La inestabilidad política y económica que imperó en México desde su independencia hasta mediados del siglo XIX, aunada en parte al apego a las formas tradicionales de obtención de crédito, fomentó la creación de pequeñas empresas bancarias. Antes de la banca formal, existieron diversos mecanismos informales de financiamiento, como las operaciones de crédito y ahorro realizadas por organizaciones eclesiásticas.
La creación del primer banco privado de características modernas en México está relacionada con las expectativas positivas de la proclamación del Segundo Imperio y el contexto internacional de expansión económica. En 1864, se fundó el Banco de Londres, México y Sudamérica (BLM&SA) en la Ciudad de México, una sucursal de un banco inglés, siendo el único banco comercial de la ciudad hasta principios de la década de 1880. A la par, los comerciantes mayoristas desarrollaron un sistema de crédito informal que fue compensando la falta de un sistema bancario formal.
La entrada de los bancos franceses al sistema bancario formal tuvo lugar en 1881 con la creación del Banco Nacional Mexicano (BNM), principalmente con capital francés y mexicano. Poco después, en 1882, se fundó el Banco Mercantil Mexicano (BMM). Ambos bancos se fusionaron en 1884, dando origen al Banco Nacional de México (Banamex). El capital de Banamex provino de inversionistas franceses, mexicanos y españoles, siendo dominado al principio por grandes capitalistas españoles, aunque la importancia del capital francés creció notablemente. Banamex disfrutó de un monopolio garantizado y se convirtió en el banco mexicano más poderoso, controlando más del 60% del capital bancario del país para 1896. Desempeñó un doble papel como banco público y privado, con funciones de banco central.
Otros bancos importantes con fuerte inversión francesa incluyeron el BLM, que se centró en inversiones privadas, y el Banco Central Mexicano, un banco de activos fijos para financiar bienes raíces, agricultura y minas. La inversión francesa total en el sector bancario en México ascendía a 100 millones de pesos a finales del siglo XIX, siendo Francia el mayor inversor.
La Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 limitó la entrada de nuevos participantes, con solo el gobierno federal pudiendo asignar concesiones bancarias. Esto condujo a un sector bancario altamente concentrado, donde el crédito relacionado, la práctica de los bancos de financiar principalmente a sus socios y empresas vinculadas, era común. Aunque esta práctica aportó estabilidad al sistema bancario durante el Porfiriato, también fortaleció una élite económica y contribuyó a la concentración industrial.
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El Impacto de la Revolución Mexicana en el Sistema Bancario
El movimiento revolucionario asestó sendos golpes al sistema bancario, que ya venía debilitado por problemáticas económicas hacia el final del Porfiriato. El cuartelazo de febrero de 1913, que derrocó a Francisco I. Madero y llevó a Victoriano Huerta al poder, marcó el comienzo del desmoronamiento del sistema bancario porfirista, entonces compuesto por 24 bancos de emisión, cinco refaccionarios y tres hipotecarios. La huida de capitales tras el cuartelazo y un pánico bancario a finales de 1913 hicieron inevitable el establecimiento del curso forzoso.
La guerra continuó con gran intensidad en 1914 y 1915, acompañada de una hiperinflación provocada por la enorme cantidad de emisiones de papel moneda revolucionario. Tras el triunfo constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, el nuevo gobierno impuso el papel moneda revolucionario como medio legal de pago y los bancos dejaron de emitir billetes. En 1916, Carranza ordenó suspender todas las operaciones de emisión de billetes en los bancos privados, además de suspender operaciones hasta la emisión de una nueva ley bancaria, situación que permaneció hasta 1921. Impuso un Consejo de Incautación a los bancos y los obligó a operar con las puertas cerradas al público desde el 15 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1921. Los bancos incautados sufrieron la imposición de préstamos al gobierno que acabaron con sus reservas metálicas.
La nueva Constitución de febrero de 1917, con una reforma al artículo 28, estableció la creación de un banco único de emisión, controlado por el gobierno, que sustituiría a los bancos privados en esa función.
La Reestructuración Bancaria bajo el Régimen Obregonista
El gobierno de Álvaro Obregón devolvió los bancos a sus dueños. Sin embargo, de los 24 bancos de emisión, solo 5 pudieron reabrir sus puertas al público. Al deterioro de sus carteras de crédito se agregaba la deuda a cargo del gobierno, tanto de los préstamos otorgados a Huerta como los impuestos por Carranza. El gobierno de Obregón reconoció la problemática de los bancos desde el decreto del 31 de enero de 1921, con el cual puso fin a la incautación. En 1924, organizó una Convención Bancaria para tratar esos asuntos y preparar una reforma a la ley bancaria. Se firmaron convenios con los bancos, reconociendo una parte de los adeudos, aunque ningún banco recuperó la totalidad de la deuda. Para la mayoría, esa circunstancia resultó letal. La Comisión Nacional Bancaria publicó en 1928 la lista de los bancos en liquidación, que incluía a 18 de los 24 bancos de emisión.
Durante el periodo de agosto de 1920 a septiembre de 1923, la evolución hacia el establecimiento de un banco central en México enfrentó un impasse. Esto se debió principalmente a la imposibilidad de reunir los fondos para integrar el capital del banco y al enredo del proyecto en las complejas relaciones externas del país, especialmente las negociaciones petroleras y bancarias con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, a partir de 1920, el proyecto de fundar el banco único de emisión recibió un considerable impulso del exterior, ya que el concepto de banca central se había consolidado como un imperativo para los países que carecían de tal institución. El mundo había evolucionado de un sistema de pluralidad de emisiones a un modelo de emisión única controlada por el Estado.
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En julio de 1920, el presidente Adolfo de la Huerta designó una comisión para estudiar el problema bancario, la cual propuso un proyecto para la organización del Banco de Emisión. Este proyecto, elaborado por Antonio Manero, mostraba una evolución respecto a la iniciativa carrancista de 1917, siendo más detallado y proponiendo una institución "mixta" con participación privada en el capital y la dirección, similar a los bancos centrales de Europa y Norteamérica. No obstante, surgieron contrapropuestas, incluyendo una del secretario de Hacienda, Salvador Alvarado. La iniciativa de Obregón de febrero de 1921 proponía la creación transitoria de un sistema emisor sobre la base de ocho bancos regionales, argumentando la "situación general del país" y la "crisis financiera mundial" como impedimentos para un banco único. Esta iniciativa fue recibida con fuerte antagonismo por el Congreso, con figuras como Rafael Nieto y Antonio Manero argumentando contra la irracionalidad de volver a un sistema de pluralidad de emisores y señalando la inviabilidad económica de los bancos regionales. La falta de unidad de pensamiento y acción entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo fue notable en este periodo.
Finalmente, en agosto de 1925 se fundó el Banco de México, con el monopolio de emisión de billetes aprobado en la Constitución de 1917. De ese modo, se cumplió con el proyecto más importante de la reforma bancaria constitucionalista, anunciado por Carranza el 23 de septiembre de 1913 en el Cabildo de Hermosillo, que establecía un banco único de emisión para orientar el crédito bancario en función de los intereses de la Nación.
La Quiebra del Banco de Sonora en el Contexto Obregonista
El Banco de Sonora (BS) nació con características de un banco de emisión regional. Satisfizo con éxito el naciente sistema moderno de cambios con circulación fiduciaria y abasteció de créditos a una nueva clase empresarial. Entre 1897 y 1913, tuvo un desarrollo ascendente en el impacto de la economía local, realizando operaciones de crédito con las que compitió con el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, con el Banco Nacional de México y, en menor medida, con el Banco Occidental de México y el Banco Minero de Chihuahua. Sin embargo, no se ajustó a la ley bancaria que señalaba que no tenía derecho a realizar grandes préstamos ni a exceder el plazo de dos años.
En marzo de 1913, estalló la rebelión armada contra Victoriano Huerta. Ante la negativa de los accionistas de apoyar una guerra con capital de los ahorradores, el gobernador interino Ignacio L. Pesqueira ordenó la intervención y el cierre de las oficinas bancarias. El cierre forzoso del Banco de Sonora lo dejó fuera de servicio por casi ocho años, interponiéndose otros factores normativos impulsados por el gobierno de Venustiano Carranza que le impidieron sostener los servicios financieros. El Banco de Sonora era parte del grupo de antiguos bancos de emisión que mantenían una economía sana y era candidato a formar parte accionaria del futuro Banco Único de Emisión.
Hacia 1921, el presidente Álvaro Obregón, a través de un decreto, derogó las trabas que impedían a los antiguos bancos de emisión operar como bancos de comercio. En 1922, se le devolvió la personalidad jurídica al Banco de Sonora gracias a su “sana economía”. No obstante, el banco empezó de nuevo sus funciones con grandes debilidades financieras, ya que el metálico y el capital circulante incautado por Carranza pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda y le fueron pagados con bonos y certificados del Banco de México.
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La historiografía sonorense ha adjudicado la quiebra del Banco de Sonora al retiro de los ahorros de los comerciantes y los clientes chinos. Ramírez, León y Conde (1997) mencionan que los reclamos de los ciudadanos chinos imposibilitaron al banco satisfacer las demandas del resto de los cuentahabientes. Esta versión, sin embargo, no está sustentada con pruebas contundentes. No existe registro documental en el Banco de Sonora que muestre que los chinos tuvieran sus ahorros en esa institución; tampoco existen instrumentos que permitan identificar los depósitos bancarios de aquellas fechas. Solo se pudieron corroborar los créditos otorgados por el banco, entre los cuales no se observan créditos a comerciantes chinos. Si bien hubo una coincidencia entre las fechas de la quiebra del banco y la expulsión de los chinos (entre 1929 y 1932 ocurrieron los momentos más álgidos de ambos procesos), esto no significa que exista una relación causal entre la diáspora y la quiebra.
La quiebra del Banco de Sonora pudo documentarse paso a paso con base en fuentes localizadas en el Archivo Histórico del Banco de México (AHBM), en escrituras notariales y en los diarios locales. El momento de quiebre importante ocurrió cuando el Consejo de Administración del Banco de México detectó un falso balance, corroborado luego por la Comisión Nacional Bancaria y por la Secretaría de Hacienda. Las causas de la delicada situación que afrontaba el Banco de Sonora habían sido relatadas por el periódico El Pueblo en 1929.
El 4 de marzo de 1929, la noticia de la intervención militar que sufrió el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario por una guardia de gendarmes, enviada por Fausto Topete, cundió rápidamente. Esta noticia provocó alarma entre los clientes del Banco de Sonora, quienes acudieron a retirar sus fondos y ahorros. Desde las primeras horas de ese día, el público se aglomeró ante su oficina matriz en Hermosillo y en la sucursal de Nogales. El banco respondió de manera ortodoxa, pagando y devolviendo los depósitos a quienes los solicitaron, con la expectativa de tranquilizar los ánimos. El Banco de Sonora atendió a su nerviosa clientela y le devolvió sus ahorros y depósitos durante varios días hasta entregar el último peso depositado, incluso echando mano de sus reservas monetarias. Paradójicamente, el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario permaneció con las puertas cerradas. El Banco de Sonora utilizó como argumento de defensa ante los miembros del Consejo de Administración del Banco de México la corrida de ese 4 de marzo de 1929.
Al iniciar la última semana de mayo de 1929, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria deliberaban sobre las condiciones de reapertura del Banco de Sonora. Evaluaban si sus activos respaldaban sus obligaciones y decidieron atender la solicitud de su representante, quien pidió un crédito por un millón de pesos. Los consejeros determinaron que el banco podría reanudar operaciones con una cantidad inferior a 700,000 pesos, los cuales le fueron entregados como línea de redescuento, seleccionando el Banco de México los créditos mejor garantizados. Durante la sesión, se manifestó que el Banco de Sonora debía abrir sus puertas de inmediato o afrontar su liquidación, dejando claro que debía mostrar que sus problemas eran de liquidez y no de solvencia. Así, el Banco de Sonora reanudó operaciones el 27 de mayo de 1929. Era notorio que después de la corrida de marzo al “Banco de Sonora le faltó dinero de su fondo de garantía”.
Se esperaba que, después de ser apoyado financieramente en mayo por el Banco de México, pudiera recuperar poco a poco su economía, pero eso no ocurrió. Un primer indicador negativo para las autoridades del banco central fue que el Banco de Sonora no entregó la totalidad de los documentos que respaldaban la línea de crédito y que esta fuese empleada en menos de una séptima parte. Para el Banco de Sonora, resultó fácil aclarar que su situación obedecía a circunstancias externas y ajenas a su esfera de influencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplazó hasta agosto la posibilidad de cumplir las prescripciones legales de sus fondos de garantía. El Banco de Sonora envió una nota aclaratoria señalando que su situación no se correspondía a la descrita por El Pueblo e insistió en que los inspectores de la Secretaría de Hacienda habían concedido un mes de plazo para estar dentro de la ley. Como muestra, en septiembre publicó un balance saneado correspondiente al 14 de agosto, donde su fondo de reserva ascendía a 4,851,160 pesos; y sus movimientos de capital a 10,478,137 pesos. Sin embargo, otros descubrimientos mostraron que dichos balances fueron modificados para cumplir con la normatividad.
Para 1932, el Banco de Sonora lucía desfasado de la competencia financiera. Competía contra otros bancos más dinámicos y atrevidos, como el Banco Refaccionario de Occidente (1926), el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario (1927), el Banco de Nogales (1928) y el Banco del Pacífico (1925), que operaban en la plaza regional. Además, la clase empresarial que fundó el Banco de Sonora se encontraba casi desaparecida al comenzar la década de 1930, lo que significaba que la nueva oleada de empresarios estaba desvinculada del Banco de Sonora.
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