El Gobierno de México ha hecho a un lado los seguros catastróficos desde la desaparición del Fonden, afirmó Eduardo Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Ajustadores de México (AMASAC). Vargas destacó que tanto el gobierno federal como los estatales tienen el trabajo de proteger a la población más vulnerable y expuesta del país. Ante esta situación, se ha sugerido la necesidad de un nuevo enfoque.
Debería haber un seguro público sin costo para la población más vulnerable del país, la cual equivale al 70 por ciento, sugirió Vargas, en el marco de la inauguración del primer Congreso Internacional de Daños, organizado por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).
El Estado Actual de la Cobertura de Seguros Catastróficos en México
"El seguro catastrófico a nivel federal no existe, o existe en algunos estados que se han preocupado por ello, y el gobierno retiró ciertos seguros que protegían a la población que no tiene alcance para pagar una póliza", aseveró Vargas. Esta falta de cobertura genera una situación crítica a nivel nacional.
Asimismo, resaltó que actualmente México no tiene los recursos para enfrentarse a un evento catastrófico y tiene que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. "México está descubierto y es algo muy grave".
El Caso de Veracruz: Una Ausencia Preocupante
Veracruz, por ejemplo, enfrenta una paradoja: mientras las lluvias e inundaciones golpean su territorio con fuerza inédita, el estado carece de un seguro catastrófico que lo respalde ante los daños. Esta situación se agrava por decisiones recientes.
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El documento, vigente del 31 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2025, no fue renovado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). En declaraciones recientes, Nahle justificó su decisión al asegurar que los seguros “no cubren el cien por ciento de los daños” y que el estado cuenta con un fideicomiso propio para enfrentar emergencias.
Sin embargo, el Fideicomiso de Protección Civil del Estado, creado en 2019, dispone apenas de 132 millones 595 mil pesos, según el informe trimestral de Sefiplan de junio de este año. Esta cantidad contrasta con las obligaciones legales.
Además, la Ley General de Protección Civil establece que los gobiernos estatales están obligados a mantener seguros o instrumentos de transferencia de riesgo para acceder a declaratorias de emergencia y recursos federales. En paralelo a esta situación, se observaron movimientos legislativos.
La creación de la aseguradora estatal (AVSI) coincidió con otra medida: una reforma acelerada a la Ley de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, aprobada en el Congreso local con 44 votos a favor y sin oposición. A pesar de su creación, su operatividad es incierta.
Cinco meses después, no existe información pública sobre su estructura, financiamiento o capacidad operativa. Tampoco se ha confirmado si la AVSI cuenta con respaldo de reaseguro o solvencia suficiente para cubrir siniestros de gran escala. Fuentes consultadas en el Congreso local señalan que el decreto se aprobó sin debate técnico y sin dictámenes de la Comisión de Hacienda. Estas reformas otorgan nuevas facultades al ejecutivo estatal.
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Con la reforma, el Ejecutivo estatal ahora puede declarar por sí mismo una situación de emergencia o desastre, sin requerir autorización del Gobierno federal. El nuevo marco legal incorpora figuras como el Acuerdo Estatal de Desastre y la Declaratoria de Emergencia, que permiten a la administración estatal movilizar recursos y fideicomisos sin intervención de la Federación. Mientras tanto, las consecuencias de la falta de cobertura son palpables.
Mientras tanto, los municipios del norte siguen bajo el lodo y el agua.
Incremento de la Vulnerabilidad y el Rol Crucial de los Seguros
La situación de desprotección se ve agravada por el contexto actual de cambio climático. Elisa Trujillo, directora general de Arise México, puntualizó que son 77 millones de personas en situación de vulnerabilidad y a raíz del cambio climático “ya no hay escenarios certeros” y cada vez hay mayor incidencia de fenómenos naturales atípicos o que antes no se registraban con tanta frecuencia. La proyección a futuro es aún más alarmante.
"Para 2030 se espera tener 1.5 desastres por día, todas las agendas de desarrollo sostenible van ligadas y los seguros son la herramienta para la prevención, pero también para tener una rápida recuperación ante esta nueva realidad que vamos a enfrentar", subrayó la directiva. En este escenario, las aseguradoras juegan un papel vital.
En ese sentido, las aseguradoras no solo fomentan la economía, sino que también, se han convertido en las principales calificadoras de la viabilidad de proyectos, al ser ellas las que precisamente definen si dicho proyecto se puede asegurar o no, con base en la evaluación de los riesgos. De esta forma, "Incentivan que los desarrollos e inversiones en México no sean en zonas de riesgo”, apuntó Elisa.
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Estrategias de Gestión de Riesgos del Gobierno Federal
Frente a este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha tomado medidas para fortalecer la protección. La dependencia informó que renovó el seguro para catástrofes para el periodo 2026-2027, por una suma asegurada de 10,400 millones de pesos con Agroasemex. Esta renovación representa una mejora significativa.
A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora indicó que el instrumento duplicó su suma asegurada para este periodo, con lo que amplia la capacidad del estado para proteger el patrimonio público y atender a la población que se vea afectada por fenómenos naturales, tales como sismos, lluvias, e inundaciones. La cobertura de este seguro es amplia.
La cobertura de este seguro abarcará todo el territorio nacional en caso de sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta. Dicha cobertura entró en vigor el pasado 5 de junio y terminará el 5 de mayo del 2027. El instrumento contratado se estructura en dos componentes clave.
El instrumento contratado se integra de dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos y un seguro paramétrico de 10,000 millones de pesos para poder garantizar una respuesta financiera oportuna ante las catástrofes que sucedan. La SHCP destaca que esta acción forma parte de una estrategia integral.
"Este Seguro se suma a una estrategia de gestión de riesgos que el Gobierno de México ha impulsado para proteger el patrimonio público federal que incluye los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el Bono para Catástrofes, complementando los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a proteger a la población y atender los efectos de fenómenos naturales", indicó la Secretaría de Hacienda.
El Bono para Catástrofes como Mecanismo Adicional
Complementando el seguro para catástrofes, el gobierno mexicano cuenta con un bono para catástrofes vigente hasta el 2028, que también tiene el propósito de mitigar el impacto financiero de desastres naturales. Este bono ofrece una considerable protección financiera.
La protección de este bono es por 595 millones de dólares a través de cuatro clases de bonos emitidos a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. A continuación, se detallan las clases de bonos y sus respectivas sumas aseguradas:
| Clase de Bono | Fenómeno Cubierto | Suma Asegurada (millones de dólares) |
|---|---|---|
| Clase A | Terremotos de baja frecuencia | 225 |
| Clase B | Terremotos de alta frecuencia | 70 |
| Clase C | Huracanes del Atlántico | 125 |
| Clase D | Huracanes del Pacífico | 175 |
Mirando al Futuro: Fortalecimiento y Cooperación
Con miras a una protección más robusta y eficaz, se plantean diversas iniciativas futuras. “De manera complementaria, se analizarán nuevas estrategias para ampliar la cobertura de aseguramiento y fortalecer la gestión integral de riesgos de desastres, lo que incluye la mejora de herramientas de análisis y modelación de riesgos catastróficos. Se impulsará también la cooperación con OFIs, gobiernos de otros países y actores del sector asegurador nacional e internacional, con el fin de desarrollar estudios, proyectos y políticas públicas que incrementen la eficiencia de los instrumentos de protección”, señaló la Secretaría de Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica 2026. Además, se ofrecerá soporte técnico a las entidades.
Además, la dependencia mencionó que durante el año se brindará asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública para el diseño de las estrategias de aseguramiento y transferencia de riesgos. No solo se enfocan en desastres naturales, sino en ampliar la protección en otros sectores.
“De igual forma, se impulsarán esquemas de transferencia de riesgos en el sector agropecuario y se analizarán los mecanismos más adecuados para ampliar el acceso a los seguros de gastos médicos mayores. Por su parte, la industria aseguradora también reconoce sus propios retos.
Por otro lado, Elisabeth Vogt, presidenta de la Confederación Panamericana de Productos de Seguros (COPAPROSE) acotó que actualmente el sector asegurador tiene el reto de impulsar a los seguros paramétricos, así como mejorar la oferta de productos y trabajar en nuevas coberturas.
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