La utilidad que genera una empresa no solo es para reinversión o para los socios. En México, hay una parte de esas ganancias que por ley se reparte entre los trabajadores. El objetivo de esta obligación es simple: reconocer que las personas que trabajan en la operación diaria también aportan al crecimiento económico del negocio. Y si hubo ganancias, deben compartirlas. Este es un derecho laboral que busca reconocer la participación de las personas trabajadoras en los resultados de la empresa. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), todo empleador está obligado a otorgar a sus colaboradores la prestación del reparto de utilidades.
El reparto de utilidades, también conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), es un derecho constitucional de las personas trabajadoras en México. Este derecho se encuentra respaldado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la LFT.
¿Qué es el Reparto de Utilidades (PTU) y a Quién Aplica?
Este derecho implica que los trabajadores reciban una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón como resultado de su actividad productiva o los servicios que ofrece. Aplica cuando la empresa obtiene utilidades fiscales y cumple con los supuestos previstos en la ley.
En términos generales, todos los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año en una empresa tienen derecho a recibir PTU. Es aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de $300 mil pesos o más, según su declaración fiscal 2016, y que tengan más de un año en funcionamiento.
Los trabajadores que se dediquen al cuidado de bienes que generen rentas o al cobro de créditos sí son candidatos para recibir PTU. Se considerará también a las madres que se encuentren en períodos previos y posteriores a la maternidad.
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Cálculo y Fechas Clave del Reparto de Utilidades
El reparto de utilidades se calcula tomando como base el 10 % de la utilidad fiscal neta declarada por la empresa ante el SAT. El cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se realiza en dos partes iguales y se considera tanto los días trabajados como el salario percibido.
- La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios.
- Monto total de la PTU por salario: Divide tu salario total percibido durante el año entre la suma de los salarios de todos los trabajadores de la empresa.
- Suma los dos montos calculados en los pasos anteriores: la PTU por días trabajados y la PTU por salario.
Se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. Exclusivamente el salario por cuota diaria, sin incluir otros ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado de su trabajo.
El reparto de utilidades o PTU en México debe pagarse cada año dentro de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) refiere que dicho reparto de utilidades se realiza dentro de los 60 días después de la fecha de la declaración anual o el pago de impuestos de la empresa. El cual se realiza el 31 de marzo, en el caso de las empresas; y el 30 de abril, las personas físicas. La fecha límite de reparto de utilidades cambia dependiendo de si el patrón es una persona moral o una persona física.
Para mayor claridad, los plazos son los siguientes:
- Empresas (personas morales): Si tu empresa es una persona moral, es decir, una entidad jurídica, el plazo para el pago de la PTU abarca desde el primer día hábil de abril y hasta el último día hábil de mayo.
- Personas físicas: Deben pagar la PTU dentro de los 60 días posteriores al 30 de abril, fecha límite de su declaración anual.
Las utilidades se pagarán directamente al trabajador. Solo en los casos en que este imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. Como parte de este proceso, el empleador debe entregar a los representantes de las personas trabajadoras (ya sea al sindicato o a la mayoría de ellas) una copia de la declaración anual, dentro de los diez días siguientes a su presentación.
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Excepciones a la Obligación de Reparto de Utilidades: El Caso de las Escuelas Privadas
No todas las organizaciones en México están obligadas a repartir utilidades. Algunas están exentas por su tipo de operación, por ser de reciente creación o por no tener fines de lucro. Cuando se habla de utilidades, lo primero que se piensa es que todas las empresas tienen que repartirlas. Pero no siempre es así. Hay situaciones en las que la ley simplemente no lo exige.
Una de las excepciones más claras está en las organizaciones que no tienen como objetivo generar ganancias. Aunque puedan tener empleados y estructura formal, la ley reconoce que su naturaleza es distinta, y por eso no están obligadas a repartir utilidades. Esto incluye a:
- Asociaciones civiles y fundaciones.
- Instituciones de beneficencia o asistencia privada.
- Orfanatos, casas hogar, comedores comunitarios, entre otros.
- Hospitales y escuelas sin fines de lucro.
La razón principal de esta excepción es que, en teoría, tampoco hay utilidad que repartir. Por eso, al hablar de qué empresas no están obligadas a repartir utilidades en México, conviene tener cuidado con este tipo de organizaciones. Estas instituciones, aunque tengan estructura laboral y operen con cierta formalidad, están legalmente exentas del reparto de utilidades. Lo importante aquí es la figura legal bajo la cual están constituidas. Si su objetivo es humanitario y su ingreso se reinvierte totalmente en su causa, no hay obligación de repartir utilidades. Por ello, es clave no confundir el tipo de actividad con la naturaleza jurídica de la institución.
El "Negocio Perfecto" de la Educación Privada y la Necesidad de Transparencia
A pesar de las excepciones legales para las instituciones sin fines de lucro, la realidad en el sector educativo privado puede ser compleja. En el Perú, se ha denominado a la educación privada como "El Negocio Perfecto". Nadie al parecer se dio cuenta antes, ni el estado que los exonera de impuestos, ni los padres de familia que pagan las pensiones, que los colegios privados, como las universidades, son “Negocios Perfectos”.
Este entramado de excepciones fiscales y de promotores todopoderosos tiene décadas; el estado no exige nada a cambio de estas excepciones fiscales, ni audita sus ingresos y egresos. La indiferencia de muchos ha hecho posible un sistema educativo autoritario, unilateral e impune, donde los padres de familia no tienen derechos, solo deberes. Esta situación genera interrogantes sobre la verdadera naturaleza de muchas instituciones educativas que, aunque legalmente constituidas como sin fines de lucro, podrían estar generando ganancias significativas que no se transparentan.
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Surgen preguntas como: ¿Cuánto gana un maestro, y cuánto gana el director? Los maestros del colegio de nuestros hijos deberían ser los mejores pagados, son la base del sistema educativo, pero, ¿son bien remunerados? Nadie lo sabe, como nadie conoce qué sueldo se ha asignado el director y funcionarios de confianza de este. ¿No debería el director de un Colegio Sin fines de Lucro tener un tope salarial?
La falta de transparencia es un problema recurrente. La SUNAT, por ejemplo, no está autorizada a entregar información del sueldo de los directores y promotores del colegio, no conocemos los gastos que han tenido durante el año, a quienes han empleado, a qué proveedores contrataron, si adquirieron propiedades y después las vendieron. No debería el estado permitir que los padres tengan acceso a dicha información, saber si los promotores están haciendo negocios con el dinero de las pensiones escolares. No hay transparencia de ninguna parte, ni de los dueños de los colegios, ni de las congregaciones, ni de los directores, y mucho menos del estado peruano, el gran perdedor en este negocio de privados que es la educación.
La experiencia de lo que sucedió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, institución sin fines de lucro, ilustra esta problemática. Se descubrió que su rector ganaba mensualmente algo más de 2 millones soles, y varios de sus familiares también tenían sueldos elevados. Los malos manejos en esta universidad condujeron a que la SUNEDU denegara el licenciamiento institucional. Esta situación debería hacernos reflexionar sobre si, con nuestro dinero, se está pagando elevados sueldos a quienes manejan los colegios particulares, y cómo esto afecta la distribución justa de los recursos, incluida la posible Participación de los Trabajadores en las Utilidades, si la institución realmente genera un excedente de ganancia.
Otras Excepciones Relevantes a la PTU
Además de las instituciones sin fines de lucro, existen otras circunstancias donde las empresas no están obligadas a repartir utilidades:
- Empresas de nueva creación: Durante su primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación están exentas de esta obligación. Cuando una empresa comienza operaciones, hay muchas obligaciones que se activan de inmediato. Pero en el caso del reparto de utilidades, la ley contempla una excepción específica para dar un respiro en esa etapa inicial. Esto aplica tanto para negocios pequeños como para empresas con estructuras más grandes. Lo que cuenta es el ejercicio fiscal completo desde su constitución.
- Organismos públicos descentralizados: Este es un punto que suele generar confusión, sobre todo cuando se habla de empresas grandes como CFE, PEMEX u otros organismos que parecen operar como cualquier empresa privada. En estos casos, no aplica la obligación de repartir utilidades porque no son empresas en el sentido estricto del sector privado. Es importante distinguir claramente entre las que compiten en el mercado y las que operan como extensión del gobierno.
- Empresas de la industria extractiva en fase de exploración: Las empresas que se dedican a extraer recursos naturales también tienen una excepción en el tema del PTU, pero solo durante una etapa muy específica de su operación. No es una exención permanente, pero sí temporal mientras se estabilizan. La excepción aplica únicamente durante la fase de exploración en actividades como minería, extracción de gas o petróleo. Una vez que la empresa entra en fase de producción, sí debe repartir utilidades. La lógica detrás de la excepción es financiera, ya que la inversión inicial en este tipo de industrias es alta y toma tiempo recuperar.
Consecuencias del Incumplimiento y la Importancia de la Comunicación
No repartir utilidades cuando sí hay obligación no es un detalle menor. Si una empresa no cumple con esta obligación dentro del plazo establecido, puede recibir una multa económica. Las multas pueden aumentar de acuerdo a la gravedad del incumplimiento y el número de trabajadores afectados. La Secretaría del Trabajo puede imponer sanciones que van desde multas económicas hasta inspecciones formales.
Además del impacto legal, también hay un efecto directo en la relación laboral. Cuando el equipo sabe que hubo utilidades y no se repartieron, la confianza se erosiona. Por eso es tan importante diferenciar bien qué empresas no están obligadas a repartir utilidades en México y cuáles sí. Si un trabajador considera que no recibió el pago de PTU que le corresponde, puede presentar una denuncia ante la PROFEDET.
Aunque legalmente estén fuera de esta obligación, las empresas exentas del PTU no deben asumir que el tema queda cerrado. Recursos humanos juega un papel clave para mantener la comunicación clara y evitar confusiones o malentendidos con el equipo. Es fundamental dejar por escrito la condición de exención, hablar del tema antes de que lleguen las preguntas, explicar con base en la ley sin rodeos y acompañar con empatía. Si es posible, ofrecer beneficios alternativos.