La estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de López Obrador ha generado un profundo debate sobre la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil. El despliegue militar ordenado por el presidente López Obrador es violatorio de nuestra Constitución. Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas (integradas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea) sólo deberían estar encargadas de la seguridad nacional, entendida como la defensa del Estado mexicano frente a amenazas externas.
La reforma acentúa la militarización, entendida como el proceso por el cual se transfieren presupuestos y funciones a las fuerzas armadas que originalmente eran de instituciones o actores civiles, como la investigación de delitos. De acuerdo con el análisis de expertos, esta tendencia contraviene la naturaleza civil de instituciones como la Guardia Nacional, creada en 2019 con el objetivo de garantizar profesionalismo y disciplina bajo un mando ajeno a la lógica bélica.
La erosión del control civil y la autonomía de las fiscalías
La militarización tiene que ver con cómo se hacen las cosas y se puede evaluar con cuatro dimensiones: material, cultural, organizativa y operativa. La propuesta del Poder Ejecutivo para consolidar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un ataque frontal al Estado de derecho y al acceso a la justicia sin barreras. Esta estrategia implica que las Fuerzas Armadas jamás salgan de tareas de seguridad pública federal, dejando nuestra seguridad a cargo de militares que no saben ni deben hacer prevención, investigación ni persecución del delito, cuya función en realidad es la guerra.
Un punto crítico en esta estructura es la relación con las fiscalías. No corresponde a los poderes ejecutivos imponer su criterio sobre las fiscalías si se les quiere autónomas. La falta de desempeño profesional en la procuración de justicia es el primer y más importante motor de la impunidad. Si las fiscalías no tienen desempeño profesional y rinden cuentas, jamás vamos a tener una reducción de la impunidad.
Dimensiones de la militarización
Para comprender el alcance del proceso actual, es necesario observar los pilares sobre los cuales se articula el control militar:
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- Material: Aumento de armamento, equipo y tecnología militarizada.
- Cultural: Adopción de lenguaje, creencias y valores castrenses en la seguridad ciudadana.
- Organizativa: Creación de centros de mando y escuadrones inspirados en operaciones especiales.
- Operativa: Inteligencia, supervisión y ejecución de tareas de persecución penal.
Desafíos para el futuro de la justicia
El conflicto subterráneo entre el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas ha sido evidente. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la reforma que trasladaba el control operativo de la Guardia Nacional al Ejército, devolviéndolo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A pesar de esto, la presión por endurecer los modelos de persecución penal continúa. Necesitamos la reconstrucción de las fiscalías, porque ahí está el primer y más importante motor de la impunidad.
Cualquier estrategia de seguridad debe estar enfocada en reducir el lenguaje bélico. La virtual presidenta electa afirma que es la autoridad civil la que conduce esas decisiones, pero el desafío persiste: la necesidad de fortalecer la procuración de justicia mediante la ocupación de cargos públicos por parte de personas que tengan el conocimiento técnico y operativo necesario, garantizando siempre la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
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