El Seguro Popular representó históricamente un apoyo fundamental para miles de mexicanos frente a enfermedades graves. Este programa cubría los gastos de ultrasonido, mastografía, biopsia, hospitalización, quimioterapia, radioterapia y extirpación del tumor. De igual manera, los pacientes tenían derecho a recibir atención tras su hospitalización, esto con consultas y atenciones psicológicas y tanatológicas.
La importancia del diagnóstico temprano era un eje central del esquema: hay que acudir con el médico o a la Unidad de Salud para realizarse un examen mamario al menos una vez al año, en mujeres de 25 a 40 años. Mujeres mayores a los 40 años deben acudir a realizarse una mastografía para detección temprana de este tipo de padecimientos.
Impacto presupuestal y recortes en la atención
Dichos tratamientos eran pagados con recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que hasta 2018 tenía 119 mil millones de pesos. La transición hacia el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) trajo consigo una reducción drástica en el financiamiento destinado a la atención oncológica en el país.
Comparativa de gasto en tratamientos oncológicos
El impacto del recorte presupuestal se observa claramente en la disminución de los recursos asignados para los diversos tipos de cáncer entre 2018 y 2021:
- Cáncer infantil: De 300 millones de pesos en años previos, cayó a 21 millones en 2021 (recorte del 97%).
- Cáncer de mama: Pasó de 1,995 millones de pesos en 2018 a 170 millones en 2021 (recorte del 93%).
- Cáncer cervicouterino: Pasó de 300 millones en 2018 a 15 millones en 2021 (recorte del 95%).
Además, el Insabi reconoce en su propio informe de 2022 que no pagó ningún tratamiento en ese año. Como consecuencia, el gobierno tampoco cumplió la promesa de que ninguna mujer se quedaría sin atención tras la sustitución del Seguro Popular.
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La crisis en organizaciones civiles y pacientes
Otro de los efectos inmediatos fue la cancelación del acuerdo con organizaciones civiles como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), que atendía a 1,400 pacientes al año. Para una etapa temprana, el tratamiento de bajo costo es de mínimo de 100 mil a 200 mil pesos; una etapa temprana de alto costo son las que requieren terapia blanco, son de 400 mil o 500 mil pesos más o menos. Las etapas avanzadas de bajo costo son de 300 mil pesos y de alto costo son alrededor de 1 millón de pesos.
El Fucam sigue atendiendo a personas sin seguridad social, pero sin el subsidio gubernamental tiene que cobrar cuotas de recuperación que, aunque no se comparan con los precios de un hospital privado, no son alcanzables para las más pobres del país. Hoy, muchas pacientes enfrentan la incertidumbre de no saber dónde recibirán su atención, mientras que casos como el de Lorena evidencian que, ante la falta de cobertura, el acceso a la salud se vuelve una carga económica insostenible para las familias.
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