Actualmente se reconoce que una función esencial de los Estados es la protección social de sus poblaciones, pero no siempre fue así. A fines del siglo XIX comenzaron a ganar terreno las posturas a favor de su posición activa frente a los problemas sociales y económicos ocasionados por las fallas estructurales del capitalismo. Esta concepción positiva ha derivado en el entendimiento de los Estados como agentes primordiales para combatir la pobreza y fomentar el bienestar social.
Para cumplir con esas tareas, los Estados disponen de orientaciones, instituciones, estrategias, recursos y acciones que se enuncian conjuntamente mediante el concepto de política social. Los regímenes de política social muestran los idearios, las estrategias, las instituciones y los recursos destinados para cumplir la función social del Estado. Es estéril pensarla como disociada del poder ideológico, económico, político e incluso militar, pues la política social se postula como una caja de herramientas para modificar las condiciones de los grupos sociales, pero al mismo tiempo se configura y equipa con los medios obtenidos de las nociones, intereses, coaliciones y disposiciones sobre la pobreza y el bienestar social que cada grupo social hegemónico, y sobre todo el gobernante, postula como válido en cada época.
Ideologías Pre-Revolucionarias: Del Paradigma de la Caridad al Darwinismo Social
En el contexto mexicano pre-revolucionario, las concepciones sobre el bienestar social y la atención a la pobreza evolucionaron significativamente. Por un lado, la preponderancia de la Iglesia católica en el Virreinato favoreció la imposición de su cosmovisión y atención sobre el sector pobre, el cual se asoció con el paradigma de la caridad (Gaos, 1990). Así, en la medida que detrás de los harapos del mendigo se podía encontrar a Jesucristo, la caridad era un deber de todo cristiano. La limosna, máxima expresión de la caridad cristiana, constituía el elemento estructurador del sistema de protección social del Antiguo Régimen. Del mismo modo que los ricos necesitaban a los pobres como objeto de caridad, éstos tenían la obligación de aceptar con resignación la voluntad divina.
Con la Independencia consumada, el territorio nacional fue escenario de una disputa enconada por distintos proyectos políticos y económicos del país entre dos bandos que se identificaron como liberales y conservadores. Esto implicó, entre otras variaciones, que la pobreza dejase de verse como una virtud para considerarse un pecado. La pobreza pasará a ser sinónimo de criminalidad, no tan sólo por la carga peyorativa que el término conlleva, sino porque se considera que los pobres no cumplen con la principal obligación que tienen todos los miembros de la sociedad: nos estamos refiriendo a la «obligación de trabajar».
Un ejemplo de esta concepción son las leyes de estados como Michoacán, Morelos y Veracruz a mediados del siglo XIX, las cuales incluían el arresto a quienes fueran mayores de edad y carecieran de oficio, industria lícita o renta suficiente; o a quienes tenían oficio y no lo ejercían; o a quienes poseían aptitud para el trabajo y pedían limosna. Estos eran encarcelados o puestos a disposición de labradores, artesanos o comerciantes para corregirlos. También en otras entidades como el Estado de México, Guanajuato y Oaxaca, las leyes desarrollaron amplias nomenclaturas sobre la vagancia y expidieron boletas de no vagancia (González Navarro, 1985:206-208).
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Esta feroz inserción de la ética capitalista del trabajo en la sociedad mexicana decimonónica también conllevó a la apropiación y propagación de una ideología que postula la supervivencia social únicamente para quienes mejor se adapten, la cual se conoce como darwinismo social. La asunción del capitalismo no erradicó el paradigma de la caridad, pero sí lo atenuó. Así que, por un lado, el trabajo como actividad fundamental del crecimiento económico, la criminalización de quienes no cumplían con ese requisito y el darwinismo social y, por el otro lado, la prevalencia de una inercia del paradigma de la caridad, no eliminaron las acciones de beneficencia, pero sí provocaron que se debatiese sobre quiénes debían ser candidatos de la caridad.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) las ideas sobre el darwinismo social estuvieron en auge, pero se toleró la idea de la caridad con el requisito de que ésta debía ser una virtud privada en lugar de una función de la Iglesia (López-Alonso, 2015:67). Es así como en 1877 se creó la Dirección de Beneficencia y en 1899 la Junta de Beneficencia Privada. En 1904 se promulgó la Ley de Beneficencia Privada, que solo tuvo vigencia en el Distrito Federal y los Territorios Federales, aunque la vigilancia fue simbólica y no se extendió a las organizaciones religiosas (Arrom, 2016).
No obstante, estas acciones gubernamentales fortalecieron este tipo de beneficencia a tal grado que, entre 1904 y 1906, los capitales de la beneficencia privada aumentaron casi en un millón (González Navarro, 1985:122). Poco a poco se fueron profundizando las acciones de caridad desde el ámbito gubernamental, además de las acciones individuales de los líderes políticos, como Porfirio Díaz quien regaló a los pobres la cantidad que el ejército había destinado para una fiesta en su honor (González Navarro, 1985:86).
Si concebimos a la política social como ese entramado de concepciones, recursos y acciones para contener la pobreza y proveer el bienestar social -que es predominio del Estado-, ésta no existía en el siglo XIX. Durante el Porfiriato “se inició el proceso continuado de formación de capital” (Córdova, 2000:15), pero dicho proceso estuvo acompañado de avasallamientos políticos y económicos. En el ámbito rural se llevaron a cabo despojos de tierras para destruir las propiedades comunales, disponer de jornaleros libres y construir latifundios (Gilly, 1971:9-11). Por su parte, también fue constante la explotación laboral permitida por las autoridades y las represiones ante las luchas laborales: en 1905, las huelgas y los sindicatos obreros estaban prohibidos por ley. Las “agitaciones” se castigaban con la deportación a las plantaciones, la cárcel y la ley fuga. Las condiciones políticas y sociales se agudizaron y fueron el germen de las insurrecciones que, gravitando en torno a Francisco I. Madero, desembocaron en la Revolución Mexicana.
La Revolución Mexicana y la Consolidación de un Régimen Social
La Revolución Mexicana inauguró el siglo XX y, con ella, el reconocimiento de la función social del Estado, lo que se contrapuso a lo dominante hasta entonces. Por tanto, la política social fue también un resultado directo de la Revolución mexicana. Después de 1910, las autoridades gubernamentales y la opinión pública reconocieron la existencia de la pobreza generalizada en el país y que esto constituía un problema social (López-Alonso, 2015:84).
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Recuperando las demandas sociales que arroparon su candidatura presidencial, Francisco I. Madero se comprometió a crear la seguridad social en México (González Díaz Lombardo, 1973), pero esa propuesta desapareció de su agenda cuando fue electo (Brachet-Márquez, 2013: 246). Aun así, en sus dos años de gobierno, Madero creó un Departamento del Trabajo y envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para establecer el salario mínimo (Brachet-Márquez, 2013: 246). En un breve periodo del gobierno de los convencionistas, se trató de atender los estragos sociales que afectaban a la población, fijando precios a productos de uso prioritario y confrontando a comerciantes que especulaban.
Bajo el mandato carrancista, el gobierno realizó numerosas medidas de política social para atender la emergencia alimentaria, regulando los precios de los productos básicos y comprando granos y semillas que repartieron entre la gente más pobre. Como parte del gobierno constitucionalista, Álvaro Obregón creó la Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo, que realizó acciones radicales como fijar un impuesto de guerra a la gente rica y al clero para ayudar a la población, ordenar a los comerciantes que contribuyesen con el 10% de los artículos de primera necesidad para ofrecerlos a precios bajos, y encarcelar a quienes se negaban (Carmona, s.f.-c; s.f.-d).
Estas acciones reseñadas a partir de la presidencia de Francisco I. Madero son relevantes porque evidencian que los problemas de pobreza y bienestar social no solo se catalogaron con mayor contundencia como problemas públicos, sino que el gobierno asumió su preponderancia para atenderlos y emprendió acciones puntuales para ello.
Luego de que el 14 de septiembre de 1916 el presidente Venustiano Carranza convocó a un congreso constituyente, el 5 de febrero se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La CPEUM fue un parteaguas nacional y sentó un precedente incluso internacional, pues acogió en su contenido los llamados derechos sociales y situó al Estado como un ente trascendental para su cumplimiento.
Fue precisamente el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando quedó institucionalizado un modelo de nación que, contrariando los fundamentos del laissez faire, laissez passer dominantes en aquella época, otorgó a los poderes públicos facultades para intervenir en prácticamente todos los aspectos de la vida económica y social del país, con el propósito central de reducir las inequidades y favorecer la justicia social.
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La CPEUM establece un régimen de economía mixta con rectoría del Estado, monopolios estatales y la subordinación de la propiedad privada al interés público. En el Acta Constitutiva se establecieron una serie de funciones para el Estado, entre las que destacan: promotor de la educación; propietario de tierras, aguas y recursos naturales dentro del territorio nacional con la capacidad de otorgar el derecho de propiedad privada y regular las actividades económicas del país; árbitro social mediante el establecimiento de mínimos económicos para el bienestar social de los trabajadores, y capacidad de definir y legislar, a través del gobierno, en las actividades económicas del país.
Es muy posible que los trabajadores de la Industria, quienes integraron la coalición de Carranza, fuesen un poderoso grupo de presión en la convención constituyente logrando reflejar el espíritu de sus demandas, entre otros, en los artículos 27 y 123 (López-Alonso, 2015: 82).
Todo esto se tradujo en siete derechos en particular indicados en el artículo 123:
- El derecho a una jornada razonable: se estipuló que sería de ocho horas diarias.
- El derecho al descanso: por cada seis días de trabajo se reconoció el derecho a un día de descanso que sería remunerado.
- El derecho a una remuneración justa, traducido en la existencia de un salario mínimo.
- La prohibición del trabajo infantil y las condiciones de trabajo en jóvenes entre doce y dieciséis años.
- El derecho a condiciones especiales para las trabajadoras embarazadas: un descanso desde los tres meses anteriores al parto y un mes después de éste.
- El derecho a la seguridad e higiene.
- El derecho a la estabilidad en el empleo.
Hubo además otras menciones de ámbitos que, aunque no se tipificaron como derechos, fueron innovaciones y bases para su posterior categorización como derechos: la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda. El artículo 3° indicó que la enseñanza sería libre y laica, y que la educación primaria seria gratuita en los establecimientos oficiales. La salud se estableció en su modalidad preventiva en el artículo 73 para el control de epidemias, enfermedades exóticas, alcoholismo y drogadicción, y como servicio en el artículo 123 al indicar sobre el establecimiento de enfermerías para trabajadores. La idea de seguridad social se añadió al mencionar en el artículo 123 sobre cajas de seguros populares.
La Inestabilidad Política del Siglo XIX y la Búsqueda de un Modelo de Gobierno
Durante el siglo XIX, México vivió una constante búsqueda de un sistema político adecuado que dotara de orden y estabilidad a la nación. El estudio de la historia nos hace reflexionar y comprender mejor la dinámica política que caracteriza las distintas épocas. Producto de la rutinaria inestabilidad que marcó la historia política mexicana durante el siglo XIX, la mayoría coincide en señalar la ausencia de un sistema político debidamente estructurado. Tal versión es discutible.
A pesar de la inestabilidad, y al vaivén de los pronunciamientos y revueltas, se lograron instituir atisbos fugaces de un sistema político, ya fuera federal o centralista, en el cual se privilegiaron los acuerdos entre las élites gobernantes, el ejército y el clero; actores dominantes de aquella convulsa época. Las sucesivas revueltas, asonadas, golpes de Estado, guerras civiles, invasiones e intrigas internas y externas arrojaron un saldo sumamente negativo. Se pasaba de la federación al centralismo, y de este a los despotismos de las dictaduras militares y viceversa.
La base constitucional fluctuó entre el imperio, el republicanismo federal y central, y la dictadura. Entre 1824 y 1857 hubo 16 presidentes y 33 gobernantes nacionales provisionales, lo que hace un total de 49 gobiernos. En la formación del nuevo Estado, la influencia externa predominó a través del reformismo borbónico y los liberalismos gaditano, francés, inglés y norteamericano. La Constitución de Cádiz de 1812 estuvo vigente hasta la elaboración de la primera Constitución Federal de 1824 (Vázquez, 1999, p. 115).
Los Primeros Regímenes del México Independiente (1821-1857)
El primer quindenio del México independiente (1821-1836) fue un periodo de gran inestabilidad y cambios en las formas de gobierno:
| Periodo | Tipo de Régimen | Líderes Principales |
|---|---|---|
| 1822-1823 | Imperio | Agustín de Iturbide |
| 1824-1828 | República Federal | Guadalupe Victoria |
| 1829 | República Federal | Vicente Guerrero |
| 1830-1832 | Centralismo | Anastasio Bustamante |
| 1833-1835 | Federalismo | Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías |
En 1836, retornó la República centralista con Anastasio Bustamante y las Siete Leyes que instauraron un Supremo Poder Conservador como “poder neutro” con grandes atribuciones de carácter político y en materia de control constitucional. Este poder debía vigilar, regular, limitar, contener e impedir los abusos de los otros tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No era responsable de sus decisiones más que ante Dios y la opinión pública.
El gobierno no pudo mantener la unidad ni la estabilidad política ante las amenazas externas de Estados Unidos y Francia, y los conflictos domésticos. El centralismo terminó ligado a intereses económicos regionales por el aumento de contribuciones fiscales. Una nueva alianza entre federalistas, moderados y centralistas produjo una dictadura con Santa Anna en 1841 y la expedición de Las Bases Orgánicas de la Administración Pública, las cuales concedieron una mayor representación ciudadana y disminuyeron los requisitos para ser congresista.
En plena guerra con los Estados Unidos (1846-1848), el país pasó del centralismo a un régimen militar que simpatizaba con la monarquía, y ulteriormente a una República federal; gobernarían y contenderían por el poder los cuatro principales grupos políticos: centralistas, monarquistas, liberales puros y moderados. Los liberales moderados-federalistas promovieron reformas que destacaron las garantías individuales y el fortalecimiento del gobierno y del Ejecutivo. Ante la derrota, liberales y conservadores se insertaron en un estéril ejercicio de reflexión y autocrítica, dividiéndose todavía más. El gran dilema ya no fue la forma de gobierno, sino el anexionismo a los Estados Unidos como consecuencia lógica si se adoptaba el sistema federal.
La rebelión liberal de Ayutla (1854) cortó de tajo tales pretensiones. El principal objetivo fue la proscripción del monarquismo, el establecimiento de una república ya fuera federal o central y una dictadura provisional que estabilizara al país. Con ese fin, se proclamó la Constitución de 1857, la cual fincó la indiferencia del Estado respecto de cualquier culto, es decir, la separación Iglesia-Estado. A pesar de considerarse moderada y conciliadora, fue vista como arbitraria e inaceptable para una sociedad eminentemente tradicional, dando lugar a la Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años (1858-1860) bajo el lema Religión y fueros. La dualidad de poderes −liberal y conservador− desató una lucha por el reconocimiento externo de la legitimidad política.
El Segundo Imperio y la Restauración Republicana
Los conservadores favorecieron la intervención armada francesa y el establecimiento de un Segundo Imperio, adoptando como forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe europeo de estirpe real y principios católicos: el archiduque Maximiliano de Habsburgo (1864-1867). En una actitud conciliadora, Maximiliano tuvo una política centralista, liberal y progresista encaminada a equilibrar y a obtener la aquiescencia de todas las fuerzas políticas. El Imperio terminó liquidado, no así el centralismo, presente en los gobiernos, en las políticas autoritarias presidencialistas, en los partidos y en las actitudes de amplios sectores sociales, económicos y políticos.
En 1867, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Porfirio Díaz buscaron implantar un orden republicano que comenzó liberal y terminó siendo conservador. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron ambivalentes. Juárez moderó la política anticlerical, manteniéndose al margen de las decisiones eclesiásticas, con lo que se dio un acercamiento. Ante la presión del grupo liberal radical, Lerdo de Tejada elevó a rango constitucional las Leyes de Reforma. Las disposiciones quedaron registradas en la Ley Orgánica del 14 de diciembre de 1874 (Case, 1975, p. 205).
La Configuración Ideológica de los Partidos Políticos en México
La conformación de partidos o grupos de izquierda-derecha es variante en cada país, debido a factores históricos, sociales, políticos y económicos particulares. En México, según Arnaldo Córdova, el poder político se organiza en torno al Estado posrevolucionario y la hegemonía del PRI, y se basa en la Revolución mexicana al abrir camino a una nueva estructura de poder distinta al régimen porfirista.
La Constitución de 1917 fue el hecho que concretó la formación de un nuevo régimen político posrevolucionario y centrado en el Estado de Bienestar, situación que favoreció la consolidación de grupos de izquierda o más progresistas. Recordemos la militancia de intelectuales o artistas como Vicente Lombardo Toledano, Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. No debemos olvidar que el PRI siempre estuvo más cerca de las ideas de izquierda o centro izquierda contrario a esa creencia popular de que era de derecha. Aunque luego adoptara la política económica neoliberal, la base histórica es clara.
Por otro lado, la derecha mexicana tiene una raíz que encontramos entre el movimiento cristero, el sinarquismo, ligado a la falange o fascismo español, y la fundación del PAN en 1939. Si bien hoy la noción ideológica e histórica se ha desdibujado mucho, es importante recordar sus orígenes a suerte de una mejor conciencia cívica como ciudadanía mexicana.
El sistema de partidos en el Estado de México se ha desarrollado por décadas a la par de lo que ocurre en el ámbito nacional, con un dominio del PRI. Este partido data de 1929 y se le considera todavía como la fuerza política más importante de la entidad. No obstante, en los últimos años se puede encontrar un bloque de tres fuerzas políticas que se disputan el control local en forma permanente: PRI, PAN (constituido a escala nacional en 1939) y PRD.
La Forma de Gobierno Actual de México
Para entender qué tipo de gobierno tiene México, hay que remitirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en su artículo 40, que el país es una “República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. A continuación, se analizan en profundidad estos conceptos:
República
El poder es ejercido por representantes del pueblo, elegidos de forma popular, los cuales se rigen por un cuerpo legislativo y existe una separación de poderes (en este caso, ejecutivo, legislativo y judicial).
Representativa
Los principales cargos políticos (presidente, gobernadores, diputados, senadores, jefe de gobierno, presidentes municipales) son seleccionados por la mayoría de los ciudadanos en las urnas.
Democrática
El poder reside finalmente en el pueblo, quien elige a sus gobernantes y tiene derecho a controlarlos. Además, el pueblo ejerce el poder directamente a través de mecanismos como referéndums, iniciativas legislativas populares, consultas populares y, por supuesto, en las urnas.
Laica
Significa que el gobierno de la nación es independiente de cualquier organización religiosa, por lo que las creencias religiosas no deben influir en las decisiones políticas.
Federal
Implica que los estados de la República se unieron para conformar una unidad con mayor poder y renunciaron a su soberanía a favor de un gobierno central. Por su parte, los estados preservan su identidad de forma independiente, cuentan con su propia división de poderes y tienen sus constituciones.
El artículo 39 constitucional refiere que: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.