ser totalmente imputable. El dueño podía usarlo, pero quedaba obligado a restituir al Fisco el 35% de lo que usaba. El objetivo fue recaudar más sobre las rentas altas y desincentivar la acumulación de utilidades en las empresas.
La reforma tributaria de 2014-2016 creó un sistema tributario semi-integrado cuya principal característica es que sólo un 65% de los tributos pagados por la empresa puede ser usado como crédito para los impuestos personales de sus dueños. Más que integración parcial, el régimen siguió integrado, pero se obligó a los propietarios a restituir el 35% del impuesto corporativo imputado en contra de su impuesto personal. El efecto secundario fue una distorsión que cargó durante años sobre miles de empresarios: el costo de retirar utilidades subió de forma significativa, complicando la planificación y penalizando justamente la distribución de las ganancias.
La idea inicial de la reforma era mantener un sistema plenamente integrado, pero cambiar su base desde una de retiros a una atribuida. Sin embargo, en plena tramitación, el proyecto fue modificado por el Protocolo de Acuerdo por una Reforma Tributaria para un Chile más inclusivo. Como consecuencia, las empresas tributarían alternativamente bajo dos regímenes: el atribuido y el semi-integrado (las Pymes tributarían bajo su propio régimen integrado). Adicionalmente, durante este proceso de negociación, la reforma incorporó medidas que representaron importantes beneficios para los grandes patrimonios chilenos. La primera medida habilitó la tributación de rentas ubicadas en el extranjero que no fueron declaradas al SII a una tasa preferente de 8%, siendo que deberían haber tributado con tasas cercanas al 35% (coloquialmente, esto se conoce como blanqueamiento de capitales). Aunque se lograron ingresos inmediatos, fueron a costa de una recaudación que podría haber sido mucho mayor y de una pérdida de autoridad de la ley tributaria.
Argumentos a Favor de la Reintegración
Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. Según los argumentos dados, la reintegración permitiría simplificar el sistema tributario, resguardar la equidad horizontal entre las rentas del trabajo y del capital, evitar el doble gravamen sobre estas últimas y reducir la elusión y evasión.
Primera ventaja: Equidad horizontal. La reintegración asegura equidad horizontal. En uno desintegrado, los ingresos del trabajo pagan tasas progresivas, en cambio el capital paga una tasa proporcional a nivel de empresas, y luego una adicional, normalmente proporcional, sobre los dividendos. Esto lleva a que dos personas con el mismo ingreso, proveniente de fuentes distintas, no paguen lo mismo, rompiendo la equidad horizontal y generando doble tributación. En efecto, la semi-integración ocasiona que iguales ingresos no estén afectos al mismo pago de impuesto. Por ejemplo, los ingresos laborales menores a 7,6 millones anuales se encuentran exentos, en cambio, los ingresos provenientes de un emprendimiento (utilidades retiradas) por el mismo monto pagan 9,45%. Asimismo, en el tramo superior, los ingresos laborales pagan 35% y los dividendos o retiros 35% + 9,45% = 44,45%; sólo hay 10.000 individuos pagando esta tasa. Más aún, el sistema semi-integrado reduce la progresividad de los impuestos, y en este sentido también es verticalmente inequitativo.
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Segunda ventaja: Simplificación para PYMES. Una segunda ventaja, muy importante en el caso chileno, es que hace innecesario tener regímenes especiales para empresas de menor tamaño. En un sistema integrado, lo relevante es la tasa del socio, siendo el impuesto de Primera Categoría solo una retención para el pago final. El fin de la reintegración llevó a la creación de múltiples regímenes, buscando un sistema menos oneroso para empresas pequeñas. Pero la evidencia muestra que sistemas con regímenes múltiples terminan dañando la recaudación, ya que generan más espacios para la planificación tributaria y la división artificial de sociedades. Vinculado a lo anterior, la reintegración evitaría el absurdo de que el peor resultado para una empresa pequeña es que sus ventas superen las UF 75 mil, ya que implica un castigo tributario tan significativo que sus ejecutivos deben evitar a toda costa crecer.
Tercera ventaja: No discriminación a inversionistas. Un último punto a favor de la reintegración es que evita la discriminación absurda en contra de los inversionistas chilenos, que pagan una tasa máxima de 44,5%, mientras que uno extranjero paga 35%. La reintegración beneficia especialmente al inversionista sin convenio de doble tributación, porque su crédito por IDPC vuelve a ser 100% imputable contra el Impuesto Adicional del 35%.
Se ha señalado repetidamente que la reintegración (100% de crédito para los dueños) beneficiaría a las grandes empresas. Esto no es correcto.
La reintegración corrige una distorsión que penalizó por años a quien genera y distribuye utilidades en Chile.
Funcionamiento y Ahorro con la Reintegración
La Restitución del 35%, Explicada Sin Tecnicismos
Sigamos el dinero. Una empresa con $100 de utilidad paga hoy $27 de IDPC. Esas utilidades quedan registradas y esperan hasta que el dueño decide retirarlas. Cuando retira, paga el Global Complementario, con tasas del 0% al 40% según sus ingresos totales. Para evitar la doble tributación, usa como crédito el IDPC que la empresa ya pagó. Hasta ahí, todo razonable. El problema es la restitución obligatoria del 35%. El dueño usa el crédito de $27, pero debe devolver al Fisco el 35% de ese monto: $9,45. El crédito neto que realmente aprovecha es de solo $17,55. En la práctica, el crédito vale el 65% de su valor nominal, y la carga total -IDPC de la empresa más Global Complementario del dueño, menos el crédito neto- termina bastante por encima de lo que sugiere la tasa nominal.
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Qué Propone el Proyecto: La Integración Total
El proyecto elimina la restitución por completo, pero de forma gradual para no golpear la recaudación de un año a otro. Técnicamente, deroga las normas de los artículos 56 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que obligan a restituir el 35%, de modo que el 100% del IDPC vuelva a ser imputable. Por cada $100 millones que un dueño retira de su empresa, hoy paga cerca de $44 millones de impuesto. Desde 2030 pagará alrededor de $35 millones. Para quien retira utilidades todos los años, ese diferencial repetido es la verdadera noticia del proyecto, más que el titular de la rebaja de tasa.
Ejemplo Comparativo de Carga Tributaria (sobre $100 millones de utilidades retiradas)
| Concepto | Sistema Actual (Semi-integrado) | Sistema Reintegrado (Desde 2030) |
|---|---|---|
| IDPC (Impuesto de Primera Categoría) | 27% | 23% (tasa proyectada) |
| Restitución del crédito | 35% del crédito | 0% del crédito |
| Carga efectiva total (aproximada) | ~$44,45 millones | ~$35 millones |
| Ahorro para el dueño | - | ~$9,45 millones |
Beneficiarios de la Reintegración
La reintegración beneficia a cualquiera cuyo ingreso principal sean los retiros o dividendos de su empresa:
- Dueños de pymes que retiran utilidades con regularidad.
- Socios de sociedades de personas.
- Holdings y estructuras familiares que distribuyen hacia las personas.
- Inversionistas extranjeros sin convenio de doble tributación: hoy pagan el Impuesto Adicional del 35% sobre las utilidades remesadas, y la restitución también les encarece el crédito. Con la reintegración, el crédito vuelve a ser 100% imputable y mejora el retorno neto de su inversión en Chile.
Gradualidad y Planificación
La restitución no desaparece de un día para otro: baja al 30% en el año tributario 2028, al 20% en 2029 y se elimina desde 2030. El beneficio pleno llega con las utilidades del año comercial 2029 en adelante. El proyecto todavía no es ley. Está en el Senado. La gradualidad de la restitución es, justamente, uno de los puntos donde el Senado podría introducir ajustes.
La política de retiros es planificable. Si puedes diferir retiros hacia los años en que la restitución es menor o nula, la carga efectiva sobre esas utilidades baja. Es una decisión de timing que conviene modelar con tu asesor, sin forzarla sobre un beneficio que aún no rige. Aunque el beneficio pleno llegue en 2030, la planificación empieza antes. Revisa tu política de distribución: acumular utilidades durante la transición y distribuir cuando la restitución sea menor o esté eliminada puede reducir de forma relevante la carga del dueño. Actualiza tus proyecciones de flujo personal incorporando el calendario, y coordina la decisión con tu régimen empresarial y con la rebaja de tasa del IDPC, que corre en paralelo.
Debates y Críticas a la Reintegración
La reintegración genera más disensos; varios colegas consideran que no es muy relevante. Se ha puesto en tela de juicio la real finalidad de modificar nuevamente la norma tributaria, desintegrada en parte por la administración anterior para volver a un sistema tributario integrado similar al antiguo modelo de los años 80.
Costo Fiscal
Un primer tema de discrepancia es el costo fiscal. Por un lado, en el gobierno han señalado que, “en base a información del Servicio de Impuestos Internos, se estima que el costo fiscal de la medida alcanza 0,12% del PIB aproximadamente en régimen, unos US$400 millones. Esta estimación se realiza aplicando una tasa del 35% sobre los créditos sujetos a restitución declarados contra impuestos finales en los últimos dos años”, según el informe financiero de la megarreforma. En cambio, en la oposición calculan que el efecto en los ingresos fiscales es del orden de US$800 millones, en línea con el informe financiero del proyecto tributario del segundo gobierno de Sebastián Piñera y de un último informe de Estadísticas Tributarias que realizó Hacienda en la administración Boric.
El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, lo plantea así: “La cifra que entrega el informe financiero se parece al monto del débito fiscal por restitución del crédito de primera categoría que han pagado en los últimos años las personas naturales. Esa cifra tiene dos problemas. El primero, es que los retiros gravados han sido anormalmente bajos en estos años, porque los empresarios han estado retirando ingresos no renta, provenientes de las utilidades que pagaron el impuesto sustitutivo al FUT. El segundo, es que falta considerar la pérdida de recaudación por los no residentes de países sin convenio, quienes también están sujetos a la semiintegración y que en su mayoría no presentan declaración anual, que me parece es la fuente de los datos usados en la estimación”. No obstante, Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, entrega otra visión: “Los sucesivos mecanismos transitorios de retiro de utilidades -como el ISFUT y el ISIF- implican que, en la práctica, las empresas tenderán a retirar primero utilidades liberadas de impuesto final, postergando aquellas afectas a la semiintegración. El resultado es un efecto fiscal todavía menor al estimado”. Esa explicación es similar a la que entregó el gobierno durante la presentación del proyecto.
Impacto en el Crecimiento Económico
El otro debate sobre la reintegración es si ayuda al crecimiento económico. En el informe financiero, el gobierno ve un efecto de entre 0,29% y 0,58% del PIB a diez años, adoptándose como estimación central un aumento del nivel de PIB de 0,41% en una década.
Entre quienes apoyan la visión de un impacto favorable en el crecimiento está la economista Vanesa Lanciotti, socia Líder de Tax & Legal en Deloitte, quien afirma que “el efecto de la integración sobre el crecimiento no es mecánico ni inmediato, pero sí genera externalidades positivas: mejora -junto a otras medidas incluidas en el proyecto- el clima de inversión, reduce distorsiones relevantes y contribuye a un entorno más estable y predecible". También Loreto Pelegrí, socia de PwC Chile, sostiene que “la reintegración, al igual que la rebaja de la tasa, es relevante para el crecimiento, puesto que se remueve el peaje actual (donde solo se recupera el 65% del impuesto corporativo), aumentando la rentabilidad neta de los proyectos. Esto incentiva a los empresarios a reinvertir utilidades en lugar de retirarlas o buscar otros mercados”.
Una postura intermedia tiene Fidel Bennett, economista del estudio jurídico La Firma y exasesor de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric: “La evidencia empírica respecto de los efectos de la reintegración sobre el crecimiento no es contundente y muestra que son acotados, heterogéneos y no automáticos”. Alberto Cuevas, socio de KPMG en Chile, explica que la reintegración tiene varios efectos: “El primero es que efectivamente la carga tributaria final del proyecto baja, y eso podría hacer más atractivo al país para invertir; lo segundo es que para los proyectos que ya existen puede generar un incentivo más bien a la distribución de las utilidades que a la retención, porque hace más barato distribuir las utilidades, y eso sería como un incentivo a desinvertir esas platas al tener una tasa final más baja”.
Ya en la otra vereda se sitúa el excoordinador de política tributaria de Hacienda con Mario Marcel, Nicolás Bohme: “Reintegrar el sistema no es una medida proinversión y procrecimiento, sino que lo contrario: reduce el costo de distribuir utilidades a los socios de las empresas. Es decir, hace relativamente más atractivo el consumo y menos atractiva la inversión”. Una mirada similar tiene Michel Jorratt, quien menciona que “el reintegrar es equivalente a bajar los impuestos que pagan los accionistas sobre las utilidades retiradas”.
Críticas al Sistema Integrado y Argumentos por la Desintegración
La integración del impuesto a la renta da cuenta de una perspectiva fundamental sobre el rol de los impuestos. A mi juicio, el impuesto corporativo debería ser definitivo y autónomo del impuesto de los propietarios, tal como lo es el impuesto que pagan los trabajadores (esto igualaría el trato entre rentas del capital y rentas del trabajo).
A mi juicio, en este debate se ha ignorado una cuestión elemental: un régimen integrado identifica como renta el consumo de una persona y no sus ingresos. Para comprender el régimen integrado hay que ir varias décadas atrás. Este régimen fue una solución intermedia al objetivo buscado en un principio: que las empresas no pagaran impuestos, sino que esta obligación recayera exclusivamente en los propietarios al nivel de su impuesto personal. En la reforma tributaria de 1964 (Ley N°15.564), el gobierno de Jorge Alessandri quiso eliminar los impuestos de categoría y mantener exclusivamente un impuesto personal progresivo sobre las personas. La primera etapa solo significó un reordenamiento de las categorías. No obstante, la segunda suponía una discusión más profunda a nivel de principios.
De acuerdo a las teorías más comunes, una renta debía identificarse con los ingresos de una persona o con los incrementos netos de su patrimonio. Sin embargo, en contraposición a estas, se propuso identificar la renta como “el valor monetario de los servicios disfrutados por una persona en un tiempo determinado”. Conforme a esta postura, el impuesto a la renta debía articularse en base al consumo -según los servicios disfrutados o lo obtenido del producto nacional-, lo que se lograría exclusivamente con un impuesto progresivo único al nivel de las personas (aplicado al ser retiradas las utilidades).
A pesar de la intención original, solo pudo ejecutarse la primera etapa de la reforma. Tal como ocurrió con la reforma de Alessandri, no fue posible avanzar en la eliminación del impuesto corporativo. A mi juicio, el impuesto a la renta debería avanzar hacia la desintegración.
En términos de finanzas públicas la reforma tributaria no tendría los impactos esperados. Según lo señalado por el Instituto de Finanzas Públicas la propuesta de permitir que las pequeñas y medianas empresas (PYME) puedan mantener su contabilidad simplificada disminuiría de forma significativa los ingresos de los municipios, perjudicando directamente a las municipalidades que cuentan con una menor capacidad de recaudación de impuestos. En particular, la reforma afecta el mecanismo a través del cual se calculan las patentes municipales, mermando así los ingresos locales en cerca de US$62 millones. Este impacto negativo es aun más preocupante, puesto que el aporte de las patentes municipales junto al impuesto territorial sobrepasa el 50% de los Ingresos Propios Permanentes de los municipios.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué es la restitución del 35%? Es la obligación, vigente desde 2017, de devolver al Fisco el 35% del crédito por IDPC que el dueño usa al retirar utilidades. Reduce el crédito a un 65% de su valor y encarece los retiros.
- ¿Cuándo desaparece la restitución? De forma gradual: baja al 30% en el año tributario 2028, al 20% en 2029 y se elimina desde 2030, cuando vuelve la integración total.
- ¿Cuánto ahorra el dueño con la reintegración? Sumada a la rebaja del IDPC al 23%, la carga efectiva en el tramo más alto baja de ~44,45% a ~35%, cerca de $9,45 millones menos por cada $100 millones retirados.
- ¿La reintegración beneficia al inversionista extranjero? Sí, especialmente al inversionista sin convenio de doble tributación, porque su crédito por IDPC vuelve a ser 100% imputable contra el Impuesto Adicional del 35%.
- ¿Conviene posponer retiros hasta 2030? Puede convenir, porque la carga baja a medida que la restitución se reduce.
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