En México, la problemática del abuso sexual infantil y la inacción institucional ante estas graves denuncias continúan siendo una preocupante realidad. Recientes eventos en Coahuila y Yucatán exponen patrones de negligencia por parte de las autoridades y la implicación de familiares de figuras públicas en estos delitos.
El Caso de Piedras Negras: Un Grito de Auxilio Ignorado
Los hechos ocurrieron en Piedras Negras, un municipio fronterizo ubicado en el norte del Estado de Coahuila, el 27 de mayo. En una escena que se ha vuelto viral por la indignación que ha causado, la niña todavía tiene puesto el vestido regional que usó apenas unas horas antes para su festival del Día de las Madres. Frente a por lo menos unas ocho personas, entre las que hay al menos tres policías, el padre de la menor forcejea para poder retenerla.
Ella, en un estado de crisis, grita desesperadamente, llora, patalea y corre para escapar, mientras se puede escuchar: “¡Ayuda, por favor, por favor, no dejes que me lleve!”. En la escena, pese a la gravedad de lo que la pequeña grita sobre su padre, que intenta llevársela, ninguno de los adultos se inmuta. La tía de la niña, que observa entre lágrimas lo que sucede, intenta explicarles a los policías que tiene fotografías que comprueban las golpizas que ese mismo hombre le daba a su hermana cuando aún estaban casados. A su tía se le escucha pedir que no se la lleven sino hasta que llegue personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).
En otro video de ese mismo día, la niña, un poco más tranquila, pero llorando sin parar, le relata a una policía municipal la forma en la que ha descubierto a su padre tocándola indebidamente en sus “partes íntimas”. La mujer la escucha, pero no sucede nada. La conversación es presenciada también por varias otras personas de ese mismo cuerpo policial que la miran a la distancia, sin hacer nada. Incluso, mientras la pequeña grita y trata de huir, varios hombres presentes llegan, se saludan de una palmada amistosa y continúan su conversación. En las imágenes, no se ve, en ningún momento, que alguien ofrezca apoyo, ayuda o contención de ningún tipo a la menor.
Omisiones y Justificaciones Institucionales
Testimonios de la madre de la menor, Vica Torres, en sus redes sociales, detallan que los hechos ocurrieron el día del festival escolar. A este, ella no podía asistir debido a que tiene una orden de restricción que le impide acercarse a la niña, una medida legal interpuesta por su expareja, y a quien le fue otorgada la custodia de la menor, el abogado Eduardo Alejandro Morales Cervera. De acuerdo con Torres, hace unos meses le dio una cachetada a su hija, en el momento en el que Morales Cervera reapareció después de haberse ausentado de la vida de la menor durante los últimos cuatro años; es por eso que ella pierde la custodia y que Cervera pide la orden de alejamiento.
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Torres también ha relatado la violencia de la que era víctima por parte de Cervera mientras estuvieron juntos y las instituciones que ni antes ni ahora han atendido sus denuncias, las mismas que, pese a tener registro de la violencia doméstica ejercida hacia ella, otorgaron la custodia a su agresor. “He acudido a la Pronnif Municipal, al Ministerio Público, a la Fiscalía... Me dejan horas esperando sin resolverme nada, ni siquiera tomarme la denuncia inmediata”, escribió Torres el 30 de mayo. Y agrega: “Yo me divorcié de este hombre por múltiples golpizas que me daba. Al querer poner mi denuncia, no me atendían; me retiraba sin querer seguir perdiendo mi tiempo”.
Lo que sucedió ese día fue a peor. Torres fue detenida, pues su expareja llamó a la policía para que la llevaran presa, y su hija fue trasladada por cuatro policías y su padre a otro lugar, donde quedó en manos de sus abuelos paternos que, asegura Torres, no tienen ningún vínculo ante años de ausencia en la vida de la niña. La madre publicó los videos tomados el 27 de mayo en los cuales la pequeña pide a gritos y llorando que la ayuden porque no quiere regresar con su padre. Ante una mujer policía dice que el abogado Eduardo Alejandro le hizo tocamientos y en varias ocasiones la observó desnuda, lo que la hizo sentirse incómoda. En ningún momento se ve que la mujer policía y el resto de los elementos intervengan, mientras que el padre trata de someterla y se observa la presencia de tres hombres más. Al final la menor se va contra su voluntad con su padre, con quien estuvo tres días después de los hechos ocurridos afuera del Teatro de la Ciudad de Piedras Negras.
El presidente municipal de Piedras Negras, el morenista Carlos Jacobo Rodríguez González, ha negado que el municipio sea el responsable de las omisiones y negligencias que las escenas del video demuestran. Asegura que algunas acusaciones que señalan al presunto agresor como un exempleado del municipio son falsas y que quien sí trabajó durante solo unos meses ahí fue su hermano. También responsabiliza a las oficinas estatales de la Pronnif del error y asegura que su delegación municipal podría incluso asumir tareas que les corresponden a ellos. “No quiero ahorita tirar, porque no es momento, pero ojalá que nos dieran la responsabilidad total al Pronnif municipal. Nomás para que vean. Y todo esto, el problema de la niña, se generó por un error que cometió el Pronnif estatal; esa es la realidad”, dijo el edil, en un video en sus redes sociales. Además, explicó: “La mamá perdió la custodia de la niña, no por nada, por una supuesta agresión, un supuesto golpe o golpes que le dio la mamá a la niña”. El edil señaló que los primeros en dar respuesta ante la escena del pasado 27 de mayo fueron los elementos de la Fiscalía, quienes, asegura, debieron haber intervenido en favor de la menor. Explicó que después llegaron los policías municipales y que quizás el error de su competencia había radicado en que los elementos de la Pronnif no llegaron con “mayor rapidez”. Por su parte, Jacobo Rodríguez justificó la actitud omisa de los elementos porque aseguró que estaba a cargo personal de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron junto con el padre, quien tenía la custodia de la menor. En uno de los videos se observa a una mujer policía que ni siquiera observa a la pequeña, cuando ésta acusa a su padre y le describe diversas situaciones de abuso sexual.
SALTILLO, Coah. (apro).- Tres días tardó la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia de Coahuila en intervenir en el caso de la niña que denunció el abuso sexual del que fue objeto por parte de su padre. De acuerdo con la subprocuradora en la región norte 1, Edith Hernández Pérez, fue hasta el sábado 30 de mayo que se resguardó a la niña y al día siguiente se entregó a su tía materna, lo que significa que durante los días previos se mantuvo en el domicilio paterno, donde ocurrieron los hechos de violencia sexual. La Fiscalía General del Estado por su parte emitió un comunicado en el que asegura que se investiga el caso. La madre de la niña, Vica Torres Arocha, hizo publicaciones en torno a que Eduardo Alejandro huyó de la ciudad de Piedras Negras después de que el sábado se hicieran públicos los videos de la denuncia hecha por la menor. La dependencia no da a conocer por qué no se recibió la denuncia que la madre hizo desde esa fecha y sí se intervino luego de la movilización realizada por ciudadanos de la frontera.
Hernández Pérez dijo que fue hasta la noche del sábado 30 de mayo que retiraron a la menor de la casa paterna, la resguardaron y entregaron a su tía materna, debido a que existe un procedimiento también contra la madre por haberle propinado un golpe en la mejilla y que ameritó una orden de restricción. “Dado a que en la ciudad se estaba suscitando algunas situaciones de violencia porque se mencionaba a quien posiblemente se manejaba como su agresor, su papá, nosotros como procuraduría tomamos la decisión de resguardar por la noche a la menor. No era otra cosa más que para evitar que la niña volviera a enfrentar alguna cuestión de violencia”, señaló Hernández Pérez. Fue hasta el domingo que, luego de una entrevista con la niña, se determinó entregarla a su tía materna con quien la pequeña de 9 años pedía estar, además de con su madre. “Nosotros como procuraduría hacemos la valoración judicial de quien tiene la guardia y custodia, pero como estamos en una investigación con ella, la tía es la que se va a encargar de vigilar y procurar a la niña en estos momentos”, agregó la funcionaria estatal. Dijo que personal especializado en violencia contra la niñez y mujeres están haciendo periciales para establecer la situación psicológica de la menor que, llorando, pedía ayuda a la policía y acusaba a su padre del abuso sexual que vivió. “La gente está molesta. Lo que sucede es que cuando se hace el reporte y llega la policía municipal ya estaban ahí los de la Fiscalía, el papá tenía la custodia."
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Este fin de semana, decenas de personas acompañaron a la madre de la niña, Vica Torres, en una manifestación en el puente fronterizo de Piedras Negras para exigir justicia y que el caso sea atendido con la urgencia que requiere. La protesta incluyó el bloqueo por casi cuatro horas del puente internacional II, debido a que la madre no era atendida por las autoridades. Por ello, el fin de semana varios ciudadanos se organizaron para apoyar la marcha convocada por la madre de la niña, luego de que la PRONNIF, la FGE y el Centro de Empoderamiento de la Mujer se negaban a recibir la denuncia contra el padre por el abuso sexual denunciado por la menor. La niña, de 9 años, ya está con la familia de su mamá, mientras que el padre y presunto agresor ha salido supuestamente del Estado y está prófugo, según han reportado medios locales. Tanto la madre de la menor como varios testimonios de la familia y amigos aseguran que existen vínculos en el municipio que han ayudado a Morales Cervera primero a evadir la justicia por la violencia ejercida en contra de su expareja, y también para conseguir la custodia y las medidas legales a su favor en un proceso en el que los principales derechos de una niña han sido ignorados y violentados.
El Caso de Celestún: Acusación Contra el Padre de un Alcalde
En otro caso que resalta la gravedad del abuso sexual infantil y la posible complicidad o influencia de figuras públicas, autoridades policiacas estatales abrieron una investigación en contra de Germán C.S., padre del alcalde de extracción morenista de Celestún, Yucatán, Germán Cauich Pinto. Germán C.S. está acusado de agravio sexual, presuntamente en la modalidad de estupro y/o cópula directa, contra una menor de edad. La Policía Estatal de Investigación (PEI), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comenzó una diligencia en Celestún -ubicado a unos 100 kilómetros al sur-sureste de Yucatán-, por una denuncia contra Germán C.S., padre del primer edil Germán Cauich Pinto.
De acuerdo con la denuncia FGE/Sexual/Unadt/419/2026, interpuesta en la Fiscalía General del Estado de Yucatán por los padres de la víctima -de escasos 12 años de edad-, los abusos sexuales se habrían registrado en tres ocasiones: diciembre de 2025 y en enero y abril de 2026. El caso salió a la luz, apenas hace unas horas, después de la declaración de la menor agraviada, quien relató los abusos de los que fue víctima desde finales del año pasado. Según el testimonio de la infante, ella acudía bajo presión a un lugar conocido como “Los Cuartitos”, a escasos metros de la vivienda del alcalde de extracción guinda. La denuncia señala que los actos se habrían repetido en por lo menos tres fechas específicas: el 25 de diciembre de 2025, así como en enero y el pasado 8 de abril de este 2026. En esas ocasiones, el sujeto vulneró la integridad física de la menor, entregándole posteriormente alguna remuneración económica y hasta un costoso regalo: un Iphone de última generación, cuyo costo estaría por arriba de los 30 mil pesos. Conforme la denuncia, el agresor utilizaba amenazas relacionadas con material digital (fotos íntimas) para obligar a la menor a estos encuentros sexuales.
Tras la ratificación de la denuncia, la menor ya recibió valoración médica especializada para asegurar su bienestar físico, atención psicológica inmediata por parte de especialistas en atención a víctimas, y acompañamiento legal durante la integración de la carpeta de investigación. No obstante, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) extendieron las investigaciones, ya que se presume la participación de otra persona, también menor de edad, en estos hechos. De confirmarse que existió facilitación o beneficio por parte de adultos cercanos a las víctimas, se procederá conforme al Código Penal del Estado de Yucatán y leyes complementarias que establecen penas severas para quienes atenten contra la integridad de los menores.
En el caso de abuso sexual infantil, se castiga con penas de 10 a 18 años de prisión, que pueden incrementarse hasta 27 años si se comprueba que hubo violencia física o psicológica. Y en los casos de trata y explotación sexual, hay precedentes de sentencias históricas en Yucatán de hasta 110 años de prisión, en trata y abuso cometidos por familiares directos. Otros casos de violación equiparada han resultado en condenas de entre 15 y 40 años de cárcel. Hasta el momento, el alcalde de Celestún, Germán Cauich, no ha emitido una postura oficial respecto a la denuncia contra su padre, de quien se rumora habría huido del municipio.
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Estadísticas Alarmantes sobre Violencia Sexual Infantil en México
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), basada en los registros de lesiones en el país de 2010 a 2024, proporcionados por la Secretaría de Salud, señala la creciente magnitud de este problema:
| Periodo/Año | Casos atendidos por violencia sexual (1-17 años) | Notas Relevantes |
|---|---|---|
| 2024 | 10,613 | La mayor cifra registrada desde 2010. |
| 2010-2024 (Promedio anual) | 4,671.5 | Los casos de 2024 duplicaron este promedio. |
| Aumento (2024 vs. 2010) | 1,241.7% | Incremento significativo con respecto a lo observado en 2010. |
Estas cifras recabadas anotan que en México, la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual durante 2024 (10.613 casos) fue la mayor para un año desde que se tiene registro (2010) y duplicó el promedio anual de casos observados en el país entre 2010 y 2024 (4,671.5).