El juicio a los líderes del proceso independentista catalán, legalmente llamado Causa Especial 20907/2017 y popularmente conocido como el juicio del procés, fue un proceso judicial en el que dichos funcionarios fueron acusados de los delitos de rebelión, sedición, usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos y cuya fase de juicio oral se celebró durante los primeros meses de 2019 en el Tribunal Supremo de España.
Anteriormente, el juez Pablo Llarena coordinó una instrucción entre octubre de 2017 y julio de 2018, a raíz de la cual se abrió acusación a 18 personas, incluyendo la práctica totalidad del gobierno de Cataluña presidido en 2016-2017 por Carles Puigdemont, así como a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a la presidenta del Parlamento Carme Forcadell y a varios miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Durante la vista previa, y a petición de las defensas de los acusados, el tribunal decidió devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los casos de acusados exclusivamente de desobediencia. Un total de 18 personas fueron juzgadas en el marco de esta causa. Diez de los miembros del Ejecutivo de Puigdemont que decidieron quedarse en Catalunya y afrontar el juicio, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el entonces presidente de la ANC y actual presidente del grupo parlamentario JxCat, Jordi Sànchez, se sentaron en el banquillo de los acusados. De los 12 acusados, nueve estaban en prisión preventiva.
Antecedentes del Proceso Independentista
El 9 de noviembre de 2014 se celebró el llamado "Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014", el 2015 unas elecciones llamadas plebiscitarias por las fuerzas independentistas. Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República en septiembre del 2017, siendo declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional Español. El 1 de octubre del mismo año se celebró un Referéndum sobre la independencia de Cataluña sin ninguna garantía legal, y que previamente fue considerado ilegal por el sistema judicial. El referéndum se convocó en lo que se definió por un choque de legalidades vigentes, según los independentistas catalanes, y en medio de ilegalidades, según la legislación constitucional y los partidos no independentistas. Más de dos millones de personas votaron, sin ninguna de las garantías que ofrece un proceso legal, y se produjeron escenas de violencia física por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También hubo episodios de violencia causados por la resistencia de los ciudadanos, que acabaron incluso con la detención de algunos de ellos. Posteriormente algunos de los impulsores acabaron en prisión preventiva sin fianza acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Las Partes Acusadoras
La acusación está formada por la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y, como acusación popular, el partido de Vox. Según el código penal español, acusan a los procesados de delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
Fiscalía General del Estado
Los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que redactaron el escrito de acusación fueron Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, manteniendo la querella por rebelión presentada por José Manuel Maza, exfiscal general del Estado, el 2017 y la instrucción del juez Pablo Llarena. Según el texto argumental de la fiscalía, «el plan secesionista incluía la utilización de todos los medios que hicieran falta para conseguir su objetivo, incluida -con la certeza que el Estado no aceptaría la situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretenso, valiéndose de la fuerza intimidatoria que representaban, por un lado, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y, por otra, el uso de los Mozos de Escuadra como cuerpo policial armado e integrado por unos 17 000 efectivos aproximadamente, que acatarían exclusivamente sus instrucciones -como sucedió- y que, llegado el caso, podían proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayendo así el cumplimiento de la genuina función de guardar y preservar la orden constitucional». No se tuvo en cuenta que el delito de rebelión fueran descartados en Alemania y Bélgica en relación con la petición de extradición de Puigdemont y el resto de fugados.
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Abogacía del Estado
La abogacía del Estado se presentó a la causa en marzo de 2018. Según su texto presentado, los consejeros Junqueras, Forns, Turull, Romeva, Rull y Bassa tienen que recibir un castigo más grave por su estatus de autoridad, como responsables de haber inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno. Al resto se los acusa de haber ejecutado el referéndum usando recursos públicos y de desobediencia «por haber ignorado sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional».
Vox (Acusación Popular)
El partido político Vox fue admitido como acusación popular en noviembre de 2017. Según Vox se promovió una consulta popular «vinculante» que suponía «un claro intento de subvertir el orden constitucional», para «desintegrar la unidad territorial del Estado», por el que entienden los hechos acontecidos como un «ataque subversivo contra la orden constitucional vigente», como una estrategia golpista para celebrar un «referéndum ilegal» el 1-O.
Los Acusados y Sus Perfiles
Con el expresidente catalán Carles Puigdemont huido a Bélgica, el principal acusado en el juicio a los líderes del 'procés' fue el exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en prisión preventiva.
Acusados Principales
Oriol Junqueras
- Exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, en prisión preventiva.
- Prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.
- Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel como "promotor" de un delito de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por parte de la Fiscalía, de 12 años por sedición y malversación por parte de la Abogacía y de 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal por parte de Vox.
- Junqueras, que se definió en el juicio como "preso político", defendió que nada de lo que hicieron es delito porque votar no lo es y que "nunca" contemplaron o avalaron el uso de la violencia como medio para forzar al Estado a reconocer la independencia de Cataluña, por lo que no hubo rebelión.
- En su última palabra pidió devolver el conflicto catalán al "terreno de la política".
- Fue el político de mayor rango que se sienta en el banquillo.
Carme Forcadell
- Expresidenta del Parlament.
- En prisión desde el 23 de marzo de 2018.
- Está acusada de rebelión por la Fiscalía, que pide una pena de 17 años de cárcel para ella, y de sedición por la Abogacía del Estado, que reclama 10.
- La acusación popular pide 62 años por rebelión y organización criminal para ella.
- Forcadell, que se sienta en el banquillo por permitir la tramitación de las leyes de desconexión, alegó en el juicio que lo hizo para no "censurar" el debate político ante un Tribunal Constitucional "politizado".
- En su última palabra insistió en que estaba siendo juzgada por su trayectoria política: "Por ser quien soy, no por mis actos".
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
- Jordi Sánchez: Expresidente de la ANC.
- Jordi Cuixart: Presidente de Òmnium Cultural.
- En prisión ambos desde el 16 de octubre de 2017, son los encausados que más tiempo llevan encarcelados.
- Se enfrentan a una petición de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía, que les atribuye un "papel crucial" para impulsar movilizaciones con las que "presionar" al Estado.
- La Abogacía reclama 8 años por sedición y Vox, 62 años por rebelión y organización criminal.
- Durante el juicio, Sànchez acusó a la Fiscalía de criminalizar una protesta "pacífica" como la que se registró, en su opinión, frente a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017.
- Cuixart, por su parte, negó que usaran violencia y enmarcó las protestas en "el ejercicio de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa".
- En las últimas palabras, Sànchez se dirigió al tribunal para decirle que su "responsabilidad" era no "agravar la crisis política" con la sentencia, mientras que Cuixart fue categórico: "No hay ningún tipo de arrepentimiento, lo volvería a hacer".
Joaquim Forn
- Exconseller de Interior.
- En prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.
- Está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide para él 16 años como máximo responsable político de los Mossos el 1-O.
- La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74 por los mismos delitos que Junqueras.
- Su abogado solo reconoció un delito de desobediencia.
- Durante su declaración, Forn intentó diferenciar entre su "compromiso político" con el referéndum de su actuación como responsable de Interior.
- En su última palabra insistió en que se había llegado al juicio "por un fracaso de la política".
Jordi Turull
- Exconseller de Presidencia y exportavoz del Govern.
- En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018.
- Se enfrenta a una petición de 16 años por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por parte de la Fiscalía, a 11 años y seis meses por sedición y malversación por parte de la Abogacía y a 74 por parte de Vox por los mismos delitos que Junqueras.
- En su interrogatorio, Turull negó la malversación y defendió que siempre buscó pactar el referéndum con el Gobierno de España.
- En su última palabra, advirtió al tribunal de que descabezándoles a ellos con una sentencia condenatoria "no se va a descabezar el independentismo".
Josep Rull
- Exconseller de Territorio.
- En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018.
- Está acusado de rebelión con distracción de caudales públicos por el Ministerio Público, que pide para él una condena de 16 años de prisión.
- La Abogacía del Estado solicita 11,5 años por sedición y malversación y Vox, 74 por rebelión, malversación y organización criminal.
- Durante su declaración, Rull cargó contra la "falta de legitimidad moral" del Tribunal Constitucional para justificar que siguieran adelante con la consulta.
- En la misma línea que Turull, en su última palabra también advirtió al tribunal: "No existen suficientes cárceles para acabar con el anhelo de un pueblo".
Raül Romeva
- Exconseller de Asuntos Exteriores.
- En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018.
- Se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 16 años de prisión por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos.
- La Abogacía pide 11,5 años por sedición y malversación y la acusación popular pide para él 74, como para el resto de exmiembros del Govern.
- Romeva, en su declaración como acusado, insistió como Junqueras en que era un "preso político".
- El exconseller defendió el "derecho de autodeterminación" y que todo lo que hicieron fue "lícito, legítimo y legal".
- En su última palabra pidió al Supremo que tuviera en cuenta que en el banquillo no solo estaban ellos doce sentados, sino "más de dos millones" de catalanes.
Dolors Bassa
- Exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
- En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018.
- Está acusada de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos.
- La Fiscalía pide para ella por este delito 16 años de cárcel. La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74.
- Durante su declaración, Bassa incidió en que la celebración del referéndum no tenía como objetivo declarar la independencia sino servir de instrumento de presión para la "negociación" con el Estado de una consulta pactada.
- En este sentido, calificó la declaración unilateral de independencia de "acto político" sin efectos.
- En su última palabra, destacó que la sentencia puede ser "un principio para una solución" al conflicto catalán".
Acusados en Libertad Condicional
Santi Vila
- Exconseller de Empresa.
- Se encuentra en libertad condicional acusado de malversación y desobediencia.
- La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox, que también le acusaba de organización criminal, retiró en el último momento la acusación por este delito.
- Vila destacó durante el juicio que el objetivo del Govern era "tensar la cuerda pero sin que se rompiera" para intentar "sacar del inmovilismo" al Gobierno de Rajoy.
- En su última intervención, expresó sus deseo de que los magistrados, con su sentencia, "formen parte de la solución".
Carles Mundó
- Exconseller de Justicia.
- En libertad provisional, está acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía, que piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros.
- Vox suma el delito de organización criminal y reclama 24 años.
- Mundó aseguró durante su declaración que estaban "convencidos de que no era delito" el decreto que firmaron para la celebración del referéndum.
- En su última palabra, Mundó aseguró que el juicio era "resultado del fracaso de la política".
Meritxell Borràs
- Exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.
- En libertad provisional, está acusada de desobediencia grave y malversación de fondos públicos y se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado.
- Vox eleva la petición a 24 años por organización criminal.
- Restó valor a que firmara ella también el decreto sobre el referéndum, calificándolo de "símbolo".
El Proceso Judicial
La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo se declaró competente y designó a Llarena como magistrado instructor. El 2 de noviembre de 2017 se decreta prisión provisional sin fianza por los delitos de rebelión, sedición y malversación para Oriol Junqueras y otros consejeros del depuesto Gobierno que acudieron a la citación: Raül Romeva (de Exteriores), Dolors Bassa (de Trabajo), Carles Mundó (de Justicia), Jordi Turull (de Presidencia), Josep Rull (de Territorio), Meritxell Borràs (de Gobernación) y Joaquim Forn (de Interior). El 23 de marzo Llarena volvió a enviar a la prisión el candidato a la presidencia de la Generalidad, Jordi Turull, así como la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. El 9 de julio el juez Pablo Llarena dio por cerrada la instrucción.
El 25 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo dictó dos interlocutorias, una de 59 páginas donde se confirmó la instrucción de Pablo Llarena y donde se rechazaron más de 300 diligencias presentadas por la defensa y la petición de sobreseimiento. El segundo documento abrió el juicio oral por el proceso soberanista para enviar al banquillo de los acusados los 18 procesados por rebelión, malversación y desobediencia. El 18 de diciembre de 2018 se celebró una vista previa del juicio donde las defensas plantearon que el Tribunal Supremo no era competente para juzgar este caso y tenía que serlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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La Sentencia del Tribunal Supremo
Tras meses de espera, ya se conoce la sentencia del juicio del procés a los líderes independentistas. El Alto Tribunal descarta finalmente el delito de rebelión, que era el que conllevaba las penas más cuantiosas. Según dicta la sentencia, la Sala da por probada la existencia de violencia, pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión". Además, considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".
Penas Impuestas
La sentencia del Tribunal Supremo ha dictaminado las siguientes condenas para los doce acusados:
| Acusado | Delito | Pena de Prisión | Inhabilitación Absoluta | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Oriol Junqueras | Sedición y malversación | 13 años | 13 años | |
| Raül Romeva | Sedición en concurso medial con malversación | 12 años | 12 años | |
| Jordi Turull | Sedición en concurso medial con malversación | 12 años | 12 años | |
| Dolors Bassa | Sedición en concurso medial con malversación | 12 años | 12 años | |
| Carme Forcadell | Sedición | 11 años y 6 meses | 11 años y 6 meses | |
| Joaquim Forn | Sedición | 10 años y 6 meses | 10 años y 6 meses | |
| Josep Rull | Sedición | 10 años y 6 meses | 10 años y 6 meses | |
| Jordi Sànchez | Sedición | 9 años | 9 años | |
| Jordi Cuixart | Sedición | 9 años | 9 años | |
| Santi Vila | Desobediencia | 1 año y 8 meses de inhabilitación especial | 10 meses de multa (200 euros/día). Absuelto de malversación. | |
| Meritxell Borràs | Desobediencia | 1 año y 8 meses de inhabilitación especial | 10 meses de multa (200 euros/día). Absuelta de malversación. | |
| Carles Mundó | Desobediencia | 1 año y 8 meses de inhabilitación especial | 10 meses de multa (200 euros/día). Absuelto de malversación. |
Cuatro de los juzgados han sido condenados por sedición y malversación, otros cinco por sedición y los otros tres restantes, por desobediencia. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.
Reacciones a la Sentencia
Reacción del Gobierno Central
La primera reacción desde el Gobierno ha llegado por parte del ministro de Fomento Ábalos, quien considera que "la reacción que cabe esperar de alguien que respeta la separación de poderes es el respeto a la sentencia, acatamiento y cumplimiento de la misma". Desde el Gobierno en funciones se criticó la defensa de Torra a la desobediencia: "No conoce cuál es su lugar institucional", le afeó la vicepresidenta, Carmen Calvo. Contundente también fue el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Evidentemente, no vamos a aceptar ningún tipo de desobediencia, en ningún caso ni en cualquier otra situación", y señaló que "la ley no distingue", por lo que considera que no se trata de un "eximente".
También se refirió a la aplicación del 155 y advirtió que dependerá de si se dan las situaciones que lo justifican: "La aplicación del 155 responde a situaciones muy tasadas y condiciones muy claras. Siempre nos hemos opuesto a utilizarlo preventivamente porque ese no es el sentido", pero a continuación afirmó que "si se producen los supuestos de hecho que justifican y exigen su cumplimiento, lógicamente, habría que hacerlo".
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Respuesta de la Generalitat
La respuesta de la Generalitat ya la adelantó Quim Torra el pasado martes en el Parlament. Dijo que apoyaría la vía de la desobediencia civil en las instituciones. "Siempre he dicho que ante la sentencia de este juicio haremos una propuesta al Parlament, donde radica la soberanía del pueblo de Cataluña, y que es el que debe tomar las decisiones correspondientes", dijo el president de la Generalitat en la sesión de control al Govern. Anunció algunas ideas para afrontar la sentencia si es condenatoria: "Firmeza, serenidad, responsabilidad, determinación y sin salir de lo que nos ha hecho fuertes, que es el único camino, que es el del voto y la palabra, esta es la fórmula con la que el Govern afrontará estos días". Y ha augurado que el fallo del Supremo será "un torpedo a la convivencia".
El Parlament, en septiembre, aprobó una resolución de la CUP -con apoyo de JxCat y ERC- en la que se reivindicaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales". El Parlament también aprobó resoluciones en defensa de una amnistía para los condenados. Desde los ayuntamientos catalanes, los partidos independentistas también promoverán iniciativas para reaccionar a la sentencia.
Movilizaciones Soberanistas y Medidas de Seguridad
Mientras, las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han convocado 'marchas por la libertad'. Se trata de cinco grandes marchas que se realizarán en cinco etapas de 20 kilómetros, con la que quieren colapsar la red vial principal de Cataluña. Los CDR ya han dicho que se suman. La ANC, además, ha llamado a los ciudadanos a movilizarse desde el primer momento en que se dé a conocer el fallo con un parón "inmediato".
Desde Ciudadanos, el PSC y el PPC han emplazado al Govern y a los responsables políticos de los Mossos d’Esquadra a garantizar los derechos no solo de quienes se manifiesten sino también de los que no se sumen a las protestas. Ante la posible contestación en las calles de Cataluña, Calvo aseguró que el gobierno está "ampliamente preparado" para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en la comunidad. Interior ha movilizado a casi 2.000 agentes (entre policías y Guardia Civil) a Cataluña. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha este dispositivo tras tener en cuenta los informes de Policía, Guardia Civil y los servicios de Inteligencia.