La Reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa modifica el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo nuevos supuestos de aplicación para esta figura. Esta reforma ha supuesto una apuesta arriesgada por parte del legislador. A continuación, se presenta un estudio jurídico que identifica los cambios más relevantes a nivel constitucional y los efectos que tendrá en el sistema jurídico mexicano.
La Prisión Preventiva Oficiosa: Concepto y Controversia
La figura de la prisión preventiva oficiosa fue diseñada en sus inicios como una herramienta para garantizar el aseguramiento y detención de presuntos responsables por la comisión de delitos que se consideran especialmente graves. Sin embargo, esta figura es polémica, no sólo en nuestro país; sino que es cuestionada por organismos nacionales e internacionales debido al choque normativo que supone su aplicación con derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
El proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta reforma suscitó acalorados debates entre quienes consideran la prisión preventiva oficiosa como una figura que vulnera los Derechos Humanos y aquellos que la consideran como una herramienta necesaria e indispensable para el combate a la delincuencia que azota a nuestro país. Pese a las buenas intenciones con las que la figura se ha concebido, su aplicación es problemática, pues provoca serias violaciones a los derechos humanos y pone especial tensión en la creciente población carcelaria de nuestro país.
Modificaciones Clave al Artículo 19 de la Constitución
La Reforma Constitucional en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, en términos generales, agrega tipos penales por los que el juez deberá ordenar esta medida cautelar. La figura amplía los casos en los que los jueces podrán ordenar la prisión preventiva oficiosa, aunque se mantiene dentro de los límites de aquellos delitos específicos que el Estado considera particularmente graves.
Texto del Artículo 19 Reformado (fragmento relevante)
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
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El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley.
Nuevos Supuestos y su Justificación
Entre las modificaciones más relevantes, se han integrado tipos penales relacionados con la producción y distribución de sustancias tóxicas o sus precursores, incluyendo drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados. Resulta también relevante el reconocimiento del Ejecutivo Federal al problema que está generando la producción, distribución y consumo de fentanilo. También se incluyó el delito de extorsión, el cual es uno de los delitos que más frecuentemente se cometen.
Además, se ha incorporado el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Considerar la defraudación fiscal y el contrabando dentro del catálogo constitucional de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa contribuye a garantizar la recaudación fiscal, asegura el buen funcionamiento de las actividades gubernamentales y posibilita el bienestar y una mejor calidad de vida para las mexicanas y mexicanos (Cámara de Diputados, 2024). Esta última actividad es definida tan ampliamente como “cualquier actividad relacionada con…”, lo cual da pie a una interpretación tan vasta como la posesión, la emisión o el uso, con fines de defraudación fiscal.
Implicaciones y Desafíos de la Reforma
La incorporación de la figura de la prisión preventiva oficiosa en el ordenamiento jurídico ha supuesto una apuesta arriesgada por parte del legislador. Dado que el sistema de impartición de justicia en México comparte con todos los sistemas de impartición de justicia su falibilidad, la posibilidad de ser privado de la libertad de manera oficiosa resulta peligrosa, pues algunos sujetos a proceso podrían terminar en prisión aun siendo inocentes y antes de que su caso sea juzgado. Engrosar la lista de tipos penales sobre los que se debe aplicar esta medida cautelar puede resultar en detrimento de los derechos humanos de los investigados. Esto resulta particularmente relevante por la amplitud con la que se ha diseñado el texto constitucional.
Es también llamativa la parte final del texto reformado que establece que para la interpretación y aplicación de la nueva normativa constitucional queda prohibido hacerlo de manera análoga o extensiva, lo cual responde a principios de interpretación en derecho penal, diseñados para protección del imputado. Podemos interpretar que la Reforma Constitucional en materia de Prisión Preventiva Oficiosa busca ser una señal más que el Ejecutivo Federal manda en su estrategia de combate a la violencia que afecta al país. Deberemos vigilar de cerca la casuística, pues nos estamos enfrentando a una medida cautelar peligrosa y que no admite su interpretación en favor del probable responsable de la comisión de alguno de los supuestos que establece la norma.
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Otros Aspectos Procesales del Artículo 19
Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso.
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