Desde el Congreso del Estado, el diputado panista Jorge Soto alzó la voz contra el Gobierno Federal por los retrasos en la devolución del IVA, que han derivado en una asfixia financiera para miles de contribuyentes, en especial personas físicas, microempresas y PYMEs de Chihuahua.
"La política fiscal de este gobierno es voraz para cobrar, pero negligente para cumplir. No devolver el IVA no es un ahorro: es una confiscación disfrazada, y un castigo directo para quienes trabajan, producen y cumplen con la ley", denunció Soto en tribuna. El legislador explicó que las prolongadas demoras están comprometiendo la liquidez de las empresas, obligándolas a recurrir a créditos, recortar gastos o incluso detener operaciones. Esto frena la inversión, inhibe la reinversión y ralentiza la generación de empleo, afectando la columna vertebral de la economía local.
A continuación se detallan las problemáticas expuestas respecto a la gestión de devoluciones por parte de la autoridad fiscal:
- Retrasos excesivos: Los tiempos de espera pueden extenderse hasta 12 meses, cuando el Código Fiscal establece un máximo de 40 días hábiles.
- Impacto en las devoluciones: El SAT reportó una caída del 12% en devoluciones autorizadas durante los primeros nueve meses de 2023, pasando de $757 mil millones a $667 mil millones.
- Cifras preocupantes: Para 2025, más de 6.2 millones de personas físicas solicitaron devolución de saldo a favor, pero solo el 68% fue revisado hacia el cierre de abril.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha documentado decenas de quejas por negativas injustificadas, demoras ilegales y procedimientos opacos. Ante esto, el legislador fue enfático: "En Chihuahua cumplimos, pero la federación no, no hay justificación legal ni moral para que los contribuyentes tengan que esperar un año para recuperar lo que por derecho les corresponde".
Jorge Soto calificó la situación no como un error técnico, sino como una decisión política. Al retener el dinero de los contribuyentes, se está quitando el oxígeno a la economía local. Por ello, el diputado exhortó públicamente al Gobierno Federal a detener esta práctica abusiva y cumplir con su obligación legal de devolver los saldos a favor de manera oportuna, subrayando que cada día de retraso erosiona la confianza en las instituciones y mina la competitividad del país.
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