El objeto principal del documento es la interposición de un amparo indirecto con el fin de solicitar la protección de la justicia federal frente a actos de autoridad que vulneran derechos constitucionales, específicamente en materia de embargo y bloqueo de cuentas bancarias. Ante dicha incertidumbre, el juicio de amparo indirecto resulta procedente, idóneo y eficaz, al constituir el medio procesal garante de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Concepto y Partes en el Amparo Indirecto por Bloqueo de Cuentas
El Quejoso y la Autoridad Responsable
El quejoso o amparista, quien actúa en su propio nombre y representa sus derechos. La autoridad responsable o responsables, en este caso, las autoridades hacendarias y administrativas que ordenaron y ejecutaron el embargo, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración Local de Auditoría Fiscal, y las instituciones bancarias que participaron en la intervención, bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria.
Derechos Constitucionales Protegidos
El amparo indirecto busca la protección constitucional de sus derechos al patrimonio, a la propiedad, al debido proceso y a la legalidad, reconocidos en los artículos 14, 16, 22 y 24 constitucionales. Además, defiende el derecho a que los actos administrativos de embargo y bloqueo sean fundados y motivados, y realizados mediante procedimiento previo, legal y con la participación del afectado.
La Suspensión del Acto Reclamado y su Evolución Normativa
Límites Generales a la Suspensión Provisional
La presentación de la demanda de amparo en tiempo y forma, señalando claramente los actos reclamados y las violaciones constitucionales, puede llevar a la solicitud de una suspensión provisional. No obstante, su otorgamiento está sujeto a límites vinculados con el interés social y el orden público.
Impacto de la Reforma a la Ley de Amparo
Con la reforma a la Ley de Amparo (LA), se incorporaron supuestos específicos en los que la suspensión no puede concederse, particularmente cuando su efecto permite la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita o afectar el sistema financiero. Este ajuste parte de la preocupación de que la suspensión pudiera neutralizar las medidas adoptadas por la autoridad en materia de prevención, al permitir la disposición de recursos durante la tramitación del juicio. Bajo el esquema vigente, la suspensión no está completamente excluida, pero tampoco opera de manera automática.
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Suspensión y Recursos de Procedencia Ilícita
De acuerdo con el artículo 129, fracción XIV, de la LA, la suspensión del acto reclamado no procede cuando su otorgamiento permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o de conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero.
Excepciones para Recursos Indispensables
No obstante, se prevén supuestos en los que el órgano jurisdiccional debe permitir el acceso a recursos indispensables, como aquellos destinados al pago de salarios, alimentos o gastos básicos para la subsistencia del titular de la cuenta y sus dependientes.
Mayor Control sobre la Suspensión, no sobre el Bloqueo
Debe precisarse que la restricción en la suspensión no deriva del criterio de la Corte sobre el bloqueo de cuentas, sino de la reforma a la LA publicada el 16 de octubre de 2025. Mientras que la Corte se ha enfocado en definir la naturaleza y validez de la medida -reconociéndola como una actuación administrativa de carácter preventivo-, el legislador ha intervenido en el ámbito procesal para limitar los efectos que puede tener su impugnación. Esto implica que, aunque el bloqueo pueda impugnarse en amparo, la posibilidad de suspender sus efectos hoy está sujeta a condiciones mucho más estrictas que las existentes previamente.
Implicaciones de la Reforma en Materia Penal y Congelamiento de Cuentas
A raíz de la reforma será improcedente la suspensión respecto del congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando la autoridad alegue que eso permitirá la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan ayudar a que se lleven a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita o que pudiera dañar al sistema financiero. En todo caso, la suspensión provisional de estos actos estará prohibida, a menos que el juez, una vez acreditadas las obligaciones, permita el acceso a recursos necesarios para pagar salarios, otras obligaciones laborales, alimentos, créditos fiscales o hipotecarios y para asegurar su subsistencia y la de sus acreedores alimentarios.
Ahora, también será improcedente la suspensión cuando se pretenda impedir u obstaculizar que la autoridad obtenga o comparta información financiera que sea considerada como útil para la prevención y detección de operaciones de blanqueo de capitales.
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En relación con la suspensión en materia penal, la reforma enfatizó que la suspensión que se dicte contra la orden de aprehensión, reaprehensión o una medida cautelar que implique privación de la libertad, no evitará la restricción de la libertad del quejoso, pero dicha libertad quedará a disposición del juez de amparo mientras el procedimiento penal deberá continuar su curso, lo cual en la mayoría de los casos provoca el sobreseimiento del juicio de amparo. La reforma también estableció un plazo de 5 días para la exhibición de la garantía que deberá exhibir el quejoso en tratándose de actos que afecten la libertad personal. Anteriormente, dicho plazo quedaba al arbitrio del juez.
La reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación y se aplicará incluso a los juicios en trámite salvo que alguna de las partes haya adquirido algún derecho procesal previamente.
Formalidades Legales para la Presentación del Amparo
La presentación de una demanda de amparo requiere de formalidades específicas. Por ejemplo, en su carácter de representante legal, una persona debe acreditar su personalidad en términos de la escritura pública número ____________________, de fecha ____________________, otorgada ante la fe del Licenciado ____________________, Titular de la Notaría Pública número ____________________ de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio ____________________ de fecha ____________________, documento que se exhibe en original y copia simple para que, previa su certificación, el original sea devuelto por así convenir a los intereses de mi representada; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ____________________, y autorizando para tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los Licenciados ____________________, así como a los CC. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a ____________________ para que consulte el expediente electrónico del presente juicio, manifestando que dicha persona se encuentra debidamente registrada en el sistema del Poder Judicial de la Federación bajo el nombre de usuario ____________________.
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