Descubre Todo Sobre el Nuevo Fiscal de la Nación en Perú: Impacto y Controversiaspost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación a la presidenta del país, Dina Boluarte, en relación a una supuesta reunión con la ex fiscal del Estado, Patricia Benavides, que habría derivado en la comisión de un delito de cohecho por parte de la mandataria.

Tras dos semanas de procedimientos preliminares, Boluarte ha sido llamada a prestar declaración el próximo 9 de octubre por una presunta petición que Benavides le habría hecho para no dar de baja al entonces comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro. Una demanda que la presidenta habría desoído, sustituyendo a Alfaro por Jorge Luis Angulo.

"El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro. Sin embargo, la presidenta no hace eco a ninguna exigencia", ha explicado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, en declaraciones recogidas por el diario 'El Comercio'. A este respecto, Portugal ha aseverado que "la reunión existió y está probada".

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció el pasado lunes a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ante el Congreso para que le retiren la inmunidad y pueda ser juzgada por homicidio calificado y lesiones graves por las protestas antigubernamentales que exigían su renuncia. Esta denuncia ocurrió horas después de que ese mismo lunes 27 de noviembre, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en Perú intervino la sede del Ministerio Público por una investigación contra la fiscal Patricia Benavides, a quien se le acusa junto con tres asesores suyos de encabezar una organización criminal por influencia en el Congreso. Las autoridades detuvieron a Jaime Villanueva Barreto.

Después del allanamiento y la detenciones del Equipo Especial contra la Corrupción, la fiscal Patricia Benavides dio una conferencia de prensa en la que declaró que la investigación del Equipo es un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”. Además, Benavides anunció que hizo una denuncia ante el Congreso contra la presidenta, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otálora, por cuatro muertes en las protestas en contra de su gestión ocurridas en 2022 y 2023.

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Según la denuncia, a la que tuvo acceso la agencia AP, la presidenta Dina Boluarte “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional”. El Congreso de Perú es la única instancia que puede presentar denuncias contra la titular del Poder Ejecutivo, por lo que deberá decidir si es procedente o improcedente la denuncia presentada por la fiscalía.

Esta es la segunda denuncia de la fiscal en contra de un presidente de Perú, en octubre de 2022, Patricia Benavides presentó una denuncia contra Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal y corrupción.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se convirtió en fiscal suprema en el último concurso de nombramiento de fiscales supremos titulares que llevó a cabo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) entre el 2021 y el 2022. El proceso se denominó "Convocatoria Nº 004-2021-SN/JNJ" y evaluó cuatro rubros: "evaluación de conocimientos", que tiene el 25% del valor en el puntaje general; "evaluación curricular", que vale 20%; "evaluación de estudio de caso", 25%; y "entrevista personal", 30%.

En el cuadro de méritos final, Patricia Benavides fue la que más puntaje obtuvo en los rubros "evaluación de conocimientos" (98.00) y "evaluación curricular" (100.00), mas no así en los rubros "evaluación de estudio de caso (79.80) y entrevista personal (82.14). Su promedio final fue, como dijimos, 89.09. Las tesis y los grados de maestría y doctorado se evaluaron en la etapa "evaluación curricular".

Allí, Benavides obtuvo el mayor puntaje, superando a todos sus competidores, y se consolidó, tras esa evaluación y el examen de conocimientos, como la candidata a encabezar el concurso. El postulante que acreditara estudios concluidos de maestría tendría 10 puntos, y de doctorado, 12 puntos. Pero si, adicionalmente, tenía tesis de maestría aprobada y grado reconocido, obtendría 18 puntos, y grado de doctor, 22 puntos. Lo que le permitía sumar 40 puntos.

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Gracias a ello, y a lo que acreditó experiencia laboral, cursos de especialización y ponencias, la JNJ calificó a Benavides con 100 en la etapa de "evaluación curricular", el puntaje máximo. En la calificación general, eso equivale al 20% del puntaje total. En la previa, el "examen de conocimientos", Benavides fue calificada por la JNJ con un puntaje casi perfecto: 98. Así, llegaba muy bien perfilada a la tercera etapa, la del "estudio de caso".

El 21 de abril de 2022, culminada la segunda etapa ("evaluación curricular"), la Junta publicó la lista de los aptos para pasar a la tercera evaluación, la del "estudio de caso". Los resultados de esta etapa se publicaron el 24 de abril de ese mismo año. Patricia Benavides consiguió un puntaje de 79.80. Fue superada por sus competidores Delia Espinoza (91.00), Juan Carlos Villena (88.00) y Franklin Tomy López (86.25).

La cuarta y última etapa, la "entrevista personal", fue el día siguiente. A la entrevista personal, a cargo de los consejeros de la JNJ, Benavides llegó como una de las favoritas. En el examen de conocimientos, había obtenido 98.00 puntos. Le sacó una gran ventaja a su más cercano competidor, la fiscal Gianina Tapia, quien logró 91.00. En la evaluación curricular, repetimos, obtuvo 100.00 y en el estadio de caso, 79.80. En el tramo final, la entrevista, sacó 82.14, lo mismo que Juan Carlos Villena Campana, pero menos que Delia Espinoza, quien obtuvo 88.14, y que Helder Terán Dianderas, 87.57.

En esta etapa, la más subjetiva, los consejeros más entusiastas con Patricia Benavides fueron Henry Ávila y Guillermo Thornberry. Ávila la calificó con 88.00 y concluyó que Benavides "exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal".

Otros consejeros, en cambio, no fueron tan vehementes con la actual fiscal de la Nación. Imelda Tumialán, que le dio un puntaje de 74.00, fue la consejera más dura con Benavides. Colocó en actas que la fiscal "no responde sobre su percepción de si el sistema de justicia es corrupto (y que) ante la repregunta, la respuesta no es precisa y es bastante genérica". "(Es) confusa su definición de autonomía (del Ministerio Público), con cierto grado de desconocimiento", y, al igual que otros colegas, también le atribuyó "desconocimiento sobre políticas públicas". No obstante, sobre su hermana, la investigada jueza Enma Benavides, Tumialán señaló: "Se aprecia que su conducta se rige por principios éticos".

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La fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, presentó este viernes una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala Gonzales. Tanto al expresidente como al exministro se les imputaron delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros. Cabe señalar que esta ola de acusaciones devienen del fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Asimismo, el esquema fiscal también señala al exmandatario por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Hace un año, cuando el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió, por unanimidad, destituirla como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, Patricia Benavides reapareció en un evento organizado por el Partido Aprista y su abogado, el aprista Jorge del Castillo Gálvez. El acto de desagravio en homenaje a Benavides estuvo respaldado por el grupo extremista ‘Los Combatientes’, facción de la extrema derecha de ‘La Resistencia’, cuyos miembros reaparecieron en apoyo a Patricia Benavides la mañana del último lunes cuando la ex fiscal irrumpió en el Ministerio Público con el objetivo de tomar por la fuerza el cargo de Fiscal de la Nación.

La congresista fujimorista Martha Moyano está investigada en el caso La fiscal y su cúpula de poder tras las revelaciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de Benavides, quien afirmó que la entonces Fiscal de la Nación había intercambiado favores con congresistas interesados en que se archivaran sus procesos. La propia Moyano admitió que solicitó a Benavides la remoción de los fiscales el equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Fue precisamente Pérez quien sentó en el banquillo de los acusados a Keiko Fujimori y a toda la cúpula del Fuerza Popular en el caso Cócteles.

El neofujimorista Fernando Rospigliosi declaró esta semana que el Ministerio Público debía acatar la decisión de la JNJ y aprovechó la oportunidad para sumarse a una de las narrativas que ha cobrado fuerza a raíz de la entrada a empellones de Benavides al piso 9 del Ministerio Público: que este organismo constitucionalmente autónomo está en crisis y que urge una reforma y reorganización de la Fiscalía y de todo el sistema de justicia.

Américo Gonza, congresista del partido liderado por el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, empezando por destituir a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos para, luego, encargar a la JNJ el nombramiento de los 7 integrantes de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, cuyo Pleno elegirá al nuevo Fiscal de la Nación Transitorio.

Renovación Popular no podía quedarse atrás. Su líder, Rafael López Aliaga, condecoró con la medalla de Lima a Patricia Benavides en 2023, pese a que el alcalde de Lima es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso Panamá Papers. Esta semana, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de la función pública, por no haber acatado lo que ordenó la JNJ.

Si bien la presidenta Boluarte - quien no responde preguntas de la prensa desde hace ocho meses - no ha defendido abiertamente el retorno de Patricia Benavides, quien sí lo ha hecho es su premier, el hermanito Eduardo Arana, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que también involucra a ex congresistas de Fuerza Popular y a la señora K.

La cereza sobre el pastel de la defensa del regreso de Benavides la puso el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuya elección fue una de las primeras muestras del pacto fujicerronista. En mayo de 2023, la coalición que controla el Parlamento eligió al cuestionado ex abogado del prófugo Vladimir Cerrón como titular de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la Constitución, el Defensor del Pueblo es el responsable de presidir la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ. Por eso la elección de Josué Gutiérrez era clave para el pacto. En octubre del año pasado, Josué Gutiérrez presidió la comisión que eligió a los actuales miembros de la JNJ.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ha personado este lunes en el despacho de la fiscal general de la nación, Delia Espinoza, para declarar sobre la operación de nariz a la que se sometió sin informar al Congreso y que se investiga ahora como un caso de presunta dejación de funciones. Desde que se destapó que se había sometido a una operación sin notificar debidamente de ello, Boluarte se ha enfrentado a duras críticas en el Parlamento y la Fiscalía investiga un posible delito de omisión de funciones y abandono del cargo en agravio del Estado, según recoge la prensa peruana. En concreto, se acusa a la mandataria de no haber comunicado de la forma adecuada al Consejo de Ministros y Congreso de la República su impedimento temporal para el ejercicio del cargo de jefa de Estado entre el 29 de junio y el 9 de julio debido a la citada intervención quirúrgica.

El caso se conoció tras las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola, que confirmó que Boluarte se había sometido a la operación pero que en ningún caso se produjo una situación de vacío de poder.

Tabla de Puntajes de Patricia Benavides en el Concurso de la JNJ

Rubro de Evaluación Puntaje Obtenido
Evaluación de Conocimientos 98.00
Evaluación Curricular 100.00
Evaluación de Estudio de Caso 79.80
Entrevista Personal 82.14

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