Análisis Profundo de las Causas y Consecuencias de la Corrupción Política en la Sociedad

La corrupción se configura como una de las nuevas amenazas derivadas de la conducta humana inapropiada. Se presenta hoy en día como una de las nuevas amenazas de tipo antrópico, orden híbrido y de conducta humana, con amplias repercusiones a nivel nacional y transnacional. Este fenómeno se aparta de todo tipo de preceptos de orden cultural, moral y jurídico, aceptados socialmente y prohibidos por el ordenamiento jurídico nacional y los instrumentos internacionales.

La corrupción al igual que el soborno, a través de las actuaciones inapropiadas, están relacionados con falta de gobernabilidad y gobernanza dentro de la esfera pública y privada. La corrupción es un tema de interés para distintas disciplinas y ha estado presente en las sociedades humanas desde siempre. Desde hace tiempo el fenómeno ha recibido una atención sin referencias, provocando una extensa literatura sobre sus diferentes elementos que utilizan distintas herramientas analíticas.

Definición de Corrupción Política

Según Vito Tanzi (1995): “Corrupción es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas.” En esta definición, hay tres elementos básicos. El primero se refiere al incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad, en el sentido de que exige que las relaciones personales o de otro tipo no debieran jugar ningún papel en las decisiones económicas que involucren a más de una parte. La igualdad de tratamiento para todos los agentes económicos es esencial para el buen funcionamiento de la economía de mercado. La preferencia hacia algunos agentes económicos definitivamente viola el principio de imparcialidad e implica una condición necesaria para la corrupción. Sin preferencia, no hay corrupción.

La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

Causas de la Corrupción Política

Las causas de la corrupción pueden ser clasificadas como internas y externas, además de diversos factores a nivel de país.

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Causas Internas

• Carencia de una conciencia social.
• Falta de educación o de una cultura del compromiso.
• Personalidades antisociales.
• Infravaloración de la posibilidad de ser descubierto.

Causas Externas

• Impunidad efectiva en los actos de corrupción.
• Organización partidista.
• Discrecionalidad y escasez de decisiones colegiadas.
• Salarios demasiado bajos.
• Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión.
• Poca eficiencia de la administración pública.

Factores a Nivel de País

Hay una variedad de factores a nivel de país que han tenido un impacto en la manera en la que funcionan los Gobiernos y sus servicios, que a su vez influencia la existencia y preponderancia de la corrupción en el sector público.

• Antigüedad del país: Los países independizados recientemente, o aquellos que acaban de pasar de regímenes autoritarios a democracias, pueden enfrentar más corrupción a causa de, por ejemplo, sistemas de gobernanza subdesarrollados u oportunidades de búsqueda de rentas creadas por la privatización de los activos del Estado (Goel y Nelson, 2010).
• La maldición de los recursos: El monopolio del sector público en la distribución y asignación de derechos a los recursos naturales permite que se aprovechen las oportunidades económicas para fines corruptos. El sitio web del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales recalca que «dada su naturaleza altamente concentrada y rentable, las industrias del petróleo, gas y minería pueden generar el tipo de incentivos políticos y privados que favorecen la búsqueda de rentas y la captura institucional (o del Estado)».
• Inestabilidad política: La estabilidad política está asociada con niveles bajos de corrupción, mientras que la probabilidad de que exista corrupción es más alta en entornos con inestabilidad política (Lerman, Loayza y Soares, 2005). La falta de estabilidad en las transiciones a un nuevo Gobierno electo está particularmente asociada con la corrupción en el sector público. La administración partisana, en particular, puede ser la causa de corrupción en algunos países.
• Ausencia del Estado de derecho: La anarquía o un deficiente Estado de derecho es un contribuyente importante a la corrupción a nivel gubernamental. La probabilidad de que ocurran actos corruptos puede aumentar en lugares donde el sistema legal es incapaz de sancionar a aquellos funcionarios que participan en la corrupción (La Porta y otros, 1999; Treisman, 2000).
• Fracaso de la gobernanza: Shah (2006) sostiene que la corrupción en el sector público es el resultado del fracaso de la gobernanza. Una gobernanza deficiente puede surgir de una gestión del sector público de baja calidad, de la falta de rendición de cuentas, de una mala relación entre el Gobierno y la ciudadanía, de un marco legal débil, de la falta de transparencia con respecto a los procesos en el sector público y de una poca difusión de la información. La falta de competencia y capacidad debida a una capacitación inadecuada también contribuye al fracaso de la gobernanza.
• Tamaño del gobierno: Las investigaciones presentan hallazgos variados sobre la relación entre la corrupción y el tamaño del Gobierno. Según Goel y Nelson (2010) y Rose-Ackerman y Palifka (2016), mientras más grande sea el gobierno, habrá más oportunidades para que los funcionarios busquen rentas. En cambio, Gerring y Thacker (2005) encuentran que el tamaño del gobierno no tiene correlación con mayores niveles de corrupción. Una conclusión a la que se puede llegar gracias a los hallazgos variados de las investigaciones es que la relación entre la corrupción y el tamaño del gobierno depende de otros factores, tales como el tipo de régimen, la estabilidad política y la estructura del gobierno.
• Naturaleza de la burocracia: Tanzi (1998), Kaufman y Wei (1999) y Goel y Nelson (2010) concluyen que la burocracia gubernamental y la intervención del gobierno en la economía promueven la corrupción. Tanzi (1998) afirma también que «la existencia de regulaciones y autorizaciones da un cierto poder de monopolio a los funcionarios que deben autorizar o inspeccionar la actividad».
• Gasto público a nivel local: Un estudio de Corrado y Rossetti (2018) aborda la corrupción pública en varias regiones de Italia. Mediante el uso de un conjunto de datos regionales sobre delitos de corrupción de funcionarios públicos, combinados con variables demográficas y socioeconómicas, encontraron que la extensión del gasto público a nivel local explica la corrupción, pero que las condiciones socioeconómicas y culturales también importan.
• Capital social: El capital social se refiere a los «vínculos, valores compartidos y conocimientos en la sociedad que permiten que las personas y grupos se tengan confianza mutua y así trabajen juntos» (OECD, 2007c, pág. 102). El estudio de Corrado y Rossetti (2018) halló que las regiones con más capital social son más propensas a tener menores niveles de corrupción.
• Conflictos de intereses: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2003) definió el conflicto de intereses como «un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público, cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales». Un ejemplo de conflicto de intereses incluye la situación denominada «puerta giratoria», en la cual los funcionarios públicos obtienen puestos lucrativos en el sector privado una vez que se retiran del servicio público, esperando usar sus contactos en el sector público para beneficiar a la empresa privada (Ferguson, 2017). Los tipos de «intereses privados» que pueden conducir a un conflicto de intereses incluyen cosas objetivas como la gerencia en una empresa, pero también puede incluir intereses subjetivos, ideológicos, políticos y personales que pueden influenciar indebidamente las funciones públicas» (Ferguson, 2017; Rose-Ackerman, 2014). La existencia de un conflicto de intereses en sí no es necesariamente ilegal.

Consecuencias de la Corrupción Política

Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. Según Berdugo (2015), la corrupción “es un fenómeno poliédrico en sus manifestaciones y plural en sus consecuencias”. Así, es un problema que afecta distintos ámbitos de la sociedad. En principio, podemos distinguir efectos políticos, económicos y sobre los derechos humanos.

Efectos Políticos

La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, en muchos países, genera abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados. Eso sí, ocasionalmente, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan inestabilidad política y subsiguientemente represión política o policial.

Los efectos políticos de la corrupción son señalados en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el cual dicho fenómeno puede deslegitimar a los Estados debido a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas (Berdugo y Fabián, 2009). La corrupción da prioridad a determinados intereses particulares en contra de la satisfacción del interés general, deslegitimando el sistema democrático (Sánchez, 2014). En esa línea también se afirma que vulnera el principio de la representación en tanto que, por efecto de la corrupción, los funcionarios atenderán los intereses de quienes han servido como agentes de financiamiento de sus campañas políticas (Sánchez, 2014) y no a la población a la que representan. Por otro lado, existe una afectación en el desarrollo del país y sus instituciones (Sánchez, 2014).

Efectos Económicos y Sociales

La corrupción abona el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo, ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La mundialización de la economía ha hecho de la corrupción un delito sin fronteras. El mundo competitivo de los negocios internacionales puede hacer que las empresas estén más expuestas a sobornos y prácticas financieras fraudulentas. Las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja.

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Además, la corrupción afecta a las relaciones y transacciones comerciales y tiene impacto en el diseño y ejecución de las políticas económicas (Gómez, 2018). La corrupción también afecta al crecimiento económico al producir distorsiones en factores como el gasto público y la inversión nacional o extranjera. En el caso del gasto público, ocasiona que se dirijan fondos públicos para la realización de proyectos innecesarios, mientras que perjudica a la inversión al provocar el alejamiento de capitales nacionales y extranjeros que se ven afectados por la falta de competencia en los mercados (Pérez y Benito, 2012), pues ocasiona que se favorezca al inversionista que puede pagar un soborno para ser beneficiado con un contrato estatal. Lo anterior genera monopolios en las adjudicaciones públicas ante la falta de control y supervisión por parte de los funcionarios corruptos, a lo que se suman los sobreprecios y el ingreso de dinero opaco que alienta una economía paralela y sumergida (Sánchez, 2014).

La corrupción contribuye a la desigualdad y la pobreza. En muchos países, un alto porcentaje de la población declara no confiar en los otros. Esto puede generar inseguridad de estatus y la competitividad individualista. Las personas de más bajos ingresos suelen tener muy bajo desarrollo humano, es decir, son más pobres. Son los pobres quienes más sufren los efectos negativos de la corrupción. La corrupción disminuye la calidad de los servicios públicos, dificultando el acceso al ejercicio de ciertos derechos. Uno de los principales derechos afectados será el de igualdad, no solo en el acceso sino también en tanto que se privilegian a ciertos grupos que se ciñen a conductas de corrupción.

Asimismo, en los casos de la concesión de obras públicas, la reducción de la calidad de los materiales puede poner en peligro la vida de las personas que construyen la obra, así como a las personas que deberían verse beneficiadas por ellas (Pérez y Benito, 2012). Basta pensar en ese punto, por ejemplo, en la construcción de un colegio con materiales de mala calidad como producto de la corrupción. En tal caso no solo se deja de lado la ejecución de una obra pública, sino también se pone en peligro la vida de los obreros y la de estudiantes o del personal docente, con la consecuencia de que el derecho a la educación no podrá ser ejercido en las condiciones en las que se encuentra el edificio construido.

Efectos sobre los Derechos Humanos

La corrupción puede afectar los derechos humanos. «La corrupción constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de derechos humanos, en particular los de naturaleza económica, social y cultural (Burneo, 2009).» Como señala Burneo (2009), existen algunas referencias a este problema en instrumentos internacionales como el preámbulo de la Convención Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa (1999) o la Convención de la Unión Africana para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (2003). En general, en ambas se menciona que existe una afectación indirecta pero también que la corrupción constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de derechos humanos, en particular los de naturaleza económica, social y cultural (Burneo, 2009).

Ciertamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución Nº 1/17 de septiembre de 2017 sobre derechos humanos y lucha contra la impunidad y la corrupción reconoció que: “la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción. Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.

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De igual forma, en su resolución Nº 1/18 de marzo de 2018 sobre corrupción y derechos humanos ha afirmado que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”. En diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Corrupción y derechos humanos, en el cual se señala que “los actos de corrupción pueden configurar violaciones de derechos humanos; y, por otro lado, las distintas manifestaciones del fenómeno de la corrupción pueden afectar el goce y ejercicio de los derechos humanos” (CIDH, 2019, p. 59). Así, la corrupción constituirá una violación de derechos humanos ante incumplimientos de obligaciones internacionales atribuibles al Estado, mientras que, por otro lado, también constituye el contexto en el cual se presenta, facilita o promueve la afectación de derechos humanos (CIDH, 2019).

Existen además afectaciones diferenciadas a “grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, personas migrantes y las personas privadas de libertad y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas como los migrantes, niñas, niños y mujeres” (CIDH, 2018, p. 1). En el caso de las mujeres, por ejemplo, esos impactos diferenciados consisten en que estarían más expuestas a actos de corrupción pública por los estereotipos de género que las asocian con el cuidado, salud y educación de menores de edad al interior de la familia, y también en el hecho de que generalmente el precio que se les exige a cambio de determinada decisión pública estaría vinculado con la práctica de actos de contenido sexual (Huaita, Chanjan y Saravia, 2019).

Otros efectos diferenciados son los que se presentan en el ámbito del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, cuando se alteran datos científicos en informes ecológicos a través de pactos corruptos, lo cual distorsiona cualquier política climática estatal (Sánchez, 2014), y en el de la cultura, cuando no se protege la propiedad intelectual, lo que obstaculiza los aportes en términos de innovación (Sánchez, 2014).

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