La Historia Oculta del Régimen Militar es bastante más que una mina de información detallada e irrefutable a estas alturas. Retrata una época, un clima, que va de lo más negro a lo más gris. Es una obra que, además, opera como historia y periodismo a la vez, precisamente porque desmiente sus diferencias disciplinarias.
Se trata también de una obra valiente, sin pretensiones de ser definitiva, hecha en circunstancias muy límites, intuyendo de paso la fuerza de un momento histórico trascendental. Un momento en tránsito que auguraba tanto una nueva época histórica como periodística. En fin, un logro notable que solo puede atribuirse a la fina y aguda sensibilidad de sus autores. Es, con seguridad, un libro fundamental para explicar cómo se va gestionando el proceso de la dictadura, desde el inicial objetivo de "salvar al país" hasta la generación lenta del amor al poder, influenciado por círculos que vieron la posibilidad de crear un Chile a su estilo.
Origen y Metodología de la Investigación
Hace 30 años, semanas después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, el diario La Época publicó el último fascículo de La Historia Oculta del Régimen Militar, la más completa investigación periodística escrita sobre la dictadura. Lanzada luego como libro, la obra se convirtió en un clásico del género. La investigación periodística cubre los 17 años de la dictadura de Pinochet, desde las violaciones a los derechos humanos hasta las soterradas disputas entre los miembros de la junta.
Los autores fueron los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, tres compañeros de carrera en la Universidad de Chile que, en las postrimerías del régimen, trabajaban en La Época como editores. Amigos, voraces lectores y cinéfilos, se propusieron hacer un relato rigurosamente periodístico, aunque con giros literarios acotados que lo intensificaran. Los tres eran de la misma generación de la Escuela de Periodismo de Universidad de Chile, y la idea era hacer una obra novedosa, recrear los hechos a través de imágenes que pudieran acercar al lector a la trama, para que no fuera tan árida, como si estuviera viendo una película.
La obra surgió con la idea de partir con la escena de los soldados custodiando La Moneda destruida. Se propusieron escribir unos 25 capítulos, pero terminaron con más de 50. Para no verse "pillados" por la contingencia, tenían listas cuatro o cinco entregas cuando el primer capítulo se publicó. Sin embargo, muy pronto estaban sobrepasados, cerrando los fascículos el día antes.
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El Proceso de Investigación y Recopilación de Fuentes
Los autores hicieron un esqueleto inicial y una primera capitulación antes de reportear nada. Se guiaron por los temas que cada uno había reporteado hasta ese momento. Manuel Salazar se hizo cargo de los temas de derechos humanos, represión e izquierda, Ascanio Cavallo tomó la política palaciega y los partidos que estaban relativamente institucionalizados en los ‘80, como la DC. Oscar Sepúlveda tomó las relaciones internacionales y otros asuntos similares. Todos se hicieron cargo de capítulos específicos, pero gracias al background de cada uno también aportaban a los capítulos de los otros.
La investigación se basó en el acceso a prácticamente todos sus protagonistas, obteniendo documentos como las cartas de la crisis al interior de la junta militar. Cuando se entrevistaba a una fuente, se salía con mucha información, aprovechando cada entrevistado para sacarle toda la información posible sobre el periodo que la fuente conocía. Luego se "carpeteaban" los datos y se hacía una división de antecedentes.
Se utilizaron archivos de diarios como El Mercurio, la Biblioteca Nacional, y archivos de la Iglesia Católica sobre derechos humanos, como los libros y documentos de la Vicaría de la Solidaridad. Revistas como "Qué Pasa", especialmente su sección "Ojos de la Llave", también fueron valiosas. Los autores también accedieron a otros documentos completamente desconocidos en ese tiempo: decretos, comisiones legislativas y mucha información policial de Investigaciones.
En el contexto político del momento, parte importante de la derecha estaba muy dispuesta a la transición, y hubo gente de ese sector que ayudó a convencer a otras fuentes para hablar. La Iglesia Católica, partiendo por el cardenal Raúl Silva Henríquez, fue otro actor importante. Esto hizo que personas que nunca se imaginaron hablaran.
Se entrevistaron cerca de 140 personas, mayoritariamente fuentes de gobierno. Se evitó en lo posible hablar con los dirigentes de primerísimo nivel de oposición, salvo para chequear información. Aunque el manual de estilo de La Época decía que todas las fuentes debían citarse, salvo en casos extraordinarios, la mayoría de la gente al empezar a reportear no quería aparecer con su nombre. Se trabajó sobre la convicción de que en el ambiente de la época pretender tener solo fuentes on the record era una demencia.
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El principio ético básico de no revelar jamás a una fuente en la investigación fue clarísimo, ni al conversar con otros entrevistados ni en el texto. Para reproducir un hecho delicado, se buscaban tres fuentes distintas que contaran la historia de una manera aproximada. Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia y Educación de Pinochet, fue una fuente inmensa en horas de grabación.
Los Primeros Días del "Poder Total": Una Reconstrucción Detallada
La obra profundiza en el inicio del régimen militar. El diálogo que abre el primer capítulo, "Los días del 'poder total'", ocurre la madrugada del 12 de septiembre de 1973, entre soldados que custodian los escombros humeantes de La Moneda. Los soldados del Blindados N° 2 tenían una larga y lúgubre madrugada por delante. Había pasado la medianoche del 11 de septiembre de 1973, y en los patios del palacio presidencial todavía humeaban algunos restos. Las maderas derruidas crujían y el aire estaba invadido por el olor penetrante de la ceniza mojada. Los bomberos se habían retirado poco antes y el edificio estaba solo, mudo, herido, al cuidado de un centenar de jóvenes cansados y nerviosos.
Al frente, el general Nicanor Díaz Estrada levantó el teléfono instalado junto al catre de campaña para ofrecer una ambulancia para un herido de la legación cubana, lo que el embajador Mario García Incháustegui rechazó debido a la violenta noche y el tableteo de las ametralladoras en Santiago. El general llevaba horas respondiendo el teléfono para pedidos de emergencia, casi todos insolubles. En el 5° piso del Ministerio de Defensa se trabajaba en forma caótica, con Díaz Estrada, subjefe, procurando coordinar las decisiones.
Mientras tanto, en la Escuela Militar había concluido unas horas antes la reunión más importante, la de los miembros de la Junta, donde cuatro hombres que habían actuado como jefes de guerra cruzarían sus primeras palabras como nuevos gobernantes. La agitación no era menor dentro del Hospital Militar. En uno de sus pisos superiores había concluido la autopsia del cadáver del Presidente Salvador Allende y se terminaba la redacción del informe preliminar. Los cuatro jefes de Sanidad de las Fuerzas Armadas firmarían los certificados.
El edecán de Ejército del Presidente muerto, el teniente coronel Sergio Badiola, estaba a cargo de los preparativos para la sepultación. Se trataría de poner el cuerpo en un ataúd sellado y de trasladarlo a Valparaíso, con un cortejo que debía incluir la menor cantidad de gente posible, los familiares más cercanos, y algún representante uniformado. Badiola llamó por la noche del 11 al edecán aéreo de la Presidencia, el comandante Roberto Sánchez, quien había trabado una especial amistad con Allende y aquella tarde estaba deshecho. Badiola tenía un encargo de la Junta: que acompañara a Hortensia Bussi en un avión hasta Valparaíso para el entierro del Presidente.
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En la mañana de ese miércoles 12, Sánchez se presentó en el Ministerio de Defensa y recibió de Carvajal la orden de partir a Los Cerrillos, donde se reuniría con Hortensia Bussi, Laura Allende y dos sobrinos del Presidente muerto. El vuelo, breve, tenso y silencioso, los dejó en Quintero. Desde allí una patrulla escoltó al cortejo de Fiat 125 hasta el cementerio de Santa Inés, que había pasado toda la noche bajo vigilancia militar. En aquel lugar desierto, sin ceremonias, con unos llantos contenidos y sin placa alguna que identificara los restos, fue sepultado Salvador Allende. Flores furtivas acompañarían la tumba en los años siguientes.
La Constitución de la Junta Militar y el Primer Gabinete
Aquella mañana del 12, la aparición de una tanqueta rugiendo desde Alameda puso en alerta a la guardia del Ministerio de Defensa. Todos los altos mandos uniformados habían llegado con fuertes escoltas de protección. Pese al toque de queda absoluto, los tiroteos continuaban en la ciudad y el poder de fuego de los resistentes era aún desconocido. Armas pesadas acompañaron la llegada de los comandantes en jefe, pero solo al almirante Merino se le ocurrió trasladarse con una tanqueta Mowag de la Armada.
Desde esa llegada espectacular, los despachos de los jefes militares se convirtieron en hervideros de gente y de rumores. Aquella mañana debía producirse la primera reunión formal de la Junta, todavía no estructurada como tal. Era necesaria un acta de Constitución. El presidente del comité de auditores de las Fuerzas Armadas, el abogado-almirante Rodolfo Vio, traspasó el encargo a uno de sus ayudantes, el capitán de navío Sergio Rillón. Rillón redactó un texto que incluía los considerandos y un artículo único por el cual los comandantes en jefe se constituían como Junta para asumir el Mando Supremo de la Nación ("el poder total", fue la instrucción que recibió Rillón), con el compromiso de "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas". El texto mecanografiado por Rillón fue aprobado con una sola corrección: en lugar de Augusto Pinochet había escrito Ramón Pinochet. A mano, de inmediato, se agregaron los otros dos artículos: para designar a Pinochet como presidente de la Junta y para declarar que se garantizaría la independencia del Poder Judicial. La reunión de la Junta fue breve en el análisis del texto, y en la primera acta hay constancia de la unanimidad. Se firmó el decreto ley, fechado el 11 de septiembre y numerado con el 1, aunque en rigor lo primero que se había dictado era el estado de sitio.
Esa mañana debía formarse también el primer equipo de gobierno. Nadie tenía planes ni había pensado en nombres. Solo hubo un acuerdo previo: repartir los ministerios claves entre las distintas ramas de las FFAA. Reunidos en su salón del Ministerio, los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y César Mendoza, el almirante José Toribio Merino y el vicealmirante Patricio Carvajal, discutieron los nombres, asignaron los cargos y acordaron imponerlos como si se tratara de destinaciones militares: nadie podía negarse ni discutir el encargo.
El primer caso debatido fue el del ministro del Interior. Se propuso nombrar a un carabinero, pero el general César Mendoza declinó la oferta. En ese momento, entró el general Oscar Bonilla para entregar un informe urgente, y Pinochet propuso su nombramiento en Interior. Carvajal era el obvio postulante a Defensa. Relaciones Exteriores se vinculó al vicealmirante Ismael Huerta. Después, la repartición siguió por ramas: tres por cada una, con el Ejército quedando con cuatro al nominar a Ewing como ministro secretario general de gobierno. Solo Justicia y Educación crearon dificultades.
Para Justicia, la oferta hecha a los auditores de las Fuerzas Armadas fue declinada en nombre del servicio a las instituciones. Se consultó a la Corte Suprema, y Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte, sugirió a Ricardo Martín. Al no poder ubicarlo, la Armada echó mano a Gonzalo Prieto Gándara, quien debió aceptar el cargo por teléfono. En Educación, un área conflictiva, Pinochet hizo memoria y llamó a José Navarro, antiguo docente de la Escuela Militar.
Con este método, en el aire solemne de la Escuela Militar y bajo los severos emblemas nacionales, aquella noche juró el primer gabinete del nuevo gobierno. La ocupación de las oficinas ministeriales, en los días siguientes al 12, fue casi tan caótica como su desalojo tras el golpe. Los grupos empresariales más descollantes hicieron llegar a la Junta listas de posibles asesores con la celeridad que solo podría lograrse habiéndolo planeado con anticipación.
Discusión de los Plazos y la "Restauración"
En las pocas horas quietas de aquellas dos primeras semanas, los oficiales concentrados en el Ministerio de Defensa se dedicaban a especular sobre el futuro. En el ambiente flotaba la "gesta" del golpe y los episodios heroicos corrían de boca en boca. Los focos de resistencia armada iban cayendo velozmente y las operaciones de búsqueda y rastreo arrojaban centenares de sospechosos. La Iglesia Católica ofreció sus recintos para depositar anónimamente las armas que estaban en poder de civiles no autorizados.
En el Ministerio de Defensa se hablaba con frecuencia de los plazos. En los corrillos de oficiales aparecía el 74, el 75, el 76. El 4 de noviembre de 1976, la fecha prevista para que Allende dejara el poder, ofrecía sentido político: un plazo breve, suficiente "para restaurar la institucionalidad quebrantada", con sentido de continuidad y una carga simbólica ligada a la democracia. Nadie pensaba seriamente en un régimen más prolongado; la emergencia formaba parte de la concepción, del desarrollo y de la resolución del golpe. Cuando la Junta discutió el asunto, el acuerdo fue el mismo: restauración lo antes posible.
El general Leigh propuso nombrar a una comisión que estudiara reformas a la Constitución de 1925, con dos grandes objetivos: evitar los "resquicios legales" que dieron celebridad a los abogados del gobierno de Allende, e impedir los gobiernos de minoría, tal vez mediante la segunda vuelta electoral. En una breve sesión una semana después del golpe, la Junta dio su aprobación a la idea. Y agregó, para constancia del acta, que la comisión debía ponerse a trabajar de inmediato. Con ese explícito mensaje, el 20 de septiembre el general Gustavo Leigh invitó a cuatro civiles a su despacho. La lista había sido elaborada por sus asesores de entre una nómina más larga de profesores de Derecho Constitucional. A la reunión llegaron puntualmente Jaime Guzmán, Sergio Diez, Jorge Ovalle y Enrique Ortúzar. La Constitución del 25 reformada sería la base de la nueva democracia. Alguien, allí, mencionó otra vez la fecha tentativa: 4 de noviembre de 1976.
La Iglesia Católica y los Símbolos Públicos
Los símbolos públicos de esa voluntad de restauración eran tan indispensables como las declaraciones. Había que ir a las fuentes de la autoridad republicana, seguir las tradiciones, continuar la vida. Los criterios, sin embargo, a menudo se encontraban: los propósitos publicitarios de los asesores civiles raramente calzaban con la severidad de la seguridad militar y la táctica de infundir temor. La Iglesia Católica ofreció el primer incidente interno. La Junta discutió la necesidad de hacer el Te Deum con el espíritu del renacimiento de la nación. Para algunos, ese propósito debía encarnarse en los militares, en las Fuerzas Armadas, en los uniformes. Para otros, debía recoger a la comunidad católica, ampliamente mayoritaria. Como la mayoría de los jefes militares desconfiaba del cardenal Raúl Silva Henríquez, la primera tesis demoró poco en imponerse.
Dos días después del golpe, el 13, el obispo castrense, Francisco Gillmore, fue a la casa del cardenal para decirle que en la Catedral no podría oficiarse el Te Deum, por razones de seguridad. Los informes de inteligencia sobre la protección del sector y del templo eran adversos. El cardenal replicó que podría trasladarse al Templo de Maipú. La respuesta llegó esta vez con un emisario uniformado.